martes, 24 de noviembre de 2009

MAGISTRAL INTERPRETACIÓN DE “IBERIA”, DE ALBENIZ, EN EL AUDITORIO MURCIANO


En el Auditorio Regional “Victor Villegas”, organizado por la Asociación Pro música de Murcia, y con el patrocinio de Cajaespaña, tuvo lugar un extraordinario concierto de piano ejecutado magistralmente por el maestro Guillermo González, con ocasión del centenario del fallecimiento del compositor Isaac Albéniz.
El canario Guillermo González, uno de los más destacados especialistas en música española que compatibiliza con la docencia de piano, en su condición de catedrático de piano del Real Conservatorio de Madrid, que goza de una acreditadísima ejecutoria como profesional en España y en el extranjero, donde ha participado en conciertos con las principales orquestas españolas y extranjeras (Orquesta Filarmónica de Estrasburgo, de Dresde, Royal Liverpool Philarmonic Orchestra, Classic Chamber Orchestra of New York, Orquesta de Cámara de Sttutgart, de Escocia, Orquesta Nacional de España, Sinfónica de Madrid, de RTVE, Sinfónica de la Radio de Bratislava, etc.), demostró su gran valía en la ejecución de la Suite Iberia, una de las obras de piano más complejas del repertorio pianístico.
Hemos de dejar constancia del gran dominio de Guillermo González al piano, del ritmo, y la peculiar melodía de la obra de Albéniz –que la presenta con un dinamismo particular-, y que hicieron las delicias del público asistente, que de forma masiva llenaba prácticamente el aforo de la sala Narciso Yepes del Auditorio, entre el que se encontraban, además de los melómanos abonados de “Pro música”, un grupo de estudiantes del conservatorio de Elche, desplazados a Murcia en autobús, para seguir el concierto del que fuera su profesor en dicho centro docente, además de la concurrencia de aficionados a la música clásica en general.
A todos sorprendió la soltura del profesor González, su rotundidad en la ejecución, y sobre todo, las introduciones didácticas que hizo, con carácter previo a cada una de las tres partes en que se dividió el concierto, que pusieron de manifiesto su faceta docente y su faceta de especialista en la materia, que el público agradeció para el mejor seguimiento de las distintas partes de la obra de Albéniz, que no en vano, habida cuenta su complejidad técnica, le posiciona como la principal obra pianística del siglo XX.
La velada musical concluyó con un cálido y prolongado aplauso del público asistente, que puesto en pié, agradecía y valoraba la extraordinaria maestría del concertista, y el reconocimento al esfuerzo físico e intelectual de ejecutar tan trabajosa partitura, absolutamente de memoria durante más de dos horas al piano.

domingo, 22 de noviembre de 2009

EL CLAMOR DEL CAMPO ESPAÑOL


La situación que mantiene actualmente el agro hispano es sumamente grave por las difíciles circunstancias que padece desde hace años, con unos precios de venta que apenas superan a los de sus costes. Generándose la curiosa situación de que los márgenes comerciales de los productos agropecuarios en nuestro país han cogido unas dimjensiones exhorbitantes y por ello injustas. Algo que resulta poco menos que incomprensible al común de los ciudadanos, por cuanto los productos agrarios mantienen unos precios de venta al público varias veces superiores en cantidad a los precios de venta en origen, generando márgenes comerciales de un 300%, 500%, e incluso 1000%. Lo que a todas luces parece injusto para los productores y también para los consumidores.
El campo hispano ha tenido que ajustarse a los tiempos actuales, con las necesidades de mecanización y de control de calidad que demandaba la UE, que hace que los costos en origen aumenten, además del incremento ordinario de costes de productos como el gasoleo agrícola, las semillas, los pesticidas, el agua de riego, jornales, etc. En tanto que los precios de compra de los productos en lonja se han venido manteniendo por el control oligopólico de grandes superficies, que también tienen sus gastos de explotación, pero esto en nada justifica márgenes del 300 y del 500%, con el consiguiente efecto perverso de la subida de precios al consumo en la cesta de la compra, y de la progresiva asfixia económica del sector agrario, cuyos beneficios se han ido reduciendo a niveles que hacen poco aconsejable mantener la actividad.
Por otra parte, la UE con una política agraria común, que acoge gran parte de las competencias agrarias, dejando escaso margen de maniobra a los Estados nacionales, se mueven –como en todo colectivo político que depende del consenso de aunar mayorías- sobre lo que determinan las mayorías naturales de Francia, Alemania e incluso Inglaterra, lo que ha hecho que se nos hayan limitado cuotas productivas en diversas áreas como las lácteas, vinícolas y aceiteras; algo en lo que España tenía una considerable red productiva, que en los últimos años se ha ido mitigando, con las dádivas europeas, que en este caso fueron “pan para entonces y hambre para hoy”. Dando lugar a un progresivo desmantelamiento del importante sector agrario español, que hubiera merecido otra respuesta distinta a la dada por la Nación española. Pues el sector agrario resulta ser un sector clave, y por ello, estratégico de la economía española, si bien se encuentra en retroceso por una mala política de planificación y defensa, ante los intereses mayoritariamente contrarios de los grandes de la UE en materia agraria.
De tal manera, que la situación del campo ibérico es extrema en la actualidad, con una latente ruina económica de la mayoría de sus productores, que pueden llevar al cierre de muchas explotaciones agrarias, como se han venido dando en los últimos años. Siendo así, que un sector económico de importancia se va al traste, justo cuando otros sectores económicos están zozobrando en plena crisis económica (como la construcción, que se ha tomado como motor económico, la pesquería, y parte de la industria tradicional), lo que generará un agravamiento de la crisis económica, como no se intervenga decisivamente en defensa de este sector.
Sin embargo, luego habría de considerarse el tipo de políticas agrarias que pudieran rescatar al campo español de esta trágica situación, bien en forma de ayudas públicas, como se ha hecho con otros sectores productivos, bien en presionar a Bruselas para una política más justa, bien retomando las competencias cedidas a la UE en materia agraria –algo mucho más difícil-, bien promoviendo circuitos de comercialización alternativos a los de las grandes superficies, en forma de cooperativas agrarias no sólo de producción, sino de comercialización y venta, para hacer llegar al consumidor sus productos a precios más asequibles rompiendo desde el mercado el oligopolio de las grandes superficies –algo a lo que las asociaciones de consumidores españolas podrían prestar atención y ayuda, creando, incluso cooperativas de consumo-, y sobre todo generando una legislación más justa que impida estas diferencias enormes en los precios de venta al público.
Lo que desde luego, supone una urgente intervención de los actores públicos en liza (agricultores, ganaderos, comunidades autónomas, gobierno de la nación, asociaciones de consumidores, etc.) para proveer soluciones de emergencia ante una gravísima situación del sector que puede tener gran repercusión económica nacional. En vez de esperar a que Bruselas nos solucione el problema, que no lo hará dado el statu quo de intereses que se mantiene en el ámbito de la UE, donde España pesa relativamente poco.

domingo, 15 de noviembre de 2009

EL CASO JUDICIAL DEL NIÑO OBESO GALLEGO: CASO SOCIAL


El caso de Moisés, el niño gallego de 9 años con obesidad mórbida, que la Fiscalía de Orense pretende retirar de la custodia de sus padres, para facilitarle un mejor seguimiento de una dieta alimenticia, está acamparando las noticias de los últimos días, por cuanto los padres se niegan a entregarlo a las autoridades judiciales, y por ello pueden ser procesados por posible desacato, y enfrentarse a una pena de dos años de cárcel.
Moisés, que tras someterse a un seguimiento médico, ha reducido su peso, y se ha situado en 70 kilos, que según el dictamen de dos médicos le restan gravedad a su situación, y lo que es mejor, le pone en vías de solución de su problema de salud, sin embargo sigue siendo reclamado por la Fiscalía gallega para su entrega a la Xunta de Galicia, con el fin de su ingreso en un centro social de asistencia que le pueda asegurar un crecimiento con una nutrición equilibrada y sana, y evite la situación en la que llegó a estar; pese a que sus padres han tomado medidas poniéndolo en tratamiento con un médico endocrino con el que ha bajado su peso, y según declaraciones públicas del facultativo, puede seguir reduciendo su peso actual, hasta al canzar la ansiada situación de normalidad que le estabilice en su estado de salud.
Si bien, la persistencia de las autoridades en retirarle a los padres la custodia del menor, contra la voluntad de los mismos, está llegando a una situación de gran dramatismo por situarles en posición de posible conculcación delictiva, y sobre todo está generando un particular malestar a una familia, que quiere mantenerse unida con su hijo, cuyos progenitories, salvo otras razones no divulgadas, pueden haber cometido errores en el régimen alimenticio del menor, pero desde luego no son unos delincuentes. Por consiguiente, nos encontramos más bien ante un problema social, que ante un problema penal, de donde las medidas penales que se tratan de activar nos parecen injustas por desproporcionadas; en tanto que las que parecerían pertinentes serían medidas de orden social, que conllevara un seguimiento socio-sanitario del menor, en colaboración con los padres, enseñándoles a estos a unos hábitos alimenticios saludables. De manera que con paciencia, pedagogía social, y seguimiento del caso, naturalmente en sede social, este tema no tendría el alcance dramático que ha conseguido, con unos padres rebelados a la actuación judicial que pugna con ellos en la crianza del menor.
Así casos como el de Moisés, o el del chaval andaluz, al que se le intentó retirar de la custodia de sus padres por haberle propinado un tradicional cachete de corrección, y que se estimó lesivo; en una situación en que los padres tenían discapacidades sensoriales que les hacía aún más vulnerables al problema generado, nos parece que son casos en que a la justicia se le mete en una actuación que posiblemente no le fuera propia, sino más bien a unos ámbitos meramente sociales, en los que encajan mejor, y en los que deben encontrar su adecuada solución.
Tratar de realizar una precipitada actuación judicial parecería lógico cuando cabrían otros recursos públicos más idóneos al problema generado, evitando poner a los padres ante la dificil tesitura del juicio público por malos padres, cuando la deficiencia, la ignorancia, o la propia educación, son las causantes de sus desaciertos, sin que en ellos haya un ánimo antisocial, y mucho menos criminal. Pero sí que padecen la victimización de ser perseguidos por la acción de la justicia, y sobre todo el drama personal y familiar de poder perder la custodia de un hijo, precisamente por no haber sabido o podido responder al estándar público de “buena paternidad”. Algo que sin duda dejará importantes huellas psicológicas tanto en los menores como en sus progenitores, y sobre todo en el ambiente social donde vivan.

domingo, 8 de noviembre de 2009

UN NUEVO PARCHE SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA


Recientemente se ha promulgado una nueva ley de reforma de la Administración de Justicia, la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que aunque signifique un meritorio intento de reformar nuestra justicia, estimamos que se queda corto, por lo que no dejará de quedar como un nuevo parche sobre la Administración de Justicia, que más que una reforma pide una auténtica refundación.
Pretende la modernización de la Administración de Justicia, que sigue en nuestro país anclada en procedimientos decimonónicos, que la siguen lastrando en una exasperante, ineficaz, e injusta lentitud, de la que el común de los ciudadanos conoce y padece su situación de letargo casi permanente. Siendo así que trata de apoyar la creación de la denominada “Nueva Oficina Judicial” –especie de oficina común de todos los juzgados de una determinada jurisdicción- con el fin de procurar implantar una especie de “cadena administrativa” que por su particular especialización y coordinación dinamice la tramitación de los asuntos en la oficina judicial –como alternativa a la oficina judicial de cada juzgado, a cuyo frente está el Secretario Judicial y el Juez-, separando de esta forma al Órgano Judicial –el Juez que se centraría en el examen, estudio y elaboración de las sentencias y resoluciones de fondo-, de la mera tramitación procesal que estaría encomendada a esa oficina común, y sería regida por los Secretarios Judiciales, de donde se infiere que se generaría una “macrooficina judicial”.
Tal planteamiento, a falta de verlo funcionar en la práctica, se nos antoja un mero “cambio de mobiliario y personal” que dificilmente va a ser el elemento acelerante que se espera alivie el colapso de la oficina judicial, pues la experiencia demuestra que suelen funcionar mejor los grupos de trabajo pequeños que los grandes, por su mejor integración, y mayor facilidad de coordinación. Mientras que lo que nos plantea la reforma va justo en la dirección contraria a lo que la experiencia nos suele demostrar.
Al propio tiempo establece unas cauciones para los recursos, de forma que para recurrir las sentencias, en determinados procedimientos, habrá que depositar la correspondiente fianza (25€ para los recursos de súplica y 50€ para los recursos de apelación), en un intento de evitar la litigiosidad artificiosa, dado que si el recurso se pierde, se perdería igualmente la fianza.
Con todo, siendo estas las líneas generales más relevantes de la reforma legal, consideramos que se queda escasa, por no abordar la auténtica reforma judicial que requiere nuestra justicia, y que pasaría por una reforma a fondo de las leyes procesales, procurando mecanismos de conciliación y mediación, una mayor oralidad de los procedimientos, con mayor inmediación judicial, prescindiendo de los largos procesos escritos que son la auténtica lacra de la tramitación judicial (por la dilación de los plazos del trámite, la generación de legajos interminables con el exceso de trabajo burocrático y desorden del archivo de la oficina, lo que requiere cada vez más personal y más órganos judiciales, que posiblemente no fueran tan necesarios con una apuesta decisiva por la oralidad procesal, de forma análoga a como ocurre en Estados Unidos). No olvidemos que la justicia si es lenta no es justa.
Y esto ya debiéra haberse empezado a considerar en nuestro país, habida cuenta de las numerosas reformas legales sobre la Administración de Justicia pretendidas en los últimos años con unos insatisfactorios resultados, puesto que se mantiene el colapso.
Por otra parte, se echa en falta, en esta reforma –dada la introducción de las fianzas- el replanteamiento de las tasas judiciales, especialmente necesarias en una situación de crisis como la que padecemos. Ya que no parece justo que los gastos de la litigiosidad de la banca y de las empresas, como de cualquier otra persona física o jurídica con rentas altas, sea asumida por el resto de la ciudadanía, y de forma análoga a otros servicios públicos como los universitarios, parece lógico y justo que cada interesado pague las tasas públicas que ayudan a mantener el servicio, sin perjuicio de que las personas con escasos recursos se pudieran acoger al expediente de justicia gratuita.