jueves, 25 de agosto de 2011

PRECIPITADA REFORMA CONSTITUCIONAL



La Carta Constitucional representa el acuerdo social mayoritario por el que se organiza la vida pública, la convivencia y las instituciones públicas del país. Es cierto, como dice algún jurista que no es ni más ni menos que una ley; pero para ser exactos habríamos de matizar esa simplicidad con el matiz de que se trata de la “ley de leyes”, de máximo rango que diseña el marco normativo del país, al que todo el ordenamiento jurídico se somete.
Por ello, debe ser aprobada con una amplia mayoría política y con el máximo respaldo popular, y en consecuencia, toda reforma de la Carta Magna ha de ser cuidadosamente tratado y escrupulosamente atendido con el máximo de garantías legales, en el fondo y en la forma, que garanticen la esencialidad jurídica de dicho texto constitucional.
No es una cuestión baladí, pues junto con la regulación de las altas Instituciones del Estado, la determinación de los poderes del mismo, la regulación de la forma de gobierno, y de la articulación del poder territorial, se recoge en ella también la carta de derechos fundamentales que protegen y proveen por la libertad y los derechos esenciales, en los ámbitos público y privado de los ciudadanos, herencia del sistema demoliberal que se fraguó tras unas arduas luchas de poder con el Antiguo Régimen absolutista, y que en España generó un trágico e inestable S.XIX, con una profunda inestabilidad política que llegó hasta la Guerra Civil de 1936-1939, que concluyó con una dictadura que cegó la luz a tales derechos durante casi cuatro décadas con los perniciosos efectos que todo ello comportó para el país a lo largo de más de un siglo.
Por consiguiente, la Constitución vigente, aun no siendo perfecta sirvió para articular un sistema de convivencia democrática en nuestro país, tras el largo paréntesis de la dictadura franquista, que pese a las habituales tensiones y fisuras sociales han posibilitado el tránsito y desarrollo democrático de nuestra sociedad.
Pese a que algunos apuntaron la necesidad de reforma del Título VIII de la Constitución, así como el conveniente ajuste –dentro de la regulación de la Corona- de la igualdad de sexos en el orden sucesorio; siempre se señaló la conveniencia y necesidad de abordar la reforma de forma cautelosa y serena.
Sin embargo, ha bastado que la crisis económica haya determinado que Merkel y Sarkozy exigieran que las Constituciones de los países de la UE fijaran un techo de gasto público, para que de inmediato Zapatero haya promovido por vía de urgencia la referida reforma constitucional, con el aplauso y apoyo del líder de la oposición –que interpretando la voluntad de los presidentes franco y alemán, se decanta por fijar en el texto constitucional el déficit cero presupuestario-. Algo, que de llevarse a cabo, supondría la auténtica sumisión de la política a la economía. Y cuando se invierte el orden de relación, algo fundamental se distorsiona en nuestras sociedades occidentales.
No obstante, hemos de reconocer que no se puede gastar más de lo que se ingresa, viviendo por encima de nuestras posibilidades, como hemos vivido en la última década en España, con la falsa confianza de un progreso económico estable,  y sostenible, pensando siempre en el apoyo solidario de los miembros de la UE. Pero ha bastado una de las grandes crisis cíclicas del capitalismo –ante la imperfección del mercado como sistema autorregulador de ajuste-, para que todo se haya tambaleado seriamente, entrando en una espiral de inestabilidad económica, que está cuestionando las propias raíces del sistema capitalista occidental, afectando seriamente al proyecto de construcción europea, y finalmente pudiendo erosionar nuestro sistema político demoliberal, si los gobiernos actuales no acaban siendo eficaces en la gestión de estos difíciles tiempos de crisis, con la destrucción de tejido productivo y la legión de parados generada.
En estas circunstancias, no parece muy lógico abordar reformas constitucionales, y menos por vía de urgencia, que sustraiga el proceso de reforma a la oportuna consulta plebiscitaria.
Pero además, no parece necesaria dicha inserción en el texto constitucional, dado que por la propia regulación de la Ley Presupuestaria se puede regular, como lo ha estado. Y sobre todo, hay que estar atinado en la redacción de la limitación legal del gasto, pues el fijar un déficit cero puede suponer llevar a la ciudadanía a esfuerzos innecesarios por imperativo legal, en épocas de crisis. Ya que cualquier empresa suele recurrir al mercado bancario para el crédito, siempre que este sea asumible a su solvencia y posibilidad económica de devolución de éste. Siendo ese uno de los principales beneficios de la banca para su entorno económico y social, que ha representado el principal factor de desarrollo capitalista de nuestro entorno. Y si esto, es factible e incluso recomendable en el ámbito privado, no lo es menos en el público, donde Keynes demostró la innecesariedad del déficit presupuestario cero, y su benéfico efecto sobre el desarrollo económico, en el que el Estado puede dinamizar la actividad económica en momentos de caída o enfriamiento de la misma, y sobre todo en orden al establecimiento de infraestructuras o servicios públicos esenciales.
Por consiguiente, más allá de los intereses de algunos de los acreedores europeos que no asumen soluciones como las del bono europeo y un sistema fiscal homogéneo, sino que exigen garantías futuras de actuación; habríamos de afrontar una seria reflexión sobre la conveniencia de que España de dicho paso, por innecesario, inconveniente, y precipitado. Amén de poner de manifiesto que la soberanía nacional queda condicionada seriamente a la voluntad e interés de acreedores y gobiernos extranjeros, ante los que se puede responder de forma serena, razonable y progresiva en el pago de la deuda, según los mecanismos habituales en estos casos, o bien con la generación de mecanismos financieros y fiscales extraordinarios y nuevos en orden a salvar la UE –esa posición parece que sería la más recomendable para España, en los momentos actuales-.


miércoles, 24 de agosto de 2011

EL SHOW DE “MOU”



El histrionismo del entrenador madridista genera de por sí un peculiar personaje de la esfera pública, que con sus actuaciones extradeportivas cubre más espacio en los  medios informativos que por su actividad como máximo responsable técnico del Real Madrid.
En cualquier caso, su forma de conducirse públicamente no era del todo desconocida en el mundo del fútbol, ni siquiera para la Directiva que preside Florentino Pérez, que de alguna manera asumirían ese proceder extradeportivo, por algún efecto benéfico que no se nos alcanza a entender, pues el equipo blanco no necesita shows fuera del terreno de juego, ya que el valor de sus jugadores es generalmente conocido.
Pero con Mourinho llegó una peculiar manera de conducirse en el vestuario madridista, mezcla de arrogancia, prepotencia, polémica, incontinencia verbal, y en definitiva, desmesura, que jamás fueron divisas del Club del Bernabeu.
Si bien, la vida pone a cada cual en su sitio –antes o después- y bastó que transcurriera una temporada para dejar al R. Madrid sin cumplir con plenitud sus objetivos, pese al gran desembolso económico de este nuevo proyecto deportivo que Florentino Pérez puso en manos del técnico portugués. Lo cual, en vez de servirle de “cura de humildad”, lo ha trocado en una actitud de confrontación contra su eterno y digno rival el FC. Barcelona, elevando innecesariamente la tensión en los enfrentamientos de ambos equipos, que incluso han generado agresiones físicas y verbales entre miembros de uno y otro equipo.
Con ello no  queremos decir que Mourinho sea el causante directo de los desmanes entre una y otra plantilla; pero lo que parece lógico, es que los ninguneos de este a Guardiola, las insinuaciones de fraudes arbitrales y demás “perlas” que el técnico portugués ha lanzado, han contribuido a una progresiva crispación de los ánimos, entre los clubes y las aficiones en liza.
Pero, con todo, una de las acciones más reprobables del actual entrenador madridista ha sido la acción –filmada y reproducida por las televisiones- en la que de forma predeterminada éste se dirige, sin mediar palabra, al segundo entrenador azulgrana para meterle el dedo en el ojo. Motivo por el que la disciplina deportiva ha tomado cartas en el asunto, de oficio, con muy buen criterio; y  de la que se espera una ejemplar sanción para el entrenador portugués. Aunque cabría esperar la magnanimidad en la sanción, “por ser vos quien sois…”. Amen que entre 4 y 18 encuentros de suspensión –que prevé la norma deportiva- hay un amplio margen.
De lo contrario, estos hechos lamentablemente irán a mayores, y pueden degenerar en reacciones violentas entre las aficiones, que hay que erradicar. Además que –con actitudes como ésta- de nada sirven los “buenos modales” de las directivas en las denominadas “comidas de confraternización” previas a los encuentros. Salvo que todo esto sea un “teatrillo” y obedezca a un guión preestablecido, con reparto de papeles, en los que Florentino es el “bueno”, el “hidalgo caballero castellano”, y Mou es el “malo”, el  “incontenible”.
¡Si D. Santiago Bernabeu levantara la cabeza….!. El R. Madrid, con su prestigiosa trayectoria, no puede asumir estos desmanes, y la imagen que se está transmitiendo con estos reiterados incidentes. Por consiguiente, se hace precisa una manifestación de Florentino Pérez, como máximo responsable de la entidad madridista, reprobando este tipo de actuaciones, y llamando al orden a todo el equipo, con su entrenador al frente, si realmente se quiere restaurar el prestigio y la trayectoria del madridismo, que puede quedar en entredicho, si se contemporiza con tal tipo de incidencias.
Además, si no se censuran este tipo de actuaciones y actitudes, de poco servirán las comisiones para la no violencia en el deporte, que han sido promovidas por el propio gobierno y las federaciones deportivas; pues el mal ejemplo de equipos de este nivel pudiera cundir en los diferentes ámbitos deportivos, al normalizarse o hacerse habitual situaciones de especial agresividad.
¡Florentino, corta por lo sano con el habitual “show de Mou”…!. ¡No le pega al R. Madrid..!.


lunes, 22 de agosto de 2011

POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA “QUIJOTESCA”


La política exterior española de los últimos años, no tiene ni pies ni cabeza. Nos retiramos súbitamente del conflicto de Irak –so pretexto de guerra ilegal, con el enojo de los aliados implicados en la misma, especialmente EEUU-, y nos implicamos hasta las “trancas” en el conflicto armado de Afganistán –so pretexto de guerra legal, o por mejor decir, de intervención humanitaria-. Algo, que después de la “espantada iraquí” no nos agradecerán jamás los aliados, y además el interés geoestratégico en la zona de España no es superior al que pudiera tener Suiza, que no se ha implicado en el conflicto-.


Eso sí, la contribución económica para soporte de dicho conflicto armado nos sitúa en el décimo lugar de los países intervinientes según el número de soldados enviados (1550 efectivos), con un coste de unos 2000 millones de euros, de gasto en el ámbito militar, desde el año 2002 hasta la fecha.

Pero en el plano de cooperación internacional, referido a ayuda a la reconstrucción del país, nos hemos gastado 160 millones de euros hasta la fecha, teniendo comprometidos otros 60 millones de euros hasta el 2012, que llevan a posicionar a España como uno de los países más comprometidos en la reconstrucción del país.

A título meramente comparativo hemos de indicar que EEUU ha llevado a cabo proyectos de cooperación y desarrollo en Afganistán por importe de unos 200 millones de euros, Alemania unos 50 millones de euros, y Noruega 40 millones de euros.

Todo lo anterior, nos lleva a considerar inapropiado por exorbitante la cantidad gastada en dicho conflicto, e incluso en cooperación en tan lejano lugar. Pero resulta especialmente inadecuado en tiempos de crisis económica y escasez, en los que la deuda pública y privada asfixia a la ciudadanía española, por imperativo del sistema económico en que nos encontramos inmersos, y que está obligando a dramáticos recortes del gasto público, que está afectando al salario de los empleados públicos, y a la prestación de servicios públicos en España, como hacía años no se daban, llegando al límite de la “quiebra del propio Estado del Bienestar”.

Sencillamente nos parece una incoherencia y una profunda injusticia, que se dedique dinero público español a reconstruir un lejano país en conflicto bélico de varias décadas, mientras que la Universidad de Murcia ha hecho público que no podía garantizar la nómina de sus trabajadores más allá del mes de septiembre, como ocurre en cientos de ayuntamientos españoles, empresas públicas, y alguna Comunidad Autónoma.

Ante ello, nos quedaría preguntar al gobierno actual, o al próximo que salga de las elecciones si ¿piensa cuestionar esa ingente cantidad de millones pendiente de ejecución en Afganistán, habida cuenta de la importante contribución ya realizada, y del estado económico de España?.

Y de igual manera, que hemos puesto el ejemplo de Afganistán, existen otros casos de cooperación internacional de España, que han quedado desmesurados, dada la crítica situación económica del país, y que requieren una urgente revisión con su consiguiente recorte.

¡Esperemos que se imponga la sensatez, en este ámbito y en los demás del gasto público, que eviten la precipitación de nuestro país, y su modelo de socioeconómico que tanto trabajo ha costado laborar…!.

domingo, 14 de agosto de 2011

RECORTES A LA ITALIANA



Los embates de la crisis económica han llegado al país transalpino, pues una característica de esta crisis en plena economía globalizada es que no respeta fronteras; pero su gobierno ha reaccionado con agilidad y contundencia adoptando una serie de medidas de recorte de gasto público que le hacen digno de encomio por la valentía política demostrada dado que dichas medidas contienen supresión de ayuntamientos y provincias, en un intento de disminuir la burocracia pública.
Aún así, en términos cuantitativos (supondrá un ahorro de unos 45.000 millones de euros) quizá no sea determinante para atajar de raíz el problema de la crisis económica en Italia, y probablemente habrá de completarse con más medidas complementarias de tipo económico estructural. Pero para los españoles, no deja de ser una respuesta a tener en cuenta, dada la analogía de la distribución del poder político administrativo territorial, y sobre todo porque señala con decisión un ámbito donde cortar fuentes de gasto corriente, la mayoría de las veces de forma ociosa.
En España no tiene sentido tener varios escalones de Administración (estatal, autonómica, provincial y local), que a veces solapan competencias con la consiguiente descoordinación e ineficacia. De hecho, la actual crisis económica que ha dejado a la mayoría de estas Administraciones en “números rojos”, ha puesto de manifiesto, además, cómo han trabajado “de espaldas” en la sustentación de los servicios públicos, duplicando partidas de gasto, generando gastos corrientes innecesarios, y dispersando los focos de decisión política. Así, tampoco tiene sentido la existencia de varios cuerpos de policías (estatales, autonómicos y locales) con su descoordinación subsiguiente. Otro caso sería, ¿si la educación está transferida a las Comunidades Autónomas, qué hacen los ayuntamientos metidos en la administración de este servicio público –a través de los conserjes, la limpieza o locales escolares-?. Y así sucesivamente.
Ya empiezan a clamar voces entre los políticos del PP y del PSOE en la adopción de esta medida de recorte, si bien de forma “ladina” no hablan de supresión, sino de mancumunar servicios públicos locales –mecanismo que ya existe el mantenimiento de servicios públicos locales de ámbito comarcal o provincial, con resultados desiguales-. Aunque la diferencia entre la solución italiana y la que señalan estos tiene palmarias diferencias, pues la mancomunidad de servicios no conlleva la supresión del órgano político administrativo (ayuntamiento o diputación), con lo que ya se supone que la intención apunta a salvarse entre la clase política –conservando los puestos de alcaldes, concejales y diputados provinciales, prescindibles en caso de supresión o reagrupación-. ¡Está claro, sálvese quien pueda….!.
Entre tanto, ni una palabra de entes públicos de invención política, ni de las televisiones autonómicas, y aún locales, de las numerosísimas emisoras de radio de fm municipal, de empresas públicas ruinosas, gastos de protocolo, asesores políticos, coches oficiales, sueldazos y dietas de cargos políticos de ese nivel.
Por consiguiente, primero hay que tener voluntad política para la adopción de decisiones drásticas, que nos afectarían a todos, pues la alternativa sería la utopía de cambiar el sistema o salirse del mismo; lo que está claro es que con este sistema no se puede seguir así.
Pero además de este tipo de medidas de ahorro económico interno, habrá que abordar medidas reguladoras de los mercados financieros a nivel internacional, pues se han revelado las perversidades del sistema, especialmente de especuladores internacionales sin escrúpulos que como nuevos “corsarios” se han aprovechado de los fallos de estos mercados para esquilmarlos. De forma que la Comunidad Internacional no puede estar expuesta a este tipo de turbulencias financieras con efectos tan perversos como injustos en las economías nacionales; y mucho menos que la agenda política la marquen las devastadoras acciones de estos. Pues si los gobiernos no reaccionan y defienden a sus ciudadanos de estas acciones, acabarán por mostrar su inutilidad, concluyendo en una crisis política y social de imprevisibles resultados.

viernes, 12 de agosto de 2011

LA VIOLENCIA URBANA, SIGNO DE DESCOMPOSICIÓN SOCIAL



Los noticiarios de los últimos días han traído a primera plana informativa internacional los disturbios en Inglaterra, que han afectado a varias de las principales ciudades del país, originado víctimas mortales e importantísimos daños materiales.
El hecho de la violencia urbana siempre suele ser un síntoma de descomposición social, particularmente porque supone el inicial fracaso de los cauces civiles de resolución de conflictos públicos; pues toda sociedad tiene que tener un mecanismo de arreglo de problemas que le conciernen, en el ámbito de las Instituciones Públicas o incluso de la propia sociedad civil. Por tanto, cuando el conflicto salta a la calle evidencia el fracaso de esos mecanismos previos. Aunque el hecho de exteriorizar un conflicto, por sí solo, no tiene por qué suponer tal fracaso, sino también una estrategia para difundir una determinada situación que un colectivo considera injusta. Siendo así, que las democracias tienen previstas estas circunstancias, y reconocido el derecho de manifestación pública, para dar curso a la protesta pública de los afectados.
Ahora bien, no es ese el caso de los disturbios ocurridos en Inglaterra, pues allí han sido la consecuencia de un lamentable suceso, que ha llevado la rabia y  la protesta consecuente de los afectados y allegados a la calle, con el consiguiente disturbio. Hasta ahí, casi que encaja en los patrones de actuación social previstos ante un súbito y dramático incidente.
Sin embargo, lo que ya no es tan normal es que, con ocasión de este incidente, se generen altercados públicos de la entidad de los ocurridos, con destrozo de mobiliario urbano, incendio y asalto de comercios, agresiones a las fuerzas del orden, y saqueos generados por una legión de jóvenes cuya motivación, al parecer ya no es la protesta inicial, sino aprovecharse del altercado originado para robar, agredir, y destruir. Como si de un febril estado de contagio agresivo los poseyera, descendiendo a la más baja condición humana de animalidad descontrolada.
Tales hechos, sin embargo tienen otros antecedentes, acaso los más recientes han sido los disturbios que se generaron en varias ciudades francesas hace un par de años, por hechos análogos, que siguieron idéntico patrón de conducta criminal, en personas que no tenían antecedentes delictivos, y si alguno los tenía era de escasa entidad.
Ante tal situación, la pregunta es obligada: ¿qué está pasando en las sociedades “civilizadas” con estos atípicos y extendidos brotes de violencia mimética?, ¿qué está fallando?, ¿a qué obedece esta patológica sintomatología?.
La respuesta es compleja y requiere un análisis más profundo que este abordaje periodístico, y posiblemente pase por la “cultura individualista y consumista” en la que están inmersas la mayoría de las sociedades occidentales, donde los valores humanos de solidaridad, esfuerzo, respeto al bien común, identidad social común, etc., o no existen o se han desvanecido progresivamente; pudiéndose constatar una cultura del rápido enriquecimiento, del egoísmo, de la agresividad, de la baja tolerancia a la frustración, que priman ya no tanto el ser como el poseer; donde el honor, la honradez, y el respeto han dejado de tener un auténtico significado en los planos social e individual. Acabando por imponerse la “ley de la selva”. Algo que los Estados no deben permitir, pues esa actitud ataca indirectamente la esencia de toda empresa común.
Por consiguiente, el momento actual requiere como soluciones inmediatas las acciones policiales contundentes que tiendan a restaurar el orden y la legalidad. Pero ahí no acaba la labor que la sociedad –posiblemente ha descuidado en un “irenismo roussionano”-, ya que esta ha de emprender una acción preventiva sobre el cuerpo social, a cuyo fin ha de postular y ejecutar medidas de educación cívica, pues se trata de un problema base de educación, más que de instrucción.
Nuestras sociedades democráticas, a fuer de ser respetuosas con el individuo han asumido la normalidad de un idividualismo egoísta incapacitante de toda actuación social, y en esa situación han descuidado la formación del cuerpo social en valores cívicos (de convivencia, respeto, e identidad social), habiéndose impuesto un nihilismo socialmente disolvente que se nutre del egoísmo hedonista y consumista que tan nocivo está resultando para nuestras nuevas generaciones, que están mostrando el efecto de descomposición social.

lunes, 8 de agosto de 2011

LA VISIÓN DE ESTADO DE GONZÁLEZ PONS



El responsable de comunicación del PP nacional, González Pons, ha reducido su belicosidad verbal contra el PSOE, y ha comenzado a presentar la posibilidad y conveniencia de pactos de Estado para superar la difícil situación económica. Gesto que realmente contrasta con la actitud que el PP ha venido manteniendo como oposición al Gobierno de Zapatero, al que le ha negado hasta “el agua”, en esta última etapa de gobierno, arreciando un duro ejercicio de oposición, en una situación que recomendaba el consenso y el pacto, por su misma dificultad.
No es menos cierto, que el “autismo político” y la osada actitud de ZP al comienzo de la crisis negando su existencia, tampoco es que contribuyera mucho a un encuentro realista entre las dos grandes formaciones políticas del Estado. Pero, en su día se reclamó como una actitud muy conveniente para afrontar las dificultades de la crisis; de forma análoga a como se articuló en los famosos Pactos de la Moncloa, en plena transición.
Ahora sin embargo, la proximidad al poder del PP, ante unas nuevas elecciones generales, ha hecho que recapaciten sus líderes, y adquieran un súbito realismo, ante la difícil situación que asumirá el nuevo gobierno de la nación española, aparentando sensatez y magnanimidad, ofreciendo una apertura al consenso y al pacto político, al que siendo oposición tan poco dispuestos se han mostrado.
Sin embargo, lo primero que habrán de tener en cuenta es que les puedan “pagar con la misma moneda”, dándoles la espalda y les dejen solos con los problemas, para los que dicen tener solución. Aunque eso sería igualmente irresponsable para quien tiene el deber de contribuir a la solución de la problemática de España desde cargos institucionales de libre elección y representación popular.
Pero en todo caso, habrán de tener en cuenta unos y otros, que pactar supone negociar, debatir la problemática, analizar las posibles soluciones y sus costos, para convenir un acuerdo, en un punto de encuentro que suele presentarse en situación distinta, más bien equidistante de las posiciones de arranque de una y otra parte negociadora. ¡Negociar no es imponer…!. Así en políticas de consenso siempre hay que estar dispuesto a alcanzar acuerdos, aunque se tengan que aparcar pretensiones para su logro. ¡Eso también es un arte de la política, como de la diplomacia…!. Algo a lo que hay que llegar con un talante de diálogo, obviando dogmatismos y reproches, en busca del auténtico bien común.
Sin embargo, dicho lo anterior, en la actual situación, dentro del realismo del que se , debe partir, hemos de considerar la especial dificultad que la política económica actual entraña, por sus implicaciones internacionales (extra e intraeuropeas), con las limitaciones de soberanía que nos impone la pertenencia a la UE. De donde el margen de maniobra se representa francamente estrecho para el Gobierno de España, cuyo rumbo político le viene marcado en gran medida por la UE, quedándole más bien un papel de ejecución de dichas políticas, que aunque no resulte de menor importancia, sí que es subordinado a la fijación del rumbo y la aplicación de las herramientas técnico económicas. Aunque en la ejecución de las medidas necesarias pueda comprometer pronto su crédito público, y se genere su propio deterioro. Siendo por ello, muy conveniente la concurrencia del consenso con la oposición, e incluso con los sindicatos para lograr una pronta y satisfactoria salida de la crisis.
Incluso en este punto, otro gesto público –análogo al de Pons con sus declaraciones- son las manifestaciones realizadas por José Bono –presidente del Congreso- que ha llegado a postular un “gobierno de concentración PP-PSOE” para el periodo de crisis. Posiblemente esas manifestaciones conlleven la respuesta socialista a la benevolente oferta pactista de Pons, aunque con un planteamiento político sustancialmente diferente.
¡Esperemos –que unas y otras declaraciones de intención- sean algo más que mera palabrería…!.

martes, 2 de agosto de 2011

LA LEY DE LA SELVA SE HA INSTALADO EN LA ECONOMÍA GLOBALIZADA


España ha vivido hoy otra jornada de pánico económico, con el diferencial de deuda disparado en los 400 puntos –índice nunca antes alcanzado-, y una nueva sesión de caída bursátil, que ha llevado la alarma a la economía nacional, al punto que el presidente del gobierno ha suspendido el inicio de su periodo vacacional.
Además, no es la primera vez que recientemente nos vemos en una crítica situación financiera por la duda de los agentes económicos internacionales sobre el real estado de salud de nuestra economía y su capacidad de recuperación –con graves dificultades estructurales no corregidas, y alto endeudamiento interior, aunque la deuda pública haya mejorado en sus índices en el último año, con las medidas de ajuste gubernamentales-.  Naturalmente a lo anterior, habría que añadir inmorales razones especulativas de una economía basada en el capitalismo financiero desalmado, que ya se ha preparado previamente la desregulación de los mercados, para poder operar a su antojo, sobre la base de la más elemental y cruel “ley de la selva”. Y ¡sálvese quien pueda..!.
La desconfianza, codicia e insolidaridad es tal, que esta situación ni ha sido la primera, ni será la última, si la UE cierra filas de forma monolítica como un bloque, en vez de seguir atosigando y espoleando las economías de los socios más débiles, a los meros efectos monetaristas, y de la banca alemana y francesa.
Lo que no se puede es dejar economías languidecientes abandonadas a su suerte de los “buitres financieros” desde sus atalayas del ciberespacio y de los paraísos fiscales. Urge un compromiso mayor de la UE, empezando por Alemania y Francia –que lideran la Unión- en defensa de esta Empresa político-económica común que nos dimos, apostando por el Estado del Bienestar, blindándose ante iniciativas codiciosas, especulativas, de una economía global que sólo beneficia a lobbys financieros y grandes capitales, frente al interés común de la mayoría de la ciudadanía europea. Pues el fracaso en esta crisis, acabará siendo posiblemente el fracaso del proyecto de la UE.
Se requiere ya un desarrollo coordinado de las políticas económicas entre los países de la UE, incluido un sistema tributario homólogo, y sobre todo la intervención de apoyo de las economías débiles de la UE, reforzándolas con la creación de “bonos europeos” que hagan frente en común a una financiación más justa de esas economías, que posibiliten su progresiva recuperación, y la conclusión de maniobras económicas especulativas de la “piratería financiera internacional”.