ÉRASE UNA VEZ UN BANCO MALO QUE SE VOLVIÓ BUENO

Alguien recordará aquel cuento que se nos contó a los españoles, sobre un banco malo, que jamás se instauraría, precisamente por su maldad. Así se aseguró, con la misma rotundidad que se afirmó también que España no sería rescatada por la UE, de igual modo que se dijo que la UE prestaría dinero a la banca española, nunca al Estado –ni siquiera por mediación-; como también hubo que antes aseguró que no subiría los impuestos. Y sin embargo, nada de eso ocurrió como se nos aseguró.

Así ese banco malo, que tanto se repudió por el equipo económico del Gobierno popular, de la noche a la mañana se ha tornado en toda una serie de bondades y virtudes sobrevenidas, por lo que lo del banco malo pasó de ser una hipótesis descartada a una acertada solución para nuestro país, sin que las razones que se hayan dado hayan sido sustancialmente diferentes, ni su probidad haya sido confirmada, más allá de la pura retórica del balbuceo político que lleva una errática trayectoria que no hace aún previsible una cercana salida de la crisis.

Ciertamente que el discurso político tiene bastante descrédito en nuestro país, pero realmente con este tipo de flagrantes contradicciones, no sólo se duda del discurso político –ya de por sí, gravemente devaluado- sino que también se duda que realmente haya un proyecto serio y eficaz de gobierno que –como se dijo en el inicio de su actividad- fijara un rumbo al que llevara toda su acción política y el destino de la Nación a buen puerto.

Sin embargo, todas estas rectificaciones, contradicciones, conllevan también un debilitamiento del crédito gubernamental tanto en el interior como en el exterior del país, y todo ello suma dificultades y costos a la salida de la crisis, incrementando el desánimo de una sociedad que contempla entre asombrada, preocupada y de momento con cierta atonía la evolución de los acontecimientos, que se auguran tensos a la vuelta de las vacaciones estivales.

Pues rectificaciones de rumbo, como estas, además de cuestionar la capacidad del timonel,  añaden desaliento social y naturalmente tensan la vida política, pues la oposición en su función constitucional de control político hacen crítica de errores, cuando de haberse convenido un consenso político –como en otros países en crisis- se facilitaría la acción de gobierno, posiblemente se dieran menos vueltas y rectificaciones, se transmitiría mayor seguridad interna y externa, y sobre todo se podrían acometer las dificultades con mayor eficacia sin mayores fisuras, en pro de una acción de Estado.

En cualquier caso, esperemos ver los efectos de la implantación del banco malo, implorando no llegue tarde su puesta en marcha. Pero esta rectificación pone de manifiesto un craso error político que conllevará probablemente perjuicios de demora –si realmente nos creemos las bondades que actualmente le atribuyen sus antiguos detractores-, que en esta crisis suponen pérdida de dinero en negocios que se perjudican y empleos que se pierden.

Por todo ello, creemos que se debería dar una amplia y razonada explicación del motivo del cambio tan radical de criterio en la adopción de esta medida. Una democracia madura lo exigiría, y probablemente pediría responsabilidades políticas al equipo económico del gobierno.

LA ESCALADA DE LA TENSIÓN EN ORIENTE MEDIO

La guerra civil en Siria, junto con el creciente hostigamiento sobre el Estado de Israel por parte de Irán, y los conatos de enfrentamiento con yihadistas radicales procedentes de Egipto en el Sinaí, está dando lugar a una escalada prebélica en la zona.

El prolongado discurso belicista y antisionista del Estado persa, que ha declarado en varias ocasiones su pretensión de echar a los judíos al mar, en un juego de hostilidades contrarias al Derecho Internacional y a la convivencia pacífica entre los Estados, ha supuesto que los persas acojan una equívoca defensa del islamismo radical chiita –facción no mayoritaria del islám- para alcanzar el desarrollo de su armamento nuclear y procurar cierto grado de liderazgo en esta caliente zona clave en la geoestrategia mundial.

El transcurso del tiempo, con fallidos controles internacionales de la carrera armamentística nuclear iraní, junto con la indecisión de la Administración Obama, han llevado a que el Estado persa se encuentre concluyendo su fase de culminación y transformación como nueva potencia nuclear, lo que conlleva un importante peligro por el desequilibrio geopolítico de la zona tan sensible, sobre todo por la manifiesta hostilidad iraní hacia el Estado de Israel, en lo que pretende justificar su política armamentística y disimular su pretensión de convertirse en un país influyente en la zona de medio oriente.

Por consiguiente, no es extraño que el Estado hebreo –única democracia moderna al modo occidental de la zona- haya tenido que precaver nuevamente ante tanta hostilidad de la vecindad, al punto que en los últimos días se están alcanzando significativas medidas gubernamentales que plantean un ambiente prebélico, de la mano de la concesión de poderes extraordinarios a su jefe de gobierno Benjamín Netanyahu, lo que unido a la adopción de medidas de seguridad civil y provisiones armamentísticas hace que la escalada de tensión esté llegando a un punto de acción militar, para frenar las amenazas iraníes que Israel no se toma en vano.

Además resulta significativa la reciente visita de Hillary Clinton a Turquía –aliado de la OTAN en la zona- que aunque ha tenido un reciente incidente diplomático con Israel, sin embargo es una pieza clave en ese escenario geoestratégico de alta combustión, lo que hace pensar que así Turquía mantendría su posición pro occidental olvidando pequeñas diferencias pasadas con el Estado hebreo. Pues ni a Israel, ni tampoco a Turquía le interesa el crecimiento belicista de Irán, y mucho menos su perniciosa influencia en el conflicto civil sirio, cuya resolución cada vez parece más inclinada hacia una victoria insurgente, si bien genera serias dudas sobre el grado de tensión que podría añadir si se hicieran con el poder radicales islámicos –algo no del todo desdeñable, según las confusas informaciones procedentes de Siria-.

Pero si EEUU e Israel no toman cartas en el asunto del armamento nuclear iraní, pronto contaremos con un nuevo Estado nuclear especialmente hostil hacia Occidente, y lo que representa, con mayor influencia desestabilizadora en la zona de Oriente Medio, crecido  desafiante, lo que entraña un alto riesgo para la paz mundial, y sobre todo para la geoestrategia de la sensible zona petrolífera que podría conllevar un nuevo problema económico mundial. Ello sin contar con el potencial incremento de conflictos locales, latentes en los últimos años como los de Palestina, Líbano, e incluso Egipto –con el giro político que ha tomado, y las tensiones entre el poder político y militar actuales-.

Por consiguiente, ante la cada vez más inoperante ONU –incapaz de tomar la menor decisión, si quiera por humanidad en el conflicto civil sirio, por los vetos ruso y chino-, tendrá que intervenir EEUU junto con la UE y la OTAN para parar el belicismo iraní con su pretensión de ser potencia nuclear. De lo contrario, tendremos una peligrosísima escalada de violencia en la zona con graves repercusiones mundiales. Así las cosas, y sin perjuicio de considerar derechos pretéritos del pueblo palestino, en el momento actual, el Estado de Israel supone un auténtico valladar en Oriente Medio, de avanzadilla de las democracias occidentales, en un mundo árabe que culturalmente aún no ha conectado con la filosofía de las libertades individuales y públicas, y menos aún con su práctica. Consecuentemente, Occidente no debería dejar en la soledad al Estado hebreo –cuya cultura también tiene su origen en Oriente, pero sin embargo, ha sido capaz de evolucionar hacia la modernidad en su conjunto- y cuya situación actual tiene su fundamentación en las normas y acuerdos internacionales. Aunque haya tenido que responder violentamente ante acciones terroristas armadas contra su seguridad y la de sus ciudadanos.

Así convendría que la Comunidad Internacional hiciera ver su firme disposición al mantenimiento del orden, y su decidido compromiso por la paz y el desarme, junto con la defensa determinante de los derechos humanos, para lo cual algunas naciones árabes habrían de evolucionar más en prácticas democráticas respetuosas con las minorías, dejando las teocracias en la historia, para acabar de entrar en la civilización del S. XXI.

¿QUÉ HAY DEL “ESTADO SOCIAL” EN ESPAÑA?

Las dramáticas consecuencias de la actual crisis económica están poniendo sobre la mesa un replanteamiento de conceptos de convivencia tan esenciales como los de justicia social, caridad o filantropía, en razón a que ante la tragedia de millones de personas y cientos de miles de familias que se encuentran en el paro abocados a la pobreza y a la marginalidad social, cualquier conciencia mínimamente formada ha de responder al menos en su interior, y también tomando iniciativas de acción para corregir y socorrer a esas personas en su sufrimiento y desesperanza.

Incluso cuando se escucha a algunos participantes de tertulias públicas, y se lee en artículos, algunos argumentos puramente economicistas, se echa en falta la consideración real y profunda del factor humano, que debe de estar por encima de las consideraciones mercantilistas o financieras, dado que suele ser el caso en que la desgracia actual de la mayoría trae su causa en este tipo de mecanismos que cuando se desajustan generan las crisis económicas con sus duros efectos, que vienen siendo cíclicas en el imperfecto mundo del capitalismo puro y duro, al que nos abocan periódicamente con más o menos determinación, pese a la suscripción simultánea e hipócrita de declaraciones formales de derechos humanos, que sirven para justificación pública y acaso para narcotización de alguna conciencia.

En el momento actual, no puede ser objetivo prioritario y único de interés nacional el rápido equilibrio financiero –de unas finanzas que se han desajustado en el curso de una década, propiciado por la liberación y falta de mecanismos de control sobre los mercados financieros, propios del sistema que se encuentra entregado a los mismos, y que lleva a mezclar política y economía al punto que los grupos fácticos de poder e influencia radican en el ámbito económico-financiero-. Y no puede ser ese el objetivo prioritario a costa de millones de parados y de una falta de certidumbre en la solución del problema.

Ni el BCE, ni el FMI, ni la misma UE tienen legitimidad moral para seguir apuntando soluciones quirúrgicas experimentales a la economía española, pues en el origen de este problema también tienen su cuota de responsabilidad no menor. Además que sus recetas ya sabemos que atienden preferentemente a los beneficios de los grupos financieros, tal es la actitud que mantienen, tal es el caso de la insolente recomendación última de que España ha de rebajar los salarios un 20% a sus trabajadores para conseguir una mayor competitividad. Algo que no se cumple, en muchos casos de economías desarrolladas, en que siguen exportando dado que mantienen intacta la competitividad y los sueldos son superiores a los españoles, como el caso de la misma Alemania.

¿Acaso se puede mantener la indeterminación sobre la prórroga de los 400€ a los parados que han agotado el subsidio de desempleo, con casi 6 millones de parados, y determinados a comprometer al Estado en un crédito multimillonario al sector bancario en dificultades?. ¿Preferimos  atender las necesidades de unos bancos en situación de insolvencia, o el euro antes que auxiliar a nuestros propios ciudadanos en situación grave de marginación?. ¿Qué sociedad estamos creando?.

Para empezar habría que cambiar la definición de Estado como “SOCIAL”, democrático y de Derecho del art. 1 de vigente Constitución. Pues si no, ¿qué significado tiene mantener esa definición cuando las políticas asumidas por el Estado son cada vez más antisociales?. Aunque lo imponga la UE, Alemania, o el mismo Obama. La soberanía nacional reside en el pueblo, y sólo en él.

Incluso si unimos la declaración de “Estado Social” del art. 1 con la de “función social de la propiedad” (art. 33), resulta que tenemos los ingredientes clave del “Estado Social” que cualquier política gubernamental ha de atender, como límite de sus políticas que no pueden ser antisociales, pues no se ajustaría a la Constitución.

Por ello, ante la decisión de la prórroga de los 400€ a los parados habría de plantearse la naturaleza social de esta medida, aunque realmente no se adapte plenamente a la formulación normativa con la que se promulgó –que podría rectificarse-, pero que en la realidad viene dando respuesta y apoyo económico mínimo de límite a muchos ciudadanos en nuestro país, que sin esa ayuda se verían arrojados a una pobreza y marginalidad extrema, que además de injusto e inmoral, traería consecuencias sociales conflictivas indeseables, desde todos los puntos de vista. Así que para cuadrar las cuentas de la banca, que las arreglen los bancos que puedan recapitalizarse privadamente y volver a ser solventes, y si no que cierren. Pues por suerte, hemos conocido esta misma semana –paradojas de la vida- que en España tenemos un grupo de bancos de lo más saneado de Europa –gracias a Dios, todo no va a ser desgracia-, pues que operen estos solo, y el Estado se abstenga de avalar ante la UE un megapréstamo que lastrará más nuestra situación económica de cara a un reflotamiento del país. Y todo esto además, profundiza cada vez más en un clara contradicción de los apóstoles del neoliberalismo, ya que en medio de tanta receta de recortes al sector público y privatizaciones, se socializan sólo las pérdidas de los bancos, cuando los ciudadanos no somos socios bancarios, ni el Estado es avalista de los mismos.

Consiguientemente, esa ayuda de los 400€ a los parados representa un seguro para ellos, también para nuestra sociedad, y sobre todo representa la obligación del Estado social de corresponder con sus ciudadanos ante situaciones socialmente injustas, restableciendo con esta medida acciones de justicia social que suponen el compromiso del Estado de equilibrar de esta forma, los desajustes de los mercados. Demostrándose así que los “Estados Sociales” desarrollan un sistema social de ayudas y protección que deriva en los “Estados del Bienestar”, que suelen tener los mejores niveles de vida de sus ciudadanos, por un reparto más justo y equitativo de la renta. Algo a lo que se opone radicalmente el liberalismo económico, que reencarnado en formas neoliberales postula el derribo del “Estado del Bienestar” so pretexto que no lo podemos pagar, algo que no suele responder a la realidad, pues se confunde la sostenibilidad del mismo –que conlleva, un sistema fiscal justo y progresivo, gravando más las mayores rentas, que desde tales posiciones no se desea, y así realmente no es viable si no se está dispuesto a atenderlo presupuestariamente-; pero que en este momento se trata de mezclar con la mala gestión de un sector público hiperdimensionado que anida infinidad de empleo político, también mezclado innecesariamente con funcionarios profesionales.

Incluso en la dialéctica de la controversia actual, se llega a pretender deslegitimar algunas afirmaciones de políticos que apoyan estas medidas, con argumentos que repartan su propio patrimonio. Y eso –además de ser una decisión personal- se plantea como una trampa dialéctica mezclando el concepto de “justicia social” con los de “caridad” o “filantropía”, pues el primero supone una acción de justicia en el reparto equilibrado de la renta en una determinada sociedad, que evita la generación de bolsas de pobreza y marginalidad, y sobre todo la creciente diferencia entre clases sociales –algo cada vez mayor en España, en que la clase media se ve comprometida al perder su empleo a caer en pobreza-.

En tanto que “caridad” supone la ayuda personal con su propio patrimonio a los necesitados, por amor de Dios, con un sentido religioso, en cumplimiento de una moral social concorde con la fe. Mientras que “filantropía” supone igualmente una ayuda personal con el propio patrimonio a personas necesitadas, por pura tendencia humanitaria. Ambas, pues son decisiones personales, que no son incompatibles con la aplicación de la justicia social, pero en tanto la caridad o la filantropía no son derechos del necesitado, las ayudas sobre la base de justicia social si suponen un compromiso colectivo, del Estado que genera unas expectativas, cuando no derechos a ser atendido en situación de necesidad.

Por todo ello, el Gobierno haría bien en determinar ya la prórroga de dichas ayudas a los parados, sobre la base del compromiso constitucional con la justicia social, derivado del concepto de “Estado Social”. Al tiempo, que debería de revisar sus actuaciones pasadas y futuras, tendentes a la corrección de los reajustes presupuestarios, para que no eludan o incumplan sus deberes sociales, so pena de revisar nuestra actual concepción constitucional de Estado.

LA TOZUDEZ ALEMANA APUNTA A LA INTERVENCIÓN ESPAÑOLA

La resistencia del Gobierno Alemán, junto con el operativo económico-financiero de la UE, incluido el BCE, a facilitar el acceso al crédito europeo de forma justa y sostenible de España e Italia, hacen que cada vez más se presuma una intervención nacional por parte de la UE de España, y quizá de Italia.


Y ello pese a los desmentidos de líderes políticos españoles, como Cospedal, que junto con la calculada ambigüedad de Rajoy sobre el tema, hacen sospechar que la intervención cada vez está más cerca; pues ya conocemos la escasa credibilidad de afirmaciones y desmentidos que también bajan el valor de la “palabra del político español” –desacreditada como nunca-.

Es de suponer que el presidente Rajoy –que se despidió con un gesto ácido revelador del pesimismo existente actualmente en España al decir “Al que pueda, felíces vacaciones”- esté incrementando los contactos con Alemania y la UE para conocer las auténticas condiciones que impondrían en caso de la hipotética y cada vez más probable intervención, para disponerse a solicitarla, pues “a la fuerza ahorcan”. Y el próximo otoño se teme especialmente caliente en nuestro país, tanto si se interviene como si no se interviene la economía, que ya está teledirigida en Berlín desde hace un par de años.

Ello no obstante, plantea un problema de fondo político en España, pues tal hecho supone necesariamente que se revise el sistema autonómico, se ajuste como lo ajustó Alemania en la época del canciller Schreder, para hacerlo viable política y económicamente, ante los palpables desequilibrios que muestra en la actualidad.

Pero precisamente para acometer esa reforma, como también para aunar los esfuerzos de la Nación española habrán de ponerse de acuerdo las distintas fuerzas políticas representativas del país, especialmente las de Gobierno y Oposición; lo cual pasaría por un “pacto de Estado” –que hace un par de años, debió haberse suscrito, pese a las apetencias políticas de unos y otros, pues el país no está para veleidades-. Si bien, como todo pacto, no se puede imponer unilateralmente, ni mucho menos desde fuera de nuestras fronteras, pues la soberanía nacional no puede ser subvertida en momento alguno. El consenso ha de ser fruto de un amplio, sincero y profundo análisis y debate sobre la situación de crisis, sus soluciones, y finalmente el rumbo que realmente resulte menos incómodo y traumático para la sociedad española.

Cierto es que lo que se debe hay que pagarlo, pero no puede ser a toda costa y por encima de todo. Y así, asumida realistamente la situación de débito, también hay que buscar una salida igualmente realista de pago –con sus plazos e intereses, igualmente realistas y justos, pues no cabe asumir que se tenga que hacer todo ello en uno o dos años, ya que es tanto como asfixiar al Estado y someter a excepcionales sufrimientos a la sociedad española, lo cual en sí mismo es injusto-. Motivo por el que nuestros gobernantes tampoco pueden plegarse sin más a las exigencias de cobro de los acreedores. Ya que si es menester, también cabría las “quitas y esperas” en la negociación seria de la deuda, de una deuda que hace ya un tiempo que está a unos intereses injustos e insostenibles, lo que éticamente legitima por sí mismo las acciones referidas de “quita y espera”.

Y en última instancia, también habría que analizar la tesis expuesta por Gaspar Llamazares, sobre la conveniencia de permanecer en el ámbito del “euro”, en unas condiciones privativas para nuestro país. Tesis sobre la que habría que profundizar, especialmente ante la tozudez de la parte acreedora que evoluciona desde aparentes acercamientos hasta el enfriamiento más distante, que supone un tratamiento intransigente de un problema que no sólo es de España, sino de varios países más, entre los que podría extenderse el pesimismo de unas intransigentes medidas, de unos socios que en los momentos de crisis no muestran su colaboración, sino unas exigencias impropias de cualquier tipo de relación social –que dicho sea de paso, también habría que revisar, llegados a este punto-.

Pues realmente, ¿qué es la UE?, es un constructo político internacional a medio edificar; que temerariamente se lanzó a crear una moneda sin tener los mecanismos de cohesión fiscal, financiera, y política debidamente articulados, arrastrando a países bisoños como España –que nos mostramos más europeístas que los propios europeos centrales- sin las menores garantías, a cambio de ayudas –que condicionaron también nuestra economía, pues cercenaron parte de nuestro sector agropecuario y pesquero- y nos predispusieron hacia un mercado común en que han triunfado habitualmente los productos industriales de otros países, dejando a España como un país meramente de servicios, dejando poco espacio para la decisión soberana española sobre su propio destino; pero se aceptó mientras dio dinero y colocó a parte de la clase política entre los “euroburócratas” bien pagados de Bruselas. Si bien, nos acabamos de “despertar de tan feliz sueño”, y descubrimos la dura realidad en que estamos, constatando realmente dónde reside el poder de decisión de la UE, cada vez más alejado de la ciudadanía, y por supuesto de las fronteras españolas.