EN EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA TRAGEDIA DEL YAK 42

Diez años se cumplen de la tragedia del Yak-42, que traía tropas españolas de regreso de una misión exterior a nuestro país, y se estrelló en territorio turco. Tragedia que con 62 víctimas mortales –militares españoles- más la tripulación, perdieron la vida en un desgraciado accidente.

Posteriormente se vinieron dando informaciones que apuntaron sobre una más que dudosa gestión en los fletes aéreos de este tipo de misiones, por su costo, y cesiones de servicios contratados, sin que tales hechos se estimaran que tuvieran relación causal directa con tan fatal accidente, sino con una gestión que no parecía ser muy exigente por parte de los responsables del Ministerio de Defensa, por lo que se imputó por un supuesto delito de imprudencia grave con resultado de muerte, sin que recayera condena penal sobre ellos, a un contraalmirante y  a un general, posteriormente recompensados con ascensos. El primero fue ascendido por Trillo a vicealmirante en septiembre de 2003. Y el segundo,  fue promocionado al empleo de teniente general en diciembre de ese mismo año. Ambos fueron dos de los responsables de contratar los vuelos para la recogida de tropas de Afganistán como que el que acabó con la vida de 62 militares. 

Y si cuanto menos torpe, o relajada, fue la gestión de los fletes, no menos torpe fue la acelerada repatriación de los cadáveres, que conllevó inhumanos errores de identificación –que añadieron dolor al profundo trauma de las familias de las víctimas- y que pusieron de manifiesto un trabajo de chapuza, que al parecer trataba de congraciarse con las órdenes políticas de no demorar las gestiones de repatriación y dar rápida sepultura al aciago accidente. De ahí que se enjuiciara a mandos del Ministerio de Defensa, por tal motivo, quedando la responsabilidad circunscrita –a modo de “cortafuegos”- en el general al mando de la misión de identificación y repatriación de cadáveres, al que la Audiencia Nacional condenó a tres años de prisión por identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres, y a un comandante y un capitán condenados a un año y medio de cárcel.

El Gobierno de Rajoy –al poco de acceder al poder- indultó al comandante y al capitán de la pena impuesta, no así al general que ya había fallecido.

En el juicio en la Audiencia Nacional quedó en el ambiente la presunción de que desde Madrid se les ordenó la urgente repatriación para la celebración del funeral de Estado dos días después, por lo que los abogados de las familias de las víctimas pidieron que se investigara tal extremo, incluso que se dieran los nombres de los autores intelectuales de tal hecho, que habían sacado supuestamente un beneficio político con dar rápido entierro y carpetazo al lamentable accidente.

Trágico y triste asunto, que además aparece emboriado por una torpe y relajada gestión de Defensa, que entraña una de las gestiones más desgraciadas del Gobierno de Aznar-que debió de haber cesado a la cúpula del Ministerio de Defensa, incluido a su titular Trillo-, y que el actual equipo del Gobierno al frente de Rajoy no parece haberse planteado un homenaje en recuerdo de aquellas víctimas.

Entre tanto, en una historia sórdida –como todas las de las calamidades gestionadas por mediocres- se ha dado una inmoral e incongruente acción de recompensa (ascensos varios e indultos) con la de castigo (condena penal, para los únicos reconocidos culpables de una recogida frenética de cadáveres siguiendo órdenes superiores, según se dijo por alguno de ellos); entre tanto, de la responsabilidad política ni rastro, pues el entonces ministro de defensa, no sólo no fue depuesto, sino que su recompensa –para continuar en la política activa- ha sido su discreto retiro a la cancillería española en Londres.

¡Descansen en paz, todos los que perdieron la vida en tan trágico suceso…!.

EL NARCISISMO POLÍTICO DE AZNAR

José Mª Aznar accedió a ser entrevistado por uno de los canales privados de televisión en España, en unos momentos especialmente delicados para el país en general y en particular para su Partido, y no tuvo el menor rubor de meterse por en medio en el malestar de los barones del PP, que cuestionan la política gubernamental de Rajoy, para reivindicar autenticidad programática en la acción de gobierno, y acabar amagando con volver al primer plano de la política nacional.

Esta posición de Aznar –que ya tiroteaba desde su trinchera de la FAES- no ha hecho sino dividir al PP, entre los que no estando de acuerdo con Rajoy y el desgaste político que viene acumulando se están mostrando nerviosos por el potencial retroceso electoral que pueden llegar a sufrir en los próximos comicios, y los que siendo cargos públicos y más directamente conforman el aparato de poder del Partido, se ven en la obligación de corresponsabilizarse de las políticas de recortes de Rajoy.

Pero en estos momentos, en que cualquier persona cabal y leal a sus compañeros de Partido haría las objeciones que tuviera que hacer –y le permitieran- en el foro interno de la propia organización, para no trasladar a la opinión pública divisiones ni fisuras, que pudieran llegar a erosionar la acción de gobierno aún más de lo que ya la deterioran los efectos de las políticas de recortes; sin embargo, Aznar en su engolamiento político y personal, no se siente afectado por tal tipo de objeciones, y como si estuviera por encima del bien y del mal, como si fuera auténticamente por libre, o lo que es peor, como si se tratara de una cuenta pendiente con Rajoy, va y hace su particular crítica y se acaba por postular como alternativa.

Peor no le ha podido sentar a Rajoy y al sanedrín de Génova –tanto a los fieles a Rajoy, como los que en estas cuestiones ven la incomodidad e inoportunidad de tener que posicionarse en una potencial guerra interna-. Algo inaudito, pues Rajoy está donde está, y accedió a la presidencia del PP por obra y gracia de José Mª Aznar, que se dio el gusto de nombrarse sucesor político. El mismo que ahora parece cuestionar.

Así hoy hay quien llega a hablar de deslealtad de Aznar con su Partido, y especialmente con su sucesor Rajoy –al que está claro que ni respeta, ni valora-, aunque parece más adecuado calificar esta actitud dentro del tradicional “narcisismo político” que envuelve a Aznar, cuyo mito político se ha creído el primero el propio expresidente.

De aquella época del PP triunfal ya han caído algunas mitologías, como la de Rato que llegó a considerarse el artífice del progreso económico español del momento, que sin embargo posteriormente pasó por el FMI con más pena que gloria, retirándose súbitamente antes de tiempo –sin haberse enterado de la llegada de la gran crisis económica-, y que recolocado por sus amigos en Bankia (acabó como el “rosario de la aurora”, como es sabido). También de aquella época son los nombramientos de los amigos de Aznar (Blesa en Bankia, y Juan Villalonga, en Telefónica, Jaume Matas en la Comunidad Balear, y Zaplana en la Comunidad Valenciana).

Además que el éxito económico del gobierno de Aznar se basó esencialmente en un primer ajuste de los gastos públicos (para lo que contó con la eficaz ayuda del hacendista prof. Barea), la venta de empresas públicas del Estado (con las que hizo caja, pero se perdieron del patrimonio nacional), del recalentamiento del sector inmobiliario, y de una fase alcista en la economía internacional. De la concurrencia de esos factores vino el resurgir hispano de principio de siglo, que no fue ni equilibrado, ni sostenible, y que acabó por estropearse con la torpe gestión económica de los gobiernos de Zapatero, hasta caer en la actual sima, fruto de torpezas y opciones erróneas de los gobiernos del PSOE y PP.

Claro que ante esto, la solución de Aznar pase por bajar los impuestos –cuando hay un déficit público, y no se recorta el aparato político del Estado, más que en los servicios públicos y a los empleados públicos- nos parece contradictorio, porque supondría acabar de hundir al Estado (en todas sus vertientes: central, autonómico, local e institucional). Dadas las circunstancias, más bien parece que lo que hace falta es fortalecer las arcas del Estado (subiendo los impuestos que están descaradamente bajos, como son los que gravan el capital), y por otro lado, apremiar a la banca para que cumpla su función pública de prestamistas, y ponga en circulación las cantidades de dinero en crédito que necesita actualmente nuestra economía para evitar el actual colapso, y si de paso se suprimen las Diputaciones Provinciales, las Asambleas Autonómicas o el Senado, y demás Instituciones Públicas inútiles por duplicadas, se acabaría de redondear la auténtica receta de la que no habló Aznar, como tampoco dio explicaciones cuando le preguntaron por el tema de los “sobresueldos” en el Partido del que él fue presidente, ya que se espera de él algo más que la negativa a su propio cobro.

Aun así, considerando una mala faena y una deslealtad a los suyos por el tono y contenido del mensaje del expresidente, no creemos que ese amago de volver a la primera línea política lleve mucho de verdad, por cuanto él mismo ya llegó, estuvo y para él triunfó –retirándose en la cumbre, aunque las urnas le dieron un inesperado revés fruto de sus particulares iniciativas de aparecer en primera línea de la coalición de la guerra de Irak-; y las segundas partes pocas veces fueron buenas, especialmente en los actuales tiempos de escasez. Amen que –a poco que se hagan las cuentas- económicamente a Aznar no le interesa volver a la Moncloa. Raro sería que diera auténticamente tal paso.

Por consiguiente, habría que interpretar sus declaraciones más en el contexto del propio PP, para consumo interno, en el que claramente trata de influir y de sentarse en la cátedra que dejó vacía Fraga con su muerte, lo que de hecho ha logrado, pero parece que necesita recordarlo periódicamente.

PP Y PSOE SUPERADOS POR LA CRISIS

La crisis económica ha levantado la latente crisis política, que se agravan por mutua retroalimentación, dado que la ineficacia de las Instituciones democráticas españolas agravan el problema que se generó en el ámbito económico al mostrarse incapaces de dar soluciones eficaces e ir perdiendo progresivamente el apoyo social.

Y es que la crisis económica, al activar la subsiguiente crisis política, ha puesto de manifiesto que el sistema político de la transición está agotado. Algo así a lo que le sucedió al sistema de la restauración canovista, que con el transcurso del tiempo se mostró superado por los acontecimientos políticos y las demandas sociales.

El razonamiento es de “cajón de madera”, ya que se diseñó una democracia limitada, con una ley electoral que primaba los partidos mayoritarios –y por excepción, o mejor concesión a los nacionalistas catalanes y vascos- también a los nacionalismos periféricos, siendo así que el sistema de hecho acababa siendo –como lo ha sido- bipartidista con acceso al gobierno del PSOE- PP, tolerando los “feudos soberanos” de los nacionalistas catalanes y vascos, con los cuales se ha negociado y transigido a extremos peligrosos para la unidad del Estado, como estamos evidenciando con el discurrir del tiempo.

Naturalmente, el sistema requería incorporar de facto a los poderes fácticos más influyentes (Patronal, Sindicatos más representativos, banca, y grupos de prensa de oligarcas políticos –económicos), los cuales, en un pacto tácito, no escrito, han ido sosteniendo el sistema durante estas tres décadas.

De tal manera que el sistema reflejaba las formas del viejo sistema canovista de la restauración, al tiempo que incorporaba un peculiar corporativismo –a modo franquista- institucionalizando a algunos de esos poderes fácticos (especialmente a la CEOE, a UGT y CCOO para los que los presupuestos generales del Estado siempre han contemplado pago por servicios prestados, de una u otra forma). Tal es así, que el sistema financiero que dependía del Estado (Sistema de las Cajas de Ahorro, que ha zozobrado con la crisis económica) hacía reparto de su poder entre los políticos mayoritarios, la patronal y los sindicatos –que ahora patética e irresponsablemente dicen que no estaban convenientemente informados del estado real de las entidades de crédito y ahorro-.

Por tanto, no es de extrañar que ante la potencial quiebra del gran parte del sistema financiero de cajas de ahorro, hayan hecho “piña” todos en defensa del rescate, o sea de la socialización de las pérdidas, con algún que otro artero disimulo, pero lo cierto es que se ha cargado al país con una deuda  superior a los 282.000 millones de euros por la operación rescate a la banca  (entre créditos europeos, ayudas del FROB y avales públicos), que los españoles no teníamos por qué asumir, pues eran deudas privadas.

Además de los centenares de casos de corrupción, de una justicia que no responde ni con rapidez ni con eficacia a enjuiciar, corregir y sancionar estas conductas.

Y sobre todo, con una evidencia, genuina de nuestra particular “democracia de baja calidad”, que resulta de la constatación práctica de la falta de división de poderes (quedando muy claro en los poderes ejecutivo y legislativo, y más que aparente en el poder judicial, ante la designación política del Consejo del Poder Judicial), junto con la dependencia gubernamental de la Fiscalía, que por su condición jerárquica actúa de forma vicaria.

Así las cosas, resulta fácil comprender cómo cualquier contratiempo de entidad, como lo ha sido la crisis económica, ha generado un auténtico tsunami en un sistema agrietado. Pues para acabar de componer el cuadro político-institucional de la España de la transición, nos falta por referirnos al novedoso ingenio autonómico, que no sólo no arregló los problemas territoriales con Cataluña y País Vasco, sino que los ha agudizado y ha extendido un modelo de Estado casi ingobernable y financieramente inviable, pues sin ser federal, contiene 17 pequeños Estados defectuosamente articulados, que nos lleva a reconfirmar aquel diagnóstico orteguiano de la “España invertebrada”, en la que el nacionalismo catalán y vasco suelen conformar una particular “quinta columna” disgregadora de la necesaria unidad del Estado, distorsionadora hacia el interior y el exterior. Dificultando la gobernabilidad del país a extremos insospechados, que nos restan credibilidad exterior y generan el desaliento interior, pero que han sido consentidos como efectos del sistema por el bipartidismo del PP-PSOE, que en la oposición se fustigan en la plaza pública, para luego en el poder seguir idéntico guión.

Como idéntico ha sido el guión seguido por Rajoy cuando llegó a la Moncloa –con una mayoría ingente, que parece haber perdido en poco más de un año en el poder-, tras de haber criticado a Zapatero hasta el hartazgo, para luego continuar con el mismo recetario que aquel aplicó y que le reportó la mayor pérdida de votos del PSOE en la reciente democracia, y de la que aún no ha logrado levantar cabeza –quedando actualmente inhabilitados para una auténtica oposición y presentar cualquier alternativa creíble-.

¿QUE PARTIDO ASUME EL CRECIENTE “EUROESCEPTICISMO” ESPAÑOL?

La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja que el 81% de los españoles están defraudados de la UE y desconfían del proyecto europeo, considerando que el agravamiento de la crisis es responsabilidad de los líderes políticos de la UE, de su falta de previsión, y de su insolidaridad. Por consiguiente, ante este enorme cambio de la opinión pública española que lleva a un importantísimo “euroescepticismo”, la pregunta es: ¿qué Partido Político va a asumir claramente esa corriente de opinión en España?.

Es paradójicamente sintomático, que esta importante toma de posición política de la sociedad española ante el proyecto europeo, no venga representada de forma clara y abierta por ninguna formación política con representación parlamentaria. Algo que representa el peligroso y llamativo divorcio español entre la ciudadanía y la clase política en ejercicio, que apenas si “toma el pulso” al variable sentimiento de la calle. Algo de gran importancia en tiempos de crisis, pues supone un acelerado dinamismo social en posiciones y tendencias, respecto de tiempos de bonanza económica y tranquilidad más serenos y estables.

Tal hecho además supone una clara deslegitimación del proyecto europeo en España y en la participación española en el mismo, que siendo numerosa en cuanto al contingente de la clase política y burocrática que participa en el mismo con considerables prebendas no parece querer enterarse de este cambio sociológico que le tendría que llevar, al menos a “poner en cuarentena” el fallido proyecto de la UE, por más que choque contra sus intereses de clase (sustento, promoción y carrera política o burocrática en Bruselas o con cargo a la UE). No en vano, hemos de considerar que los “bien pagados” eurodiputados (en torno a los 10.000 y 12.000 € mensuales), lógicamente están escasamente interesados en plantearse el “euroescepticismo” del parado o del mileurista español.

Pero tal realidad es ya patente en el sentir de la sociedad española, que ha echado en falta soluciones solidarias de la UE (menos cicateras, y mucho menos de banqueros para los “puas” del sur). Sensación que, siendo importante cuantitativamente (81% de la sociedad, y creciendo), sin embargo, a diferencia de otros países que sí han canalizado políticamente esa propensión ciudadana a reivindicar lo propio, y plantear la defensa de los intereses nacionales frente al planteamiento individualista y utilitarista de Bruselas y Berlín, en España salvo alguna formación política extraparlamentaria no se ha planteado aún la salida del euro, y mucho menos el abandono del fallido proyecto de la UE. Todo un dato más que revelador del escaso nivel de representación democrática que viene suponiendo la democracia española (relegada al voto cada cuatro años, en los que actualmente pasan muchísimas cosas, al punto de girar 180º el rumbo político programático el propio Partido Popular, en el Gobierno del Estado, sin someterse a validación pública alguna tan importante giro).

De manera que, de igual forma que ha dicho Ramón Jáuregui a sus compañeros socialistas, en profética frase: “O cambiamos, o nos echan…”; habría que hacerla extensiva a también al propio PP, con esta nefasta gestión política de la crisis económica; pues acabarán otros Partidos o movimientos sociales, por acelerar los cambios socio-políticos que demanda la ciudadanía (entre ellos también sobre la UE) para mejora de un decrépito sistema democrático (bipartidista de élites políticas, ficticiamente representativo –esclerotizado a los periodos electorales cuatrienales-, que rehúye a la participación ciudadana, y por ende falla por la base –en la ausencia real de división de poderes-, y es permeable influencias espúreas al propio sistema –en forma de tradicionales “poderes fácticos”- que determinan que ni todos somos iguales ante la ley, que hay privilegios de clase, casta y hasta territoriales, que erosionan el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, y que ante la primera crisis importante se han plegado a una involución social (asumiendo el desmontaje del “Estado Social”).

¿CONOCE LA COSPEDAL EL FUNCIONAMIENTO DEMOLIBERAL?

La Secretaria General del PP, y a la sazón Presidenta Castellano-Manchega, ha hecho unas llamativas declaraciones que generan cuanto menos perplejidad. Se trata del envite que ha hecho, este fin de semana, a las ONG´S, plataformas públicas y demás grupos sociales que agrupados en torno a la defensa de unos objetivos están reivindicando públicamente sus concretos intereses. Pues bien, a estos les ha venido a  preguntar ¿cuántos son?, ¿qué peso político-social tienen?, y ¿a quién representan?, invitándoles a presentarse a las próximas elecciones para ver si ganarían la legitimidad de las urnas.

El planteamiento de la Sra. Cospedal es un sofisma moderno, en razón a que aparenta una lógica interna, pero tiene su trampa.

Tal hecho viene como consecuencia de que todo régimen democrático de porte liberal suele dar, y debe dar, amplitud de participación a la sociedad civil, distinguiendo los grupos políticos (partidos y coaliciones políticas) cuyo objeto directo es la participación en la vida política, preparando candidaturas, presentándose a elecciones y formando parte de las Instituciones Políticas para estructurar las necesarias mayorías representativas de los ciudadanos que han votado, en aras a la formulación de la agenda política y la acción de gobierno en el interior y en el exterior del Estado. Pero además existen otros actores sociales (sindicatos, asociaciones empresariales, profesionales, y civiles) cuya única finalidad es la defensa de los intereses de dichos colectivos en los diferentes ámbitos (político, social, económico, etc.), pero en modo alguno pretenden erigirse en partidos políticos y entrar en la “arena política” institucional.

Esta importante y esencial diferenciación debería tenerla clara todo ciudadano, para el ejercicio y defensa de sus intereses y los de los colectivos en que participa. Pero es lamentabilísimo, que parezca tenerla confusa, nada más y nada menos que la número dos del principal partido político en España, que además tiene responsabilidades políticas de gobierno.

Tan esencial y básica es la distinción, que sobre la misma se distingue –a su vez-  entre la “democracia representativa” y la “democracia participativa”. Ya que con el ejercicio libre del voto electoral los ciudadanos otorgan su representación política (habitualmente por cuatro años) a los candidatos políticos que han votado, y por mayoría proporcional (en nuestro sistema) se configura el gobierno correspondiente, así como los demás poderes políticos del Estado. De forma que esas candidaturas electas tienen la legitimidad de las urnas (aunque habrá de reconocer la Sra. Cospedal, que no es algo perenne y fijo, sino volátil, si bien no se cuestiona hasta la siguiente elección; salvo una pérdida de confianza abrumadoramente clamorosa, que determinaría la convocatoria anticipada de elecciones –que con la caída de intención de voto, los incumplimientos electorales, el incremento de la conflictividad social y del paro, bien podría empezar a considerarse en estos difíciles momentos).

Por su parte, la “democracia participativa” supone el necesario establecimiento de cauces públicos para que la sociedad se manifieste públicamente ante cualquier tipo de problema, de su opinión, convoque actos públicos (todo ello conforman derechos constitucionales de libre reunión, opinión y asociación), y en el uso legítimo de tales mecanismos activan el parecer de la opinión pública que atiende a los planteamientos de estos “actores sociales” o no. En la sensibilidad política del gobernante está verificar el alcance y apoyos sociales de las pretensiones y planteamientos de cada uno de estos movimientos sociales, para incluirlos en la agenda política o no. Pero a estos ni se les debe criminalizar (echándoles encima a las fuerzas de orden, sancionándoles, o descalificándolos, etc.) y mucho menos retándolos de forma altiva y artera, como lo ha hecho Cospedal, por original que se haya creído a sí misma, creo que ha cometido un importante error político, además de revelar un talante escasamente democrático.

Ya que, Sra. Cospedal, la democracia no es votar cada cuatro años solamente, por más que a Vd. y a muchos como Vd. quisieran que asi fuera. Una sociedad democrática y madura (como empieza a madurar la sociedad española, a base de desengaños políticos, sufrimientos y recortes) tiene vida propia y no puede dejar en manos de cualquiera la “cosa pública” illo tempore.

ESCASA MOVILIZACIÓN EN EL 1º DE MAYO DE MAYOR PARO DE LA HISTORIA DE ESPAÑA

Se ha celebrado en Murcia la manifestación del  1º de mayo con cierto incremento de participación respecto a la tónica habitual de los últimos años. Pero este incremento es poco significativo en relación con el conjunto de la población. Pues ¿qué cabe pensar de una sociedad que en la que no se movilizan ni siquiera los parados el día del trabajo?.

Aunque pensando en un concepto amplio, el mundo del trabajo no sólo conlleva la defensa del empleo, sino también de las justas relaciones laborales (salarios, condiciones de trabajo, seguridad y salud laboral, formación profesional, incentivación, pensiones, y en general las acciones sociales que se derivan de la relación de empleo). Y este año todo este ámbito se ha resentido enormemente con recortes sociales que el gobierno ha puesto en marcha, so pretexto de salvar una economía que lejos de responder se hunde cada día más, porque la terapia empleada no es del todo acertada, ya que la economía responde a fenómenos de mayor complejidad que los recortes de gasto público, y aquellos sin embargo apenas se han llegado a abordar.

Por consiguiente, da la impresión que toda la política de recortes sociales, tal como se ha venido planteando en nuestro país, e incluso en el entorno europeo (Italia, Irlanda, Portugal y Grecia) responden a criterios más ideológicos que propiamente económicos, ya que con la excusa de la crisis se han llevado por delante, prácticamente el “Estado del Bienestar” ante el pasmo social que atónito y cabreado, pero con gran pasividad e individualismo asiste al discurrir de los acontecimientos.

De manera, que este año era importante, para cualquier observador o especialista en estudios sociales, valorar la respuesta ciudadana en forma de movilización ante una fecha histórica del 1º de mayo, en que ya no sólo los desempleados, sino los pensionistas, los usuarios de la sanidad, de la educación y demás servicios públicos, en definitiva el común de la ciudadanía de las clases media y trabajadora que son las que están pagando la crisis, se movilizaran, acudieran a las manifestaciones del día del trabajo y manifestaran pública y libremente su parecer sobre estas políticas de derrumbe del “Estado social”, que se ha quedado en la Constitución como un simple “brindis al sol”, y que en una de estas reformas se lo llevarán por delante también.

Sin embargo, en concreto en el caso de Murcia (dejando de lado la optimista cifra dada por los organizadores, de 25000 personas asistentes, que también se nos antoja escasa por las razones que venimos exponiendo) la estimación más adecuada a la realidad quizá sea la que oscila entre los 10.000 y los 15.0000 participantes. Ante lo que hemos de concluir, que se trata de un ¡fracaso..!, en las condiciones de emergencia social que estamos viviendo.

Según esto en una Región con algo más de un millón de habitantes apenas el 1% se habría manifestado en defensa del trabajo y de los derechos sociales. ¡Desolador…!

Ni los parados (que son en la Región unos 220.000), ni los pensionistas, ni los padres de familia trabajadores que ven recortados sueldos, becas, y demás ayudas sociales han aparecido por allí más allá de lo meramente testimonial. ¿Acaso ha enraizado en Murcia el individualismo insolidario?, el “sálvese quien pueda”. No ha sido la tónica habitual de la sociedad murciana, siempre abierta y generosa. O ¿nos hemos aburguesado y lo que no va conmigo no me interesa?. Eso mismo podrían decirlo los demás, en caso de que se extendiera un individualismo egoísta e insolidario.

En este mundo, parece mentira que aún no hayamos aprendido la lección, todos nos necesitamos (hoy por ti, mañana por mí), y en esta situación de emergencia nacional que supone un paro tan exagerado y una economía en caída libre, se esperaría otra conducta de la ciudadanía.

Puede que haya quien, desengañado de la actual realidad política y sindical, no quiera saber nada de nada. Pero eso es un grave error. Es cierto que no siempre están acertados, que no siempre hay los mejores interlocutores en este tipo de instituciones, pero no es menos cierto, que la democracia requiere este tipo de organizaciones para su normal funcionamiento, y la ciudadanía tiene en ellos los cauces de participación. Aunque en esto haya mucho que mejorar y enmendar, pues los partidos como los sindicatos han de hacer su particular transformación para ser más abiertos, más participativos y democráticos. Todo ello redundaría en mejora de la vida pública, en la que se incluyen los intereses sociales de las clases media y trabajadora que actualmente están sufriendo los mayores embates de la crisis y de las medidas anticrisis. Si bien, eso sería objeto de otra profunda reflexión.