miércoles, 31 de julio de 2013

EL DESPISTE ENTRE VÍAS


El lamentabilísimo y desgraciado accidente ferroviario del Alvia en Santiago de Compostela, parece concretarse en un despiste del maquinista, como una de las causas fundamentales de la tragedia, aunque iniciada la investigación, junto con tal revelación van apareciendo otros detalles concausales de no menor relevancia en la tragedia.
Se están escribiendo ríos de tinta y llenando horas de tertulias de radio y televisión con el caso trágico, planteándose diverso tipo de hipótesis y argumentos sobre el accidente, y sobre todo sobre la alta velocidad ferroviaria española, sobre su implantación y grado de seguridad, que requiere un rápido y verídico esclarecimiento de las causas del accidente, por un lado para determinar las responsabilidades exigibles, y por otro, para que no vuelva a suceder.
Pero como en toda polémica – y en esto se está generando bastante polémica- hay diferente parecer, desde los que atribuyen sólo al factor humano la causa del accidente, a los que hacen una crítica de las medidas técnicas de la alta velocidad española, pasando por los que tratan de exonerar al maquinista de responsabilidad, como si no hubiera los casi dos centenares de víctimas del accidente, apelando quizá a un humanismo mal entendido. Aunque podamos entender humanamente, el estado catatónico del maquinista ante la realidad de la catástrofe.
Con todo, creemos que con tanto “parloteo” se ha desvirtuado en general la cuestión nuclear del asunto, que habría de arrancar de un análisis previo, técnico, riguroso y sereno, que responda a la pregunta básica: ¿si es razonable y aconsejable permitir la circulación sobre los 200 km/h de un convoy ferroviario con más de doscientas personas, sin implantar todas las medidas de seguridad redundantes sobre la conducción?. Y a tenor de los hechos ocurridos, así como a la implantación de la alta velocidad ferroviaria (los AVE), la respuesta va de suyo, en el sentido de instalar todos los mecanismos técnicos existentes para evitar cualquier desgracia como la ocurrida, pues a esas velocidades los errores tienen consecuencias fatales, según hemos podido constatar.
La alta velocidad española (AVE) se dispuso con trenes de gran velocidad y seguridad, en unas infraestructuras propias prefiguradas para circular a tan gran velocidad. Lo que ocurre es que, entre el modelo de AVE y el de ferrocarril habitual, se ha puesto en funcionamiento un “sistema híbrido” (con trenes adaptados, tramos de vía mixtos, pero que no siempre y en todo momento y lugar, tienen implantadas las medidas de seguridad redundantes de circulación, como en el sistema AVE). Siendo este sistema mixto o híbrido el que se ha ido implantando como sucedáneo de la alta velocidad ferroviaria, posibilitando una notable mejora en comunicación ferroviaria, pero al tiempo se revela como mejorable en cuanto a la plena implantación de la seguridad redundante, según se desprende del presente accidente.
Y esa debería de ser la conclusión de los responsables de Renfe, tras el trágico accidente de Santiago.
Porque además, el revelado hecho del despiste del maquinista –que es humano, aunque impropio de un profesional, que además ha viajado infinidad de veces por el mismo tramo ferroviario, que tiene a su cargo la vida de más de doscientas personas-, pone de manifiesto la necesidad urgente de la implantación de tales medidas técnicas de seguridad de conducción redundante, así como la conveniencia de llevar un conductor ayudante, pues nadie está libre de un desmallo, de un mareo, o cualquier trastorno, etc. Además de reducir la rutina de la conducción semiautomática en maquinas de avanzada tecnología y trayectos rectos que permiten el alcance de altas velocidades, condiciones en que un despiste puede tener consecuencias fatales.
Pero el colmo de lo revelado, viene de las cajas negras del tren que han evidenciado que el maquinista iba hablando por el teléfono móvil corporativo de Renfe, al parecer con la sala de control de la que recibía instrucciones de ruta, en plena evolución a 190 kms/h, y revisando papeles de ruta a la vez. Justo en este momento, es cuando podemos entender mejor el aludido despiste del maquinista, que ocultó al juez el más que significativo hecho de la llamada telefónica, por más que Renfe diga que tienen restricciones de uso de dichos teléfonos condicionadas a la seguridad de la conducción.
Si como parece, el control de circulación de Renfe comunicó por teléfono móvil al maquinista del Alvia siniestrado, ¿debería este de coger el teléfono o postergarlo a la llegada a la posterior estación?, ¿y si se trataba de una comunicación de urgente necesidad?. Por tanto, no es difícil suponer que a esa velocidad, conduciendo el tren, hablando por teléfono, y al parecer consultando mapas o papeles, el despiste sobre la conducción fuera la consecuencia de irreparables efectos.
Y si a eso añadimos, que además la cabina cuenta también con otro teléfono (en este caso serían dos), parece claro que o sobran estos, o falta otro conductor ayudante, además de las mencionadas medidas electrónicas de seguridad redundantes.

Por tanto, todo apunta a algo más que un despiste en tan aciago accidente, que jamás debería repetirse.

martes, 23 de julio de 2013

LA NEGACIÓN DE GALLARDÓN


El Ministro de Justicia ha anunciado su retirada de la política, al término de su mandato como Ministro, en lo que dice haber colmado sus aspiraciones políticas de toda una vida, tras de haber desempeñado altos cargos institucionales y en el PP, lo cual no ha pasado desapercibido en este “caliente verano” que nos está dispensando la clase política española.
La cuestión no ha dejado de sorprender a los que han escuchado tan extemporánea como lejana declaración de voluntad, que además no es la primera vez que Gallardón hace; naturalmente en contextos personales y políticos distintos.
Centrándonos en el presente caso, la afirmación de Alberto Ruíz Gallardón habría que ponerla en larga cuarentena, pues largo lo fía, y actualmente en política –con la que está cayendo- no se puede afirmar nada concreto más allá de lo inmediato, pues la dinámica de los acontecimientos cambian por completo el escenario de análisis y la consecuente toma de posición.
Pero además, en la actualidad estas declaraciones se hacen en un delicado contexto político-judicial para el PP, debido al affaire Bárcenas, que está poniendo contra las “cuerdas” al mismísimo presidente del Gobierno, que a regañadientes va a comparecer ante el Congreso a demanda de toda la oposición que piden algo más que explicaciones formales sobre el affaire, con unas encuestas que muestran una caída del voto propio del PP en torno al 60%, que son realmente las razones que llevarán a Rajoy al Congreso –más que la petición unánime de la oposición política, que por sí misma no cuenta con la mayoría para poner en aprietos a Rajoy-. Y en todo ese contexto, hay analistas políticos que han señalado el más que conveniente relevo de Rajoy en la Moncloa y en Génova, ante lo cual, dada la potencial magnitud del affaire Bárcenas, se barajaba como potencial candidato al propio Alberto Ruíz Gallardón, al que parece ser no le alcanzarían los efectos destructivos del caso Bárcenas. En tal contexto, y a preguntas de un periodista que así le señalaba como la sucesión posible, se produjeron las declaraciones de Gallardón, anunciando su futura marcha de la política.
Naturalmente en ese contexto, parece poco creíble, como poco razonable pensar que respondan a una meditada intención de su autor de dejar la primera línea política, sino más bien, la manera diplomática, elegante, de viejo superviviente político, para salir de este atolladero de incierta resolución, en la que lo más recomendable es la prudencia, y conforme a ella, “ponerse de perfil”, como más o menos ha hecho Gallardón. Por consiguiente, no creemos que tal anuncio tenga un auténtico valor decisorio. Como no lo tuvieron las declaraciones de su compañera Esperanza Aguirre cuando dijo que abandonaba la política, sin que los hechos lo hayan confirmado.
No hemos de perder de vista que Alberto Ruíz Gallardón es uno de los políticos españoles en activo con mayor “vis política”, que ha hecho una amplia carrera política, y que ha venido persiguiendo el posicionamiento estratégico en el Partido e institucionalmente para postular su liderazgo, que le ha llevado a más de una confrontación con compañeros de su propio Partido, así conocidos son los desencuentros con Esperanza Aguirre, su equidistancia con Génova, su acercamiento a Aznar y a Botella, y sus maniobras para que Rajoy le incluyera en su ejecutivo. Por lo que no creemos, que haya llegado hasta aquí, para abandonar ahora, precisamente  cuando más cerca está de conseguir su logro ante la acuciante crisis que tiene encima Rajoy, cuyo cierre definitivo pasaría por su dimisión (ante unos amistosos SMS a Bárcenas que no hay por dónde cogerlos), siendo ese el más que previsible momento de Gallardón.

Recordemos que el mismísimo San Pedro negó tres veces…..

sábado, 20 de julio de 2013

LA IMPARCIALIDAD DEL TC CUESTIONADA


El acceso a la presidencia del Tribunal Constitucional del catedrático de Derecho del Trabajo, Francisco Pérez de los Cobos, a la sazón militante de cuota del PP, ha levantado una particular polémica que envuelve de nuevo a este alto Tribunal, que divide incluso a las asociaciones judiciales –entre las que contemporizan con la situación, y las que piden la dimisión del presidente-.
No han tardado en mediar en la polémica los Partidos Políticos, entre los que lo defienden (los suyos, naturalmente), y lo atacan (los contrarios, faltaría más). Los primeros lo hacen sobre la base de interpretaciones legulellas (como que no está legalmente prohibida la militancia política de los magistrados del TC, a diferencia del resto de jueces de otras jurisdicciones; o la más sutil de que el TC no es un orden jurisdiccional). Respecto de esta última el peligro viene de contestar a la pregunta lógica, ¿si no es jurisdicción, entonces qué es?. ¿Es una instancia política?. Lo que no cabe duda es que tiene apariencia de jurisdicción (órgano que enjuicia, procedimiento, resolución en forma de sentencias, etc.). Y su desnaturalización de dicha raíz jurisdiccional le haría un flaco favor, si acabara confundido como una instancia política más, dentro de las superiores del Estado, pues le restaría legitimidad, sobre todo bajo la sospecha de su falta de imparcialidad y de independencia, que requiere el ejercicio jurisdiccional.
Por tanto, de uno y otro modo, acabamos desembarcando en las cuestiones clave que afectan al presente asunto, y en consecuencia a la toma de posición razonable y justa que se adopte al respecto. Si toda jurisdicción requiere la independencia y la imparcialidad de su ejercicio. No parece lógico privar a un alto Tribunal del Estado de tales condiciones, pues lo harían vulnerable, y acabaría deslegitimándose.
Pero ¿independencia es lo mismo que imparcialidad?. Evidentemente no. La independencia supone que se actúe sin interferencias de otros poderes, en libre decisión de cuanto se determine. Lo que es de todo punto necesario para la acción jurisdiccional, pues no ha de tener interferencia alguna de otros poderes, ni de entidades o personas en el ejercicio de su misión.
En tanto que imparcialidad, supone no haber tomado partido, no haber participado en aquello que se enjuicia, de manera que genere el natural e inconveniente prejuicio que conlleve a una resolución injusta. Así un juez que sea amigo o enemigo de alguna de las partes, haya participado en opiniones, trabajos, o dictámenes previos a cuestiones que se le someten a enjuiciamiento con posterioridad, nunca podrá mantener su necesaria imparcialidad, para llegar a una auténtica justicia.
Así pues, aunque la ley específica no prohíba la militancia política de los magistrados del Constitucional nos parece un error de los legisladores de dicha ley, que quisieron preservar una “casta judicial” sobre la misma judicatura (llegando a diseñar una “judicatura paralela”, sujeta a menos condicionamientos, elegida ad hoc de entre profesores universitarios –auténticos teóricos jurídicos, más dados a la especulación teórica que a la praxis jurídica, que es el sector profesional de procedencia de Pérez de los Cobos, que no pocas veces imbuidos de la teoría de la libertad de cátedra se suelen considerar a sí mismos, por encima del bien y del mal-). Tal es el Tribunal Constitucional que tenemos, que ha dictado sentencias tan peculiares como la del Estatuto de Cataluña, o la del caso Bildu, en las que al fin y al cabo hay un alto grado de “probabilismo teórico jurídico-político” que ensancha de forma extenuante los propios límites del “edificio constitucional”. Algo que ha llegado a hacer pensar a no pocos especialistas, la posibilidad y conveniencia de transformar este Tribunal en una sala especial del Tribunal Supremo, lo que facilitaría la gobernabilidad del país, y unificaría criterios jurídicos esenciales para ello.

Entre tanto, tenemos este Tribunal, que de esta forma se dota de profesionales de alta cualificación jurídica pero inconvenientemente escorados ideológica y políticamente hacia posiciones concretas, cuando no –como en el caso de Pérez de los Cobos- tienen abierta militancia que cuestiona seriamente su imparcialidad, y de tal forma podría entenderse que contamina la misma acción del alto Tribunal, que empieza a ser denunciada públicamente por algunos de los que se consideran afectados (Garzón, entre ellos), que podrían así pedir la revisión de su situación, añadiendo confusión a la ya existente, generando inseguridad jurídica, y en definitiva desligitimando al propio Tribunal, cuyas decisiones pueden perder el necesario crédito público que precisan para que su labor sea eficaz. Pues la justicia no puede ser el resultado de la lucha entre facciones políticas, sino la justa aplicación de la ley, y para que esté libre de sospecha habrá de preservar su independencia e imparcialidad. Algo a día de hoy, cuestionable.

lunes, 8 de julio de 2013

ALMUNIA: DE JEFE SOCIALISTA A EUROBURÓCRATA


Dice el refranero popular que “para ver cosas, hay que estar vivo..”. Y tal es así, una vez más, en el caso del que fuera dirigente socialista hispano Joaquín Almunia, persona formada pero entregada desde su juventud al aparato de mando socialista del PSOE y de la UGT, en su proverbial defensa del obrero, discriminado por el capital –que en la transición- se decía también, oprimido por la dictadura franquista. Pues tal fue el léxico que hizo fortuna en beneficio del ascenso social de una nueva “casta política” de porte democrático.
El discurrir de los acontecimientos políticos llevó al PSOE al poder, y con él Almunia accedió al Consejo de Ministros, donde llegó a ostentar la cartera de Trabajo y Seguridad Social; y hasta el punto de que a la marcha del gran jefe socialista, Felipe González –que había estado imbatido en el poder catorce años-, se postuló como sucesor, tras de un abortado intento de primarias –que ganó Borrell, pero le hicieron dimitir los del aparato de Almunia-, y no logró concitar el apoyo popular que pretendía, por lo que buscó cobijo en un buen puesto europolítico en Bruselas, desde el que sigue encaramado contra viento y marea, faltaría más, pues Almunia es político de “aparato”, un “segundón gris”, que nunca ha liderado políticamente ningún proyecto (un híbrido de “funcionario-político / político-funcionario” a conveniencia del que manda, y siempre a su servicio), pero que se ha asegurado un excelente puesto con unas no menos excelentes retribuciones (que seguramente quintupliquen la retribución media española, o más), y no ganado por oposición –por demostrar sus conocimientos-, sino por la influencia política de su grupo (el socialista, que se supone defendía el interés de los trabajadores).
 Sólo así, y desde ese planteamiento se puede entender –que no compartir- la actitud de Almunia desde Bruselas hacia España, a la que ya ve en la distancia, y la posterga como todo burócrata a lo dispuesto por la ordenanza, incapaz de generar cualquier vía de solución, de salida, enrocado en el “poder de su sello” que da el placet o lo quita a las propuestas que pasan por su mesa.
Y es que no se entiende, la inflexible actitud de Almunia (el euroburócrata) frente a España, en el caso de la petición de devolución de las subvenciones recibidas por los astilleros españoles, pues más allá de la norma está la realidad social de más de 80.000 trabajadores del sector que se pueden ver en el paro (en una España con un paro de 6 millones de personas, el máximo de la UE); máxime conociendo que en situación análoga Francia no fue obligada a devolver ningún tipo de incentivos.
Si quiera por coherencia social, por conciencia humana, o por remoto patriotismo –si hubiera existido en algún momento-, debería de haber facilitado una salida airosa sobre la base de unas circunstancias político-económicas que aconsejan no pedir la devolución de las ayudas porque se carga el sector de los astilleros navales en nuestro país. E incluso, también si no quería llegar a tanto, y mostrarse más neutral –para defensa de su posición de euroburócrata-, podría haberse abstenido. Sin embargo, no ha dado ninguna de las anteriores soluciones, sino todo lo contrario, se ha puesto la gorra y ha empezado a apercibir al sector afectado, y al gobierno español, que han reaccionado en bloque en contra de la pretensión de Almunia –incluidos sus antiguos compañeros del PSOE, a los que parece no tener muy en cuenta-. Naturalmente, este señor ya parece estar por encima del bien y del mal.
Esto último también parece otra de las razones para poner más cuidado y desconfiar de la actual construcción europea, que sólo está al servicio de las elites políticas que la controlan, y de una serie de políticos de cupo de uno y otro país, bien instalados y mejor pagados, que son los que realmente están abducidos por esta UE de mercaderes neocolonial que se está fraguando a espaldas de la ciudadanía europea. De lo cual, el problema de la deuda, de las “primas de riesgo” elevadas de algunos países, la burocracia retardataria e ineficaz de Bruselas, y la insolidaridad real en el seno de la Unión son muestra de esta errónea construcción, auténticamente de espaldas al pueblo.