NUEVO RETOQUE A LA JUSTICIA ESPAÑOLA

El gobierno está llevando a cabo un nuevo retoque de la justicia española, esta vez a través de la reforma de la ley de planta y demarcación judicial que prevé la desaparición de las Audiencias Provinciales, así como la desaparición de los Partidos Judiciales, y la generación de los juzgados de instancia (hasta ahora unipersonales) en órganos colegiados con la existencia de varios jueces en los mismos, dependientes del presidente de los que serán denominados “tribunales de instancia”.

En fin, un nuevo intento que se suma a los ya realizados, para lograr una acomodación de la justicia española al S.XXI y acabar de sacarla de la postración decimonónica en la que aún se encuentra, pero se nos antoja que esta es otra reforma parcial, acaso cosmética, como otras anteriores, que no parece vayan a conseguir el logro pretendido.

Reciente está, pues aún se encuentra en fase de implantación, está la reforma de la oficina judicial, que el anterior ministro, el socialista Caamaño, abanderó intentando agilizar los lentos y prolijos trámites judiciales, para lo cual ideó la organización de la oficina judicial común entre las diversas instancias judiciales, al frente de los correspondientes Secretarios Judiciales, que encabezarían así los respectivos estamentos de actuación procesal específicos (diligencias, embargos, notificaciones, trámite común, etc.) a modo de servicios –de forma análoga a como se organiza habitualmente la Administración Civil-, pero que rompe con la tradicional organización de las oficinas judiciales individuales por Juzgado, con sus correspondientes secciones, bajo la supervisión del Secretario Judicial, pretendiendo así desvincular a los jueces de la preocupación del funcionamiento de la burocracia judicial, para dejarlos en su labor de enjuiciamiento (presidir audiencias judiciales, decidir incidentes y poner sentencias), en tanto que el mero trámite judicial quedaría en manos de los Secretarios con apoyo en la oficina judicial.

Ahora bien, con la nueva reforma de Gallardón, no sabemos si supone un avance de reformas en la línea ya emprendida, completando la anterior, o más bien la matiza y acaso rectifica, pues carece de sentido real generar “tribunales de instancia” con varios jueces sin que tengan una infraestructura de apoyo burocrático en la propia oficina judicial, dada la aparente incompatibilidad de que funcionen bien coordinados estos órganos judiciales corporativos separados de su natural y directo apoyo burocrático, en una diluida oficina judicial común (con separación funcional de servicios), pues puede que añada caos al caos.

Ya comentamos en otro artículo anterior, en que tratábamos la reforma judicial, nuestra respetuosa discrepancia con el anterior proyecto de oficina judicial común, pues la estructura de la oficina judicial habitual (por juzgado) funcionaba, aunque saturada era un relativo orden en el caos, y al cambiarla el caos aparenta ser total, pudiendo tener trazos apocalípticos si se une al previsible caos de la nueva reconfiguración de las plantas judiciales, con la reforma de los “juzgados de instancia” en “tribunales de instancia”, que son la piedra angular del sistema judicial español, que ya se resintieron con la reforma que se hizo de ellos hace más de dos décadas suprimiendo los juzgados de distrito –que tanto atemperaban la actuación de los de primera instancia e instrucción, que se acabaron por colapsar, y cuyo número creciente no ha mitigado su situación-.

Si además, a todo lo anterior, añadimos las resistencias de no pocos miembros de la judicatura a seguir siendo miembros pasivos de sucesivas reformas que lejos de arreglar la labor diaria en los juzgados la complican, cuando no malogran, nos encontramos con los ingredientes para que esta nueva reforma de Gallardón se perciba como fracasada antes de empezar.

Sobre todo, porque la justicia española no precisa de más retoques, de más parches ni ocurrencias, sino de una gran reforma en profundidad, que vaya a la causa de su colapso, y ello pasaría por el cambio de los procedimientos judiciales –de primacía escrita, a primacía oral- imponiendo la oralidad en la práctica procesal de la mayoría de las actuaciones, con las debidas garantías procesales, pero evitando la farragosa labor de escritura que se lleva en la actualidad por cada infracción penal que ocurre, con sus consiguientes recursos que la hacen interminable, y en consecuencia todo ello contribuye al habitual colapso que la justicia española viene padeciendo y que no se ha arreglado ni con reformas parciales legislativas, ni con incremento de plantillas y órganos judiciales, ni con los últimos inventos de variar la oficina y la planta judicial. Se podría decir, a este respecto, que en este ámbito se ha ensayado con casi todo, menos con una reforma profunda de los procedimientos judiciales en el sentido apuntado de mayor oralidad, y limitación de la revisión de los actos procesales de trámite, que vendría de la mano de la consecuencia de una inmediación judicial y concentración procesal en las vistas orales. En definitiva, emular los procedimientos judiciales orales que emplea la justicia de muchos países de nuestro entorno, evitando burocratizar la justicia, tal como se encuentra en la actualidad, pues la hace lenta, ineficiente y costosa.

MARGALLO, O EL “GALLO DE MORÓN”

El Ministro García Margallo desde que se encargó de la “cartera de exteriores” está coleccionando una serie de incidentes diplomáticos, a cual de mayor entidad, que pone de manifiesto su inadecuación para llevar la política exterior española, como ya pusimos de manifiesto desde el mismo día de su nombramiento. Así incidentes con Argentina, Bolivia, Venezuela, Marruecos –en el caso del listado de indultos-, y ahora con el Reino Unido, por el contencioso de Gibraltar, hacen un elenco de affaires que nunca debieron darse en los torpes y broncos términos planteados, para finalmente tener que envainársela.

El caso argentino con la expropiación a una empresa petrolífera española de su propiedad en petróleos argentinos, que motivó una fuerte contestación del Ministro Margallo contra el gobierno argentino, con amenazas de represalias, que hizo que se montara una bronca entre los gobiernos español y argentino, elevando la tensión diplomática con mutuas amenazas, pronto cesaron y quedaron en nada, o más bien, en la continuación de la iniciativa expropiatoria argentina, frente a las amenazas gubernamentales españolas de Margallo, que como un bisoño se entregó a una lucha dialéctica que no pudo concluir en hechos, dada la existencia de importantes intereses económicos de grandes empresas españolas en el país del cono sur americano. Aparte, que el canciller español debe de atender a los intereses generales de España en cualquier acción exterior que emprenda, pues éste no es el gerente de la empresa expropiada –que en definitiva entraña intereses particulares, por muy española que sea-.

Por su parte, el caso venezolano –aún vivo Chávez, como después de su óbito-, la locuacidad de Margallo le llevó a reprochar acciones de política interior venezolana, que ya sabemos que no es un ejemplo  de democracia, pero que atizó innecesariamente la sensibilidad política del gobierno bolivariano, como sucedió también con su ofrecimiento para mediar en el proceso electoral último entre el partido chavista y la oposición, que motivó el duro y ácido rechazo del presidente Maduro al canciller español y a su gobierno.

Como también fue de enorme torpeza el incidente con el vuelo del presidente boliviano Evo Morales, en que actuó rendido a la seducción yanqui para hacerles el trabajo sucio, y del que tuvo que pedir perdón al presidente Morales.

Y  si faltaba poco, ha bastado una intolerable acción del británico-gibraltareño Picardo hundiendo bloques de hormigón en aguas de la bahía gibraltareña para evitar la pesca costera a los pescadores españoles de la zona, para que de nuevo Margallo saltara como un resorte reactivando las demandas soberanas españolas en la Roca, activando medidas paralelas de presión en el control fronterizo, anunciando la implantación de una tasa fronteriza, la acometida contra los barcos gasolineras gibraltareños, la lucha fiscal que evite la consolidación como paraíso fiscal de la colonia, etc; para seguidamente, empezar un descenso de la escalada verbal con invitación a mediar a la UE (que ya ha avisado de la ilegalidad de varias de las medidas propuestas por el gobierno español: imposición de tasa fronteriza, la acción contra los barcos gasolinera, y los controles fronterizos), pues de las propuestas de atajar el paraíso fiscal gibraltareño cada vez se oye hablar menos. O sea, que nada de nada, otra vez.

Así con tales ejemplos, que son hechos de “arrancada de caballo, y parada de burra vieja”, no parece que los intereses españoles estén lo suficientemente defendidos, sino por el contrario, aparenta cuanto menos una imprudente acción cada vez que se arranca con una descarga histérica ante cualquier incidencia de ámbito exterior que pueda tener una repercusión a España o a los españoles, para después de la elevación del tono acabar asumiendo el “frenazo y marcha atrás”, muy contraproducente en el ámbito de las relaciones internacionales, pues quita solvencia, seriedad y credibilidad.

Por consiguiente, parece más que necesario que el presidente Rajoy vaya planteándose el relevo en la cancillería española del Ministro Margallo, pues como dijimos en su nombramiento, su experiencia como eurodiputado no parece suficiente para regir la política exterior española, ya que más allá de la UE existe mucho mundo con el que hay que mantener unas fluidas relaciones diplomáticas que faciliten el entendimiento comercial y político, así como el alineamiento exterior en intereses internacionales que puedan ser comunes. Y sobre todo, como dicta el sentido común –que no parece ser el más común de los sentidos-, no se debe comenzar ningún conflicto si no se puede ganar o sostener con honra y razón. Algo que ya tenían claro hasta los “Tercios de Flandes” en cuyas espadas lucía la leyenda “ni desenfundar sin razón, ni enfundar sin honor”.

No atender a tales razones, da lugar a actuar como el “gallo de Morón” (“sin plumas y cacareando”).

EGIPTO AL BORDE DE LA GUERRA CIVIL

Las noticias que llegan del país norteafricano revelan la trágica situación por la que está pasando aquella sociedad, pues la represión oficial de las manifestaciones de los islamistas por el golpe militar que derrocó por la fuerza al presidente Mursi, da cifras de 150 muertos y cientos de heridos, en lo que puede ser un mal presagio de confrontación civil en Egipto.

Aunque esta sea la actualidad, lo cierto es que la sociedad egipcia está profundamente dividida entre un sector de población que quiere una democracia homologable con las occidentales, para intentar en libertad civil y política el anhelado progreso, y por otra parte, sectores islamistas que confían su futuro como pueblo a una especie de islamización de la vida egipcia, con lo que ello supone en la práctica de una incidencia teocrática en la forma y modos de vida egipcios, que vendrían condicionados por la puesta en vigor de la ley islámica.

Ambos sectores representan, casi por igual, a los dos grandes sectores en que se ha dividido irremisiblemente la sociedad egipcia, en lo que parece ser una auténtica fractura social de difícil composición. Junto a lo cual, hay que añadir el grupo oficialista del naserismo, que tras la independencia del país, gestó su régimen de gobierno sobre la carismática personalidad del presidente Naser, hasta su muerte, en que se configuró una suerte de elite político-económica entre  su entorno que dio lugar a los mandatos de sus seguidores hasta el último y largo periodo de Mubarak, que amparados en las fuerzas armadas se han mantenido en el poder, con serias acusaciones de corrupción, fruto de lo cual ha sido la actual situación egipcia, que presenta un país en ruina económica, con un grave problema de generalizada pobreza y desesperanza, en lo que supone un excelente “caldo de cultivo” para los “hermanos musulmanes” que se postulan como la solución a tan trágica y desesperanzada situación.

Tal es el caso, que los “hermanos musulmanes” han venido asumiendo en estos últimos años una acción de apoyo social, con generación de extensas redes clientelares entre los desheredados de esa sociedad, que le ha reportado una oportuna siembra ideológica de porte político-religioso, con los consiguientes réditos electorales que llevaron a Mursi a la presidencia del país, el cual no sólo no ha logrado mejorar la situación de su pueblo, sino que empeñado en su proceso de disimulada islamización política, sólo ha contentando a sus más fieles seguidores, en tanto generó amplios rechazos en el sector social contrario a sus postulados políticos, que veían su acción política como una involución en la débil democracia egipcia, y sobre todo por el miedo a la pérdida de derechos civiles ante el avance político de una teocracia en marcha.

En ese punto, el clamor de ese sector más prooccidental, más liberal de la sociedad egipcia fue aprovechado por los militares –que siguen considerándose como los guardianes de la normalidad constitucional y de la vida político-social de Egipto, y que vigilaban con recelo la evolución de Mursi- para dar el golpe de Estado que derrocó a Mursi y sus radicales islámicos, que tanta euforia suscitó también en las calles egipcias por parte del sector más progresista de la sociedad egipcia, y que pronto repusieron un gobierno con reconocidas personalidades como el premio Nobel de la Paz Mohamed El Baradai, que en estas circunstancias ha presentado ya su dimisión ante el Jefe del Estado interino Adli Mansur.

Junto con tales sucesos, se ha declarado el “estado de emergencia” en el país, que limita los derechos y libertades públicas, sometidas a la restauración de la normalidad en el orden público; hecho que no es ajeno a la vida egipcia, pues Mubarak mantuvo esa situación de emergencia con la excusa del terrorismo, desde 1981 hasta 2012.

Pero más allá de la crítica situación que está atravesando Egipto en el momento actual, lo cierto es que se revela que este país, no ha logrado conjugar un proyecto de desarrollo y convivencia nacional armónica y justa, dada la progresiva pauperización de la sociedad egipcia, del mantenimiento de una dictadura de facto, con una apariencia democrática débil, lo que ha generado una división social gravísima para la coexistencia pacífica del país, sobre todo por el aprovechamiento político de esa situación de injusticia y pobreza por parte del islamismo radical, cuya violenta utopía medieval está desestabilizando países enteros, aprovechando la pobreza e ignorancia de sociedades esquilmadas por dictaduras cleptocráticas que han malogrado con carácter general el proceso de independencia nacional al que accedieron tras la II Guerra Mundial, y para lo que tales sociedades no han estado del todo preparadas.

Con todo, la reacción de los “hermanos musulmanes” echándose a la calle en protesta lógica por su irregular desalojo del poder, al que accedieron democráticamente, no ha de resultar extraño, como tampoco es extraña la dura represión del ejército –que así ha tenido que “jugarse a una carta”, la del terror, el restablecimiento del orden civil por la fuerza-, pero que pone al país al límite de un enfrentamiento civil, especialmente si el ejército no acaba de controlar definitivamente la insurrección de un núcleo tan numeroso y desesperado de la población, que por vía del martirio de las víctimas, acabarán legitimando moralmente el derrocado régimen de Mursi, lo cual es un peligro por la grave desestabilización de una zona geopolítica tan inflamable como estratégica en el ámbito internacional.

LA POLÍTICA DE CAÑONERAS DE LA “PÉRFIDA ALBIÓN”

Inglaterra mantiene con España un secular pulso por el Peñón de Gibraltar, que cíclicamente trae sus propias crisis, la mayoría de las veces auspiciadas por los propios intereses de los habitantes del Peñón, como ha sido el hundimiento de bloques de cemento en la bahía de Algeciras para impedir la pesca en aguas próximas a la colonia, en dañino e inamistoso gesto entre vecinos y socios de la UE y de la OTAN.

A tal atrevimiento, España ha contestado con un recrudecimiento de los controles en la verja, que han ocasionado colas interminables en los accesos a la colonia, que ha determinado una escalada de la tensión vecinal, con agitación de algunos “llanitos” frente a la policía de la verja, y el subsiguiente envío de la Royal Navy a Gibraltar, para exhibir músculo militar, en lo que supone de la conocida “diplomacia de cañonera” habitualmente usada por el Reino Unido en su territorio colonial.

Ante tan arrogante e inamistoso gesto, España no debería de entrar a la provocación militar análoga, pues las armas las carga el diablo. Más bien, debería de activar una política más pragmática y dura de la que viene empleando, especialmente fruto del buenismo de los gobiernos socialistas que facilitaron la unilateral apertura de la verja, le facilitaron los accesos derecho de descolonización a España en el 1969. Por consiguiente, con la baza diplomática a nuestro favor, ¿por qué se han hecho tantas concesiones a los británicos a cambio de nada?; ¿por qué tolera España de forma impasible la arrogancia británica y la agitación populista e inamistosa de grupos de gibraltareños (“llanitos”)?.

La Roca con su escaso espacio territorial en manos británicas, pudo tener su sentido estratégico antaño, pero en la actualidad con las nuevas tecnologías (incluidos los satélites) ha perdido tal virtualidad, además si España aplica el Tratado de Utrecht que estableció las condiciones de la colonia británica en Gibraltar, habría de volver al cierre total de la verja, con el aislamiento terrestre del Peñón, y la consiguiente asfixia económica del mismo, que le costaría muchos millones de euros a Gran Bretaña, a partir de lo cual se plantearía su interés por mantener tan aberrante espacio colonial en la propia Europa.

De tal manera, que más allá de otros enfrentamientos y provocaciones, la “real politic” dicta “mano dura con guante de seda”, algo que los ingleses conocen bien, dada su consustancial hipocresía; y ello pasaría por retirar las líneas telefónicas, cerrar la verja, perseguir a las empresas y capitales españoles que se instalen en la “Roca” para evadir impuestos, y asediar lícitamente a los beneficiarios de esta aberrante situación colonial entre socios desleales, ante lo que habría de estudiarse igualmente más cuestiones de cooperación civil y militar con el Reino Unido, hasta tanto no se normalizara esta situación con la liberación colonial de Gibraltar por parte del Reino Unido, evitando cualquier tipo de exabrupto o desahogo verbal por parte de cualquier representante político español. Pues la dureza ha de ser en los hechos, no en las palabras.

Si bien, previamente a todo ello, y dada la errática política exterior española –según se trate de gobiernos del PP o del PSOE- por parte del Congreso de los Diputados se debería debatir y aprobar mayoritariamente la ulterior política a seguir, como una “política de Estado”, en vez de tratarla de política de partido, que tan perniciosos efectos ha tenido para España desde la apertura de la verja por parte del gobierno socialista de Felipe González.

DIFERENCIAS ENTRE PREDICAR Y DAR TRIGO

El Fondo Monetario Internacional, el mismo que no vio venir la crisis económica, se atreve a recomendar a España una reducción salarial del 10% para facilitar la salida de la crisis, y el Vicepresidente de la Comisión Europea, Olli Rehn, se hace eco y se suma a la petición.

Pero resulta que ni Christine Lagarde, presidenta del FMI, ni Olli Rehn son dignos de crédito, al no predicar con el ejemplo propio, pues la una se ha subido el sueldo este año un 11%, y el segundo cobra al mes 23.000€ más dietas. En fin, como vulgarmente se dice: “con buena herramienta bien se trabaja”.

Así es fácil dar este tipo de consejos, especialmente si no se tiene gran empacho ético en considerar la situación económica y social de muchos ciudadanos atrapados por los perniciosos efectos de una crisis, que no han creado, pero que padecen con especial gravedad, por pérdida de sus empleos, reducciones de sueldos ya llevadas a cabo, y caída de los niveles de renta y de vida en la mayoría de las sociedades europeas, especialmente en la española.

Olvidan la Sra. Lagarde y el Sr. Rehn, o quizá ignoran que en España se ha destruido gran parte del tejido productivo, quedando el restante expuesto a las dificultades de la crisis económica, habiendo sufrido expedientes de regulación de empleo y reducciones salariales, junto con pérdida de derechos sociales ya adquiridos, tanto en el sector privado como en el público. Aunque lo que queda por abordar es la reforma drástica y auténtica de las instituciones para reducir la carga político-burocrática de nuestro caótico Estado autonómico –que también ignoran Lagarde y Rehn-. La solución, la siguen viendo en una reducción de los costes laborales (especialmente en las retribuciones salariales), pese a que eso conllevaría una recaída del consumo y un subsiguiente enfriamiento de una economía aún débil y recesiva.

Lo habitual en estas circunstancias hubiera sido una devaluación monetaria, que realmente haría justicia a la situación, pero debido a la “fiebre europeísta” que nos invadió en los ochenta, en que queríamos homologarnos con todo lo que aparentara democrático, fuimos tan incautos como bisoños, que cedimos soberanía nacional a la UE al consentir que con la creación del “euro” como moneda europea la política monetaria la tuviera la propia UE, en vez del gobierno español, lo que impide que siendo la voluntad española –y su interés- la devaluación de la moneda, no coincida con otros intereses germánicos en liza. De tal manera, que la salida en la práctica devaluadora se trasladaría virtualmente a una reducción salarial, y así serían los trabajadores perceptores de las rentas del trabajo los que seguirían pagando la crisis económica, de la que se escaparían arteramente los capitales.

A todo esto, habría que preguntarse ¿a quién representan la Sra. Lagarde –en el FMI-, y el Sr. Rehn –en la UE?. Teóricamente ambos tienen una extracción política en sus respectivos nombramientos públicos, y por consiguiente no están al margen total de las urnas, si bien el sistema político-burocrático europeo y el financiero mundial, está lo suficientemente desvirtuado como enmascarado, como para responder directamente ante la ciudadanía, dado que en la práctica responden ante los poderes fácticos internacionales, especialmente los económicos de gran calado, en cuya línea van los “envenenados” consejos de estos burócratas del statu quo internacional que se ha creado al amparo del gran capital internacional, y de espaldas a la auténtica participación ciudadana en la gestión de las grandes cuestiones comunes que nos afectan.

Siendo así que se pone de manifiesto el gran escalón existente entre la clase política dirigente, que accede a altos cargos de la burocracia internacional, con sueldos de altos directivos de multinacionales, a “años luz” de la retribución media de los trabajadores y en particular, españoles; que se ponen en evidencia ante recomendaciones tan aviesas como interesadas, del estilo de la comentada, mientras que a ellos no les afecta nada, al estar por encima del bien y del mal, en ese particular “Olimpo de los dioses” que se han creado en nombre y a costa de todos los europeos, a los que dicen representar, pero a la vista está que no tienen en cuenta en sus problemas, pues ni muestran solidaridad con sus supuestos representados reduciéndose sus propias retribuciones (ya que por el contrario, se las han subido), ni son retribuciones homologables si quiera por aproximación a las cuantías de los ciudadanos, ni mucho menos han tenido la cautela siquiera simulatoria de haber recomendado otro tipo de recetas. Algo que nos recuerda al “despotismo ilustrado”, que parecía haberse superado en los sistemas democráticos occidentales actuales.

NUEVOS PROBLEMAS EN LA COLONIA BRITÁNICA DE GIBRALTAR

La existencia colonial del Peñón de Gibraltar, en manos británicas, en pleno desarrollo  de la Unión Europea es un desorden geopolítico, y sigue siendo foco de conflictos bilaterales, pese a la normalidad de las relaciones diplomáticas entre España y el Reino Unido.

Al tiempo que el Reino Unido concedía la independencia a su colonia en extremo Oriente, Hong Kong, debería de haber dado el mismo trato al Peñón de Gibraltar, pues tal hecho es anacrónico en el interior de una Confederación de Estados como la UE, con participación como socios de las dos partes históricamente existentes del conflicto gibraltareño.

De manera, que es de esas cuestiones que de vez en cuando se reactivan, ante las dificultades que entraña un enclave geopolítico y fiscal, en el mismo Estrecho de Gibraltar, con las consiguientes dificultades de coexistencia con la vecindad española, en franca competencia desleal (por la ausencia de sistema impositivo de rigor), por la pretendida extensión territorial del escaso territorio del enclave, y la emergencia de una élite burguesa que pretende un status privilegiado de ciudadanía británica, junto con exención impositiva, y un acceso peculiar al gobierno político-económico de la ciudad, del que pretenden hacer una nueva Mónaco.

Por su parte España, en los momentos de mayor euforia europeísta, ha obrado con una ingenuidad internacional digna de mejor empeño, pues años atrás llegó a facilitar la vida de los habitantes del Peñón, y los propósitos británicos de perpetuar el enclave soberano al sur de España, que por su parte no han tenido la debida correspondencia británica, ya que a la relajación del control de la verja gibraltareña, y práctica normalización de la situación, se ha contestado por parte británica con una arrogante escalada de oprobios unilaterales, como su pretensión de querer extender las aguas territoriales con apresamiento de pesqueros españoles en la zona, la reparación  a miles de kilómetros de las Islas británicas de submarinos nucleares con el riesgo propio para el territorio español y sus habitantes, la acogida y protección de contrabandistas, y sobre todo de narcotraficantes en aguas del estrecho, que con sus planeadoras cargadas de droga cruzan los 14 kms que separan las orillas africana de la europea, y que en ocasiones, perseguidas por fuerzas policiales españolas se internan en aguas del Peñón y se cobijan en su interior sin la subsiguiente persecución, detención y castigo. Y sobre todo, porque el Peñón de Gibraltar es uno de esos “santuarios” internacionales para el dinero negro, sin gravámenes tributarios,  que facilitan el refugio de capitales y la labor de los evasores al fisco español. Circunstancias que no pueden ser vistas como amistosas, ni mucho menos, por parte de España, que ha facilitado las cosas, sin la esperada y deseada correspondencia británica.

Pero el último episodio de las autoridades gibraltareñas ha sido una auténtica felonía para el sector pesquero español de su vecindad, pues con el hundimiento en sus aguas de grandes bloques de cemento, impiden y dificultan seriamente la pesca de arrastre, lo que España no podía admitir sin respuesta. Y tal respuesta ha sido el incremento de los controles policiales en la verja gibraltareña, aplicando con celo la normativa europea de fronteras, con el consiguiente perjuicio por las grandes demoras que se han generado en tales controles fronterizos. ¡Es lo menos…!.

Otras acciones deberían de ser la acometida para impedir que capitales españoles vayan a refugiarse en territorio gibraltareño para eludir sus obligaciones fiscales, como también las medidas de restricción del espacio aéreo en el aeropuerto, y otras tantas, entre las que resultarían un nuevo cierre de la verja, conforme se estipuló en el Tratado de Utrecht, que es el que Gran Bretaña aduce para justificar legalmente su presencia en el Peñón de Gibraltar.

Todo ello, respondería a una posición de realismo político internacional del Gobierno español ante la indolencia y arrogancia de la “pérfida Albión”, que por las buenas no sólo no ha adoptado una actitud convergente de solución del conflicto, que incluso podría tener soluciones diversas en la acometida de la soberanía de la roca, sino que ha consentido la escalada de acciones inamistosas de rivalidad y conflictividad con España.

RAJOY DIO SU VERSION DEL CASO BÁRCENAS

La resistida comparecencia del presidente Rajoy ante el Congreso de Diputados para dar explicaciones sobre el “caso Bárcenas”, y la sombra generada sobre la supuesta financiación ilegal del PP, discurrió como era de esperar en una parca e interesada versión, que apenas aportó luz a lo sucedido, convenciendo de oficio sólo a la bancada popular y a su parroquia más fiel, pero que dejó a más de la mitad del país sin las pretendidas aclaraciones sobre el affaire Bárcenas, lo que probablemente pese como una losa sobre la acción política del propio gobierno y su partido.

En su conjunto, la comparecencia de Rajoy además de aportar, por primera vez, una confesión de culpa, al reconocer su error por su crédula confianza en Bárcenas, más propia de un cándido que de un político de su ejecutoria, sólo dio de sí un “armado argumentario” que no acaba de aclarar los ángulos aún oscuros del caso, pues se limitó a negar la existencia de financiación ilegal en su partido, y la existencia de una contabilidad B, según el relato último de Bárcenas al juez, tras su ingreso en prisión. Sin perjuicio de lo cual, vino a reconocer el pago de lo que denominó “complementos salariales” a algunos miembros de la cúpula del partido, respecto de lo que pareció una explicación a los “sobresueldos” denunciados por el propio Bárcenas.

El resto de la intervención presidencial fue un apocalíptico planteamiento que ofrecía una temerosa disyuntiva entre él y el caos, dada cuenta el precario estado de la economía nacional, en fase de conclusión recesiva y probable recuperación, cuyo cambio de rumbo –según Rajoy- podría ser obra de una temeraria y precipitada política de derribo gubernamental, pues según el mismo presidente, tal hecho afectaría negativamente a la confianza que los mercados han vuelto a recuperar de España.

Ni que decir, que el resto de la oposición (PSOE, IU, PNV,ERC, UPyD, etc.) pidieron la dimisión del propio presidente del Gobierno, por entender que le afecta de lleno este affaire que consideran de financiación ilegal, y por consiguiente, de haber ganado las elecciones de forma ilegítima por trampas en la financiación y medios propagandísticos de las mismas. Posición de la que se desmarcó curiosamente CIU, aunque en el contexto político que viven los convergentes en Cataluña enredados en el affaire análogo del Liceo, pretendieron “ponerse de perfil”.

Con todo, sea cual sea la verdad judicial –que se consiga probar en los tribunales, en su momento-, esta comparecencia fijaba el momento de buscar la “verdad” para tratar de depurar responsabilidades políticas, que al parecer, la dinámica parlamentaria de la mayoría absoluta probablemente impidiera, en lo que resulta una evasiva, que pudiera facilitar el olvido y la superación del incidente, como también pudiera arrastrar la duda más allá de lo deseado por el PP, llegando hasta las próximas elecciones dentro de un par de años, y anegando la vida política por la sensación de mafioseo y corrupción política sistémica que pueda tener la ciudadanía, que emponzoñará la vida política.

Esto es algo que sólo el tiempo desvelará, además de la posición de los partidos de la oposición, alguno de los cuales tampoco está libre de “pecado” (“caso de los ERE´S” en Andalucía con afectación directa al PSOE, y gobierno autonómico socialista), que resulta redundante en esa sensación de “corrupción sistémica”. Lo que también contribuye a que no sea si quiera recomendable una “moción de censura” (pues además de que la aritmética de los votos de los escaños que favorecen considerablemente al PP, impediría que prosperara), tampoco como mecanismo testimonial de crítica y alternativa de recambio resulta nada atractivo que el que fuera vicepresidente del gobierno socialista de Zapatero, que tan negativa gestión política llevó a cabo, sea ahora la alternativa a Rajoy, pues además no ha demostrado liderar el proyecto socialista, y todo esto junto con la afectación del “caso de los ERE´S” hace poco o nada atractivo el proyecto que pueda llegar a plantear, por el descrédito político que también arrastran.

Quizá lo más sensato,  incluso para el PP –al que puede salirle “el tiro por la culata”, especialmente si Bárcenas reacciona con nuevos ataques de sinceridad y aporta la luz que falta en este asunto-, hubiera sido la dimisión de Rajoy y la cúpula del PP de los últimos 20 años, con el tránsito a primera línea de una nueva generación de políticos del PP que hayan estado al margen de las responsabilidades de este affaire, y en el mejor de los casos –para mayor respeto al cuerpo electoral- convocar elecciones anticipadas y que el pueblo depure las responsabilidades políticas a que hubiere lugar, además del supuesto fraude de haber ganado unas elecciones (con programa oculto) postulando unas medidas, para acabar llevando a cabo otras.