lunes, 21 de julio de 2014

LA RECETA FEDERAL PARA ESPAÑA

          
           Ante las demandas secesionistas de sectores catalanistas y vascos, junto con el colapso del sistema autonómico de la transición, hay quien postula la solución federal para España, proponiendo una modificación constitucional en tal sentido, como receta a los males que afligen a la vertebración político-territorial española.
            No obstante, cabría preguntarse ¿qué nos diferencia actualmente –especialmente en Cataluña y el País Vasco- de un sistema federal?, pues el régimen de autonomía política y administrativa ha llegado a techos insuperables, por aquello de que el crecimiento de las autonomías empieza a ser decrecimiento del Estado, con el peligro de su desmembración, y sobre todo de la generación de 17 Taifas en patente desarmonía y competición; en vez de un Estado bien articulado, coordinado y gobernado, desde los estratos territoriales al central por la soberanía popular, propio de cualquier democracia madura.
            La realidad de nuestro sistema autonómico –del que partimos actualmente, que en su día también se postuló como solución a las ansias nacionalistas catalanes y vascas- ha sido que para resolver dos problemas –que no se han resuelto-, se crearon quince más.
            Además ha dado lugar a la generación de una clase política autonómica, que en algunos lugares se integra por familias terratenientes, caciques y élites economico-sociales regionales, que extienden su concepción del poder sobre la propia Administración Autonómica, controlando la agenda política regional, así como el empleo público, subvenciones, licencias y demás controles sociales que les hacen auténticos virreyes de las Taifas, con sus correspondientes “cortes” de secuaces, con los que reparten el “botín electoral” del poder político territorial, desde el que condicionarán en gran medida la acción política del gobierno central, en función de los intereses del grupo que lo detente en cada momento. Por lo cual, la idea de “interés general” o “bien común” brilla por su ausencia, más allá del mero recurso dialéctico.
            Así la proliferación de cargos políticos autonómicos, el crecimiento desproporcionado de una Administración Regional –duplicada con la nacional-, y el incremento exponencial del gasto público que todo ello conlleva, no justifica, ni ha justificado aún la instauración de este sistema, que además problematiza y complica la generación de actividad económica y empleo –por los diferentes regímenes de licencias de cada lugar-. Algo que en el contexto de la UE no tiene sentido.
            Si a esa situación, le añadimos las habituales batallas por la “financiación autonómica”, resulta que el sistema no sólo es inoperante, complejo, insolidario, ineficiente, sino insostenible financieramente.
            Y para colmo de males, no sólo no se ha dado satisfacción a los nacionalismos periféricos, sino que se les ha engordado, y estos crecidos –ante su clientela política- han planteado claramente su propósito: ¡la independencia del Estado!. Por consiguiente, estamos ante otro efecto perverso, la deslealtad institucional, de un nacionalismo incorporado a instituciones del Estado que actúan de quinta columna contra las esencias del mismo Estado, pues no se plantean la cooperación sino la separación.
            Así las cosas, ¿la solución va a ser el federalismo?. ¡Si en la práctica ya lo tienen!. Por consiguiente, los que así razonan esta solución, quizá no se han percatado que su propuesta está ya superada por los propios hechos consumados, de una torpe colaboración central con fuerzas políticas desleales periféricas, que cuando han abonado bien su terreno, se lanzan a su propia aventura política, sea utópica o realidad. Que lo será en este último caso, tan pronto logren apoyo exterior.

            No obstante, el federalismo podría ser una solución política siempre y cuando haya un auténtico pacto de Estado entre los nacionalismo separatistas y las demás fuerzas políticas con representación en el Estado, de respetar y defender el Estado Federal como el propio del Estado español, sin más ambigüedades, con el compromiso de cerrar esta sangrante cuestión, dando paso a un sistema federal cooperativo, en condiciones de lealtad, igualdad y solidaridad entre todos los territorios de España. Si no se diera esa circunstancia, consideramos que difícilmente la propuesta federal fuera la solución real a la invertebración de España.

martes, 8 de julio de 2014

FRACASO EN LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN Y EMPLEO ESPAÑOLES


La OCDE ha venido a denunciar el deficiente sistema educativo español, que sitúa el nivel de los universitarios españoles a la altura de los bachilleres japoneses. ¡Todo un fracaso!. Como también se constata de la inútil programación educativa para dinamizar el sistema de empleo, con el fin de sacar a España de la enorme e insostenible cifra de desempleo que padece.
Ni la LOGSE, ni la LODE, ni los experimentos de los gobiernos de distinto color han dado resultado, sino que han contribuido a incrementar el cambalache en el desnortado e ineficaz sistema educativo español, en el que además afloran últimamente universidades como si fueran academias de barrio, que ofrecen todo tipo de titulaciones con altos importes de matrícula que son cada vez más privativos para la sociedad española que aún pervive en medio de una crisis de la que tampoco se acaba de salir.
Ya se decía que la educación era una cuestión de Estado, en la que tanto PP como PSOE y demás fuerzas políticas deberían haber consensuado un modelo, pero los intereses político-clientelares de una derecha y una izquierda doctrinarias –cada una a su modo-, han hecho imposible ese necesario consenso en materia tan sensible como esta; dando lugar a idas y venidas a modo de “reformas y contrarreformas” que han sembrado la confusión entre familias y alumnado, han desmotivado al profesorado y han dado lugar a estos nefastos resultados.
A todo esto, como si un “complejo atávico” se tratara, la formación profesional –tan necesaria para dar salida al mundo del trabajo, a los jóvenes que no tienen preferencias universitarias- ha sido estigmatizada socialmente, como si se tratara de un fracaso o retroceso social del aspirante a formarse en un buen empleo, tan digno y necesario como una carrera, dando lugar –a través de la presión social- a una devaluación de la enseñanza media y universitaria con la consiguiente inflación de titulados superiores en demanda de cualificados empleos que no demanda nuestro sistema laboral, que finalmente acaban infraempleados –y con ello profesionalmente desmotivados, insatisfechos, cuando no frustrados-.
Ante tal desajuste, reconocido –para sonrojo patrio- a nivel internacional, con un paro estratosférico de los mayores de la UE, seguimos sin reconocer que algo no funciona en nuestro sistema educativo y de empleo. Por tanto, cabría cuestionarse que ¡algo se estará haciendo mal!. Sin embargo, no parece que en nuestro país esto se cuestione, y si por alguien se hace, caemos en el piélago autonómico donde acabamos plenamente perdidos.
Pues esa es otra equivocación, la de no considerar la educación y el empleo como cuestiones de Estado y haberlas repartido por las 17 autonomías, cada una de las cuales ha hecho su particular interpretación de su modelo educativo autonómico (especialmente las autonomías con gobiernos nacionalistas preocupadas por la propaganda nacionalista más que por la formación de sus jóvenes ciudadanos); siendo el resultado tan calamitoso como nos lo muestran los hechos.

Por consiguiente, alguien debería poner cordura y sensatez en España para que se rediseñara con carácter estatal un adecuado sistema educativo, que conectara claramente con el mercado laboral, para servir de preparación y salida laboral a los jóvenes estudiantes (tanto en los tramos medio como superior de la educación), armonizando las necesidades laborales con la preparación educativa, de forma razonable, con rigor y tutela pública estatal, de forma que se acabara de ver en ello un auténtico servicio público, por encima del negocio que se ha instaurado en los aledaños de la formación, ante la desesperación del alto número de demandantes de empleo, que acaban por sumar frustración por el infraempleo a la inicial frustración del desempleo.