GALLARDÓN, QUE PARECEÍA INCOMBUSTIBLE, SE MARCHA QUEMADO

La dimisión de Alberto Ruíz Gallardón de la política activa, abandonando el Ministerio de Justicia, su puesto de Diputado y sus cargos políticos en el PP, en lo que anuncia como un abandono definitivo de la política, está dando mucho que hablar, debido a que Gallardón era uno de los activos políticos más notables de la derecha, con una brillante trayectoria política –aunque no tanto en la gestión pública- en la que siempre manifestó una importante ambición política, pero en la que no le faltaban importantes y cada vez más numerosos enemigos políticos.

Gallardón, cuya vida profesional en la política viene de lejos, de la mano de su padre y del propio Manuel Fraga Iribarne, se inició como uno de los “cachorros” más preeminentes de la derecha de la época de la transición, que con el tiempo fue evolucionando hacia posiciones de gran pragmatismo político en el ánimo de alcanzar y mantenerse en el poder.

Así con la reorganización de la derecha desde AP al nuevo PP, con el nuevo liderazgo de Aznar, cuando empezaron a coger parcela de poder institucional (tras la debacle de UCD, y el deterioro de un PSOE de tres lustros de poder ) llegó a lograr la presidencia de la Comunidad de Madrid, que pronto se le antojó poco, aspirando a la alcaldía de la capital de España que logró seguidamente, donde ha realizado gran parte de su gestión política, que aunque ha remozado Madrid, sin embargo la ha embarcado en una inmensa deuda pública local sin precedentes.

Por otra parte, su egolatría y ambición política le llevó pronto a colisionar con otros compañeros de viaje con los que competía por el acceso a puestos clave del poder político, dando lugar a una lucha fratricida con Esperanza Aguirre, a la sazón presidenta de la Comunidad de Madrid durante años, y actual presidenta del PP madrileño, con ostensibles enfrentamientos públicos y generación de grupos de secuaces enfrentados en el PP madrileño, entre los seguidores de Gallardón y los de Aguirre, que tanto daño han generado en la conveniente unidad y disciplina de partido en el PP madrileño.

Ultimamente, con el acceso de Rajoy al ejecutivo nacional, Gallardón no tardó en postularse como ministrable, pues la alcaldía madrileña se le quedaba corta, y su ambición le llevaba a acercarse al ejecutivo para abrirse camino en la política nacional, y posicionarse como alternativa de poder al propio Rajoy, pero acaso su ambición política, su intemperancia, quizá su falsa confianza en sí mismo y en su poder, le llevó a presentarse como un “verso suelto”, de hecho su estrategia de imagen hizo que se presentara habitualmente como liderando el “sector progre” del PP, quizá más por estrategia política que por convicción buscando la proximidad al centro izquierda para pescar en el electorado liberal progresista o incluso socialdemócrata.

Sin embargo, esto último no le impidió asumir recientemente –ya en el Gobierno- el rol más conservador del PP, promoviendo de forma muy personal, la reforma de la ley del aborto, que tanta contestación ha tenido en la izquierda, con su consiguiente reacción en la propia derecha más conservadora, que ha hecho reflexionar a Rajoy en sus cálculos electoralistas, para decidirse por prescindir de la anunciada reforma legal del aborto, ante lo que Gallardón se ha visto desautorizado, políticamente abandonado y en gran medida utilizado y quemado, ante lo cual ha tirado la toalla y abandonado una prometedora carrera política, con sus luces y sombras, especialmente en la gestión, pues si criticada fue su gestión municipal en el Ayuntamiento de Madrid, no menos lo ha sido su paso por el Ministerio de Justicia, donde logró enfrentarse a jueces, fiscales, y funcionarios de la Administración de Justicia, por su ley de tasas judiciales, y también por su reforma de la oficina judicial, que entre otras cosas ha entregado los registros civiles a los registradores de la propiedad. Y es que haber aprobado las oposiciones a la carrera fiscal no conlleva necesariamente tener una buena visión de las necesidades de la Administración de Justicia, especialmente si apenas se ha dedicado tiempo en su discurrir biográfico al ejercicio fiscal en los Tribunales de Justicia.

De todas maneras, como en el caso de la despedida política de Esperanza Aguirre, que comentamos que no creíamos fuera definitivo, también nos cuesta trabajo reconocer en el portazo de salida de Garllardón una decisión definitiva e irrevocable de terminar con una carrera política que parece haber constituido el leiv motiv vital del mismo, ante lo que pronto echará en falta su vocación vital política.

LOS NACIONALISMOS SECESIONISTAS CORROEN LA UE

Los nacionalismos secesionistas constituyen una “quinta columna corrosiva” en los Estados que los padecen, y en último término en la propia UE, cuyo proyecto se desvirtúa por aventuras de este tipo que tiende a la disgregación de los Estados miembros de la UE, cuya finalidad era la de generar un proyecto europeo unido, fuerte y solidario, tras las trágicas experiencias bélicas de las dos guerras mundiales que se libraron en suelo europeo en la primera mitad del S. XX, cuyo detonante –aparte de las rivalidades de las potencias europeas- vino también de la mano de los nacionalismos emergentes que rompieron el frágil equilibrio en el viejo continente.

Por consiguiente, en el ánimo de los padres fundadores de la CEE (actual UE) en el Tratado de Roma estaba la idea de una Europa unida que rompiera definitivamente con sus viejos demonios de nacionalismos particularistas, y generara un ámbito de cooperación política, económica y social que diera como fruto el progreso económico, el bienestar social y la fortaleza y la paz derivadas de una política de cooperación.

Atrás parecían quedar los viejos fantasmas de los Estados europeos, las viejas rencillas, y rivalidades que dieron lugar a los dos conflictos bélicos más crueles y trágicos de la historia de la humanidad. Así se pretendía superar el localismo chauvinista, que tanto influyó en las disensiones internas del S.XX, cuya relegación dio paso a nuevos Estados europeos, con una nueva configuración moderna y constitucional, de base predominantemente democrática. Atrás quedaban las viejas Taifas, las ciudades o regiones Estado, de diversos lugares de la geografía europea, sus diferencias étnicas, lingüísticas y hasta religiosas, parecían ceder en beneficio de un proyecto común superior, en el que lo importante era la norma constitucional que generaba un régimen democrático, donde se pasaba de súbdito a ciudadano con igualdad de derechos ante la ley, sin que cupiera albergar ningún tipo de diferenciación o menoscabo social o político por razón de diferencias étnicas, lingüísticas o religiosas. ¡Tal fue el gran logro de los Estados modernos!, siendo culminado con el proyecto de unión europea.

Sin embargo, pese al notorio progreso de la unidad estatal y europea, han vuelto a aflorar los viejos nacionalismos –que apelando al sentimiento localista o regional, a la lengua, a las tradiciones, pretenden para sí fueros especiales propios del medievo, para finalmente acabar reivindicando una entidad política propia independiente, por vía de la secesión, enmascarada en procesos democráticos-. Representando un notable paso atrás en la configuración europea, y poniendo en riesgo la estabilidad política, social y económica de los países afectados, e indirectamente de la propia UE.

Tal ha sido el caso de Escocia, como también lo es el de Cataluña, y otros 50 supuestos en el ámbito europeo, que amenazan con hacer emerger particularismos románticos, pero a la par insolidarios en la construcción nacional de sus Estados y de la UE.

Durante décadas han estado latentes en franca minoría, en sus respectivos Estados, pero con la actual crisis económica y política de la propia construcción europea, de la falta de liderazgo y claro rumbo político, y aún de políticas solidarias en el seno de la UE, han calado en amplios sectores de ciudadanía de su zona de influencia, que han comprado el producto falaz de que independientes se gobernarían mejor que en la actual configuración estatal que tienen. El problema es que los gobernantes de algunos de los Estados afectados, no han estado al nivel de las circunstancias para reforzar los aspectos unitivos de sus propios Estados, dando lugar a que creciera en su interior un proyecto estatal alternativo en fuga y no cooperativo con el resto del Estado, que en España ha sido flagrante en las autonomías catalana, vasca y gallega con la existencia y aún gobierno de sus respectivas fuerzas nacionalistas (auténticas quinta columna), ante un gobierno central bisoño, confiado, que no dudó en ceder competencias hasta la extenuación y la misma inviabilidad económica, política y administrativa.

En el caso escocés el propio premier inglés, David Cameron, cayó en la trampa de asumir el referéndum –que pírricamente ha ganado, pero que no le asegura una tranquila estabilidad política-, pues es erróneo el planteamiento de la invocación del principio de libre autodeterminación de los pueblos, aceptado por la ONU en el contexto de la descolonización africana y asiática, pero no aplicable en otros contextos de Estados soberanos, especialmente regidos por sistemas constitucionales, donde la soberanía reside en el pueblo (en todo el pueblo, no sólo en el de la región que pretende independizarse), y ante una cuestión como la de plantear una independencia de un territorio estatal, estamos ante una cuestión de Estado que requiere soluciones propias, que competen a todo el cuerpo electoral. De ahí el error político de Cameron, asumir un referéndum en tales condiciones, pese a que en el Reino Unido no exista una Constitución escrita.

En el caso español el tema jurídicamente es claro, lo regula la vigente Constitución, de donde el referéndum habría de ser de todos los españoles. De lo contrario se conculca la máxima ley del Estado, y aún podría conculcarse el Código Penal. Luego la solución parece clara desde el punto de vista jurídico, pese a que se está subvirtiendo el planteamiento desde el propio gobierno autonómico catalán. Pero debería de darse una solución política, que llevara a un permanente diálogo que evitara esta confrontación, y sobre todo el recurso coercitivo para el cumplimiento de la legalidad vigente, pues se ha hecho un planteamiento por parte del nacionalismo catalán que es meramente voluntarista de forma unilateral, sin respetar la Constitución vigente que también tiene que acatar el propio nacionalismo catalán, con el pretexto de un planteamiento falaz del derecho a decidir de los catalanes, sin reparar que esa decisión de los catalanes no sólo les afecta a ellos, sino también al resto de España, por lo que –al igual que en una comunidad de vecinos, que se pretendiera modificar el título constitutivo para separar una planta del resto del edificio, habrían de votar todos los comuneros, y decidirlo por unanimidad, en el ámbito político del Estado, afecta a todos los españoles, y de plantearse un referéndum habría de ser de todos los españoles-.

Además estas aventuras, que no garantizan ningún éxito ni mejora, sino que vienen prodigadas por aventureros de fortuna (para generarse su propio poder independiente en el establishment político nacionalista), o soñadores románticos que van contracorriente en un mundo globalizado, donde la unión hace la fuerza, ponen en riesgo la estabilidad y el bienestar social de los ciudadanos de los países afectados, y aún el proyecto de la UE con repercusión en toda la ciudadanía de la unión, que verá debilitada su acción, fragmentados los Estados miembros en un mosaico ingobernable de pueblos, naciones y lenguas, con un contradictorio movimiento entre la fragmentación, por un lado en sus respectivos Estados, y la pretendida unión en el ámbito continental, que devendrá en una moderna Babel de fracaso más que probable.