domingo, 28 de junio de 2015

LA UNION EUROPEA NO SUPERA LA CRISIS GRIEGA


          El proyecto de la UE se pone a prueba con la crisis griega, que más allá de una crisis económica, pone de manifiesto una profunda crisis del modelo político de una Europa unida, que no va más allá de las palabras y las buenas intenciones.
            Además se pone de relieve que el proyecto de UE –como federación política de Estados- no tiene un calado real, más allá de los intereses económicos del gran capital europeo y políticos de los grandes Estados de Europa, pues generado en base a tales intereses y estructurado sobre una burocracia central, se ha despreocupado de la realidad de vida de la ciudadanía europea, que ha ido viendo encarecer su coste de la vida, así como el endeudamiento público y privado en una riada crediticia que ha acabado por horadar el bienestar de la ciudadanía europea, so pretexto de ayudas y mejoras que sólo han primado a las altas rentas, con el progresivo deterioro de la clase media europea, todo ello dentro de unas marcadas diferencias económicas y sociales entre los países del norte y del sur europeo, sin que los plutócratas europeos hayan hecho nada real por nivelar esas profundas diferencias que tensionan cada vez más los débiles hilos con que se ha tejido este constructo político y económico continental que no acaba de “levantar el vuelo” y cuyo descrédito cada vez es mayor en la propia opinión pública europea.
            Por otra parte, la UE no parece haber sido capaz de abstraerse o precaverse de la gran ola globalizadora mundial, que el gran capital internacional ha tejido arteramente para el control de la economía mundial y la alocada competencia económica de países distintos y distantes entre los que no puede haber escala comparativa, para así obligar a bajas salariales, pérdidas de derechos sociales consolidados, precarización del trabajo, limitación de la negociación colectiva, de la normativa de salud laboral, etc., so pretexto de lograr una alocada competitividad que está desmoronando los cimientos del orden socio-económico europeo, antes conocido y reconocido como de los “Estados del bienestar” que propiciaron la paz y el progreso europeo tras las guerras mundiales, y que ahora se aboca a una profunda crisis económica, social y política con el caso griego y el nefasto modelo neoliberal sobre el que se ha montado la estructura económica de la UE.
            En consecuencia, parece obvio que el tratamiento de la crisis griega –que deviene de la crisis económica internacional, que venimos padeciendo- debería haber sido tratado con más cautela y solidaridad en el seno de la UE, en vez de mantener a toda costa el orden económico socioliberal que impuesto de tal modo ha buscado prioritariamente satisfacer a los intereses de los bancos y Estados acreedores de Grecia, en vez de promover soluciones solidarias de mutualización de esa deuda, como en el resto de los países deudores de la UE (Italia, Francia, España, Irlanda y Portugal), que en este tiempo, y de esa forma de solución global habrían superado los estragos de la crisis económica, en la que gran parte de los actores económicos y políticos que reclaman el lícito cumplimiento de las obligaciones de pago económicas, han sido actores activos en la gestación de la propia crisis (por acción u omisión, de la primera forma promoviendo un generalizado endeudamiento, asumiendo como válido el sistema de ausencia de políticas de vivienda social en pro de la producción masiva de viviendas y su venta a crédito hipotecario de la banca con los elevadísimos costes de adquisición de vivienda y reducción de renta disponible para el consumo, junto con el exponencial riesgo asumido por gran parte de la banca –como se ha visto- y el consiguiente incremento de la deuda pública; y por omisión, porque deberían de haber puesto coto a tal “orgía económica”, no haberse dejado influir por los actores económicos y haber cortado esa tendencia con la activación de políticas efectivas de vivienda social, y desarrollo de controles económicos y financieros que o no existieron o no funcionaron).
            Sin embargo, frente a esas propuestas imaginativas, solidarias, integradoras, se ha ido a la directa exigencia del cumplimiento legal de las obligaciones contraídas, aún a sabiendas de su escasa viabilidad, o incluso del sufrimiento social que ello suponía, acompañado de anuncios temerosos sobre el futuro caos que se ceñía sobre todos si no se cumplían las recetas económicas de los “gurús financieros”, que por otra parte se han evidenciado escasas en la solución del problema y de altísimo coste político y social, al punto de poner a sociedades enteras  “de rodillas” ante sus acreedores, que como en el caso de Grecia han dicho ¡basta ya…!.
            Claro que ante esta salida de Grecia por vía del impago –a la que se ha visto forzada por mor de los duros requisitos de pago impuestos por la UE- la reacción inmediata es la de cierre del crédito al país heleno con el más que probable colapso económico y social de este, que acabará por abandonar el euro y la propia UE, con la repercusión negativa que ello supondrá en el resto de los Estados de la UE, especialmente los que están luchando por salir a flote (España, Italia, Portugal, Irlanda y Francia), así como por parte de los que han sido acreedores de la deuda griega, entre ellos España (con un agujero estimado en unos 30.000 millones de euros, de nuevo un caso análogo al del agujero de las Cajas de Ahorro, que generarán importantes distorsiones en la precaria economía nacional).
            De ahí, que nos preguntemos si no hubiera sido mejor otra alternativa más solidaria con Grecia –que indirectamente también lo es con la propia UE-, habiendo salido con soluciones de mutualización de deuda pública por parte de la UE, que habría mejor resultado a la salida de este problema evitándose el marasmo subsiguiente en el entorno de la UE.
            Nuevo capítulo, pues que pone de relieve el artificioso constructo de la UE cuyo estado presente y futuro se va a resentir ostensiblemente por desprestigio de bloque real, y por desafección de la propia ciudadanía europea, que aprecia que a la hora de la verdad, de la necesidad ante una grave crisis se muestra un mecanismo ineficaz, pese a lo costoso que resulta en cargos políticos y burocracia que no han estado a la altura de las circunstancias.


viernes, 19 de junio de 2015

HAY QUE CONTRIBUIR A DESTERRAR TODO TIPO DE INTOLERANCIA


            Las actitudes dogmáticas suelen abocar en autoritarismos liberticidas que quebrantan cualquier proyecto moral de convivencia social pacífica, pues es esencial en toda convivencia el respeto mutuo, para evitar que nadie resulte arrollado, dañado o postergado por las imposiciones de otros.
            En definitiva se trata de erigir la base convivencial sobre  el respeto a la libertad de conciencia, pensamiento, expresión y manifestación, etc.,  haciendo posible que cada cual viva –dentro de un marco de respeto cívico, amparado por la legalidad- como crea conveniente, siempre en beneficio del interés común, salvaguardando el respeto a las minorías.
            Por consiguiente, en toda democracia que reconozca constitucionalmente los derechos humanos y civiles, según resulta apropiado a la dignidad humana, se han de respetar los derechos individuales de creencia, ideología, expresión, etc. Si bien, en el ámbito de lo público, bien se ciñe a lo puramente colectivo que resulte del común denominador de la convivencia cívico-política de cada comunidad,  bien se dispone un ámbito cultural según corresponde al parecer mayoritario de la colectividad,  y  en todo caso, respetando el ejercicio de derechos y libertades individuales que garanticen a las minorías el ejercicio de sus respectivos derechos particulares.  Naturalmente, siempre proscribiendo cualquier conducta que perjudique a terceros, que conlleve algún tipo de daño o acción delictiva, entre las que se recoja las faltas de respeto a los demás (incluidas sus ideologías políticas, sus creencias religiosas, etc.). Algo que resulta extremadamente necesario para garantizar la pacífica convivencia social en las modernas sociedades multiculturales.
            Naturalmente, a ello ha de contribuir todo colectivo social, como la misma educación cívica social de manera que garantice una actitud social de permanente tolerancia, frente a pasados de intransigencia religiosa y política que tan nefastos resultados produjo, y sigue produciendo en sociedades donde el fanatismo y el odio se ha impuesto, disfrazado de argumentarios étnicos, políticos e incluso religiosos, en lo que resulta una gran paradoja difícil de explicar, que tanto sufrimiento ha reportado a nuestro mundo.
            Pero al propio tiempo, si se deploran dogmatismos y actitudes autoritarias tradicionales, no podemos dejar pasar los nuevos dogmatismos so pretexto de falsa progresía, ni mucho menos el anacronismo de la “tolerancia de la intolerancia”, que viene de la mano de grupos fanáticos que previamente han recabado la tolerancia para sí mismos, exhibiendo un victimismo legendario e irredento, para actuar en la práctica con gestos violentos de intolerancia como la ocupación de lugares sagrados –de uno u otro signo religioso-, la irrupción en actos religiosos alterando el orden de los mismos, o los ataques personales a miembros de entidades religiosas, como fue el caso del ataque que refleja la fotografía que ilustra este artículo, en el que un prelado católico fue atacado por feministas durante una conferencia en Nicaragua, como en su día un colectivo feminista irrumpió en la catedral de la Almudena de Madrid, o la edil de Podemos en la capilla de la Universidad Complutense de Madrid, etc., etc.

            Ello no supone que se defienda la vuelta a experiencias políticas de confesionalidad, que han mostrado que no son todo lo positivas que se pretendieron, sino que en un ámbito de separación de Iglesia y Estado, en un mundo secularizado se puede y se debe convivir pacífica y respetuosamente con personas adscritas o de pensamiento diverso (confesional de uno u otro credo, aconfesional, agnóstico, ateo, laicista, etc.), sin que se hayan de imponer de forma autoritaria planteamientos laicistas liberticidas, dado que siempre habría de respetarse un ámbito de libertad personal y grupal (en la dimensión privada) que aseguren su práctica, y con ello el desarrollo pleno de la persona según su propio proyecto de vida en libertad.

viernes, 12 de junio de 2015

LA CORONA SE SEPARA DE LOS PROBLEMAS DE FAMILIA


En una inusual decisión, el rey Felipe VI se distancia de los problemas de familia, retirándole el ducado de Palma a su hermana la Infanta Cristina, como consecuencia del desarrollo de los acontecimientos judiciales que llevan a que esta se siente en el banquillo para ser enjuiciada por lo penal junto a su marido.
Posiblemente haya sido una de las decisiones personales más complicadas del joven monarca, y pone de manifiesto cierto grado de antinaturalidad entre la institución monárquica y la institución familiar, en relación a que de esta última en el argot popular siempre se ha dicho “(..) que con razón o sin ella, siempre se había de estar con la familia (..)”, en lo que viene a reflejar un sentimiento natural de apoyo mutuo y solidaridad, en lo que la institución familiar suele ser ejemplo inveterado. No así, la política –incluso la política institucional con mayúsculas-, en donde los intereses institucionales y aún de Estado priman sobre los sentimientos familiares, e incluso sobre lazos de sangre.
Así el grado de exigencia de irreprochabilidad, así como del ejercicio carismático del liderazgo de Estado, es evidente que prima y ha de primar sobre los intereses particulares, y aún sobre los sentimientos personales. Tal es lo que haya de tachar de inhumanidad de dicha posición. Pero al tiempo, es dicha posición inmaculada, ejemplar, la que ha de guiar la ética pública, por lo cual no se puede permitir excepciones que no estén en tal línea de ejemplaridad pública.
Sin embargo, el hecho por necesario y esperado no deja de ser sorprendente por lo extraordinario que resulta. Al tiempo que no parece que se haya gestionado bien con la debida coordinación, dadas las contradictorias noticias del entorno de la Infanta, sobre que esta había renunciado a dicho título nobiliario antes que la desposeyera su egregio hermano, que a su vez, contrastan mal con las noticias dadas por la propia Casa Real y con los mismos hechos en los que el propio Rey ha sido el que finalmente lo ha dispuesto. De forma que si hubiéramos de dar crédito a las noticias de la previa renuncia de la Infanta, acaso se hubiera evitado el acto de fuerza de la revocación real del título nobiliario, y hubiera aparentado todo como más conforme, pactado, y naturalmente de menor dureza y rigor.
Ahora más allá del hecho en sí, de lo insólito y escandaloso del caso, de su afectación o no a la institución monárquica, pese a los “cortafuegos” aplicados; no podemos por menos que recordar hoy el injusto tratamiento que se le ha estado dando en algunos medios de prensa al juez instructor (dejado en plena soledad hasta por el Fiscal del caso, que se suponía debía de acusar), el trabajo que ha tenido que realizar en solitario, en un trasiego realmente delicado para su propia credibilidad profesional, con presiones ambientales múltiples. ¡Ahora qué…!. ¿Rectificarán todos los aquellos que montaron un frente público de opinión?.

A este juez, benemérito servidor público, el Estado le debe un homenaje, una distinción, como mínimo debería de ser galardonado con las máximas distinciones de los servidores de la justicia, como cumplidor ejemplar de sus obligaciones públicas.