¿ALGUIEN CUESTIONA LOS VIAJES DEL INSERSO EN TIEMPOS DE CRISIS?

              Los viajes del INSERSO han sido una forma de social de llevar a personas de la tercera edad de viaje, tanto cultural como de ocio, por la geografía española, habiendo conseguido socializar el turismo para un sector de la ciudadanía que tenía poco acceso al mismo, al tiempo que en temporada baja han sido una forma de mantener las economía del sector.

            Sin embargo, en la actual situación de crisis económica, donde hay un número desorbitado de parados –que eleva los grandes niveles de gasto público, del “Estado del Bienestar”-, en que la sanidad pública, por ser universal y gratuita, tiene serias dificultades financieras de viabilidad, en que muchos proveedores de las Administraciones Públicas han de esperar para cobrar sus servicios y suministros públicos, e incluso en que a los empleados públicos se les ha recortado las retribuciones, parece lógico –al tiempo que justo- que se cuestione este tipo de servicios para la tercera edad.

            Pues las clases pasivas en nuestro país han venido siendo tratados con criterios de auténtica justicia social, tienen su pensión de jubilación indiscutida e indiscutible, tienen su sanidad gratuita –incluso en la prestación de farmacia-, una red de servicios sociales de atención a mayores, de centros de mayores, etc., que si se quiere mantener, deberían de ceder alguno de sus beneficios, como lo han hecho otros sectores sociales mencionados, para solidarizarse con la situación del país, para lo cual, parece que los viajes turísticos sean los más prescindibles de las prestaciones sociales que perciben, ya que si están un par de años sin este tipo de beneficio, tampoco se les perjudica sustancialmente.

            Quizá se pueda decir, por otra parte, que es una forma de generar empleo en hoteles y restaurantes en épocas de menor incidencia de clientela en el mercado libre, generando así una especie de apoyo oficial e indirecto a la industria turística. Pero tal como plantean los principios de libre mercado los euroburócratas, según los cuales ningún sector puede estar subsidiado para no incidir en la libre competencia, habremos de asumir en su pura coherencia esas premisas. Además de ser, si así fuera, un agravio comparativo con otros sectores de la economía nacional no subvencionados.

            Pero además, según se conoce este tipo de viajes parece que sólo requiere el ser jubilado, y mayor de 65 años, sin discriminación de renta, dándose el caso, que se suman a este beneficio jubilados con rentas elevadas, que les pueden permitirse hacerse cargo del precio de este tipo de viajes en el libre mercado, lo cual, no nos parece que sea tan social, ni tan justo.

            Así que, aunque sólo sea por mera solidaridad, deberían de asumir la suspensión de este tipo de servicios públicos, como también deberían de perder el beneficio de la receta roja de gratuidad total en las prestaciones farmacéuticas, pues ese hecho supone una grave carga a la sanidad pública, que requiere urgente financiación, antes que se deteriore el modelo y el perjuicio sea para todos.

            Claro que, con las miras electoralistas de nuestros políticos, ante las próximas convocatorias  electorales, resulta difícil concebir que ni el PP, ni el PSOE se replanteen nada de lo aquí cuestionado.

ZP DESPEJA LA INCOGNITA

               Finalmente el presidente del gobierno de España, José Luís Rodríguez Zapatero (ZP –como le denominaron los suyos-) ha despejado la incógnita de su futuro político anunciando que no se presentará a la reelección.

                De esta manera, en la sede de su partido –de donde salió su candidatura-, en la Ejecutiva Federal, ha manifestado su voluntad a los suyos en una litúrgica irreprochable, sobre el fundamento de ser partidario de que los mandatos políticos no duren más de 8 años (dos legislaturas), que aunque sea una explicación oportuna, probablemente no responda a la causa real de su decisión.

                Así se cierra una polémica que no le estaba haciendo bien ni al interesado, ni al propio PSOE, porque la pérdida de credibilidad del presidente Zapatero en los últimos tiempos ha sido realmente abrumadora, por sus propias contradicciones, rectificaciones de políticas, negación de la llegada de una crisis económica descomunal, retraso en la adopción de medidas, y su propia imagen de aparente frivolidad en el ámbito exterior. Y en consecuencia ser el propio ZP su principal enemigo de la imagen pública de labilidad política, y mera insustancialidad en su discurso.

                Sin embargo, a diferencia de sus enemigos políticos y detractores internos y externos – que los tiene-, hemos de reconocer que ZP tuvo una primera legislatura mucho más atinada, pues habiendo llegado en plena turbación del atentado del 11 m, con una crispación de la vida pública enorme –alentada por sectores de extrema derecha, e incluso algún sector de prensa visceral-, supo acompañarse de un “talante sosegado”, e incluso de diálogo, que ayudó bastante a la convivencia nacional, de igual medida tomó decisiones en el ámbito exterior que dejaron que España tuviera su política más propia y menos seguidista del bloque angloamericano, procurando una acción exterior a la francesa, intentó con suerte desigual el fin del terrorismo etarra propiciándose un nuevo proceso de negociación, impulsó el desarrollo territorial del Estado de las Autonomías –si bien los intereses partidistas y de gobierno a corto plazo, le jugaron la mala pasada del entreguismo a los nacionalistas catalanes y vascos- que llevaron a una peligrosa deriva soberanista, que le ha pasado factura especialmente por su participación en el “tripartito catalán”.

                Pero sobre todo, si en algo hubiéramos de calificar el periodo de ZP al frente del gobierno de España sería por su peculiar giro político, en el PSOE y en su acción de gobierno, distinguiéndose por pretender un ensalzamiento de las libertades , tales como la defensa de la igualdad de género, de los matrimonios gays, de la ampliación de la ley del aborto, y de su defensa a ultranza de la “educación para la ciudadanía” –con contenidos doctrinarios propios-, que le han generado la contestación de un amplio sector de la población, disconformes con sus planteamientos; marcando posiciones ideológicas de un “radicalismo liberal”, e incluso “anarquizante”, más que propiamente de una tradición “socialista”, por relegar de su habitual discurso y preferencia política la defensa del trabajador, que en nuestra sociedad se ha encontrado huérfano ante los derroteros de la nueva crisis, con los despidos y el aumento del paro, ante el que su gobierno se ha visto obligado a hacer la política económica ordenada por Bruselas, teniendo que renunciar a la propia. Igualmente se ha distinguido por una defensa del “irredentismo republicano de izquierdas” tras la guerra civil, quizá más simbólico que real, de forma casi innecesaria por ser un capítulo superado en la transición política.

                Todo esto ha dado lugar a que ZP haya tenido importantes frentes abiertos, donde ni ha podido hacer la política del PSOE –partido incardinado en una ideología socialdemócrata, que tendría mucho que decir y que oponer al modelo neoliberal que nos tratan de imponer en la globalización-, ni ha aplicado con convicción las recetas económicas neoliberales de Bruselas, además de confundir a sus propios seguidores y votantes en una acción política desnortada, con una caída en las encuestas, y una falta de liderazgo en su partido y en el propio gobierno, donde buscaron la figura del valido Rubalcaba, personaje más correoso y experimentado políticamente que ha puesto algo de orden en el cotarro socialista.

                Ahora bien, con este anuncio de retirada –que abre el proceso sucesorio entre los socialistas- no acaba de arreglarse el problema de falta de liderazgo y confianza del electorado en un proyecto que sea capaz de sacar a España de la crisis que padece, sin sacrificar necesariamente el “Estado del Bienestar” como se receta de contrario. En este planteamiento, el PSOE no puede andar con cálculos de reparto de poder entre las facciones internas. ZP fue producto de esas luchas internas, entre los guerristas y los seguidores de Bono, que generaron una salida improvisada por escasa diferencia que ha demostrado un alto grado de improvisación, bisoñez y la falta de liderazgo en un proyecto socialdemócrata claro. Por consiguiente, ahora no valdrían de nuevo apaños, sino que buscaran dentro de su partido un auténtico líder, que represente de verdad al socialismo español del siglo XXI, con alternativas solidarias que conecten con la clase trabajadora, la clase media –autónomos, pequeños empresarios, profesionales, y funcionarios- que son los  que están padeciendo verdaderamente la crisis, y se les pueda ilusionar en un proyecto de Estado moderno, soberano, incardinado en la realidad europea e internacional, pero con entidad propia, que apueste por el mantenimiento del “Estado del Bienestar” como forma práctica de justicia social con los menos favorecidos.

                Por consiguiente, el PSOE tiene actualmente la obligación histórica de reformular su proyecto de forma clara e inconfundible, difundirlo y defenderlo, poniendo al frente a un líder que sea capaz de llevar a cabo esta importante tarea, tanto para el partido como para España. Y en esa tarea no valen, ni improvisaciones, ni cabildeos, ni ambiciosos proyectos personales. En esa confianza esperemos que acierten, por el bien de todos, pues la democracia requiere de la buena salud democrática y capacidad de respuesta pública de entidad por parte de los grandes partidos políticos.

EL SERVICIO SANITARIO PÚBLICO: UN DEBATE PENDIENTE

              

               En España gozamos de un Sistema Sanitario Público extraordinario en su contexto internacional, tanto por sus prestaciones como por su universalidad, fruto del desarrollo del art. 43 de la vigente Constitución, que evolucionó un sistema público sanitario de Seguridad Social, según las previsiones de la Ley General de la Seguridad Social a un Sistema Sanitario Público, erigido con el desarrollo legislativo ulterior de la Ley General de Sanidad (ley 14/1986) y la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario (ley 16/2003), y con la legislación autonómica correspondiente, al ser una competencia estatal transferida a las Autonomías.

                Ello no obstante, pese a la inicial intención de mantener un sistema cohesionado e igualitario en todo el territorio nacional, con las transferencias autonómicas de la sanidad pública, y la generación de los Servicios Autonómicos de Salud, nos encontramos ante 17 microsistemas sanitarios públicos en el territorio español, que tienen diferente tipo de organización, diferente modelos de gestión, e incluso diferente cartera de servicios al ciudadano. Todo lo cual, no sólo contribuye a desigualdades en ámbitos territoriales distintos, sino que también genera un caos organizativo y financiero considerable.

                Hasta tal punto, esto es así, que incluso algún partido político ya postula la devolución de las competencias de sanidad al ámbito estatal para garantizar la igualdad de trato, mejor coordinación y aprovechamiento de los recursos sanitarios públicos de todo el territorio español en beneficio de la ciudadanía del Estado que es a la que realmente sirve.

                De tal forma, que incluso este ámbito científico de comunicación y alcance universal, como es el sanitario, se ha visto condicionado por el “aldeanismo” de cierta mentalidad política chauvinista. Si bien, al propio tiempo, se padece el “turismo sanitario” de personas de otros países del entorno UE –e incluso más allá- que aprovechan la universalidad y gratuidad del sistema para someterse a complicadas y costosas intervenciones en nuestro país. Por lo que el sistema actualmente, padece ambos fenómenos.

                Pero sobre todo, lo que está condicionando su viabilidad es el aspecto de financiación económica, por razón del mayor número de prestaciones, del mayor número de población (e incluso del mayor envejecimiento de la misma), que hace que con las actuales dotaciones presupuestarias, la sanidad pública esté en la mayoría de los lugares en una extrema dificultad de viabilidad.

                Se han venido ensayando diverso tipo de técnicas de gestión y organización de los centros sanitarios públicos, pero tal medida –con ser idónea- no es todo lo eficaz que requiere la situación. De hecho los hospitales son de ese tipo de empresas muy complicadas de regir, al punto que alguien dijo que era una de las tres empresas ingobernables (junto con las Universidades y con las Orquestas Sinfónicas), en base a que ambas están formadas por profesores con alto grado de independencia de criterio. Pero aún así, el sentido común y la aritmética contable es la que finalmente se impone.

                Por consiguiente, dada la actual configuración del Sistema Nacional de Salud en cuanto a su universalidad y a la gratuidad, con la limitación de los recursos económicos de toda sociedad, parece necesario hacer una reflexión pública sobre el alcance del sistema, sus limitaciones y su viabilidad. De manera que, para solventar algunas de las diferencias injustificables, producto de la atomización autonómica, el primer paso sería la consideración de que el Estado retomara las competencias en la gestión del Sistema Sanitario Público, y junto con ello, plantearse los límites de la cobertura del sistema (con el correspondiente análisis ético, sobre la pertinencia de una solidaridad general ante el enfermo e indefenso, más allá de las perspectivas éticas individualistas y utilitaristas), y en su caso, determinada la misma, hacer la oportuna previsión económica que saque de la infrafinanciación actual a la sanidad pública, para lo cual, habrá que hacer otro debate público que reordene las prioridades de gasto público de nuestra sociedad, ante la finitud de los recursos públicos, y nos pronunciemos como colectivo, ¿dónde recortamos el gasto público, para incrementarlo en las prestaciones sanitarias?. O si por el contrario, deberíamos de imponer tasas públicas por la frecuentación del servicio sanitario (a modo del controvertido sistema del copago), y fórmulas análogas de incremento de ingresos que complementen los propios del sistema.

                Naturalmente todo esto, habrá que decirlo a la ciudadanía, generar las consiguientes corrientes de opinión de expertos, y finalmente la decisión consensuada con la ciudadanía.

                Todo antes que mantener el actual estado de crisis financiera y deuda crónica de nuestros 17 microsistemas sanitarios públicos, y sobre todo antes, que la fácil solución política de la utilización de fórmulas de gestión privatizadoras, por lo que supone de entregar un servicio público esencial a la iniciativa privada –con su legítimo ánimo de lucro- que necesariamente va en detrimento de la calidad de la prestación del servicio, y que se ha mostrado una solución infeliz en algunas autonomías donde se ha puesto en marcha; al tiempo que supone una tácita renuncia a gestionar un ámbito esencial de lo público.

                Por todo ello, creemos que en el momento actual de crisis económica profunda que estamos viviendo, que está cuestionando nuestro modo de vida y de organización, es el momento de replantearse el modelo de asistencia sanitaria pública universal y gratuito, que en mi opinión, nuestra sociedad, no debería permitir que se perdiera o deteriorara hasta avanzar a un modelo de mera beneficencia; para lo cual, habrá que defender decididamente el actual modelo público con una necesaria reorganización y un redimensionamiento financiero que lo haga viable.

LA GLOBALIZACIÓN: NUEVA ENCRUCIJADA DEL CAPITALISMO

         El fracaso del comunismo, al final del S. XX, y la adaptabilidad del capitalismo, han erigido un nuevo mito en el neoliberalismo –que a modo de capitalismo desbridado- recorre el planeta con su pretensión de dominio global.

            Así nos encontramos ante una nueva situación que trasciende a los Estados nacionales, que se nos ha ido vendiendo como benéfica, y sin embargo, el único beneficio real lo está obteniendo el gran capital aliado en las distintas latitudes geográficas en defensa de sus propios intereses. Sin embargo, el nuevo capitalismo, a diferencia del original de la revolución industrial que tenía una base productiva, y en consecuencia de generación de empresas y creación de puestos de trabajo, en la actualidad no tiene esas características, no es un capitalismo productivo –al modo industrial-, sino un capitalismo financiero puramente especulativo, que no produce, sólo especula, por lo que no necesita generar puestos de trabajo, ya que su misión es la de reproducirse por vía especulativa aprovechando la lograda interconexión de los mercados financieros en el ámbito internacional.

            Se ha creado, por tanto una especie de ingeniería financiera que diseña los circuitos más productivos al gran capital, a costa de las clases trabajadoras, pues la codicia es de tal alcance que no se repara en la justicia, y aún necesidad de atender las necesidades del resto de los seres humanos, para facilitarles el acceso a una vida digna que les dignifique como personas, a través de servicios públicos universales y gratuitos como los de la educación, la sanidad, etc.

            Pero lo que resulta más grave es que se imponen los intereses económicos del gran capital a los planteamientos políticos de los gobiernos nacionales, pues el control que se ejerce a través de la presión en organismos económicos internacionales (Banco Mundial, Foro Monetario Internacional, incluso dentro de las propias instituciones europeas) hace que los propósitos de los gobiernos nacionales se queden en “papel mojado”. Ejemplo de ello, lo tenemos en el mismo gobierno español –que pese a denominarse socialista- asume al dictado, y a contrapié, las órdenes de Bruselas sobre nuestra economía (tales como el incremento de los años de trabajo para jubilarse, o la pretendida reforma de los salarios unida a la productividad empresarial, en vez de a la elevación del IPC), o se reúne con la gran patronal para hacerse eco de sus posiciones, teniendo que escuchar el reproche político de algún banquero.

            También tenemos los dramáticos hechos de la intervención económica europea en Grecia, Irlanda, y presumiblemente en Portugal, con unas restricciones salariales y sociales auténticamente injustas, todo para salvar la moneda europea, ante un revés económico que no han creado los ciudadanos que tienen que pagar esta grave factura.

            Todo ello, nos lleva a la consideración de que el ámbito de la globalización está representando una nueva encrucijada del neocapitalismo de porte financiero, que junto con un progresivo empobrecimiento por pérdida de derechos sociales de la mayoría de las sociedades europeas, y una grave crisis en las clases trabajadoras del continente; conlleva además, un progresivo deterioro del sistema democrático –al que se le hurta gran parte de capacidad de decisión de su futuro, que pasa a manos de instancias europeas o globales-, y que evidencia una crisis de representatividad política, por desplazar los centros de soberanía incluso fuera de las fronteras nacionales, quedando inermes en manos de intereses extraños a los propios.

            De tal manera que, dada la situación hayamos de preguntarnos si estamos entrando con la crisis en un periodo abonado para protestas sociales y acciones revolucionarias, como se están dando en parte del mundo árabe. Pues en toda revolución se da con carácter previo la constatación de que el sistema político o de gobierno pierde poder por su incapacidad de resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía, y por otra parte porque esta última hace públicas y manifiestas sus quejas y sus ansias de cambio. En el caso de nuestra sociedad, con más del 20% de paro, en un entorno europeo y global de crisis, parece claro que el sistema político nacional está mostrándose incapaz de resolver la problemática que nos afecta, teniendo que asumir las recetas extranjeras sobre la voluntad política y soberana de la nación. Si bien, por lo que respecta a la postrada ciudadanía española, no parece nada claro que quiera manifestar su disenso, que mientras así sea, se garantiza el statu quo político actual, burocratizado e ineficiente. Otra pregunta sería, ¿hasta cuándo aguantará el nivel de progresivo deterioro y la ausencia real de soluciones?.