A RAJOY Y A RUBALCABA LE SOBRAN AHORA CARGOS POLÍTICOS

La crisis económica arrecia, el paro aumenta, y los líderes políticos de campaña electoral tratan de hacer de la necesidad virtud, y como si fueran nuevos en esto de la “cosa pública”, como si de selenitas recién aterrizados se tratara, empiezan a reconocer que les sobran cargos públicos. ¡Inaudito!.

Primero ha sido Rajoy el que ha dicho que podían prescindir de 50 diputados. Y ya puestos, también podríamos preguntar ¿por qué no de todo el Senado?. Seguidamente ha sido Rubalcaba, en esto de conectar con el sentimiento de la calle, e intentando no quedarse a atrás en halagar los oídos de la cabreada ciudadanía en momento tan delicado como el de tenerlos convocados a las urnas, y se descuelga con una afirmación de que le sobran 1000 cargos políticos. De hecho, ha llegado a aseverar que más importante e interesante que reducir 50 diputados del Congreso, es acometer una reforma de las Diputaciones Provinciales, que suponen una Administración interpuesta entre los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas que apenas tienen sentido. Habiéndolo tenido antes de la implantación del régimen autonómico. A lo que también le añadiríamos la pregunta, ¿y por qué no se suprimen las Diputaciones Provinciales, Cabildos Insulares, el Senado y los 50 Diputados del Congreso?.

Necesidad, lo que se dice necesidad, no se tiene de ellos, y en estos momentos sería muy estimulante para la sufrida ciudadanía que sufre los efectos de la crisis por activa (paro, reducción de sueldos, congelación de créditos bancarios, etc.), y por pasiva (en forma de la desilusión, casi desesperanzadora del bienestar que con gran esfuerzo se había labrado nuestra sociedad, que parece perderse).

Sin embargo, permítasenos que expresemos nuestras dudas en que PP y PSOE lleguen a ponerse de acuerdo para adoptar si quiera estos elementales y estimulantes recortes públicos; puesto que supone que la clase política española ha de cambiar de perspectiva en la forma de afrontar la política, pues en la mayoría de los casos los políticos la asumen más como un medio de promoción personal, que más propiamente como un servicio público. Aunque en honor a la verdad, sinceramente creemos que tanto Rajoy como Rubalcaba, ambos profesionales de primer nivel, probablemente no tengan esa percepción de la política, aunque sean excepción entre la clase que actualmente lideran, y que de abordar recortes en su propio terreno posiblemente generarían problemas internos en sus propias formaciones. De hecho, en este cambio de ciclo –en que el PSOE está perdiendo poder, pagando el desgaste político de la mala gestión de la crisis- ya ha habido problemas internos en la elaboración de las listas electorales socialistas, en que se espera un menor rédito electoral que conllevará que algún histórico se quede sin escaño.

Pero sería una muestra de honestidad política, si pese a los problemas sobrevenidos, tanto Rajoy como Rubalcaba pactaran claramente una drástica reducción de cargos públicos que son abiertamente prescindibles. Aunque hoy por hoy no lo vemos factible, salvo por puro imperativo presupuestario.

Por cierto, medida que también podría extenderse a las Comunidades Autónomas (en figuras de Defensores del Pueblo, del Menor, Senadores Autonómicos, etc.), y en los Ayuntamientos.

UNA CONVENCIÓN TRIUNFAL

La Convención del Partido Popular, celebrada este fin de semana en Málaga, que tenía por objeto el debate y elaboración de ideas programáticas de cara a la inminente cita electoral, se ha desarrollado en un ambiente triunfal y eufórico, de quienes ven un próximo desembarco en el poder del Estado.

Esta reunión  de los populares, sin embargo no ha contribuido realmente a la finalidad manifestada, pues apenas se han esbozado algunas ideas, que más bien aparentaban intenciones de llevar a cabo en la futura agenda de gobierno. Pero no se ha expuesto la forma en que se llevarán a cabo dichas ideas, lo que deja en el arcano los procedimientos futuros de gobierno.

Probablemente esta reunión del PP haya pretendido dar a entender a los votantes que el líder de los populares, Mariano Rajoy, tiene un programa de gobierno para hacer frente a la difícil situación que padece nuestro país, y así acallar las acusaciones de la oposición de una falta de ideas, de definición de políticas, y en suma en un disimulo de futuros recortes sociales. Pero sin embargo, a tenor de lo que ha trascendido de dicho acto político, no podemos ni desmentir, ni afirmar, sobre las acusaciones de la oposición sobre una futura política de recortes económicos y sociales, por puro imperativo de la situación de crisis económica; ya que –como decíamos- más allá de apuntar intenciones, no se han indicado los procedimientos para llegar a dichos logros, lo que deja en “zona de penumbra” la respuesta, cuidadosamente guardada entre los futuros actores políticos.

Si nos atenemos a las afirmaciones de los líderes del PP –más allá de los mensajes propagandísticos- nos encontramos con algunas afirmaciones que pueden no ser compatibles, y por consiguiente resultan contradictorias, ya que se afirma que no habrá recortes sociales, ni en servicios esenciales, al tiempo que también se afirma que no habrá subida de impuestos. Tales disposiciones, en un momento de déficit, con grave crisis, se antoja poco compatible, pues si se mantienen los servicios públicos esenciales –salvo que se recorte en otros capítulos del gasto corriente, y de la burocracia- probablemente no se pueda mantener la promesa de no subir impuestos. O viceversa. Ya que eso llevaría a la “descapitalización de los servicios públicos” y con ello a que resulten inútiles e inviables para la función encomendada. A partir de lo cual, habría que volverse a replantear su sentido, su apoyo (que no resulta gratuito) o su recorte, con el costo político que conlleve.

Por consiguiente, ubicamos la Convención realmente en un plano más propagandístico que auténticamente programático, para empezar a generar ambiente –hacia la militancia y simpatizantes del PP-  y movilización, de cara a las próximas elecciones generales.

LA VIABILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO ESPAÑOL

En los actuales tiempos de crisis, en que se trata de cuestionar el conjunto del gasto público para su necesaria reducción, se hace necesario analizar uno de los mayores focos de gasto de las Administraciones Públicas que es el del Sistema Nacional de Salud, que finalmente se desnaturalizó con las transferencias a las Comunidades Autónomas, donde se inició la dispersión del mismo, tanto en su cartera de servicios, su estructura organizativa y su control financiero.

El Sistema Nacional de Salud es producto del “Estado del Bienestar”, pero no hay que confundirlo con un “lujo”, pues cubre de forma solidaria y justa las necesidades de asistencia sanitaria de la población española, y además de forma gratuita. Siendo así un hito histórico que llegó a culminar el proceso de protección de la Seguridad Social ampliándolo a toda la sociedad –cotizante y no cotizante-, evitando el injusto sesgo de la “beneficencia sanitaria”, y dotando al país de un potente sistema de atención y prevención sanitaria, unificando los sectores dispersos de la Administración Sanitaria (salud pública de tipo prevencionista y asistencial).

Naturalmente una obra de esta envergadura tiene sus costos económicos, máxime con el creciente gasto de los productos farmacológicos, biomédicos y del material sanitario, amen de la gran infraestructura de centros sanitarios con sus dotaciones completas (en atención primaria, hospitalaria y de urgencias). Pero ello, era para que la sociedad española estuviera orgullosa de haberse dado este tipo de organización sanitaria pública (de alta calidad, gratuita, generalizada y eficaz), pues países como EEUU ni siquiera tienen nada igual. Pues allí se basa en una sanidad meramente privada, y para los que no pueden pagársela tienen beneficencia sobre mínimos.

Sin embargo, este tipo de organización hay que seguir recreándolo a diario, y sobre todo hay que hacer un análisis sobre su defensa pública, si la sociedad española realmente quiere que se mantenga. Pues la alternativa sería la privatización pura y dura (estilo EEUU), o la “privatización amortiguada” (en forma de gestión privada del sistema público, que necesariamente redundaría en déficit de calidad del producto final, por imperativos del necesario ánimo de lucro empresarial de las empresas concesionarias).

Si bien, lo que no puede mantenerse es en este “estado de ambigüedad” actual, con una creciente y descontrolada deuda, fruto de una compleja y equivocada política de dispersión autonómica del Sistema. Puesto que así, resulta realmente insostenible.

Decimos que se ha realizado una errónea política de dispersión autonómica porque un Sistema Nacional –de porte estatal, por definición ha de ser eso: “estatal”-, y porque además su transferencia a las Autonomías –las mayorías de las cuales no estaban preparadas para esta transferencia- han unido a sus propios problemas organizativos y financieros de origen, los derivados del inmenso gasto como el que representa la sanidad pública. Habiendo sido también rehén de la “política de campanario” en su organización y en sus prestaciones, lo que también ha llevado a desajustar seriamente el mismo; pues ha dado lugar a diverso tipo de prestaciones territoriales, a tarjetas sanitarias incompatibles, a burocratización desmesurada del mismo, y a un aislamiento efectivo entre cada uno de los diversos Servicios Autonómicos de Salud, que han multiplicado exponencialmente sus altos cargos en relación con la anterior organización estatal, sin que ello haya respondido realmente a una necesidad del sistema, sino de “colonización política” de este nuevo e influyente ámbito sanitario.

En consecuencia, no valen “medias tintas”, pues haya o no crisis, la vida sigue y la necesidad de atención sanitaria se demanda. Es el momento de hacer una apuesta por la defensa del Sistema Sanitario Público y defenderlo, reorganizándolo, dotándolo de una estructura más dinámica y eficaz, y sobre todo de financiarlo de modo que sea sostenible. O bien, nos despedimos ya de uno de los mayores logros sociales de finales del S. XX en nuestro país, fruto de haber apostado constitucional y políticamente por un “Estado Social”.

Los profetas del “neoliberalismo” cantarán las bondades de pagar menos impuestos, y que la empresa privada gestione lo público. Pero la realidad es que desmontar un Sistema Sanitario Público es una decisión a la que no debe estar ajena la sociedad, y en caso de apostar por el mismo, habría que poner líneas infranqueables para asegurar su estabilidad y eficacia.

Ahora bien, también habrá que hacer otra opción pública –especialmente en tiempos de crisis- cual es la de determinar los costes alternativos de apoyar la sanidad pública, pues toda decisión económica tiene costes alternativos. Así habría que decidir que otros gastos públicos deberían de sacrificarse para la defensa de la sanidad pública. Acaso gastos corrientes de las Administraciones Públicas, las televisiones autonómicas, las dotaciones para cultura en forma de subvenciones de escasa utilidad social, y por qué no decirlo: “eliminar el pesebre público” de subvenciones inútiles.

Y para que no se diga, que se piden esfuerzos ajenos y se olvidan los propios, sugerimos la reunificación del Sistema Sanitario Público, es decir, la recogida competencial del mismo en manos del Estado –de las que no debió salir-, reducción de cargos públicos, reducción de los equipos directivos con la consiguiente profesionalización de los mismos, autonomía gestora en las Gerencias Sanitarias de Área con control financiero efectivo, previo y diario.

Entre tanto, no se haga un planteamiento claro, valiente, sincero y público sobre lo que tenemos y sus alternativas, costes y procedimientos de gestión, no se dirá toda la verdad del sistema, y nos encontraremos con “ensayos autonómicos” donde se privatiza la gestión hospitalaria –aunque casualmente muchos de sus directivos suelen ser reclutados entre los gestores del sector público, con sustanciales mejoras salariales, en forma proporcional a la debilidad del empleo de las plantillas de los centros-, sin que realmente ello suponga una mejora ni en la calidad, ni en la eficacia.

Por consiguiente, que no se nos distraiga con ocurrencias, o mostrando autosatisfacción de ciertos logros contables puntuales, pues el crecimiento de la deuda sanitaria sigue siendo enorme, y en la situación actual, el Sistema Sanitario Público puede colapsar en España. La solución requiere un planteamiento de base y general, asumiendo una u otra opción, lo demás es palabrería y demorar el problema.

¿ETA SE RETIRA DE LA LUCHA ARMADA, O SIMPLEMENTE COLAPSA?

Hace tiempo que se está barajando con un abandono de la lucha armada por parte de ETA. Ciertamente tenemos como precedentes el cese de los actos terroristas desde hace meses, así como declaraciones de abandono de la violencia por parte de algunos miembros de ETA y sectores afines a la misma, lo que puede ser un presagio de esa ansiada declaración final de abandono del terrorismo y subsiguiente entrega de armas –para que sea creíble y real-.

Sin embargo, no podemos por menos, que preguntarnos si estos rumores y manifestaciones dispersas, son auténticas, reflejan la verdadera voluntad de la banda terrorista, o si por el contrario, ante la continua acción policial de detención de comandos, y el acceso de parte de la izquierda abertzale a las instituciones vascas, no ha determinado un alto grado de colapso de la banda terrorista, que no sólo ha perdido operatividad, sino que sociológicamente en Euskadi, ha podido dejar de tener sentido, por cuanto el sector de apoyo a las tesis nacionalistas e independentistas esukaldunas han conseguido cargos de representación local y autonómica en Euskadi, a través de la formación política Bildu que ha venido a agrupar dicha sensibilidad político-social.

Decimos esto, porque en otras ocasiones ETA ha otorgado “treguas estratégicas” o “treguas trampa” para superar el estado de debilidad en la consecución de sus objetivos terroristas. Aunque es cierto, lo que siempre nos han dicho los expertos en la lucha antiterrorista, que donde hay un terrorista decidido a actuar hay un potencial atentado. Pero una cosa es el atentado a la desesperada, que la estrategia terrorista con su red de acción amparada en una red logística, conectada con una red político-social. Conjunto este, que parece haber estado realmente tocado por ese doble motivo del encarcelamiento de la mayoría de los comandos terroristas, y por el acceso institucional del radicalismo político vasco de tono independentista abertzale.

También hemos de reconocer la posible labor positiva de las negociaciones, e intermediaciones, que  a lo largo de todos estos años han ido haciendo su labor silenciosa en el entorno menos hostil de la banda, pese a las incomprensiones y aceradas críticas utilizadas arteramente en el desgaste político –que nunca debió de haber ocurrido-.

Con todo, parece que tenemos un próximo pronunciamiento de abandono de la acción terrorista etarra, que el gobierno actual está barajando en sus tiempos políticos preelectorales –y que tampoco debería de mezclarse en el “mercadeo de campaña”-. Pues está tácitamente augurado el mensaje etarra, como se está pidiendo del entorno de los presos de ETA el acercamiento al País Vasco, e incluso se insinúan peticiones de medidas de gracia para estos. Algo sumamente delicado, pues las víctimas del terrorismo no pueden ser olvidadas en ningún caso, si bien habría que estudiar la conveniencia de esas medidas en relación con la necesidad de cerrar el contencioso terrorista, o más bien seguir la acción policial y medidas antiterroristas hasta conseguir la total extinción de la banda por colapso de la misma, por falta de nuevos “gudaris”, y por la inviabilidad de la acción de la misma. Esta es una decisión, que tampoco se debería tomar en precampaña electoral, sino que habría de ser fruto de una decisión del gobierno que salga próximamente de las urnas, previo debate público informado por los expertos en la lucha antiterrorista. Y sobre todo, con la previa entrega de las armas, como condición sine qua non para tomar en consideración el estudio de las peticiones de gracia cursadas.

En definitiva, “en tiempos de tormenta, no hacer mudanzas”. Ni es el momento de que el Estado tome decisiones con la banda terrorista, ni debería iniciar acciones sin la previa entrega de las armas y la expresa declaración de abandono de la lucha armada, de forma análoga a como sucedió en Irlanda del Norte.

FALLIDO INTENTO DE LIBERTICIDIO EN RTVE

En una democracia, la mejor censura es la que no existe. Decimos esto, al socaire del último intento de fallido liberticidio perpetrado por el Consejo de RTVE, al pretender censurar previamente la emisión de información en el Ente Público RTVE.

Precisamente, la nueva formulación del Ente Público –que había pretendido emular el régimen de funcionamiento de la radio y televisión británica (BBC), con una experiencia aquilatada en la gestión de la información en medios de comunicación públicos- parecía haber resuelto el problema de las acusaciones de manipulación del sistema público de radio televisión en España, que reprochaban las fuerzas políticas de oposición al ejercicio gubernamental de la información como servicio público.

Así con este nuevo enfoque y con un Consejo de RTVE plural, se había avanzado bastante en la independencia de los informativos de la cadena pública, que había dejado de ser eminentemente la cadena gubernamental de noticias. Al punto, que sus profesionales, con su esmerada e imparcial labor informativa, habían conseguido un producto de alta calidad merecedor de varios premios otorgados por el sector en el ámbito europeo. Lo cual, fue un logro exitoso y la consolidación de prácticas profesionales y objetivas en el tratamiento de la información. Atendiendo, a la necesaria pluralidad que un medio de naturaleza pública ha de tener presente para corresponder al encargo que los contribuyentes hacen para la existencia de este tipo de servicio público.

Sin embargo, cuando nos las hacíamos tan felices, y empezábamos a valorar las elevadas dosis de independencia, objetividad y profesionalidad en el quehacer informativo de RTVE, como por casualidad –aunque no podemos ignorar que estamos en periodo preelectoral- el Consejo de RTVE de forma aparentemente espontánea, acuerda introducir un sistema de control informativo, lo que equivale a introducir una censura previa de la información, que no podemos suponer que tenga una carga de neutralidad ingenua. Como tampoco resulta muy creíble que las fuerzas políticas –que designaron a los Consejeros de RTVE- hayan estado ajenas a semejante ocurrencia. Siendo también sospechoso el grado de coincidencia en la decisión de los consejeros de los diversos grupos políticos a favor de la medida. Lo que hace sospechar que haya contado con el visto bueno, aprobación, cuando no iniciativa de los propios grupos políticos especialmente del PP y del PSOE –que ahora se encojen de hombros ante el escándalo generado por la medida de sus representantes en el Consejo audiotelevisivo-.

Aunque felizmente la reacción de los profesionales del medio, así como los del resto de las asociaciones de la prensa, han determinado que finalmente no hayan mantenido esta pretensión liberticida. Aunque la intención ha quedado manifiesta.

Por consiguiente, lo propio sería –que si como dicen ni el PP, ni el PSOE compartían la medida adoptada por sus consejeros designados en el Ente RTVE- estos presentaran su dimisión, como lo ha hecho –en muestra de coherencia personal, y salubridad democrática- el representante designado por CCOO que ya ha presentado su dimisión.

De no hacerlo voluntariamente, sería muy oportuno –para que nos creyéramos que realmente los grupos políticos eran ajenos a la medida liberticida en RTVE- que estos exigieran a sus designados el cese inmediato y la reposición por nuevos consejeros que tengan un talante más abierto y respetuoso con el trabajo objetivo de los profesionales de RTVE.