La difícil democracia

Plataforma por la Justicia Fiscal

BLOQUEO POLÍTICO: SÍNTOMA DE LA RESISTENCIA DEL BIPARTIDISMO

          Tras las segundas elecciones que dieron por resultado un inusual fraccionamiento político del Congreso (que venía a desplazar la habitual fórmula de mayorías parlamentarias de gobierno y la consiguiente alternancia entre dos fuerzas políticas hegemónicas: PP – PSOE), el cuerpo electoral ha dispersado su voto, dando entrada a nuevas fuerzas políticas (C´s y PODEMOS), fruto de los perniciosos efectos de un bipartidismo que imposibilitó la efectividad de la división de poderes del Estado, con la proliferación de casos de corrupción, a diestra y siniestra, cada vez más reprobables y extendidos, especialmente en una situación de grave crisis económica y social como la que se viene padeciendo estos últimos años.

            De ahí, que la ciudadanía desencantada de los partidos tradicionales, reconociera la dificultad de estos en cambiar ese estado de cosas que impidiera la extensión de la corrupción y retornara a la aplicación de la definición constitucional de “Estado social y de derecho”, pues de alguna manera tal era la atractiva y necesaria propuesta de los nuevos actores políticos. De tal manera, que los partidos tradicionales (PP y PSOE) perdieron notables cuotas de voto de apoyo ciudadano que se trasladó en apoyo de las nuevas fórmulas, tanto por la derecha como por la izquierda (C´s y PODEMOS). Naturalmente, ninguno de estas cuatro fuerzas políticas ha tenido el apoyo suficiente como para liderar un gobierno, por lo que se hacía necesaria la negociación –según el dictamen de las urnas- para articular una mayoría parlamentaria que apoyara un gobierno (naturalmente lejos del esencialismo del propio programa, de líneas rojas y demás fanfarria que imposibilitaría cualquier acuerdo, pues todos habrían de hacer cesiones para lograr puntos de encuentro en los que articular una acción de gobierno).

            Sin embargo, para los nuevos (especialmente PODEMOS, que venía  con cierto aire triunfalista de la queja de la calle, consideró que tales cesiones no procedían, pues acaso calcularon erróneamente que una nueva cita electoral les reportaría mejores resultados y lograrían colocarse liderando la izquierda –adelantando al PSOE-), pero para las tradicionales fuerzas (PP y PSOE), tampoco les parecían buenos los resultados que les obligaba a pactar un programa de mínimos (ellos que estaban acostumbrados al “rodillo” de las mayorías parlamentarias, o al entendimiento mutuo en el peor de los casos), además que no podían permitir que arraigaran nuevos actores políticos que les disputaran su espacio ideológico tradicional y con ello el protagonismo, cuando no los pudieran “arrollar” electoralmente. De ahí, la aparente falta de voluntad política de negociación (tratando de imponer programas políticos propios y resistiéndose a reformar políticas anteriores, por un lado; o demorando soluciones, a modo de castigo político) que bloquean cualquier solución pactada conforme a la actual composición de la Cámara, con unas estrategias partidistas que a “corto plazo”, ante la falta de entendimiento, apunta a unas terceras elecciones, de las que todos verbalizan públicamente su repulsa, pero que en realidad nos abocan a ellas.

            ¿Por qué tanta hipocresía?. Aparenta ser que el que cargue con la culpa de las terceras elecciones, podría ser castigado en las urnas, por lo que todos se distancian de tal posicionamiento. Si bien, no es menos cierto, que a los que podría beneficiar ese escenario (evidentemente no al País, aunque tampoco sea el apocalipsis), sería a los dos partidos tradicionales, que tienen mayor arraigo social (en estructuras, medios y fidelidad de voto), y en particular al PP (que en su relato de “ganador” se presenta como víctima de un bloqueo de fuerzas antisistema, a las que incomprensiblemente se suma el PSOE, tratando de desgastarles cargándoles con la supuesta culpa de la actual situación).

            Entre tanto, las nuevas fuerzas políticas, que emergieron con el discurso del cambio y la regeneración de la vida pública, se acabarían extinguiendo como una vela, como algo pasajero, que sólo ha aportado inestabilidad (exponencialmente favorecida por los movimientos centrífugos del secesionismo periférico catalán y vasco) a la gobernanza del país.

            De donde cabría prever, ante un escenario de terceras elecciones (hacia el que vamos, si no logran articular algún entendimiento de última hora, que no parece muy factible, y aunque lo fuera, cabría esperar una legislatura corta e inestable) en el que todos se echarían la culpa mutuamente de lo sucedido, habría una alta abstención y se polarizaría el voto (a modo de “voto útil”) en las dos fuerzas aparentemente más potentes (de mayor implantación, arraigo y fidelidad de voto): especialmente PP y en menor medida PSOE (en el que cabría esperar un estimable “conflicto interno” que a modo de catarsis reformulara su proyecto político y reforzara su liderazgo, acaso en algún otro socialista emergente que pudiera superar las visibles fracturas internas que se han producido en la última etapa).

            Por consiguiente, haya mayor o menor grado de intención hacia unas terceras elecciones por parte de los actores políticos en liza (que todos niegan), lo que parece es que el actual bloqueo político, que conduce a ello, podría beneficiar al bipartidismo, a modo de maniobra para vencer a los nuevos competidores políticos.

EXTENUANTE, LENTO E INEFICAZ PROCESO DE FORMACIÓN DE GOBIERNO

        Tras la forzada repetición de elecciones, debidas a la falta de flexibilidad para el diálogo y entendimiento de los actores políticos (razonable y necesario en toda democracia moderna), seguimos en la encrucijada de un dificultoso proceso de investidura que está desgastando públicamente a sus propios protagonistas, y lo que es peor, desacreditando al propio sistema político nacido de la transición, que se nos presentó como modélico y ejemplar fórmula de entendimiento y funcionamiento político.

         De forma análoga, a como hiciera Pedro Sánchez (PSOE) en el anterior proceso electoral fallido, Mariano Rajoy (PP) se someterá al proceso de investidura –sin que parezca tener asegurado el suficiente apoyo parlamentario-, lo que genera grandes dudas sobre su viabilidad, dado que necesita el apoyo del PSOE (que en el proceso anterior, no tuvo el apoyo del PP) que viene reiterando públicamente su negativa a otorgarlo, si quiera fuese una timorata, pero necesaria abstención; so pena, de ponerse en manos de los independentistas, lo cual podría ser el principio del fin del Estado español, por sus conocidas pretensiones separatistas.

         En medio de todo ello, no faltan los discursos falaces que demandan que se deje gobernar al ganador de las elecciones, pese a saberse que no se trata de un sistema mayoritario, sino proporcional parlamentario, en el que el votante sólo elige diputados (siendo estos los que han de ponerse de acuerdo para conformar gobierno).

         Por consiguiente, más allá de estos “falsos reclamos”, tras las segundas elecciones (en las que el voto ha estado repartido, a diferencia de ocasiones anteriores), resulta evidente que este sistema conlleva el necesario diálogo y la subsiguiente negociación para lograr dos objetivos básicos: de un lado, la investidura de gobierno, y de otro, un apoyo más o menos estable en su ejecutoria durante un periodo estimable de la inicial legislatura. Actualmente, no valen actitudes prepotentes (como las de antaño, en quien ostentó las diversas mayorías absolutas), tampoco el apuntalamiento con unos pocos escaños, dado que las fuerzas mayoritarias han resultado menguadas en su dimensión y fuerza política en la Cámara. Todo lo cual, conllevaría a buscar un cierto sincretismo político (en los respectivos programas políticos pretendidos) que sobre un común denominador de mínimos sostuviera la acción gubernamental. Sin embargo, nada de eso se ha observado, ni en la anterior elección, ni en esta. Han sobrado en ambas, inoportunas estratagemas individualistas, personalismos impenitentes, visión corta y estrecha de la jugada partidista por encima de los intereses estatales, etc. Algo, que si está mal en un primer intento, no tiene la menor justificación en el segundo proceso electoral.

         Actualmente, la complejidad de la vida política española ha crecido con nuevos actores, si bien, a grandes rasgos se pueden reagrupar según sus posicionamientos políticos en el tradicional “eje: derechas – izquierdas”; y sobre dichas afinidades ideológicas hablar, negociar hasta el entendimiento que conforme una mayoría viable de gobierno. Pero, en el caso español, la complejidad viene por el concurso de un nuevo “eje: constitucionalistas – separatistas (que en Cataluña, País Vasco y Galicia, se entremezcla en el arco del eje: derechas – izquierdas). De tal forma que el fraccionamiento de las fuerzas políticas del Congreso en esos dos ejes políticos (derechas-izquierdas / constitucionalistas –separatistas) imprime una extraordinaria dificultad al entendimiento, so pena de exigirles a algunos de los partidos en liza, esfuerzos cuasi contra natura de renuncias a sus mismas esencias políticas (dada la diferente pretensión política, económica y social de los partidos de derechas respecto de los de izquierdas; o de los constitucionalistas respecto de los soberanistas).

         Por tanto, da que pensar que estamos en un atasco crítico para el Estado, en el que habría que mirar más allá de lo acaecido y repetido por dos veces (cuya reiteración al año, en unos terceros comicios, sería poco edificante para el propio sistema político español), de forma que estaríamos ante una “crisis política” de envergadura, cuya salida habría de llevar a un pacto de Estado entre los partidos responsables (necesariamente del “eje: derechas – izquierdas”), no sólo para desbloquear la investidura, sino para un cambio profundo del propio sistema político constitucional (cuyos fallos en la actualidad son manifiestos, dado que nada impide que se sigan repitiendo este tipo de situaciones, con la consiguiente inestabilidad política y muy probable “crisis del Estado” ante la beligerancia del secesionismo operante). De tal modo, que se pacte una reforma constitucional, con la consiguiente reforma de la ley electoral, que evite situaciones de colapso político-constitucional, como la presente; y la deriva disgregatoria y territorial de un Estado que se ha estado progresivamente desmontando y entregando por fases a un modelo autonómico cuyos resultados se vienen evidenciando nefastos en diversos ámbitos y no sólo identitarios de la realidad nacional española, sino también de gestión político-caciquil y proliferación de privilegios territoriales inasumibles en un Estado democrático moderno y social. 

EL ATAJO VENEZOLANO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL ESPAÑOLA

        

            

                La deriva venezolana que le están dando algunos políticos españoles a la precampaña electoral revela lo que parece una estrategia de distracción sobre los graves problemas políticos, sociales y económicos que tienen que acometerse de forma seria por parte del futuro gobierno del Estado, así como de aquellas cuestiones internas especialmente referidas a la corrupción y mala gestión, que algunos quieren obviar por puras razones electoralistas.

        Por mucho que nos duela la situación política, económica y social venezolana, que afecta a españoles allí residentes (como en otros lugares también afectan los problemas locales a los españoles allí residentes), no deja de ser una cuestión interna de Venezuela, en cuyo ámbito político no parece nada diplomático ingerirse, debiendo ser los propios venezolanos los que decidan acerca de la solución a sus graves problemas internos.

        Cualquier acción política desde España –no convenida con las autoridades gubernamentales venezolanas- por muy colaborativa que se le presente no dejará de ser interpretada por aquellas como una ingerencia en asuntos internos de aquél país, y dada la hipersensibilidad de Sudamérica sobre el pasado colonial español podría verse como un gesto de paternalismo neocolonial que en nada contribuiría a las relaciones bilaterales. Algo en que tenemos el no lejano reproche oficial español al gobierno cubano, que costó no pocos problemas diplomáticos y que ha dado lugar a que España, en el actual momento de relativa apertura económica del régimen haya sido relegada a EEUU, Francia y otras potencias, teniendo grandes inversiones hoteleras en la isla caribeña además de una historia común recorrida fraternalmente.

        Pero además resulta patético que dirigentes políticos españoles (con todos los problemas de corrupción política, paro, crisis económica, crisis social de creciente pobreza, recortes sociales, recortes en libertades públicas por la ley mordaza, deportación en caliente de inmigrantes ilegales, etc., etc.) se erijan en modelos y profetas de las esencias democráticas y se enreden en trifulcas dialécticas con las autoridades venezolanas que sólo conducen al deterioro de las relaciones bilaterales y a exhibir con impudicia una hipocresía política que no parece tener límite en términos ético-políticos.

        Y sobre todo, ese empeño torticero de filibustería política de introducir en la agenda política española en época pre-electoral la problemática venezolana, no tiene la menor justificación, cuando tantísimos problemas afligen a la sociedad española (desde el hecho mismo de la propia unidad del Estado, su modelo territorial, el cambio constitucional, la reforma de la Constitución, la forma de gobierno, la decidida lucha contra la corrupción, la regeneración política con mayor democracia, participación y transparencia, la inmemorial necesidad de reforma de la justicia, la restauración del “Estado del bienestar”, el aseguramiento de las pensiones, el logro de la mejora del empleo y la reducción de los altos índices de paro, un adecuado diseño económico con su correspondiente sistema hacendístico y fiscal más justo, una auténtica cultura de Estado cooperativo con la correspondiente cultura de seguridad y defensa, la mejora del sistema educativo, etc., etc.).

        Es un mal síntoma que pudiera ser interpretado en clave interna española como un mero “postureo electoralista” o yendo más allá como una “artera maniobra de distracción pública” para no responder o comprometerse ante el votante español. En todo caso, aparenta cierta relegación del electorado al que después vendrán a pedirnos el voto.

        ¡Empiecen por respetarnos…., que estamos aquí, no en Venezuela!.

LA ESTELADA PROTAGONISTA DE LA FINAL DE COPA

           

         

             Las últimas ediciones de la final del torneo de la copa del Rey de fútbol viene poniendo como objeto principal el problema político secesionista catalán, dada la concurrencia en esta del FC Barcelona, que también ha sido asumido dentro del simbologismo catalanista como uno de los bastiones de identidad nacional triunfante.

            Ya se sabe que el deporte –especialmente si es de masas, o precisamente por eso mismo- suele ser arteramente utilizado por los actores políticos destacados de cada sociedad, así en la época de la dictadura franquista –algunas de estas celebraciones fueron utilizadas como signo identitario grupal y modo de encauzamiento de las emociones colectivas, con sus secundarios efectos enajenadores de una realidad no tan triunfante para esos mismos actores políticos que tratan de desviar la atención de las masas hacia un simbolismo que manipulado oportunamente acaba desbordando una irracionalidad masiva hacia una identidad victimista y cegadora de esa realidad que si se considerara con serenidad podría llevar a que la masa pasara a asumir con madurez un conveniente estatus de ciudadanía desde el que defender sus periclitados derechos sociales. Cambiando de ese modo el eje dialéctico de la política entre izquierdas y derechas (progresismo y conservadurismo) por un nuevo eje dialéctico (Estado frente a soberanismo autonómico-independentista).

            De esa forma el cambio de eje de la dialéctica política también cambia la agenda política, pues lo central ya no son tanto los derechos sociales (empleo, vivienda, educación, sanidad, dependencia, etc.), el reparto justo de la renta, la igualdad social, sino cuestiones como la soberanía de territorios regionales como “mesianismo político” con el que se le promete al pueblo que tras una difícil “travesía del desierto” lograrán una supuesta “libertad” en la  nueva “tierra de promisión”, algo realmente increíble en un mundo globalizado con nuestra pertenencia a varias sociedades internacionales (ONU, OTAN, UE, etc.), de las que de forma previsible, inicialmente se caería el hipotético Estado independiente. Todo ello, en vez de defender la realidad de los derechos de ciudadanía y de los derechos sociales pretendidos por esa ciudadanía para hacer realidad un Estado Social de Derecho, que con la crisis económica se ha deteriorado.

            Por consiguiente, en tales planteamientos de emotividad colectiva, sociedades como la catalana se ha dividido internamente de forma dramática, donde casi la mitad de la población ha asumido un “credo político nacionalista” que prioriza el territorio a la persona, los valores étnicos-lingüísticos y culturales prevalecen sobre derechos de ciudadanía constitucional, cuestionando el factor identitario hispano (pese a los concluyentes datos históricos, jurídico-constitucionales, etc.). Y lo mismo que en la antigüedad, ese fenómeno nacionalista identitario se ha llevado al mundo deportivo, con especial interés de la utilización de su gran equipo de fútbol al que tratan de imaginar e erigir simbólicamente triunfante en el contexto del Estado, y nada mejor para ello que la oportunidad escenográfica que facilita este acontecimiento deportivo cuyo trofeo lleva el nombre del mismo Jefe del Estado, para hacer una descarga emocional pública de tipo reivindicativo nacionalista. Cuestión, que aunque racionalmente tenga escasa explicación, desde el punto de vista emocional sí se explica, como también políticamente se percibe la estrategia.

            Sin embargo, sabido lo anterior, no parece muy acertado empezar por prohibir el uso de la bandera secesionista catalana (estelada) como lo hizo la Delegación del Gobierno en Madrid, pues además de la debilidad de la defensa jurídico-constitucional de tal prohibición, políticamente era de suponer que dicha prohibición generara efectos de boomerang al enfatizar el irredento victimismo catalanista incrementando el nivel de protesta entre estos y cierto grado de incomprensión por la prohibición por los auténticos demócratas, que al final acaban por rectificar la inicial determinación, con los perniciosos efectos que ello tiene en toda la población.

            Medidas como esa prohibición supone entrar en la fácil provocación, para terminar por rectificarlas y nuevamente oxigenar al catalanismo en su trazado guión rupturista con el Estado, ante lo que este tendría que generar políticas que –sin confrontación, ni entrar en la provocación- diseñaran unas políticas que defendieran el hecho nacional español frente al nacionalismo secesionista de forma más eficaz y democrática, subrayando los valores hispanos (sin menospreciar los autóctonos) que combinan con los territoriales en un proyecto común de Estado, para lo cual habría de buscarse un pacto de Estado entre los partidos mayoritarios que defendieran este planteamiento que fortalezca la idea del proyecto común de España (con sus políticas de integración, de seguridad exterior e interior, que no estén sujetas al “mercadeo del reparto del poder”, sino al interés común de España), junto a ello una labor de permanente diálogo con la ciudadanía de todo el Estado para ir fijando el rumbo de esas políticas de Estado. Si eso se realizara de ese modo por parte del gobierno del Estado y de los partidos más representativos del mismo, el lamentable espectáculo de la “protesta político-futbolera” con las esteladas al viento ante la máxima institución del Estado (con ser un grave síntoma político de fragmentación interna) no dejaría de ser una triste anécdota.

            Sin embargo, si nos fijamos en los antecedentes de nuestra historia reciente, cabría poca esperanza en albergar un cambio de rumbo en la política española donde todo ha girado en torno a una inicial confrontación que ha ido claudicando según la necesidad de apoyo del partido de turno (PP, PSOE) para formar gobierno en Madrid, y donde el propio PSOE tiene su particular problema interno de identidad política con su socio el PSC, que le ha llevado por derroteros de sutil ambigüedad en según qué momentos, que ahora se ve abocado a hacer una tardía propuesta federalista que requeriría la reforma constitucional un inadecuado momento de inestabilidad política en España como se ha demostrado en la imposibilidad de formar gobierno, lo que nos aboca a unas nuevas elecciones de incierto resultado, con una mayoría de izquierda neocomunista que defiende el referéndum de independencia catalanista.

            Lo dicho, lo de la estelada (aunque sea el síntoma de la disfuncionalidad política de nuestro Estado) no deja de ser una anécdota en el incierto horizonte político español actual. Donde, por cierto, la cuestión de la “crisis económica” sigue pendiente de resolver. Y si no atentos a la sanción de Bruselas…., y al dato indiscutible de que la deuda pública ha superado al PIB.

             ¡Mal, mal, ……., muy mal…!.

¿ EL 15 M FRACASA AL REENCONTRARSE CON UNA IZQUIERDA RECONSTRUIDA ?

            En este 15 de mayo de 2016, varios años después del espontáneo movimiento socio-político que arrancó en esta fecha y llevó a muchos indignados con el sistema económico y político a salir a las calles y plazas de las principales ciudades del país, bajo el grito de “no nos representan”, espoleados por una dura crisis económica que ponía de relieve la no menor crisis política y ética del país, que dio lugar al conocido movimiento del “15-M” que diversos sectores de izquierda han querido capitalizar y finalmente ha terminado estabulándolo.

            En este día, se hace necesario hacer memoria de lo que ese movimiento representaba, de sus causas y sus objetivos, así como de su evolución hasta su progresiva domesticación y dilución por el propio sistema que tanto criticaban.

            Al parecer la causa de la indignación era doble: de un lado una dura crisis económica derivada del injusto capitalismo desbocado –sin control legal ni político- que generó una gran “estafa planetaria” en circuitos crediticios y financieros virtuales que sólo tenían que ver con la realidad el grado de injusticia y desmesura con que se habían conducido con unas dimensiones globales que lo hacían aún más grave en sus perniciosos efectos dañinos. Aunque los líderes políticos –empleando la diligencia que no tuvieron para evitarlo- acudieron rápidamente al rescate de bancos, cajas de ahorros y demás entidades financieras, con el dinero de todos (que prometieron se recuperaría, sin que se haya verificado tal promesa inicial, de la que al parecer ya nadie se acuerda), mientras que la ciudadanía perdía por millares y millones sus empleos y con ello sus ingresos, a su vez sus casas hipotecadas y finalmente eran desahuciados (en muchos casos por los mismos que habían ayudado los gobiernos a ser rescatados). Así se dio la paradoja que la UE salió en defensa de su moneda (el sacro-santo “euro”), mientras a los ciudadanos de las naciones más duramente castigadas por la crisis se les imponían severas penas financieras (que sus propios gobiernos traducían en recortes en los servicios públicos esenciales, que cínicamente serían negados) con lo que la situación de progresivo empobrecimiento se fue dando en una diabólica espiral que sólo el tiempo ha ido remediando parcialmente –como si de un huracán u otra tragedia nos hubiera asolado-. Todo ese ambiente era el que nutrió la indignación de una sociedad que además veía cómo además la corrupción política llegaba a cotas inauditas, con muestras groseras de impúdica avaricia y desconsideración en no pocos de los políticos afectados, ante el cómplice silencio de los aparatos políticos (a diestra y siniestra, como si todos estuvieran en un vergonzante silencio autoculposo).

            En tal contexto se desencadenó el fenómeno de los indignados del 15-M, que salieron a protestar a las plazas públicas, concitando a miles de desheredados del sistema político y económico (el mismo que asume con indolencia cifras de paro del entorno al 20 y 25% como semipermanentes), el mismo que ha establecido una fácil y provechosa permeabilidad público-privada, con “puertas giratorias” en las que se habían acomodado los dos grandes partidos políticos de alternancia en el poder, junto con los partidos nacionalistas dominantes en territorios separatistas y los dos grandes sindicatos del sistema, cada uno con sus intereses.

            Pasó el tiempo y los indignados se fueron tranquilizando, hicieron su particular “terapia colectiva” en sus asentamientos públicos, donde el poder los toleró como una molestia menor a la espera que se fuera diluyendo con el transcurso del tiempo. ¡Lo que así sucedió!.

            Bastó que algunos supieran recoger arteramente el caudal político de la protesta, con una pública exposición de la queja, con un certero diagnóstico de la situación, e incluso con un lenguaje audaz e inteligente que calificaba de “casta” a la clase política oficial y señalaba las afrentas a las que había sometido a la parte más débil de esa sociedad, para que gran parte de los desheredados del sistema les siguieran “cual flautista de Amelín”. Y así surgió PODEMOS, nueva formación política, que pretendiendo alcanzar el poder evitaba su etiquetado político (hablando tibiamente de “horizontalidad”), cuando en realidad parte de su cúpula (ideólogos y promotores iniciales) comulgaban con el comunismo y habían abandonado el PCE e IU por considerarlos poco operativos en su formulación de una nueva estrategia de alcance del poder, única meta deseable –al decir de algunos de sus mentores- para lograr los pretendidos objetivos de un auténtico cambio socio-político, que apenas se atrevían a tildar de revolucionario. Si bien tuvieron el mérito político de aprovechar una estimable quiebra social en nuestro país que demandaba más justicia social y drásticas reformas políticas más participativas que al tiempo fueran regeneradoras del mal de la corrupción que también comprometía la gobernabilidad institucional del país.

            Pero sometido a las urnas el proyecto de PODEMOS (que también padece los efectos de su rápido crecimiento y aluvión de militancia), empieza a evidenciar un techo político en una orquilla entre el 15 y el 20% del voto, acaso por el excesivo protagonismo de su líder (que por otra parte, requiere apoyos de grupos afines autonómicos), por su inexperiencia de gobierno y su proclividad ideológica a fórmulas comunistas sudamericanas que han mostrado palmariamente su fracaso (en los órdenes político, económico y social). Y sobre todo, porque en el entramado de la UE un partido de izquierdas con un programa auténticamente socialista o comunista no tiene virtualidad práctica en el ámbito de la UE (donde la política monetaria es común al euro y la marca Bruselas, y en consecuencia la política económica y hacendística de los Estados miembros, lo que de suyo condiciona cualquier política por imperativo del guión europeo), como ya se ha mostrado con Siryza en Grecia y con los respectivos socialismos más moderados en Francia, Italia y Portugal. Luego o se apuesta por una auténtica revolución política y económica (que naturalmente nos pondría fuera de la UE), de inciertos resultados, o realmente, cualquier alternativa de izquierdas en un país de la actual UE apenas tiene margen para hacer auténticas políticas de izquierda, o al menos, apenas en el ámbito socialdemócrata (del anhelado “Estado del Bienestar”). Y tal es la tragedia de la izquierda europea en la actualidad en la UE, pues o traiciona a su electorado (asumiendo las políticas neoliberales de la UE) o traiciona a Bruselas y recibe las consiguientes sanciones y correcciones de la UE (por aplicar políticas socialistas de izquierda).

            Tal es el auténtico problema que tienen los partidos que se proclaman de izquierdas en la UE, y en particular en España, y eso habría de tratarse públicamente para que la ciudadanía española y la ciudadanía europea decida si realmente no hay otras alternativas a las que actualmente presenta la UE, o si por el contrario fuera posible otra UE más social y solidaria.

            Entre tanto, maniobras como las alianzas electorales de PODEMOS  e IU no dejan de ser intentos y estrategias de alcanzar poder (ese mismo que se criticaba en las plazas del 15 M) y que no sabemos si les dará opción de gobierno hasta tanto el pueblo soberano no se pronuncie. Pero no deja de ser una recomposición más de la izquierda en busca del necesario apoyo para alcanzar un poder institucional que se les resiste, acaso por la escasa convicción de sus resultados a la vista de las contradictorias políticas de sus homónimos en Grecia que llegaron al poder con un discurso que hubieron de abandonar doblegados y humillados por el imperativo del capital europeo (al que le bastó “recordarle la soga en casa del ahorcado”).

            Más allá de ese núcleo gordiano de la cuestión política-económica y social apenas tienen importancia los tradicionales postureos ideológicos que a pocos interesan ya.

            Por consiguiente, cabría preguntarse si el resultado del 15M es finalmente “UNIMOS PODEMOS”, reedición de la izquierda comunista que al parecer tampoco convence demasiado en sus propias formaciones donde el apoyo interno al constructo ha sido escaso y las contestaciones no se han hecho esperar.

            O por el contrario, ¿queda algún resto del 15M aún sin utilizar políticamente del que poder reeditar el movimiento de contestación pública y pacífica contra un sistema que se reinventa y crea antígenos continuamente para sobrevivir?.

TESTIMONIAL MANIFESTACIÓN DEL 1º DE MAYO EN MURCIA

         Escasa participación ciudadana ha generado la convocatoria de manifestación realizada por UGT, CCOO y el STERM con ocasión del 1º de mayo en Murcia, al punto que una agencia de noticias refiere una participación de “cientos de personas”, las que han discurrido en la mañana de este domingo por la Gran Vía de Murcia, con los carteles y slogans propios de las quejas y reivindicaciones del mundo del trabajo, que en la actualidad no son pocas.

            Por ese motivo, extraña la escasa capacidad de convocatoria –que de forma menguante- están teniendo en los últimos años los sindicatos considerados mayoritarios, precisamente en época de una grave crisis económica, política y social, en que más necesaria sería la existencia de unas organizaciones sindicales fuertes que defendieran los intereses de los trabajadores ante un gobierno –que emulando el contexto internacional, se pone cada vez más de perfil en las cuestiones obreras, cuando no recorta las ayudas a las mismas para ahorro de las cuentas públicas-.

            Acaso sean los defectos que han ido generándose en los comportamientos de las grandes centrales sindicales, propias de su progresiva burocratización generada como consecuencia de su institucionalización en el sistema (que incorporándolas con ayudas y subsidios las ha apartado de su raíces de lucha obrera), al tiempo que la progresiva terciarización de la economía (al sector servicios) ha ido difuminando la identidad de clase obrera de gran parte de los asalariados, todo lo cual ha ido contribuyendo a una progresiva desafección de los trabajadores sobre los sindicatos, y de estos a aquellos, dado que su subsistencia no dependía de las cuotas laborales, sino de la consideración de los más representativos ( finalmente reducida a dos, que se han ensimismado en sus propias estructuras endogámicas de poder e interés de sus élites internas), dando el mayor de los servicios al capital que campa libremente por sus fueros en una UE cada vez más dominada por el capital centro-europeo en el contexto económico-político de globalidad, donde los papeles ya se han repartido, quedándole a España el de espacio de “geriátrico de Europa” y destino turístico, estando los demás sectores productivos subordinados a los intereses de la oligarquía centro-europea.

            En tales condiciones, bajar del 25% de paro es quimérico, de forma tal que empieza a asumirse como algo sistémico postergándose en el tiempo las promesas más optimistas de reducción, aunque ¡largo lo fían…!.

            Por consiguiente, se hace necesario y urgente unas nuevas políticas económicas, menos materialistas y más humanas, más integradoras por solidarias, y junto con ello, urge también repensar un nuevo modelo de organización y acción sindical más auténtica, dinámica, eficaz y creíble. Pues nos va mucho en ello, en un futuro más o menos inmediato.

            Sin embargo, nada de eso se plantea en este 1º de mayo, en las arengas sindicales de las menguantes manifestaciones, ni en el discurso público, pues ahora parece que lo importante está en el nuevo proceso electoral (escondiendo el fracaso del diálogo y la negociación, ante la venta de una utopía de cambio radical, beneficio y felicidad pública según las diferentes opciones). Como si nada hubiera pasado antes (corrupción, recortes injustos e insolidarios, rescate público de la banca, empobrecimiento público, personalismos políticos interesados, etc.), ahora todo o casi todo depende de volver a votar….. Cuando la lógica llevaría a que las urnas castigaran la ineptitud de la clase política para el diálogo y el pacto con una clamorosa y aleccionadora abstención….., acaso equiparable a la progresiva desafección que están padeciendo los sindicatos y la propia clase política española.

UN GOBIERNO EN FUNCIONES, O LA FUNCIONALIDAD DE UN GOBIERNO SIN CONTROL

                La reciente polémica política en España, que aparenta acabar en el Tribunal Constitucional, viene servida por la interpretación restrictiva que hace el Gobierno en funciones respecto del control político que compete ejercer de ordinario al Parlamento, que no le reconocen en la actual situación extraordinaria de “funciones”.

                Algo que ha llevado al inusitado hecho que un ministro en funciones (o más bien “bajo de funciones”) haya dado plantón al Parlamento al no comparecer por considerar que no tenía tal obligación de dar cuentas a los representantes de la soberanía nacional, dada su eventual situación de “en funciones”, que más allá de la interpretación jurídica que pueda tener tal circunstancia, se nos antoja que políticamente es impresentable, dado que el sentido común –además del sentido del léxico de “funciones”: que se refiere a algo que está funcionando- parece que apuntaría a que en la medida en que desempeñe la función de gobierno propia del poder ejecutivo del Estado, dicha función se ha de someter al control del poder legislativo (que es el que representa al pueblo soberano) para dar cuenta de su gestión.

                Refugiarse en una interpretación jurídica restrictiva, más allá de que pudiera ser compartida por el Tribunal Constitucional, y por consiguiente, que pudiera tener fundamento jurídico, se nos antoja como mínimo políticamente infumable, propio de un talante despótico de entender y ejercer la política, impropio de cualquier demócrata que se precie.

                De nuevo, parece que el electoralismo del que el PP atribuye con amplia generosidad a otros, lo utiliza cuando le conviene para rehuir un incómodo control del Congreso en una Cámara en la que no tiene mayoría, precisamente cuando ha aplicado una “mayoría de rodillo” durante años, y que dadas las actuales circunstancias, pensando en una hipotética y probable cita electoral quiere evitar el desgaste de gobierno que le pudiera reportar la crítica parlamentaria.

                Esta situación es inaudita en la España democrática restaurada por la Transición, como también lo ha sido la renuncia del candidato popular a someterse a debate de investidura, so pretexto de no alcanzar mayoría suficiente, las ruedas de prensa a través de la Tv de plasma, y el estado de corrupción política que está anegando el ágora pública en nuestro país, lo que unido al actual “atranque” en la formación de gobierno y la fragmentación política del electorado, nos lleva a atisbar un probable colapso político, que haga necesario una seria reforma constitucional más acorde con los tiempos y las necesidades del país (dado que el actual sistema se conformó para propiciar la transición política, cuya etapa concluyó), pero al propio tiempo, también parece que estamos ante un nuevo escenario político (con nuevos actores, nuevas demandas que conforman una nueva agenda y nuevas exigencias públicas de mayor participación y transparencia política), que requiere otro modo de hacer política, para lo cual urge el relevo de significativos personajes públicos por otros que entiendan mejor las nuevas dinámicas democráticas que exige la nueva política que demanda una ciudadanía más madura y experimentada políticamente, que ha tenido que aprender sufriendo una dura crisis que la política o la hace el pueblo (implicándose con mayor determinación) o se la hacen las élites socio-económicas y grupos de presión.

                Tal parece que sea así el progresivo clamor de hartazgo con la cleptocracia política, el nepotismo, la estabulación de masa electoral, la ineficacia y la zafiedad política de una gestión pública manifiestamente mejorable, a fuer de ser desparasitada de intereses mezquinos de unos pocos que están invalidados en sí mismos, para acometer las drásticas reformas económicas, sociales y políticas que el país demanda y la decencia política requiere.

LA IMPOSIBLE GOBERNANZA ESPAÑOLA

         La crisis económica con la dureza de los recortes y fracturas sociales ha traído una no menor crisis política en el régimen constitucional de la transición, que diseñado para un bipartidismo con mayorías absolutas o minorías apoyadas, tiene que evolucionar a una mayor fragmentación de las fuerzas políticas, que en el momento presente no otorgan la mayoría absoluta a ninguno de los actores en liza, sino que inciden en la necesidad de un pacto entre varias opciones políticas que conformen una mayoría estable de gobierno.

         Sin embargo, ni el sistema ni los líderes políticos estaban preparados para estos nuevos tiempos de obligadas componendas, pues acostumbrados a gobernar con mayorías absolutas de repetición –que neutralizaban anulando la acción de cualquier oposición política, desvirtuando parte de los controles institucionales que han propiciado una generalizada corrupción- ahora se niegan a tener que ceder parte de sus postulados para consensuar un acuerdo de gobierno con sus rivales políticos.

         Y como si se tratara de una liga de futbol se sigue hablando de “ganadores y perdedores” electorales (cuando no sólo no se trata de eso, sino de la necesidad de entenderse democráticamente en función de la representación obtenida). De forma que así resulta sumamente complicado articular una coalición gubernamental e incluso un simple acuerdo de investidura, pues no hay cultura del pacto (que se abandonó cuando concluyó el proceso constitucional de la transición política que hizo posible el nuevo régimen democrático).

         Tal falta de talante democrático se ha puesto de relieve por la mayoría de los principales líderes políticos, desde el que pretende pasar desde la desconsideración del rival (de cuando disfrutaba de sus mayorías absolutas) a que estos le faciliten la investidura sin más, a los que de inicio establecen infranqueables “líneas rojas” (cerrándose imprudentemente ámbitos de negociación posible, salvo que no se deseara acuerdo alguno), a situaciones de encorsetamiento forzado por el propio partido que cuestiona la capacidad negociadora de su hipotético líder. ¡Realmente kafkiano…!.

         Así las cosas, transcurridos más de dos meses desde los comicios, seguimos en una monótona discusión escasamente edificante que nos va a abocar a nuevos comicios (que las encuestas no muestran muy clarificadores en cuanto a un posible desbloqueo de la situación actual).

         A todo esto, seguimos con la fuerte crisis territorial abierta por Cataluña, que ha iniciado el camino hacia un incierto proceso independentista sin que desde el Estado español se hagan más que  asertos de firmeza españolista, tras lo cual, cada cual a lo suyo…

         Y por si todo esto fuera poco, los acreedores de la ingente deuda pública española (indecentemente incrementada por el monumental “pufo bancario” –que aunque se nos aseguró que nunca pagaría el Estado, esto ha sido parte de ese gran engaño político-), reivindican estabilidad amenazando con un posible resurgimiento de la crisis económica española si no se sigue cumpliendo el plan de ruta que asegure sus puntuales cobros de la deuda.

         Consecuentemente, parecería que lo responsable sería la formación de un gobierno de consenso, como solución de Estado ante la doble crisis española (económica y política) para salvar la coyuntura y disponer al país a realizar las reformas necesarias para superar ambas crisis. Lo cual, habría de llevar a los principales líderes políticos a pactar un acuerdo de mínimos para la investidura de un gobierno cuanto antes.

         Si bien hasta el momento, sólo tenemos el exiguo resultado de un pacto PSOE-C´s, que sólo satisface posiciones centristas, pues ni la derecha (PP) ni la izquierda (PODEMOS e IU) se sienten llamados a unirse a ese pacto, cuando de lo que se trata no es de buscar coincidencias programáticas sino un mínimo común denominador programático que avalara un tránsito gubernamental a corto o medio plazo, que pudiera dar una clara respuesta a los dos grandes retos (secesión catalana y crisis económica). No hacerlo ahondaría la doble crisis, dando pie a oportunismos irresponsables y desleales nunca ausentes de las crisis del Estado, amen que sería aplazar la situación varios meses, pues no se atisban cambios electorales sustanciales.

         Tal cosa no exime a los tradicionales pilares del bipartidismo español (PP y PSOE) a que hagan su propia catarsis interna (pues afectados de casos de corrupción, aunque de diverso modo) han propiciado con su complicidades mutuas la apreciación ciudadana de una clamorosa inoperancia que han traído de las urnas nuevos actores (PODEMOS y CIUDADANOS) como novedades alternativas desde la izquierda y derecha, respectivamente, de sus viejos representantes, cuyos modelos políticos, sociales y económicos caen a diestra y siniestra de diverso modo poco conciliables, en circunstancias ordinarias. Si bien en situaciones extraordinarias, el bien común demanda una respuesta de consenso en aquello que lo urge, para seguidamente demandar de la ciudadanía los apoyos a proyectos claros que mantengan su fidelidad al votante, como no se ha hecho habitualmente con anterioridad.

         Parecería obvio que de no hacerse así las urnas penalizarían tales actitudes, aunque eso sea mucho aventurar en un país en el que tras numerosos casos de corrupción afectando al partido gubernamental, siga obteniendo el mayor apoyo electoral de entre todos los actores. Algo digno de un profundo análisis, que a lo mejor hace bueno el dicho aquel de que “¡España es diferente…!”.