BLOQUEO POLÍTICO: SÍNTOMA DE LA RESISTENCIA DEL BIPARTIDISMO

          Tras las segundas elecciones que dieron por resultado un inusual fraccionamiento político del Congreso (que venía a desplazar la habitual fórmula de mayorías parlamentarias de gobierno y la consiguiente alternancia entre dos fuerzas políticas hegemónicas: PP – PSOE), el cuerpo electoral ha dispersado su voto, dando entrada a nuevas fuerzas políticas (C´s y PODEMOS), fruto de los perniciosos efectos de un bipartidismo que imposibilitó la efectividad de la división de poderes del Estado, con la proliferación de casos de corrupción, a diestra y siniestra, cada vez más reprobables y extendidos, especialmente en una situación de grave crisis económica y social como la que se viene padeciendo estos últimos años.

            De ahí, que la ciudadanía desencantada de los partidos tradicionales, reconociera la dificultad de estos en cambiar ese estado de cosas que impidiera la extensión de la corrupción y retornara a la aplicación de la definición constitucional de “Estado social y de derecho”, pues de alguna manera tal era la atractiva y necesaria propuesta de los nuevos actores políticos. De tal manera, que los partidos tradicionales (PP y PSOE) perdieron notables cuotas de voto de apoyo ciudadano que se trasladó en apoyo de las nuevas fórmulas, tanto por la derecha como por la izquierda (C´s y PODEMOS). Naturalmente, ninguno de estas cuatro fuerzas políticas ha tenido el apoyo suficiente como para liderar un gobierno, por lo que se hacía necesaria la negociación –según el dictamen de las urnas- para articular una mayoría parlamentaria que apoyara un gobierno (naturalmente lejos del esencialismo del propio programa, de líneas rojas y demás fanfarria que imposibilitaría cualquier acuerdo, pues todos habrían de hacer cesiones para lograr puntos de encuentro en los que articular una acción de gobierno).

            Sin embargo, para los nuevos (especialmente PODEMOS, que venía  con cierto aire triunfalista de la queja de la calle, consideró que tales cesiones no procedían, pues acaso calcularon erróneamente que una nueva cita electoral les reportaría mejores resultados y lograrían colocarse liderando la izquierda –adelantando al PSOE-), pero para las tradicionales fuerzas (PP y PSOE), tampoco les parecían buenos los resultados que les obligaba a pactar un programa de mínimos (ellos que estaban acostumbrados al “rodillo” de las mayorías parlamentarias, o al entendimiento mutuo en el peor de los casos), además que no podían permitir que arraigaran nuevos actores políticos que les disputaran su espacio ideológico tradicional y con ello el protagonismo, cuando no los pudieran “arrollar” electoralmente. De ahí, la aparente falta de voluntad política de negociación (tratando de imponer programas políticos propios y resistiéndose a reformar políticas anteriores, por un lado; o demorando soluciones, a modo de castigo político) que bloquean cualquier solución pactada conforme a la actual composición de la Cámara, con unas estrategias partidistas que a “corto plazo”, ante la falta de entendimiento, apunta a unas terceras elecciones, de las que todos verbalizan públicamente su repulsa, pero que en realidad nos abocan a ellas.

            ¿Por qué tanta hipocresía?. Aparenta ser que el que cargue con la culpa de las terceras elecciones, podría ser castigado en las urnas, por lo que todos se distancian de tal posicionamiento. Si bien, no es menos cierto, que a los que podría beneficiar ese escenario (evidentemente no al País, aunque tampoco sea el apocalipsis), sería a los dos partidos tradicionales, que tienen mayor arraigo social (en estructuras, medios y fidelidad de voto), y en particular al PP (que en su relato de “ganador” se presenta como víctima de un bloqueo de fuerzas antisistema, a las que incomprensiblemente se suma el PSOE, tratando de desgastarles cargándoles con la supuesta culpa de la actual situación).

            Entre tanto, las nuevas fuerzas políticas, que emergieron con el discurso del cambio y la regeneración de la vida pública, se acabarían extinguiendo como una vela, como algo pasajero, que sólo ha aportado inestabilidad (exponencialmente favorecida por los movimientos centrífugos del secesionismo periférico catalán y vasco) a la gobernanza del país.

            De donde cabría prever, ante un escenario de terceras elecciones (hacia el que vamos, si no logran articular algún entendimiento de última hora, que no parece muy factible, y aunque lo fuera, cabría esperar una legislatura corta e inestable) en el que todos se echarían la culpa mutuamente de lo sucedido, habría una alta abstención y se polarizaría el voto (a modo de “voto útil”) en las dos fuerzas aparentemente más potentes (de mayor implantación, arraigo y fidelidad de voto): especialmente PP y en menor medida PSOE (en el que cabría esperar un estimable “conflicto interno” que a modo de catarsis reformulara su proyecto político y reforzara su liderazgo, acaso en algún otro socialista emergente que pudiera superar las visibles fracturas internas que se han producido en la última etapa).

            Por consiguiente, haya mayor o menor grado de intención hacia unas terceras elecciones por parte de los actores políticos en liza (que todos niegan), lo que parece es que el actual bloqueo político, que conduce a ello, podría beneficiar al bipartidismo, a modo de maniobra para vencer a los nuevos competidores políticos.

LA IMPOSIBLE GOBERNANZA ESPAÑOLA

         La crisis económica con la dureza de los recortes y fracturas sociales ha traído una no menor crisis política en el régimen constitucional de la transición, que diseñado para un bipartidismo con mayorías absolutas o minorías apoyadas, tiene que evolucionar a una mayor fragmentación de las fuerzas políticas, que en el momento presente no otorgan la mayoría absoluta a ninguno de los actores en liza, sino que inciden en la necesidad de un pacto entre varias opciones políticas que conformen una mayoría estable de gobierno.

         Sin embargo, ni el sistema ni los líderes políticos estaban preparados para estos nuevos tiempos de obligadas componendas, pues acostumbrados a gobernar con mayorías absolutas de repetición –que neutralizaban anulando la acción de cualquier oposición política, desvirtuando parte de los controles institucionales que han propiciado una generalizada corrupción- ahora se niegan a tener que ceder parte de sus postulados para consensuar un acuerdo de gobierno con sus rivales políticos.

         Y como si se tratara de una liga de futbol se sigue hablando de “ganadores y perdedores” electorales (cuando no sólo no se trata de eso, sino de la necesidad de entenderse democráticamente en función de la representación obtenida). De forma que así resulta sumamente complicado articular una coalición gubernamental e incluso un simple acuerdo de investidura, pues no hay cultura del pacto (que se abandonó cuando concluyó el proceso constitucional de la transición política que hizo posible el nuevo régimen democrático).

         Tal falta de talante democrático se ha puesto de relieve por la mayoría de los principales líderes políticos, desde el que pretende pasar desde la desconsideración del rival (de cuando disfrutaba de sus mayorías absolutas) a que estos le faciliten la investidura sin más, a los que de inicio establecen infranqueables “líneas rojas” (cerrándose imprudentemente ámbitos de negociación posible, salvo que no se deseara acuerdo alguno), a situaciones de encorsetamiento forzado por el propio partido que cuestiona la capacidad negociadora de su hipotético líder. ¡Realmente kafkiano…!.

         Así las cosas, transcurridos más de dos meses desde los comicios, seguimos en una monótona discusión escasamente edificante que nos va a abocar a nuevos comicios (que las encuestas no muestran muy clarificadores en cuanto a un posible desbloqueo de la situación actual).

         A todo esto, seguimos con la fuerte crisis territorial abierta por Cataluña, que ha iniciado el camino hacia un incierto proceso independentista sin que desde el Estado español se hagan más que  asertos de firmeza españolista, tras lo cual, cada cual a lo suyo…

         Y por si todo esto fuera poco, los acreedores de la ingente deuda pública española (indecentemente incrementada por el monumental “pufo bancario” –que aunque se nos aseguró que nunca pagaría el Estado, esto ha sido parte de ese gran engaño político-), reivindican estabilidad amenazando con un posible resurgimiento de la crisis económica española si no se sigue cumpliendo el plan de ruta que asegure sus puntuales cobros de la deuda.

         Consecuentemente, parecería que lo responsable sería la formación de un gobierno de consenso, como solución de Estado ante la doble crisis española (económica y política) para salvar la coyuntura y disponer al país a realizar las reformas necesarias para superar ambas crisis. Lo cual, habría de llevar a los principales líderes políticos a pactar un acuerdo de mínimos para la investidura de un gobierno cuanto antes.

         Si bien hasta el momento, sólo tenemos el exiguo resultado de un pacto PSOE-C´s, que sólo satisface posiciones centristas, pues ni la derecha (PP) ni la izquierda (PODEMOS e IU) se sienten llamados a unirse a ese pacto, cuando de lo que se trata no es de buscar coincidencias programáticas sino un mínimo común denominador programático que avalara un tránsito gubernamental a corto o medio plazo, que pudiera dar una clara respuesta a los dos grandes retos (secesión catalana y crisis económica). No hacerlo ahondaría la doble crisis, dando pie a oportunismos irresponsables y desleales nunca ausentes de las crisis del Estado, amen que sería aplazar la situación varios meses, pues no se atisban cambios electorales sustanciales.

         Tal cosa no exime a los tradicionales pilares del bipartidismo español (PP y PSOE) a que hagan su propia catarsis interna (pues afectados de casos de corrupción, aunque de diverso modo) han propiciado con su complicidades mutuas la apreciación ciudadana de una clamorosa inoperancia que han traído de las urnas nuevos actores (PODEMOS y CIUDADANOS) como novedades alternativas desde la izquierda y derecha, respectivamente, de sus viejos representantes, cuyos modelos políticos, sociales y económicos caen a diestra y siniestra de diverso modo poco conciliables, en circunstancias ordinarias. Si bien en situaciones extraordinarias, el bien común demanda una respuesta de consenso en aquello que lo urge, para seguidamente demandar de la ciudadanía los apoyos a proyectos claros que mantengan su fidelidad al votante, como no se ha hecho habitualmente con anterioridad.

         Parecería obvio que de no hacerse así las urnas penalizarían tales actitudes, aunque eso sea mucho aventurar en un país en el que tras numerosos casos de corrupción afectando al partido gubernamental, siga obteniendo el mayor apoyo electoral de entre todos los actores. Algo digno de un profundo análisis, que a lo mejor hace bueno el dicho aquel de que “¡España es diferente…!”.

VALORES DEMOCRÁTICOS ANTE UNA COMPLEJA INVESTIDURA

               

Camino del segundo mes tras las elecciones generales, seguimos sin un claro candidato para presidir el gobierno de España y en este tránsito se empiezan a evidenciar ciertos déficits democráticos de nuestra clase política, poco acostumbrada al diálogo político habitual, al estar acostumbrada al turno de partido de un sistema bipartidista –que sin estar superado, aparenta caduco-.

            En efecto, tras el episodio histórico de la transición política española en que los actores políticos de aquel momento antepusieron el interés común de los españoles al propio de cada formación política, acaso por el ansia de lograr una vuelta a la normalización democrática tras un cruento conflicto civil y cuarenta años de dictadura, apenas se ha practicado el famoso “consenso” con posterioridad, más allá de puntuales entendimientos entre los dos grandes partidos del sistema y el tácito consenso de unas prácticas  toleradas de compatibilidad público privada poco saneadas que han traído no pocos escándalos de corrupción política y confusión entre lo público y lo privado.

            En España hemos estado acostumbrados a gobiernos de mayorías absolutas en los que el partido gobernante ha ido progresivamente neutralizando los frenos y contrapesos de los distintos poderes del Estado hasta hacer prácticamente ineficaz la clásica división de poderes de los modernos Estados, según la formulación de Montesquieu. Y consecuentemente, el poder absoluto se ha ejercido con formas absolutistas, pasando el rodillo mayoritario por las minorías, salvo cuando se ha necesitado de alguna de estas (casualmente procedentes de los nacionalismos catalán y vasco) ante las que se ha claudicado en generosas concesiones  autonómicas –a cambio de su apoyo parlamentario-, que han propiciado el progresivo desmembramiento del Estado y el agravamiento de la cuestión territorial ante la negativa a seguir cesiones inasumibles.

            Así la sociedad española ha estado tradicionalmente dividida en un simbólico eje de derechas e izquierdas, representados  mayoritariamente por el PP y el PSOE, junto los nacionalismos catalán y vasco en los respectivos territorios. Emulándose así el sistema de “turno político” de la caducada restauración canovista, en la que se han mostrado relativamente acomodados PP y PSOE.

            Pero ha bastado la crudeza de la crisis económica de los últimos años, con los ajustes económicos al borde del colapso económico,  que tanto daño han hecho al tejido social, aunque hayan ayudado a cuadrar las cuentas públicas (en las que impúdica e injustamente se han incluido cuantiosas pérdidas económicas de las cajas de ahorros quebradas en manos de políticos del sistema) y la proliferación de casos de corrupción política, para que el cuerpo electoral haya despertado de su idílico letargo, apareciendo dos nuevas fuerzas políticas (a derechas e izquierdas, respectivamente), en la formulación de dos nuevos partidos políticos (CIUDADANOS y PODEMOS) que han esbozado la bandera de la regeneración pública ante la profusión de la corrupción política y el incremento de la brecha social por una crisis económica de la que no se acaba de salir. Por lo cual, la fragmentación del voto ha sido palpable, pasando de dos fuerzas políticas hegemónicas a las actuales cuatro (PP, C´S, PSOE y PODEMOS), siendo las demás meramente testimoniales, aunque por el reparto de votos y logro de escaños todas pueden llegar a contar en la configuración de cualquier opción de mayoría de gobierno.

            Sin embargo ante esta nueva situación, la respuesta de los principales actores políticos no ha estado a la altura de las circunstancias, como tampoco pudiera decirse que lo haya estado a un nivel de mínima responsabilidad política y democrática, pues los descartes de inicio, el señalamiento de “líneas rojas”, vetos y demás postureo político no parece que sea muy responsable ni muy sensato si de lograr acuerdos se trataba. Como tampoco lo ha sido quien ha descrito esta situación de forma alarmante, casi caótica, pues en una democracia caben también estas situaciones de difícil configuración de mayorías, por dispersión legítima del voto. Lo que lleva a la necesidad de entenderse para configurar un gobierno, que no ha de suponer que se imponga ningún programa político concreto, como tampoco empezar a poner condiciones inasumibles para romper arteramente la negociación.

            Tampoco ha ayudado mucho la argucia de los más votados, denominándose ganadores de las elecciones, puesto que aunque numéricamente lo sean, no es así en cuanto al objetivo de gobierno, ya que el sistema parlamentario de gobierno supone el voto para logro de escaños en las Cámaras legislativas, entre ellas el Congreso, del que ha de salir una mayoría de gobierno, que no ostentando la mayoría absoluta se puede conformar por la suma de fuerzas distintas a la más votada, lo cual es legítimo en este sistema de gobierno.  Pues postular pactos o reformas legales para que gobierne la lista más votada sería tanto como pervertir la naturaleza del sistema parlamentario de gobierno. Cuestión diferente es que se apueste por un cambio a un sistema presidencialista (en el que gana la lista más votada –en mayoría simple- , a doble vuelta). Pero esto es un sistema diferente, algo que es el abc de la teoría política, y que no debe de usarse pérfidamente para confundir a la ciudadanía.

            Por tanto, en ausencia de valores democráticos palpables en esta difícil configuración de gobierno, constatamos el déficit democrático en nuestro país, donde se ha gobernado abusando de las mayorías absolutas de espaldas a las minorías contribuyendo al deterioro político y dando lugar a posicionamientos inviables a la vez que poco democráticos y poco sensatos para la estabilidad política y social, aludiendo a la célebre manifestación de “… o yo, o el caos..” para seguidamente solicitar del contrario la generosidad y la responsabilidad de Estado de la que se muestra incapaz.

            Hace falta, pues, más prudencia, respeto por el adversario y por el país, más acercamientos, diálogo y negociación con mentalidad de consenso. En definitiva, valores democráticos, la prepotencia, la verdad absoluta y el trágala, son tics autoritarios y por ello poco democráticos.

PODEMOS EXHIBE SU PROGRESIVA INFLUENCIA SOCIAL EN LA MANIFESTACIÓN DE MADRID

              Una multitudinaria manifestación, convocada por PODEMOS, ha tenido lugar en el centro de Madrid, en el mismo lugar en que arrancó el movimiento de protesta del 15-M frente a la crisis y a la gestión pública de la crisis de los gobiernos del PSOE y del PP, en el que la clase media y trabajadora ha sufrido los mayores efectos de la crisis económica que está dando lugar a una crisis social (por el incremento de las diferencias sociales en nuestro país, y la ruptura del pacto social de la transición), y a una crisis política por la ruptura del entente de facto PP-PSOE que pone en cuestión el bipartidismo y abre inciertos horizontes políticos.

                La espontaneidad de la gente sufriendo las injustas y dolorosas consecuencias de la crisis económica que llevó a concentrarse en la puerta del Sol en un movimiento espontáneo, que tuvo eco internacional, que fue inicialmente ignorado y posteriormente denostado por la oficialidad de la clase política gobernante, hasta el punto que alguna destacada política les retó en el sentido a que si querían aportar ideas o defender sus propuestas se organizaran como partido político y se sometieran al voto ciudadano, en lo que probablemente jamás pensara que le fueran a coger la palabra. De forma que con el discurrir del tiempo, gran parte de esa fuerza espontánea de ciudadanía que protestaba en la calle y pedía alternativas a las políticas en vigor, se ha acabado de organizar en una nueva formación política –que desmarcándose de las tradicionales- ha hecho un diagnóstico certero de la situación económica, política y social del país, saltando a la arena política con una nueva metodología más participativa y democrática que la empleada habitualmente por los partidos tradicionales.

                Aunque cuestión distinta es que sus propuestas políticas sean las más acertadas para tratar los problemas de nuestro país, lo cierto es que han dinamizado una vida política que cada vez se iba alejando más de la ciudadanía, de las bases sociales, interferida por grupos de presión e interés, e incluso por los propios intereses de una elite política de los grandes partidos de la transición (PP y PSOE) que no coincidían con el sentir popular, e incluso con una IU ensimismada, doctrinariamente dogmática, que no estuvo a la altura de las circunstancias (pues Anguita fue el único que lo vislumbró, pero se anticipó una década y no fue entendido por los suyos), y que a lo sumo ha aspirado a ser la bisagra del PSOE allá donde le ha hecho falta. Desdibujándose la izquierda política, dejando en la orfandad a la izquierda social, que por fin se vuelve a reorientar políticamente.

                Si nuestra democracia hubiera alcanzado la madurez que no tiene, si se fuera respetuoso con quien piensa de forma distinta, nos habríamos ahorrado tantísimas descalificaciones interesadas como las que han hecho los partidos del establishment político actual a un PODEMOS dialécticamente combatiente con un sistema “democrático semicerrado” en el bipartidismo que ha gobernado sin apenas oposición, y con escasa trasparencia y control estas tres décadas, pero que se ha mostrado incapaz de solucionar las quiebras sociales derivadas de una crisis grave, en la que los intereses particulares no han coincidido con los generales, a los que no se ha dado pleno respaldo. De forma que en ese ambiente, de semiopacidad, se ha dado gran parte de la corrupción política que por sí misma descalifica una forma de entender y hacer política.

                Ahora la propia dinámica social, expresada reiteradamente desde la calle, impone importantes cambios, más allá de reformas cosméticas o escaparatistas. Y así el discurso de PODEMOS ha ido calando en una ciudadanía defraudada con la clase política tradicional, que ya no goza de la confianza que tenía antes, y que tendrá que hacer verdaderos esfuerzos –incluida la necesaria renovación de sus respectivas elites, junto a un impulso más participativo y democratizador de sus propias organizaciones- para recobrar el crédito perdido.

                Pero sobre todo, se hace necesaria una profunda reflexión sobre el planteamiento actual de la izquierda en España (como también en Europa), dado que la tibieza de la socialdemocracia para contener al capitalismo especulativo en defensa de la clase media y trabajadora, y de los propios “Estados del bienestar” le ha llevado al progresivo desafecto de gran parte de sus habituales votantes, dado que esa socialdemocracia ha llegado a dejarse embriagar por los aires neoliberales y se ha alejado cautelosamente de sus propias convicciones de izquierda o centro izquierda, dando lugar a la emergencia de nuevas formaciones políticas –que sobre el pragmatismo y el realismo de abordar directamente las cuestiones, eluden etiquetarse políticamente- y apelando a la transversalidad evitan calificarse de izquierdas, lo que tampoco parece aconsejable especialmente si pretenden una continuidad política, más allá de una coyuntural participación en momentos críticos.

                A partir de lo cual, habrán de ir mostrando claramente su programa político –como los demás- para ganarse el aval de la ciudadanía, más allá de la muestra del enfado, de lo que no ha funcionado correctamente, y de llegar a convenir una importante reforma política, parece llegado el momento de empezar a exponer propuestas concretas con sus correspondientes aplicaciones políticas y junto a ello un debate ideológico necesario entre los dos grandes modelos actuales en democracia (el modelo conservador, de porte liberal, que en el último cuarto del pasado siglo se reactivó en las corrientes conocidas como “neoliberales”, de marcada defensa de las libertades públicas, reducción del Estado y reducción tributaria, entre otras; y el modelo progresista de izquierdas, en una doble interpretación: la socialdemócrata, de fortalecimiento de servicios públicos, control financiero de la economía, protección social, justicia social y reparto equitativo de la renta, etc; o el propiamente social-comunista más estatalizador, de primacía de la igualdad y control político de la economía). En ese abanico hemos de decidirnos los españoles, y aún los europeos, pues la UE actual se ha escorado excesivamente sobre el modelo neoliberal, con abandono de las posiciones socialdemócratas que trajeron la paz y la estabilidad socio-económica. Otras fórmulas no parecen muy compatibles en nuestro entorno.

                Consecuentemente, con la manifestación de hoy arranca un largo y complejo proceso político en nuestro país, que en este año se enfrenta a elecciones diversas, en diversas convocatorias (elecciones andaluzas, elecciones locales y autonómicas, elecciones catalanas, y probables elecciones generales), y en el que puede que tengamos ocasión de verificar los diferentes alcances esbozados, que esperemos sea para bien del país.

LA REGENERACIÓN POLÍTICA DEBERÍA EMPEZAR POR EXCLUIR DE LAS LISTAS ELECTORALES A LOS IMPUTADOS

Lo de la regeneración política es algo que se viene oyendo últimamente por el escandaloso número de casos de corrupción política coincidente con una crisis económica grave que está evidenciando una crisis política no menor, pero ha sido un recurso socorrido de los políticos cuando han querido “vender humo”, sobre su supuesta bondad frente a la maldad de aquellos presumibles corruptos, ignorando la condición humana y por ello, la previsión de mecanismos políticos de control que impidan o dificulten prácticas corruptas.

Pero una vez sucedido el hecho de supuesta corrupción, dada la histórica lentitud de nuestra justicia (condicionada por recursos procesales de parte, e incluso por indeseables interferenias, amen de que un “patinazo judicial” le cuesta la carrera al que lo sufra –como hemos tenido ocasión de comprobar en varios casos-), resulta que suele mediar un tiempo procesal lento hasta un posible archivo o una probable sentencia, que la mayoría de las veces ronda varios años. En tal situación ver al imputado en el ejercicio de su cargo público aparenta cierto grado de impunidad, y por ende, cierta provocación hacia una ciudadanía que en alto grado de cabreo, como el actual, desconfía cada vez más de los políticos y de las Instituciones públicas, llevando acompañado un alto grado de degradación de la vida política y democrática del país.

Si a ello añadimos que la prensa –en el ejercicio de su labor, en pro de la libertad de expresión- recuerda la situación judicial de los cargos públicos imputados por corrupción, y da la noticia de la lenta evolución procesal de sus respectivos casos; cuando se juntan varias decenas de casos, la percepción de la opinión pública es altamente negativa, oscureciendo la labor benemérita de parte de la clase política que –no sólo no está afecta por estos escándalos- sino que cumple con su trabajo y misión.

En consecuencia, en tales circunstancias, como mínimo hemos de reconocer que el mantenimiento de los imputados por corrupción en los cargos públicos es un lastre para ellos mismos (que estarán siempre en primera plana de la prensa señalados bajo sospecha), de sus propios partidos políticos (que perderán credibilidad ante el electorado), y de las mismas Instituciones públicas en que se asienta el sistema político (de las que el ciudadano recelará, desconfiando, abriéndose paso una peligrosa desafección en el sistema democrático por el divorcio con la ciudadanía desengañada y cansada de tanto mal rollo).

Por consiguiente, parece más que recomendable que los partidos políticos –que están clamando por la regeneración de la vida política, y por la transparencia de la misma- empiecen por aplicar drásticas medidas de cambio (como la exclusión de las listas electorales de los imputados en corrupción), como mensaje de cambio determinante de rumbo y limpieza general. Incluso no estaría de más recordar que el PP de la época de Aznar incluyó en su código ético la exclusión de los cargos públicos imputados judicialmente, aunque con su acceso al poder han ido relajando tan claro propósito de praxis etico-política.

De ahí que el imputado pueda y deba así dedicarse a defender su gestión pública, a explicarse (pero fuera del cargo público, sin enrocamientos políticos y sectarios, como hemos tenido ocasión de vislumbrar en los últimos tiempos, que no han sido nada ejemplares).

Y frente a los que argumentan sobre la primacía de la presunción de inocencia y los ulteriores perjuicios de un abandono del cargo público de un imputado que fuera finalmente declarado inocente en sentencia; habría que contestarles que tal argumentación tiene una base jurídica –más que política-, y que estamos en el terreno de la política en el que el ejercicio de la misma es un servicio a la ciudadanía (no un beneficio personal, aunque conlleve estimables retribuciones, según dedicación), pero su raíz electiva directa (o indirecta en caso de cargos públicos de libre designación –o confianza política-) supone un acceso basado en la confianza pública sobre una persona, no es un proceso de selección de tipo técnico (al modo funcionarial, que genera sus derechos y obligaciones de carrera), sino una elección por un tiempo para una determinada misión pública en base a esa confianza, en cuyo caso, si la confianza pública se debilita (y de hecho se debilita ante una imputación judicial, ya que supone una investigación judicial ante una sospecha de cierta entidad, pues si no ni se hubiera admitido a trámite la investigación, ni se hubiera imputado), el cargo público imputado debería dimitir o ser cesado, pues la confianza pública inicial ha quebrado, tornándose en cierto grado de duda sobre su actuación y nivel de confianza.

En tal actuación, no debería hablarse de perjuicio personal pues todo cargo político es de libre elección (por ello es temporal y de confianza pública), no es una carrera que se perjudica, sino un servicio que ante la duda dejaría de prestarse, se aclararía el caso sujeto a investigación sin ningún  tipo de presión o privilegio político (pues el sentido del aforamiento –en el excesivo número de cargos públicos que tienen este privilegio procesal en España, y que debería reducirse- venía referido a supuestos delitos de opinión cometidos en el ejercicio de su cargo), y tras ello, si sale sin mácula, la duda se ha disipado y que se vuelva a postular para servir al pueblo, y a ver qué piensa de ello el pueblo.

Pero lo que nos parece un disparate, que va “contra natura” de la propia democracia, es la presentación de candidatos imputados en las listas electorales. Algo que además se contradice con la manifestada voluntad de acabar con la corrupción pública por parte de quien así actúe, arriesgándose a que una ciudadanía democráticamente madura rechace su pretensión, pero en el caso que prosperara llegaría a depauperar el propio régimen democrático.

PEDRO SÁNCHEZ MADURA POLÍTICAMENTE, TRAS ERRORES INICIALES

El actual líder del PSOE, Pedro Sánchez, parece ir mejorando su perfil de líder con el discurrir de los días, pues tras el inicial balbuceo hipermediático, y algún error de bulto como el de la supresión del Ministerio de Defensa, que fue rápidamente acallado y corregido en su entorno, parece que va consolidando un perfil de alternativa seria.

Pedro Sánchez es una persona que se va mostrando cada vez con más seguridad en su presencia ante los medios de comunicación en los que transmite un discurso reformista factible y probablemente compartido por la mayoría de la sociedad española, en lo que se refiere a sus sensatas medidas de defensa del “Estado del Bienestar”, mostrándose valladar ante su cuestionamiento, que lamentablemente y muy al pesar de muchos socialistas de carnet, se cuestionó en la práctica de la última etapa de gobierno de Zapatero, que trajo la desolación en sus filas cuyos perniciosos efectos electorales aún están padeciendo.

No obstante, Sánchez tendrá que ir despejando la legítima duda que asiste a la ciudadanía española, sobre si sus planteamientos reformistas entroncan con una auténtica política socialdemócrata conforme a las esencias ideológicas y naturales del PSOE –que nunca debió abandonar, por pura coherencia existencial de la misma formación, dado que su desnaturalización le reportaría una caída fulminante por el abandono de sus bases naturales-, y empieza a ser ese “verso suelto” que demanda la socialdemocracia europea, por la claudicación de una decidida defensa de la “Europa del bienestar” que no han hecho sus homólogos, al aceptar los cuestionables dogmas neoliberales de la política económica marcada por el Fondo Monetario Internacional y asumida por Alemania y el BCE; o si por el contrario, Pedro Sánchez está en un lavado de imagen electoralista, en el que se mueve como un decidido recuperador de la socialdemocracia, pero sin la menor intención de batallar más allá de sus resultados electorales.

Sin embargo, en honor a la verdad hay que reconocerle determinación en su actitud de lucha contra la corrupción que ha afectado a algunos miembros de su Partido, pero se le acabará objetando, que no ha tenido la misma fuerza dependiendo del escalón de poder, pues con Chaves y Griñán ha sido más condescendiente, si bien estos aún no están formalmente imputados. Por tanto, habrá que estar atentos a su actuación según la deriva de los acontecimientos judiciales.

También cabría pensar que el movimiento regeneracionista que viene apuntando Pedro Sánchez, con el PSOE y sus lógicas propuestas de abordaje político del problema catalán, vendrían condicionadas por el “desplazamiento electoral” que dan las encuestas con la irrupción del mensaje radical de PODEMOS, lo que le hubiera obligado a posicionarse con mayor determinación que en otras circunstancias donde electoralmente tuviera menos afectación. Aunque eso habrá de despejarlo con hechos en el discurrir del tiempo. Sin embargo, su actual mensaje y posición ha ido mejorando últimamente en el ámbito público.

Incluso en los debates parlamentarios muestra buena oratoria y contundencia en su discurso, algo que quizá haya de incrementar dado que los tiempos políticos actualmente en España van demasiado rápido y apenas tiene tiempo de seguir curtiéndose en la “bancada de la oposición”, pues si las encuestas se acabaran cumpliendo, sobre él podría recaer la llave de la gobernabilidad del país, bien pactando hacia la derecha con el PP, bien hacia la izquierda con PODEMOS y/ o IU, lo cual también podría traerle efectos colaterales indeseados, según la opción que adoptara; o bien simplemente dejar gobernar en minoría a la lista más votada, lo que también le podría pasar su pago político.

Por tanto, recibimos gratamente la percepción de una rápida y ágil maduración política, en la creencia que puede tener potencial de desarrollo y liderar el proyecto socialdemócrata español que quedó huérfano en la última etapa de Felipe González, como también de Zapatero, y por cuya causa el PSOE ha tenido una importante desafección de militancia, siendo no menor la de simpatizantes y votantes perdidos como lo reflejan los últimos resultados electorales y aún las encuestas. De forma que en la medida que retomen el “nicho ideológico propio” volverán a enlazar con el “depósito electoral” que le es natural, por lo que habrán de reorientar todo su programa a ese fin, y lanzar un claro y directo mensaje a lograr que sea creíble entre la ciudadanía que espera ahora mucho más que palabras vacías y promesas incumplidas.

EL NARCISISMO POLÍTICO DE AZNAR

José Mª Aznar accedió a ser entrevistado por uno de los canales privados de televisión en España, en unos momentos especialmente delicados para el país en general y en particular para su Partido, y no tuvo el menor rubor de meterse por en medio en el malestar de los barones del PP, que cuestionan la política gubernamental de Rajoy, para reivindicar autenticidad programática en la acción de gobierno, y acabar amagando con volver al primer plano de la política nacional.

Esta posición de Aznar –que ya tiroteaba desde su trinchera de la FAES- no ha hecho sino dividir al PP, entre los que no estando de acuerdo con Rajoy y el desgaste político que viene acumulando se están mostrando nerviosos por el potencial retroceso electoral que pueden llegar a sufrir en los próximos comicios, y los que siendo cargos públicos y más directamente conforman el aparato de poder del Partido, se ven en la obligación de corresponsabilizarse de las políticas de recortes de Rajoy.

Pero en estos momentos, en que cualquier persona cabal y leal a sus compañeros de Partido haría las objeciones que tuviera que hacer –y le permitieran- en el foro interno de la propia organización, para no trasladar a la opinión pública divisiones ni fisuras, que pudieran llegar a erosionar la acción de gobierno aún más de lo que ya la deterioran los efectos de las políticas de recortes; sin embargo, Aznar en su engolamiento político y personal, no se siente afectado por tal tipo de objeciones, y como si estuviera por encima del bien y del mal, como si fuera auténticamente por libre, o lo que es peor, como si se tratara de una cuenta pendiente con Rajoy, va y hace su particular crítica y se acaba por postular como alternativa.

Peor no le ha podido sentar a Rajoy y al sanedrín de Génova –tanto a los fieles a Rajoy, como los que en estas cuestiones ven la incomodidad e inoportunidad de tener que posicionarse en una potencial guerra interna-. Algo inaudito, pues Rajoy está donde está, y accedió a la presidencia del PP por obra y gracia de José Mª Aznar, que se dio el gusto de nombrarse sucesor político. El mismo que ahora parece cuestionar.

Así hoy hay quien llega a hablar de deslealtad de Aznar con su Partido, y especialmente con su sucesor Rajoy –al que está claro que ni respeta, ni valora-, aunque parece más adecuado calificar esta actitud dentro del tradicional “narcisismo político” que envuelve a Aznar, cuyo mito político se ha creído el primero el propio expresidente.

De aquella época del PP triunfal ya han caído algunas mitologías, como la de Rato que llegó a considerarse el artífice del progreso económico español del momento, que sin embargo posteriormente pasó por el FMI con más pena que gloria, retirándose súbitamente antes de tiempo –sin haberse enterado de la llegada de la gran crisis económica-, y que recolocado por sus amigos en Bankia (acabó como el “rosario de la aurora”, como es sabido). También de aquella época son los nombramientos de los amigos de Aznar (Blesa en Bankia, y Juan Villalonga, en Telefónica, Jaume Matas en la Comunidad Balear, y Zaplana en la Comunidad Valenciana).

Además que el éxito económico del gobierno de Aznar se basó esencialmente en un primer ajuste de los gastos públicos (para lo que contó con la eficaz ayuda del hacendista prof. Barea), la venta de empresas públicas del Estado (con las que hizo caja, pero se perdieron del patrimonio nacional), del recalentamiento del sector inmobiliario, y de una fase alcista en la economía internacional. De la concurrencia de esos factores vino el resurgir hispano de principio de siglo, que no fue ni equilibrado, ni sostenible, y que acabó por estropearse con la torpe gestión económica de los gobiernos de Zapatero, hasta caer en la actual sima, fruto de torpezas y opciones erróneas de los gobiernos del PSOE y PP.

Claro que ante esto, la solución de Aznar pase por bajar los impuestos –cuando hay un déficit público, y no se recorta el aparato político del Estado, más que en los servicios públicos y a los empleados públicos- nos parece contradictorio, porque supondría acabar de hundir al Estado (en todas sus vertientes: central, autonómico, local e institucional). Dadas las circunstancias, más bien parece que lo que hace falta es fortalecer las arcas del Estado (subiendo los impuestos que están descaradamente bajos, como son los que gravan el capital), y por otro lado, apremiar a la banca para que cumpla su función pública de prestamistas, y ponga en circulación las cantidades de dinero en crédito que necesita actualmente nuestra economía para evitar el actual colapso, y si de paso se suprimen las Diputaciones Provinciales, las Asambleas Autonómicas o el Senado, y demás Instituciones Públicas inútiles por duplicadas, se acabaría de redondear la auténtica receta de la que no habló Aznar, como tampoco dio explicaciones cuando le preguntaron por el tema de los “sobresueldos” en el Partido del que él fue presidente, ya que se espera de él algo más que la negativa a su propio cobro.

Aun así, considerando una mala faena y una deslealtad a los suyos por el tono y contenido del mensaje del expresidente, no creemos que ese amago de volver a la primera línea política lleve mucho de verdad, por cuanto él mismo ya llegó, estuvo y para él triunfó –retirándose en la cumbre, aunque las urnas le dieron un inesperado revés fruto de sus particulares iniciativas de aparecer en primera línea de la coalición de la guerra de Irak-; y las segundas partes pocas veces fueron buenas, especialmente en los actuales tiempos de escasez. Amen que –a poco que se hagan las cuentas- económicamente a Aznar no le interesa volver a la Moncloa. Raro sería que diera auténticamente tal paso.

Por consiguiente, habría que interpretar sus declaraciones más en el contexto del propio PP, para consumo interno, en el que claramente trata de influir y de sentarse en la cátedra que dejó vacía Fraga con su muerte, lo que de hecho ha logrado, pero parece que necesita recordarlo periódicamente.

¿CONOCE LA COSPEDAL EL FUNCIONAMIENTO DEMOLIBERAL?

La Secretaria General del PP, y a la sazón Presidenta Castellano-Manchega, ha hecho unas llamativas declaraciones que generan cuanto menos perplejidad. Se trata del envite que ha hecho, este fin de semana, a las ONG´S, plataformas públicas y demás grupos sociales que agrupados en torno a la defensa de unos objetivos están reivindicando públicamente sus concretos intereses. Pues bien, a estos les ha venido a  preguntar ¿cuántos son?, ¿qué peso político-social tienen?, y ¿a quién representan?, invitándoles a presentarse a las próximas elecciones para ver si ganarían la legitimidad de las urnas.

El planteamiento de la Sra. Cospedal es un sofisma moderno, en razón a que aparenta una lógica interna, pero tiene su trampa.

Tal hecho viene como consecuencia de que todo régimen democrático de porte liberal suele dar, y debe dar, amplitud de participación a la sociedad civil, distinguiendo los grupos políticos (partidos y coaliciones políticas) cuyo objeto directo es la participación en la vida política, preparando candidaturas, presentándose a elecciones y formando parte de las Instituciones Políticas para estructurar las necesarias mayorías representativas de los ciudadanos que han votado, en aras a la formulación de la agenda política y la acción de gobierno en el interior y en el exterior del Estado. Pero además existen otros actores sociales (sindicatos, asociaciones empresariales, profesionales, y civiles) cuya única finalidad es la defensa de los intereses de dichos colectivos en los diferentes ámbitos (político, social, económico, etc.), pero en modo alguno pretenden erigirse en partidos políticos y entrar en la “arena política” institucional.

Esta importante y esencial diferenciación debería tenerla clara todo ciudadano, para el ejercicio y defensa de sus intereses y los de los colectivos en que participa. Pero es lamentabilísimo, que parezca tenerla confusa, nada más y nada menos que la número dos del principal partido político en España, que además tiene responsabilidades políticas de gobierno.

Tan esencial y básica es la distinción, que sobre la misma se distingue –a su vez-  entre la “democracia representativa” y la “democracia participativa”. Ya que con el ejercicio libre del voto electoral los ciudadanos otorgan su representación política (habitualmente por cuatro años) a los candidatos políticos que han votado, y por mayoría proporcional (en nuestro sistema) se configura el gobierno correspondiente, así como los demás poderes políticos del Estado. De forma que esas candidaturas electas tienen la legitimidad de las urnas (aunque habrá de reconocer la Sra. Cospedal, que no es algo perenne y fijo, sino volátil, si bien no se cuestiona hasta la siguiente elección; salvo una pérdida de confianza abrumadoramente clamorosa, que determinaría la convocatoria anticipada de elecciones –que con la caída de intención de voto, los incumplimientos electorales, el incremento de la conflictividad social y del paro, bien podría empezar a considerarse en estos difíciles momentos).

Por su parte, la “democracia participativa” supone el necesario establecimiento de cauces públicos para que la sociedad se manifieste públicamente ante cualquier tipo de problema, de su opinión, convoque actos públicos (todo ello conforman derechos constitucionales de libre reunión, opinión y asociación), y en el uso legítimo de tales mecanismos activan el parecer de la opinión pública que atiende a los planteamientos de estos “actores sociales” o no. En la sensibilidad política del gobernante está verificar el alcance y apoyos sociales de las pretensiones y planteamientos de cada uno de estos movimientos sociales, para incluirlos en la agenda política o no. Pero a estos ni se les debe criminalizar (echándoles encima a las fuerzas de orden, sancionándoles, o descalificándolos, etc.) y mucho menos retándolos de forma altiva y artera, como lo ha hecho Cospedal, por original que se haya creído a sí misma, creo que ha cometido un importante error político, además de revelar un talante escasamente democrático.

Ya que, Sra. Cospedal, la democracia no es votar cada cuatro años solamente, por más que a Vd. y a muchos como Vd. quisieran que asi fuera. Una sociedad democrática y madura (como empieza a madurar la sociedad española, a base de desengaños políticos, sufrimientos y recortes) tiene vida propia y no puede dejar en manos de cualquiera la “cosa pública” illo tempore.

LA “OPERACIÓN GARZÓN” POSIBLE EXPERIMENTO ELECTORAL DE IZQUIERDAS

El diario digital El Plural apunta esta posibilidad, al amparo de la propuesta hecha públicamente por el líder de izquierdas, Gaspar Llamazares que en un acto público en el que coincidió con Baltasar Garzón lanzó la idea, proponiéndole que encabezara una coalición electoral de izquierdas, a lo que –según la información citada, que se hacía eco de la rueda de prensa de ambos personajes, recogida por “Canarias Semanal. Org”- Garzón contestó con cierta ambigüedad, si bien dejando la puerta abierta a dicho ofrecimiento de Llamazares.

El ex juez Garzón, del que todos conocemos su vocación pública, primero en su condición de magistrado –más técnica e inicialmente discreta, hasta que fue configurándose su mito de “juez estrella”-, y después en su súbito paso por la política de la mano de Felipe González con el que acabó no del todo bien, al sentirse políticamente utilizado en una campaña de imagen, que tanto le interesaba al entonces presidente del Gobierno y líder socialista, que acabó con una rápida dimisión política de Garzón y su vuelta al ámbito judicial.

Por consiguiente, no podemos negar que le atraiga la “plaza pública”, pese a su mala experiencia en la fugaz incursión política que realizó, y que en gran parte pudiera ser el origen de sus males profesionales, pues se granjeó la enemistad de poderosos personajes desde la derecha a la izquierda, que le generó un peligroso desamparo, lo que determinó que salvo un sector de izquierda –más próximo a IU-, otros sectores anticorrupción, y de la lucha antiterrorista –de distinto o ningún signo político-, se quedara sin apenas apoyos de significación, para acabar laminado por sus enemigos políticos, e incluso de la propia magistratura, entre la que -al parecer- no gozaba de gran predicamento por las incomodidades que les generaba, junto con alguna inconfesable envidia de algún que otro colega.

Además es más que probable que tenga gran interés en de restañar su  imagen pública, especialmente tras la forma en que fue relevado de su función judicial, y no menos de hacer su “particular justicia” en el foro político, ante tanta hipocresía de tanto personaje y personajillo político, y tan elevado nivel de corrupción de la vida pública, como el que se ha llegado a alcanzar en el país.

Cuestión distinta es si realmente tuviera trazas de articularse políticamente tal operación, especialmente si se tratara de una coalición de izquierdas al modo andaluz (PSOE e IU), pues eso supondría realmente el inicio de la necesaria catarsis del PSOE –con abandono del viejo “aparato felipista-guerrista”, junto con los “snobs zapateristas”- en búsqueda del necesario ajuste de su identidad, de su ideología socialdemócrata prolaborista,  en búsqueda de un nuevo liderazgo que emergiera de las bases en forma coherente y creíble; pues de lo contrario, no concebimos que el partido de Felipe González – con la ruptura tan traumática que tuvieron y los quebraderos de cabeza le dio con el caso GAL- asumiera el liderazgo político del que fuera “juez estrella”.

Diferente sería –por más factible, desde el punto de vista de la realidad política- que IU se lo propusiera, en una operación de izquierdas, excluido el PSOE. Si bien, esa operación tendría sus límites de alcance electoral.

Aun así, sería bueno que personajes como Garzón pudieran incorporarse a la vida política activa, pues creemos que tiene grandes activos intelectuales, éticos, y sociales que podrían favorecer a un sector de izquierdas, social, progresista que sea capaz de articular una alternativa política de choque frente al neoliberalismo rampante, y una izquierda moderada en plena crisis de identidad, de proyecto, mensaje y liderazgo.

EL PSOE, ENTRE LA REFORMA Y LA CONTINUIDAD

Ante la doble derrota electoral, autonómica-local y estatal, con descensos históricos, el PSOE se tiene que plantear necesariamente ¿qué es lo que ha sucedido, para que las urnas le hayan castigado de forma tan decisiva?, pues en ambos procesos electorales ha perdido importantes cuotas de poder territorial y también el gobierno de la Nación. Lo que ocurre es que cuando uno “abre ese melón” ha de estar dispuesto a hacer los cambios precisos para volver a reflotar la nave hundida.

Pero, a tenor de cómo se están desarrollando los acontecimientos, no parece que la actual ejecutiva nacional de Ferraz esté dispuesta a “levantar las alfombras” y desee llegar a las últimas causas del desencuentro entre el partido y el electorado, que en otro tiempo le otorgó su confianza, y sin embargo, se ha sentido defraudado, especialmente después de la gobernación de Zapatero en esta última legislatura, en que la mala gestión de la crisis económica ha llevado a conseguir la cifra record de los casi cinco millones de parados, que no tiene apenas parangón en el entorno de los países de la UE. Y eso, precisamente desde un gobierno que pertenece a un partido apellidado de obrero.

Lo que ha trascendido de la Ejecutiva de este sábado en Ferraz, no parece que haya apuntado a razones últimas, sino a seguir una terapia epidérmica, que lo aplaza todo al Congreso anunciado en febrero, en el que las distintas facciones ya prepararán el terreno de batalla –si ven posibilidades de victoria-, o por el contrario de un pacto que culminaría en un “nuevo abrazo de Vergara”, que sólo aplazará la crisis interna que ya viene padeciendo el PSOE, en el que la sucesión de Felipe González se cerró en falso –en la lucha entre guerristas y supuestos reformistas- dando como resultado el nombramiento –por “reducción al absurdo”- de Rodríguez Zapatero, que finalmente ha acabado pasándonos factura a todos, socialistas y no socialistas, por una gobernación insustancial, frívola, entregada a un pseudoprogresismo, y escasamente social, que nos ha llevado al abismo. También a su partido.

Con todo, el PSOE si quiere retomar el rumbo de un partido socialdemócrata, habrá de hacer bien sus deberes de regeneración interna. Sus militantes habrán de exigir que el “aparato” esté al servicio del partido, no de la facción dominante, y propiciar un Congreso abierto, libre; propiciando la mayor participación posible, facilitando la concurrencia de candidaturas a los órganos rectores, promoviendo la participación de toda la militancia con su voto, sus discursos internos, sus reflexiones políticas, sus debates, que conecten de nuevo con la sociedad, abriendo las puertas del partido, de su discurso, de su programa, poniéndose al servicio de la ciudadanía, escuchándola de verdad, poniéndole límites a los mandatos, promoviendo elecciones primarias para los cargos públicos, promoviendo la figura de diputado y concejal de distrito, al servicio de los ciudadanos, programando despacho público con la ciudadanía, etc.

En la medida que se abra al pueblo, de verdad, se alejarán los intereses de facciones internas, de barones –que han sido la perdición antidemocrática de los partidos-, y de esa manera se podrá empezar a trabajar por la sociedad de forma desinteresada, lo que representará de nuevo un mensaje claro, limpio, directo, que conectará otra vez con las clases medias y trabajadoras del país, al que previsiblemente debe dirigirse su proyecto político.

Pero para ello, habrán de recurrir a una nueva generación de militantes, pues la Era de Felipe y la de Zapatero, ya están quemadas. Es la hora de la renovación auténtica, de igual forma que Felipe, Guerra y compañía asumieron la reforma de Suresnes, y el PP asumió la reforma de Aznar, que liquidó a todas las “viejas glorias” franquistas de la transición, unió el partido, y le dio tintes de derecha moderna europea; el PSOE requiere otra reforma profunda en esa línea, que supone también el necesario cambio generacional, que lo haga realmente creíble ante la ciudadanía especialmente ante sus votantes. Profundizando en programas políticos socialdemócratas, con personal compromiso político de sus defensores, que no deben aparecer como profesionales de la política, sino como coyunturales servidores de la ciudadanía a la que pretenden representar con un eficaz programa de acción política de izquierdas y centro izquierda.

En cualquier caso, la palabra la tienen los militantes del PSOE, si se acaban de imponer ante la maquinaria de poder que lleva manteniendo un “statu quo” más de tres décadas, que los electores ya rechazan.

GANA LA DERECHA EN ESPAÑA, ANTE LA INSENSIBILIDAD DE LOS MERCADOS

Abrumador triunfo del PP, con fuerte descenso del PSOE, y cabida de otras opciones políticas en el Parlamento, tanto nacionales (UPyD, IU) como nacionalistas (PNV, AMAIU, CIU, ERC), que matizan una mayoría absoluta de la derecha triunfadora de tendencia centrípeta, hacia posiciones periféricas centrífugas, no siempre cooperativas en la acción de Estado.

El electorado ha castigado los errores del anterior Gobierno socialista, especialmente el fracaso que ha tenido en política económica con un paro de casi cinco millones de personas; que acosado por los mercados de la deuda, le han puesto contra las cuerdas en diversas ocasiones, y que la oposición de derechas –ganadora de las elecciones- no ha dejado pasar inerme por su continua labor opositora de desgaste, buscando la confrontación electoral, conocedora del posible rédito que le podía reportar, como realmente ha sido.

Ahora bien, una vez alcanzado el poder legítimamente, de forma amplia, el PP tiene ante sí una dura labor por cuanto habrá de hacer difíciles equilibrios internos y externos, para no tensionar la situación político social con los necesarios recortes económicos, y al tiempo ganarse la confianza de los acreedores de la deuda española, para que dejen de estrechar el cerco sobre la economía española, y hagan posible su viabilidad con la consiguiente salida de la crisis actual.

Así, Rajoy habrá de granjearse un liderazgo nacional de consenso de la sociedad española, que le permitan aplicar una cirugía eficaz en el recorte del gasto público, y en la reducción de las Administraciones Públicas, al punto de tener que recomponer el inviable sistema autonómico generado en la transición política del final de los años setenta del pasado siglo; pero al mismo tiempo, también habrá de ganarse el respeto de los líderes europeos, especialmente de los que tienen influencia directa en los acreedores bancarios, especialmente franco-alemanes, para que le permitan hacer los reajustes necesarios, pero de forma indolora que no altere la paz social interna.

Y así, aunque ayer Rajoy decía que no cabían milagros, no es menos cierto que propagó una especie de hipótesis durante la campaña electoral, según la cual, con un cambio de gobierno que diera más seriedad y rigor, los mercados se calmarían y darían confianza al país. Pero tal hipótesis se ha revelado equivocada el primer día posterior al relevo electoral, en que los mercados han mantenido la prima de riesgo sobre los 460 puntos sobre el bono alemán, y la bolsa ha caído más de un 2%. Por tanto, nada de nada. El dinero sólo atiende a razones económicas, apenas políticas, y menos sentimentales.

Por consiguiente, esperando haya estado más acertado en sus otras hipótesis sobre la recuperación económica –por el bien del propio país-, habremos de estar atentos a la adopción de medidas reales y eficaces que den seguridad en medio de tanta inestabilidad de una economía que en un par de años se ha ido desmoronando sin que se haya llegado a dar con la solución de su restablecimiento.

Además, una vez que se ponga a hacer arreglos en el país, sería oportuno que empezara por pactar una reforma de la ley electoral, aunque sólo sea en la consideración del Estado como circunscripción única, pues es escandalosamente injusto para un país que se precie de democrático, que formaciones como AMAIUR con 333.628 votos (1,37%) tenga 7 diputados, PNV con 323.517 votos (1,33%) tenga 5 diputados, CIU con 1.014.263 votos (4,17%) tenga 16 diputados, en tanto que IU-LV con 1.680.810 votos (6,92%) tenga 11 diputados, y UPyD con 1.140.242 votos (4,69%) tengan 5 diputados –sin poder obtener grupo parlamentario propio-. Estas sonoras diferencias, con un tratamiento diferente, y consecuentemente injusto. Supone que en España el valor personal del voto de cada ciudadano no tiene el mismo valor, y eso es muy grave en democracia, porque representa una importante e injusta fractura de representación, que además favorece a los partidos autonómicos –que curiosamente son los que menos interés de Estado Nacional manifiestan-, lo cual es torpemente nocivo para la política propiamente española.

Así pues, el PP tiene una ingente labor de gobierno por delante, nada sencilla, que habrá de ir gestionando con mucho tacto, reconociendo los posibles aliados en la defensa del Estado, a los que necesitará para los necesarios cambios económicos y políticos, así como para la administración de la “paz vasca”, que el PSOE en sus veleidades políticas no llegó a concretar, pues ni la ETA ha entregado las armas, ni hay más que una vaga declaración de intenciones de abandono de la lucha armada, a cambio de lo cual, el Gobierno de Zapatero abrió los cauces democráticos para esos sectores políticos vascos que encima están hiper-representados en el Congreso. Ante los que el nuevo Gobierno debe actuar en un difícil equilibrio entre una frágil paz, y una escasa integración política, dados sus contumaces planteamientos de autodeterminación, que para más inri tienen un efecto contagio en el nacionalismo catalán, más mercantilista que militarista.