La
Secretaria General del PP, y a la sazón Presidenta Castellano-Manchega, ha
hecho unas llamativas declaraciones que generan cuanto menos perplejidad. Se
trata del envite que ha hecho, este fin de semana, a las ONG´S, plataformas
públicas y demás grupos sociales que agrupados en torno a la defensa de unos
objetivos están reivindicando públicamente sus concretos intereses. Pues bien,
a estos les ha venido a preguntar ¿cuántos
son?, ¿qué peso político-social tienen?, y ¿a quién representan?, invitándoles
a presentarse a las próximas elecciones para ver si ganarían la legitimidad de
las urnas.
El
planteamiento de la Sra. Cospedal es un sofisma moderno, en razón a que
aparenta una lógica interna, pero tiene su trampa.
Tal hecho
viene como consecuencia de que todo régimen democrático de porte liberal suele
dar, y debe dar, amplitud de participación a la sociedad civil, distinguiendo
los grupos políticos (partidos y coaliciones políticas) cuyo objeto directo es
la participación en la vida política, preparando candidaturas, presentándose a
elecciones y formando parte de las Instituciones Políticas para estructurar las
necesarias mayorías representativas de los ciudadanos que han votado, en aras a
la formulación de la agenda política y la acción de gobierno en el interior y
en el exterior del Estado. Pero además existen otros actores sociales
(sindicatos, asociaciones empresariales, profesionales, y civiles) cuya única
finalidad es la defensa de los intereses de dichos colectivos en los diferentes
ámbitos (político, social, económico, etc.), pero en modo alguno pretenden
erigirse en partidos políticos y entrar en la “arena política” institucional.
Esta
importante y esencial diferenciación debería tenerla clara todo ciudadano, para
el ejercicio y defensa de sus intereses y los de los colectivos en que
participa. Pero es lamentabilísimo, que parezca tenerla confusa, nada más y
nada menos que la número dos del principal partido político en España, que
además tiene responsabilidades políticas de gobierno.
Tan
esencial y básica es la distinción, que sobre la misma se distingue –a su vez- entre la “democracia
representativa” y la “democracia
participativa”. Ya que con el ejercicio libre del voto electoral los
ciudadanos otorgan su representación política (habitualmente por cuatro años) a
los candidatos políticos que han votado, y por mayoría proporcional (en nuestro
sistema) se configura el gobierno correspondiente, así como los demás poderes
políticos del Estado. De forma que esas candidaturas electas tienen la
legitimidad de las urnas (aunque habrá de reconocer la Sra. Cospedal, que no es
algo perenne y fijo, sino volátil, si bien no se cuestiona hasta la siguiente
elección; salvo una pérdida de confianza abrumadoramente clamorosa, que
determinaría la convocatoria anticipada de elecciones –que con la caída de
intención de voto, los incumplimientos electorales, el incremento de la
conflictividad social y del paro, bien podría empezar a considerarse en estos
difíciles momentos).
Por su
parte, la “democracia participativa”
supone el necesario establecimiento de cauces públicos para que la sociedad se
manifieste públicamente ante cualquier tipo de problema, de su opinión,
convoque actos públicos (todo ello conforman derechos constitucionales de libre
reunión, opinión y asociación), y en el uso legítimo de tales mecanismos
activan el parecer de la opinión pública que atiende a los planteamientos de estos
“actores sociales” o no. En la
sensibilidad política del gobernante está verificar el alcance y apoyos
sociales de las pretensiones y planteamientos de cada uno de estos movimientos
sociales, para incluirlos en la agenda política o no. Pero a estos ni se les
debe criminalizar (echándoles encima a las fuerzas de orden, sancionándoles, o
descalificándolos, etc.) y mucho menos retándolos de forma altiva y artera,
como lo ha hecho Cospedal, por original que se haya creído a sí misma, creo que
ha cometido un importante error político, además de revelar un talante
escasamente democrático.
Ya que,
Sra. Cospedal, la democracia no es votar cada cuatro años solamente, por más
que a Vd. y a muchos como Vd. quisieran que asi fuera. Una sociedad democrática
y madura (como empieza a madurar la sociedad española, a base de desengaños
políticos, sufrimientos y recortes) tiene vida propia y no puede dejar en manos
de cualquiera la “cosa pública” illo tempore.
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