La crisis
económica ha levantado la latente crisis política, que se agravan por mutua
retroalimentación, dado que la ineficacia de las Instituciones democráticas
españolas agravan el problema que se generó en el ámbito económico al mostrarse
incapaces de dar soluciones eficaces e ir perdiendo progresivamente el apoyo
social.
Y es que la
crisis económica, al activar la subsiguiente crisis política, ha puesto de
manifiesto que el sistema político de la transición está agotado. Algo así a lo
que le sucedió al sistema de la restauración canovista, que con el transcurso
del tiempo se mostró superado por los acontecimientos políticos y las demandas
sociales.
El
razonamiento es de “cajón de madera”, ya que se diseñó una democracia limitada,
con una ley electoral que primaba los partidos mayoritarios –y por excepción, o
mejor concesión a los nacionalistas catalanes y vascos- también a los
nacionalismos periféricos, siendo así que el sistema de hecho acababa siendo –como
lo ha sido- bipartidista con acceso al gobierno del PSOE- PP, tolerando los “feudos
soberanos” de los nacionalistas catalanes y vascos, con los cuales se ha
negociado y transigido a extremos peligrosos para la unidad del Estado, como
estamos evidenciando con el discurrir del tiempo.
Naturalmente,
el sistema requería incorporar de facto a los poderes fácticos más influyentes
(Patronal, Sindicatos más representativos, banca, y grupos de prensa de
oligarcas políticos –económicos), los cuales, en un pacto tácito, no escrito,
han ido sosteniendo el sistema durante estas tres décadas.
De tal
manera que el sistema reflejaba las formas del viejo sistema canovista de la
restauración, al tiempo que incorporaba un peculiar corporativismo –a modo
franquista- institucionalizando a algunos de esos poderes fácticos (especialmente
a la CEOE, a UGT y CCOO para los que los presupuestos generales del Estado
siempre han contemplado pago por servicios prestados, de una u otra forma). Tal
es así, que el sistema financiero que dependía del Estado (Sistema de las Cajas
de Ahorro, que ha zozobrado con la crisis económica) hacía reparto de su poder
entre los políticos mayoritarios, la patronal y los sindicatos –que ahora
patética e irresponsablemente dicen que no estaban convenientemente informados
del estado real de las entidades de crédito y ahorro-.
Por tanto,
no es de extrañar que ante la potencial quiebra del gran parte del sistema
financiero de cajas de ahorro, hayan hecho “piña” todos en defensa del rescate,
o sea de la socialización de las pérdidas, con algún que otro artero disimulo,
pero lo cierto es que se ha cargado al país con una deuda superior a los 282.000 millones de euros por
la operación rescate a la banca (entre
créditos europeos, ayudas del FROB y avales públicos), que los españoles no
teníamos por qué asumir, pues eran deudas privadas.
Además de
los centenares de casos de corrupción, de una justicia que no responde ni con
rapidez ni con eficacia a enjuiciar, corregir y sancionar estas conductas.
Y sobre
todo, con una evidencia, genuina de nuestra particular “democracia de baja
calidad”, que resulta de la constatación práctica de la falta de división de
poderes (quedando muy claro en los poderes ejecutivo y legislativo, y más que
aparente en el poder judicial, ante la designación política del Consejo del
Poder Judicial), junto con la dependencia gubernamental de la Fiscalía, que por
su condición jerárquica actúa de forma vicaria.
Así las
cosas, resulta fácil comprender cómo cualquier contratiempo de entidad, como lo
ha sido la crisis económica, ha generado un auténtico tsunami en un sistema
agrietado. Pues para acabar de componer el cuadro político-institucional de la
España de la transición, nos falta por referirnos al novedoso ingenio
autonómico, que no sólo no arregló los problemas territoriales con Cataluña y
País Vasco, sino que los ha agudizado y ha extendido un modelo de Estado casi
ingobernable y financieramente inviable, pues sin ser federal, contiene 17
pequeños Estados defectuosamente articulados, que nos lleva a reconfirmar aquel
diagnóstico orteguiano de la “España
invertebrada”, en la que el nacionalismo catalán y vasco suelen conformar
una particular “quinta columna” disgregadora de la necesaria unidad del Estado,
distorsionadora hacia el interior y el exterior. Dificultando la gobernabilidad
del país a extremos insospechados, que nos restan credibilidad exterior y
generan el desaliento interior, pero que han sido consentidos como efectos del
sistema por el bipartidismo del PP-PSOE, que en la oposición se fustigan en la
plaza pública, para luego en el poder seguir idéntico guión.
Como
idéntico ha sido el guión seguido por Rajoy cuando llegó a la Moncloa –con una
mayoría ingente, que parece haber perdido en poco más de un año en el poder-,
tras de haber criticado a Zapatero hasta el hartazgo, para luego continuar con
el mismo recetario que aquel aplicó y que le reportó la mayor pérdida de votos
del PSOE en la reciente democracia, y de la que aún no ha logrado levantar
cabeza –quedando actualmente inhabilitados para una auténtica oposición y
presentar cualquier alternativa creíble-.
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