Diez años se cumplen de la tragedia del
Yak-42, que traía tropas españolas de regreso de una misión exterior a nuestro
país, y se estrelló en territorio turco. Tragedia que con 62 víctimas mortales
–militares españoles- más la tripulación, perdieron la vida en un desgraciado
accidente.
Posteriormente se vinieron dando
informaciones que apuntaron sobre una más que dudosa gestión en los fletes
aéreos de este tipo de misiones, por su costo, y cesiones de servicios
contratados, sin que tales hechos se estimaran que tuvieran relación causal
directa con tan fatal accidente, sino con una gestión que no parecía ser muy
exigente por parte de los responsables del Ministerio de Defensa, por lo que se
imputó por un
supuesto delito de imprudencia grave
con resultado de muerte, sin que recayera condena penal sobre ellos, a un contraalmirante
y a un general, posteriormente
recompensados con ascensos. El
primero fue ascendido por Trillo a vicealmirante en septiembre de 2003. Y el
segundo, fue promocionado al empleo de
teniente general en diciembre de ese mismo año. Ambos fueron dos de los
responsables de contratar los vuelos para la recogida de tropas de Afganistán
como que el que acabó con la vida de 62 militares.
Y si cuanto menos torpe, o relajada, fue la
gestión de los fletes, no menos torpe fue la acelerada repatriación de los
cadáveres, que conllevó inhumanos errores de identificación –que añadieron
dolor al profundo trauma de las familias de las víctimas- y que pusieron de
manifiesto un trabajo de chapuza, que al parecer trataba de congraciarse con
las órdenes políticas de no demorar las gestiones de repatriación y dar rápida
sepultura al aciago accidente. De ahí que se enjuiciara a mandos del Ministerio
de Defensa, por tal motivo, quedando la responsabilidad circunscrita –a modo de
“cortafuegos”- en el general al mando de la misión de identificación y
repatriación de cadáveres, al que la Audiencia Nacional condenó a tres años de
prisión por identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres, y a un
comandante y un capitán condenados a un año y medio de cárcel.
El Gobierno de Rajoy –al poco de acceder al
poder- indultó al comandante y al capitán de la pena impuesta, no así al
general que ya había fallecido.
En el juicio en la Audiencia Nacional quedó
en el ambiente la presunción de que desde Madrid se les ordenó la urgente repatriación
para la celebración del funeral de Estado dos días después, por lo que los
abogados de las familias de las víctimas pidieron que se investigara tal
extremo, incluso que se dieran los nombres de los autores intelectuales de tal
hecho, que habían sacado supuestamente un beneficio político con dar rápido
entierro y carpetazo al lamentable accidente.
Trágico y triste asunto, que además aparece
emboriado por una torpe y relajada gestión de Defensa, que entraña una de las
gestiones más desgraciadas del Gobierno de Aznar-que debió de haber cesado a la
cúpula del Ministerio de Defensa, incluido a su titular Trillo-, y que el
actual equipo del Gobierno al frente de Rajoy no parece haberse planteado un
homenaje en recuerdo de aquellas víctimas.
Entre tanto, en una historia sórdida –como
todas las de las calamidades gestionadas por mediocres- se ha dado una inmoral
e incongruente acción de recompensa (ascensos varios e indultos) con la de
castigo (condena penal, para los únicos reconocidos culpables de una recogida
frenética de cadáveres siguiendo órdenes superiores, según se dijo por alguno
de ellos); entre tanto, de la responsabilidad política ni rastro, pues el entonces
ministro de defensa, no sólo no fue depuesto, sino que su recompensa –para
continuar en la política activa- ha sido su discreto retiro a la cancillería
española en Londres.
¡Descansen en paz, todos los que perdieron la
vida en tan trágico suceso…!.
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