LA DEVALUACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN ESPAÑA

El nuevo proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2014 vuelve a castigar a los empleados públicos con la congelación salarial (que suma varias, junto a una reducción de retribuciones, que acumuladas suponen una caída del 20% de su nivel de renta), lo que devalúa la carrera administrativa, y lo que es peor, la propia función pública a los ojos de los ciudadanos, al presentar al colectivo de empleados públicos (funcionarios y laborales del sector público) como prescindibles, como una carga, una “plaga” que soportar.

Este mensaje sublimizar, que se transmite desde los poderes públicos, centrándose en este castigado colectivo para reducir los gastos de la Administración Pública, sin tocar el núcleo gordiano del gasto de la misma que se ubica en la replicación de órganos político-administrativos (con sus infraestructuras: asesores, oficinas, coches públicos, altas retribuciones, locomociones y dietas, por doquier, etc.), muchos de ellos creados para propaganda política del que ejerce el poder, o simplemente para justificar la contratación de allegados políticos, e incluso familiares.

           Se anunció la reforma de las Administraciones Públicas a “bombo y platillo”, y ha sido “el parto de los montes”, pues apenas se han reducido Instituciones Públicas, no se ha puesto orden en el caos administrativo competencial de las distintas Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos), en la proliferación de los organismos públicos y empresas públicas de estas, sin control efectivo del gasto público. Incluso los diversos parlamentos autonómicos continúan manteniendo el número de sus diputados, coexistiendo con el Senado, que tampoco ha visto reducción alguna, sino que por el contrario –al erigirse en una “nueva Babel” con las lenguas autóctonas, ha encarecido innoblemente su gasto ordinario con la inclusión de traductores, en una asamblea que son innecesarios ya que todos los senadores conocen el español-. Y así, tantas y tantas otras cosas.

Y ni que decir de los negocios y políticas erróneas de alto coste para la ciudadanía, en muchas autonomías, del fracaso del Plan E de los gobiernos de ZP, cuando no del más puro y duro hecho delictivo en el seno de las Instituciones Públicas, fruto de la corrupción de un Estado caótico, en desmembración, y sin apenas control efectivo financiero y de legalidad. ¡Todo ello, merma el mayor de los presupuestos!.

Por consiguiente, no se entiende esa artera focalización de recortes en los empleados públicos y en los inconfesos recortes de servicios públicos de primera necesidad (sanidad y educación).

De hecho, cuando algunos tertulianos de radio o televisión (de las “TDT party) que parecen saberlo todo, dicen que sobran empleados públicos en España, no saben lo que dicen, pues objetivamente no tienen datos para demostrar su afirmación, y sí existen datos comparativos que sitúan a nuestro país como el 4º por la cola de los de la UE, en menos funcionarios. ¿Cómo iban a funcionar esos servicios públicos y la maquinaria del Estado si no fuera por los empleados públicos?.

       Lo que realmente late en el fondo de todo esto, es si resulta viable el “Estado del Bienestar”, ideológicamente atacado por la derecha liberal y conservadora, y no defendido con decisión por la socialdemocracia tutelada por Bruselas. Ya que resulta cierto, que con la crisis y la caída de ingresos habría que reducir el gasto público. Pero, ¿qué partidas de gasto público?.

El gasto público español en 2012 alcanzó el 47% del PIB, tres puntos por debajo de la media del de la eurozona. Entre tanto, los ingresos públicos sólo alcanzaron el 36,4%, casi diez puntos por debajo de la media de la eurozona (8,8 puntos menos que Alemania, 11,3 menos que Italia, y 15,3 menos que Francia), lo cual se debe, no tanto a la menor tarifación tributaria de nuestros impuestos, sino a la ineficaz recaudación impositiva, que posibilita una gran bolsa de fraude, que no se ha corregido.

De los diversos registros estadísticos europeos (Eurostat, OIT, OCDE) se colige que España no es un país sobrecargado de empleados públicos. Así cifra la cantidad de 2,917 millones en el año 2012, que se mantenía desde el 2007, en que comenzó la crisis (o sea, casi dos millones de funcionarios, y un millón de empleados públicos laborales), cantidad de la que en un año se han reducido unos 400.000 por jubilaciones y supresión de interinidades, lo que suponía el 12,7% de la población activa (en la actualidad, algo menos), situándose la media europea en el 15% de los activos.

A todo ello hemos de añadir que se trata de un colectivo generalmente mal pagado, en un ámbito donde se suele respetar poco la carrera profesional por parte de la clase política que detenta el poder, que en no pocos casos prefiere contar en vez de funcionarios independientes y profesionales, con empleados dúctiles a sus dictados e intereses, para lo cual nombran jefes y asesores de su partido o próximos que les sigan la corriente en sus particulares intereses –no siempre concordantes con el interés general-, llegando a anular a profesionales de carrera con amplios conocimientos y experiencia, e incluso adjudicando gestión de servicios públicos a empresas privadas, sin importarles el incremento de ese gasto, que luego tratan de cuadrar con subidas de impuestos y reducciones salariales de funcionarios.

Por consiguiente, esa artera “diana” que el poder político ha colocado sibilinamente en la espalda funcionarial para que la masa desinformada, víctima de la crisis, descargue su malestar con los empleados públicos, y así justificar las tetras políticas del logro y mantenimiento del poder político a cualquier precio, no sólo es inmoral sino injusto.

Así, si por algunos políticos fuera, volveríamos a las cesantías de la Administración española del S.XIX, en que el partido político que ganaba las elecciones empleaba a sus amigos como funcionarios, hasta que eran cesados por el partido contrario cuando ganaba el proceso electoral en liza y reclutaba a los suyos. Esa España que narraba Larra o Galdós, de feliz recuerdo, parece ser la que pretende el sistema político instaurado, pues esto es una de las pocas cosas que le falta (ante la falta real de división de poderes) para lograr un poder absoluto caciquil de turno de poder, que rememore el régimen de la restauración canovista, que acabó como “el rosario de la Aurora”, pues las injusticias y desigualdades no se pueden perpetuar, por mucho que se pretenda.