De nuevo el indisimulable problema bancario español viene a recrudecer la crisis del país, una crisis que en gran parte tiene su origen en el estado de nuestro sector financiero, que por lo que estamos viendo, no ha dicho la verdad ni por equivocación, pues el agujero de nuestra banca se ha mantenido disimuladamente oculto, y sólo cuando alguna entidad se ha desmoronado, como ahora el caso de Bankia, nos enteramos –por entregas- de las ingentes cantidades de dinero que necesita para ser reflotada, que en su caso ya va por más de 23.000 millones de euros.
Tal cantidad que, según parece
está dispuesto a poner el Estado, neutraliza el ahorro que pudiera conseguirse
de los recortes en sanidad y educación, según los mejores cálculos, pues lo
duplica con creces. Y hace que la ciudadanía, a la que se le ha estado pidiendo
comprensión y duros esfuerzos económicos, se pregunte no sólo sobre la
racionalidad y coherencia de tal discurso cicatero con los servicios públicos –servicios
de todos-, ante el espontáneo y generoso gesto con la banca –que son negocios
privados, de unos pocos-; pues aparenta hacer ineficaz la labor de ahorro y su
consiguiente sacrificio social; pero sobre todo, pone de manifiesto un dilema
ético, no resuelto que le resta legitimidad a la actual acción de gobierno, por
lo inmoral e injusto que supone exigir sacrificios a la población –a la que se
le recortan servicios públicos de primera necesidad-, entre tanto para la banca
nunca falta la disposición de inyectar cantidades astronómicas de dinero
público, sin que tales medidas pasen tampoco por el tamiz democrático de su
decisión en las Cámaras Legislativas –sede de la soberanía popular-, a través
de un debate razonado y sereno sobre la auténtica necesidad pública de acometer
unas obligaciones inicialmente privadas asumidas por una entidad privada.
Pues no se entiende bien, que el
Gobierno esté con un discurso casi apocalíptico de sustanciales recortes, so
pretexto de la falta de dinero para la atención sanitaria de las personas en
España (nacionales o inmigrantes), se hayan subido las tasas universitarias,
reducido el potencial de becas, ajustado los presupuestos para investigación, y
lo que es peor, reduciendo el sector público con despidos de empleados
públicos, manteniendo asfixiadas financieramente a las Instituciones Públicas,
muchas de las cuales no pueden hacer frente a sus propios pagos, y a renglón
seguido se esté dispuesto a apuntalar una entidad bancaria privada inyectándole
ingentes cantidades de dinero público para que no quiebre. ¿De dónde sale ese
dinero?, ¿qué costo real va a tener sobre el sector público español, y sobre la
ciudadanía?, ¿qué proyectos públicos se habrán de abandonar o postergar por
esta imprevisión?. Y sobre todo, ¿alguien entiende esto?.
Aparte que va a llegar un momento
en que, ni siquiera el Estado pueda hacerse cargo de la solvencia de entidades
bancarias insolventes, ante el cúmulo de entidades que se vienen demostrando en
graves dificultades (Caja Castilla la Mancha, CAM, Cajasur, Caixa Tarrasa,
Caixa Sabadell, Caixa Cataluña, y ahora Bankia –que como se sabe es el
resultante de otra serie de Cajas, algunas de las cuales estaban en
dificultades, que no han sido capaces de remontarlas por sí solas-).
Por ello, habría que empezar a
considerar la posibilidad de que los bancos quiebren, como cualquier otra empresa.
¿Quién ha erigido esa mentira de que los bancos no pueden quebrar?. ¿Acaso por
las consecuencias dañinas para la economía?. Si el daño ya está hecho, cuando
una entidad financiera no es económicamente sostenible. Lo que se trataría es
de controlar el alcance de dicho daño sobre la economía general del país, que
no sería igual si estuviéramos en un estado de bonanza económico y esa quiebra
fuera un hecho aislado. Pero en el estado actual de crisis, con un frente
bancario en crisis abierta, no parece ni razonable, ni prudente que el Estado
salga a responder por todo ello, a modo de avalista solidario, y mucho menos
como empresario. Algo que tanto se denosta desde las tesis liberales –que se
esgrimen sólo cuando interesa, y ante quien conviene-; ejemplo de palpable
incoherencia ideológica y práctica.
Además, la ciudadanía tiene
derecho a preguntar, y tiene derecho a una razonada y razonable respuesta del
gobierno y de la clase política, ¿por qué puede acabarse con el “Estado del
Bienestar” y no se puede cerrar un banco económicamente inviable?, ¿por qué
tenemos que asumir una pérdida de renta, en algunos casos de empleo, una
reducción en la prestación de servicios públicos, incluso de las pensiones –fruto
de los recortes-; y sin embargo hemos de acometer un rescate bancario con
dinero público, que actualmente escasea?.
El que tenga la respuesta ya la
debería de estar dando y sometiendo a la voluntad popular, antes de proceder
precipitadamente a una acción potencialmente injusta y perjudicial para el
interés público.
Y por último, ¿hay algún
responsable de todo este desbarajuste?, ¿se le va a exigir responsabilidad?, o
la corresponsabilidad de “consejeros políticos” va a servir de “indulto tácito”
y opacidad para la depuración de responsabilidades. Si así fuera, no sería ni
justo, ni ejemplarizante, y transmitiría un “insidioso tufillo” de impunidad de
los poderosos, que repercutiría negativamente en la credibilidad y legitimidad
de nuestro actual sistema político, lo cual elevaría exponencialmente los
riesgos de la actual crisis.