MAS METE A CATALUÑA EN EL “TUNEL DEL TIEMPO” DE LA UTOPÍA

Artur Más sigue con su discurso independentista, como si fuera el “bálsamo de fiera bras” de todos los problemas de Cataluña, vendiendo “humo” –tras del cual se esconde su mala gestión en plena crisis-, echando la culpa de sus problemas a la vecindad española –raíz y causa de la ruina catalana, de la opresión y subyugación del pueblo catalán, según el falaz discurso catalanista-.

Así apelando a la irracionalidad, raíz de toda emotividad, por la que se ensalza “lo propio” y se rechaza “lo otro” –considerado ajeno, perturbador, y hasta enemigo-, consigue generar un séquito emocionado por la épica histórica que le vienen contando; y que le hace trascender de la prosa del día a día a la poesía de un futuro utópico.

            Entre tanto, ni una palabra de cómo van a mejorar la situación económica de la sanidad catalana, del mantenimiento de los servicios públicos catalanes, comprometidos económicamente por la mala gestión autonómica –de la que echan la culpa, sin el menor rubor, al Gobierno central-,ni tampoco cómo se van a bajar los niveles de desempleo de Cataluña, el pago de los peajes en las autovías, y todas cuantas cosas interesan sobremanera a la clase media y trabajadora de catalana – o deberían interesar.

            Sin embargo la estrategia política, aún arriesgada, está demostrando que ha calado en una sociedad vencida, acosada de problemas, en la que las dificultades del día a día han crecido –como lo han hecho en el conjunto de España-, por efectos de la crisis económica y de una desastrosa gobernanza que ha llegado tarde y mal al afrontamiento de los problemas reales de la sociedad.

            Así mientras en el resto de España se trata de hacer pagar la crisis a las clases trabajadoras y medias, evitando cualquier atisbo de apuesta seria por parte de la clase política y del gran capital. En Cataluña, se sacan de la manga la historia del independentismo irredento para generar una falsa ilusión colectiva. Pero entre tanto, ni en uno ni en otro lugar se está acometiendo la crisis con auténtica justicia, con recortes en la estructura político-administrativa (con reducción de ayuntamientos, eliminación de diputaciones provinciales y cabildos, reconduciendo la autonomía insolidaria y disgregadora por una autonomía administrativa competitiva). Y sobre todo, se echa en falta, en estos momentos una auténtica visión de Estado una política que una a los pueblos y tierras de España en una empresa común, sin la cual la disolución parece servida por aventureros oportunistas.

            España, la actual España, necesita el esfuerzo de todos para salir de la crisis. No puede presentarse en los foros internacionales, ni ante sus desleales socios europeos dividida, reducida y esquilmada por una deriva equivocada de sus Gobiernos, pues eso generará mayor desconfianza en nuestro pueblo, no creerán en nuestra empresa colectiva –en la que parece no apostamos ni nosotros mismos-, y desde luego, olvidémonos del crédito extranjero ante un presente difuso y un futuro confuso. Todo ello, nos lleva a un indeseable naufragio colectivo, del que posiblemente no se salvará ni Más, ni Cataluña; pues a fin de cuentas, como dicen los pescadores con gran realismo: “lo que está en el cesto es pescado, el resto son peces en el mar.”

            Al propio tiempo que no son nada ejemplarizantes, como tampoco efectivos, los “viajes de Estado” del presidente autonómico catalán –que tratando de emular ya su dignidad estatal- gira a países extranjeros, como el último fiasco del viaje a Rusia en el que el país receptor no le reconoció dignidad de jefe de Estado –pese a las apariencias-, en el que no sólo hizo el ridículo sino que dilapidó el dinero de los catalanes en momentos en que les falta. Mientras que si ese viaje se hubiera hecho coordinado con el servicio exterior del Estado hubiera tenido otra efectividad. De ahí, que se trate de una mera operación matemática de sumar en vez de dividir, tanto en política interior como exterior.

SE DESMORONA EL ESTADO DEL BIENESTAR Y SE DESMEMBRA EL ESTADO ESPAÑOL

La actualidad española presenta un turbulento y oscuro horizonte de presente y aún de futuro, pues la crisis económica ha desatado de nuevo viejos demonios en la sociedad española, de forma que, aprovechando la profunda crisis política que arrastra consigo la precariedad económica nacional, se han planteado dos de las tres principales cuestiones que llevaron a los españoles a la confrontación civil del pasado siglo.

Efectivamente, cuestiones que parecían resueltas, como la “cuestión social”, o más o menos consensuadas como la “cuestión territorial”, emergen sobre la realidad española tornándola de incertidumbre, conflictividad y crispación.

Así como si se tratara de un maléfico destino, los españoles –que nos congratulábamos hace tres décadas en haber hecho una transición ejemplar desde la Dictadura a la Democracia- resulta que venimos a tropezar en las mismas piedras de antaño, que tanto nos dividieron y tan graves y trágicas consecuencias nos produjeron.

En cuanto a la “cuestión social”, soportada sobre las relaciones político-sociales interclasistas, por la progresiva integración de las clases trabajadoras en una gran clase media, iniciada tras el desarrollismo franquista, y consolidada en plena democracia, especialmente con el desarrollo constitucional de la legislación socio-laboral, y demás coberturas sociales que dieron contenido a la definición constitucional de considerar a España como “Estado Social de Derecho”, así como la institucionalización del sindicalismo en su labor de mediación en los conflictos laborales y sociales, facilitaron que la vieja “cuestión social” que venía a representar la particular lucha de clases entre el capital y el trabajo en la España decimonónica y  del primer tercio del siglo XX, vino a encauzarse con la sensatez del consenso constitucional, y un generoso a la vez que justo desarrollo legislativo en la década de los ochenta del pasado siglo.

Sin embargo, la solución dada por vía de la instauración del “Estado del Bienestar”, atendiendo a criterios de justicia social, ha sido progresivamente revisada por sectores más conservadores y liberales actualmente en boga, que lo venían criticando de artificioso, inoperante y costoso.  Razones, que parecen atender más a criterios ideológico-políticos que a la propia realidad de las mismas, dado el mantenimiento de este tipo de Estado en países nórdicos –que no han tenido el menor problema con la crisis económica-, e incluso el propio Estado Alemán, con importantes resortes públicos de ámbito social que genera un considerable “colchón” social ante las desigualdades y ante las crisis.

Aunque ha bastado que llegue una crisis financiera internacional –generada  en el ámbito bancario e ideológico, casualmente de los detractores del “Estado del Bienestar”- para que este haya entrado en una situación crítica de rápido desmoronamiento y más que  probable desaparición, contra la voluntad del cuerpo electoral –que además ni siquiera ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el mismo, dado que en ningún momento se le ha dicho que se fuera a liquidar, por parte del nuevo Gobierno-.

De tal forma que los recortes públicos –para hacer frente a la crisis- se han orientado a podar masivamente el ámbito social, so pretexto de que no nos podemos permitir sostener el actual “Estado del Bienestar”, sin que se hagan otros intentos de recortes del gasto público significativamente importantes como la duplicidad de las Administraciones Públicas y el cuantioso número de cargos públicos retribuidos en nuestro país. Y además, pese a las protestas públicas de las clases trabajadoras de este país, se ha hecho oídos sordos, enarbolando la reciente mayoría absoluta obtenida en las urnas –aunque no se planteó en ningún momento esta cuestión, ni mucho menos la orientación e intensidad de los recortes del gasto público-.

Item más, se ha elaborado un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, con una reducción en la cuantía general de los mismos, que sigue incidiendo en la misma orientación ideológica de recortes sociales; algo que además, junto a la incertidumbre sobre el rescate económico de España, subordinado a los intereses electorales del partido de gobierno en las autonómicas vascas y gallegas, hace que tales presupuestos sean poco más que papel mojado a la hora de considerarlos como auténtica “hoja de ruta” de la política económica y hacendística española para el próximo año, en que probablemente se abran las puertas de par en par a los burócratas europeos de la troika que serán los que ilegítimamente decidirán por nosotros, o mejor dicho, contra nosotros.

Por tanto, con el desmoronamiento del “Estado del Bienestar” se rompe de hecho el consenso constitucional sobre la “cuestión social” que tanto trabajo costó encauzar, y trae sobre la actualidad un incremento exponencial de la conflictividad social y política de imprevisibles consecuencias.

Pero además, como dice el refrán: “donde no hay harina, todo es mohína..”, de ahí que la “cuestión territorial”, siempre latente, en los territorios con nacionalismos secesionistas, ha aprovechado la oportunidad de la debilidad del Estado en plena crisis económica y aún política, para azuzar el fuego de la disensión agudizando la crisis política del Estado hasta el extremo de plantear explícitamente la autodeterminación de Cataluña, en un abierto pulso al Estado; y de paso, ha tenido eco –por vía de contagio- en el tradicionalmente agitado territorio vasco, pues para no ser menos –en plena campaña electoral- el candidato del PNV, Íñigo Urkullu, ha hecho una apuesta por una Euskadi  que "se mida con el resto de naciones como una más, sin subordinaciones impuestas", con posibilidad de materialización de "cualquier proyecto político", y "sin más ataduras que la libre decisión de la ciudadanía vasca".

Por consiguiente, asistimos al fracaso del consenso constitucional en ámbitos tan extremadamente delicados como los apuntados de la “cuestión social” y la “cuestión territorial”, que plantean el desmoronamiento del Estado del Bienestar y la desmembración del Estado, algo que requiere la urgente intervención de las  fuerzas políticas y sociales para volver a consensuar las soluciones que, o bien restañen el marco constitucional, o bien se generen los acuerdos precisos que cierren rápida y justamente las graves fisuras que amenazan tan importante quiebra.

Por suerte, la tercera cuestión, “la religiosa”, ha sido resuelta producto del creciente proceso de secularización de la vida pública; algo que no es baladí.

LA COSPEDAL HA PUESTO EL DEDO EN LA LLAGA DEL RECORTE INSTITUCIONAL

Mª Dolores de Cospedal, Presidenta de Castilla la Mancha y Secretaria General del PP, una vez más ha puesto el dedo en la llaga del recorte institucional que requiere España, pero que el Gobierno de Rajoy no se atreve a acometer, pese a las exigencias cada vez más claras de la UE y el BCE para acceder al cuantioso préstamo de rescate que necesitamos.

Y es que Cospedal –que parece adoptar el rol de “poli malo”- se ha pronunciado por la necesidad de reducir los diputados de los parlamentos autonómicos, incluso de que sus servicios sean gratuitos para las arcas públicas. Sin que sepamos, por tanto, si este es el planteamiento autóctono de la Presidenta de Castilla la Mancha, o por el contrario es un “globo sonda” que –como Secretaria General del PP, y posiblemente de acuerdo con Rajoy- lanza para tratar de conocer el grado de aceptación o rechazo que la propuesta tiene en la opinión pública.

De entrada, la reacción de la clase política instalada (PP y PSOE) no ha sido favorable –como era de prever-, pues unos por razones de pérdida de supuesta legitimidad representativa al reducir el número de diputados, y otros por razones de que la gratuidad podría ser selectiva con los que se dedicaran a la política, dado que al no ser retribuida podría quedarse sólo en manos de las clases sociales mejor situadas económicamente.

Sin embargo, ambos argumentos se nos antojan falaces, el primero –de disminución de representatividad por reducir el número de diputados regionales- no tiene el menor fundamento, ya que de hecho la imposición de la conocida “disciplina de voto” en los grupos parlamentarios hacen que el control sobre los diputados, por parte de su propio partido sea ferreo, de forma que lo que el grupo parlamentario determina eso es lo que sus diputados votan, con lo cual bastaría la existencia de un solo diputado cuyo voto tuviera el valor de la representación proporcional que ostente, según el porcentaje de voto obtenido en las elecciones.

Pero como no creemos en la “disciplina de voto” por ser perniciosa en muchos casos para los intereses de los ciudadanos (por ejemplo, recordemos la votación sobre la política hidráulica de trasvases, en que los territorios tenían intereses diferentes, que no se tradujeron adecuadamente en las votaciones de los grupos políticos); por consiguiente, consideramos que si algún argumento de defensa del número de diputados existiera sería el que deviniera de la implantación del “diputado de distrito” que tuviera contacto directo con su población, y representara los auténticos intereses de la misma en la Cámara legislativa. Pero esa figura, de la que se ha hablado mucho, no existe en nuestro país. Por lo que la reducción del número de diputados podría ser asumible sin merma representativa alguna.

En cuanto a la otra razón en contra, la gratuidad del cargo, viene de la mano del rechazo que nuestra sociedad –especialmente en estos momentos de paro y crisis- tiene de la figura del político profesional, y sobre todo del mal ejemplo dado por muchos de ellos que compatibilizan su trabajo habitual con el cargo político, generándose una situación efectiva de pluriempleo que ha tenido un efecto perverso, además de poco sensible al drama del paro creciente, de los sueldos menguantes, de los recortes sociales y del subempleo general del país.

Por consiguiente, parece que la propuesta ha venido a señalar uno de los ámbitos de reajustes que el Gobierno de Rajoy está eludiendo desde que llegó al poder, pues ni la anunciada reforma municipal la ha puesto en marcha. Y estas manifestaciones de la Secretaria General del PP apuntan a ese ámbito de reforma, donde habrán por seguir con la supresión de las Diputaciones Provinciales, evitar las duplicaciones de cargos públicos en los ámbitos nacionales autonómicos y local, y otras tantos ajustes institucionales de porte político-administrativo, así como de Fundaciones y Empresas Públicas, más que prescindibles que han proliferado por miles en nuestro país, siempre antes de tocar las pensiones, y volver a rebajar el sueldo a los empleados públicos, o seguir reduciendo servicios públicos esenciales como la Educación o la Sanidad.

Aunque lo extraño es que lo pida Cospedal, que ha venido compatibilizando retribuciones diversas correspondientes a sus diferentes cargos públicos, eso es lo que hace el planteamiento aún menos creíble de que se vaya a llevar a cabo.

ÉRASE UNA VEZ UN BANCO MALO QUE SE VOLVIÓ BUENO

Alguien recordará aquel cuento que se nos contó a los españoles, sobre un banco malo, que jamás se instauraría, precisamente por su maldad. Así se aseguró, con la misma rotundidad que se afirmó también que España no sería rescatada por la UE, de igual modo que se dijo que la UE prestaría dinero a la banca española, nunca al Estado –ni siquiera por mediación-; como también hubo que antes aseguró que no subiría los impuestos. Y sin embargo, nada de eso ocurrió como se nos aseguró.

Así ese banco malo, que tanto se repudió por el equipo económico del Gobierno popular, de la noche a la mañana se ha tornado en toda una serie de bondades y virtudes sobrevenidas, por lo que lo del banco malo pasó de ser una hipótesis descartada a una acertada solución para nuestro país, sin que las razones que se hayan dado hayan sido sustancialmente diferentes, ni su probidad haya sido confirmada, más allá de la pura retórica del balbuceo político que lleva una errática trayectoria que no hace aún previsible una cercana salida de la crisis.

Ciertamente que el discurso político tiene bastante descrédito en nuestro país, pero realmente con este tipo de flagrantes contradicciones, no sólo se duda del discurso político –ya de por sí, gravemente devaluado- sino que también se duda que realmente haya un proyecto serio y eficaz de gobierno que –como se dijo en el inicio de su actividad- fijara un rumbo al que llevara toda su acción política y el destino de la Nación a buen puerto.

Sin embargo, todas estas rectificaciones, contradicciones, conllevan también un debilitamiento del crédito gubernamental tanto en el interior como en el exterior del país, y todo ello suma dificultades y costos a la salida de la crisis, incrementando el desánimo de una sociedad que contempla entre asombrada, preocupada y de momento con cierta atonía la evolución de los acontecimientos, que se auguran tensos a la vuelta de las vacaciones estivales.

Pues rectificaciones de rumbo, como estas, además de cuestionar la capacidad del timonel,  añaden desaliento social y naturalmente tensan la vida política, pues la oposición en su función constitucional de control político hacen crítica de errores, cuando de haberse convenido un consenso político –como en otros países en crisis- se facilitaría la acción de gobierno, posiblemente se dieran menos vueltas y rectificaciones, se transmitiría mayor seguridad interna y externa, y sobre todo se podrían acometer las dificultades con mayor eficacia sin mayores fisuras, en pro de una acción de Estado.

En cualquier caso, esperemos ver los efectos de la implantación del banco malo, implorando no llegue tarde su puesta en marcha. Pero esta rectificación pone de manifiesto un craso error político que conllevará probablemente perjuicios de demora –si realmente nos creemos las bondades que actualmente le atribuyen sus antiguos detractores-, que en esta crisis suponen pérdida de dinero en negocios que se perjudican y empleos que se pierden.

Por todo ello, creemos que se debería dar una amplia y razonada explicación del motivo del cambio tan radical de criterio en la adopción de esta medida. Una democracia madura lo exigiría, y probablemente pediría responsabilidades políticas al equipo económico del gobierno.

¿QUÉ HAY DEL “ESTADO SOCIAL” EN ESPAÑA?

Las dramáticas consecuencias de la actual crisis económica están poniendo sobre la mesa un replanteamiento de conceptos de convivencia tan esenciales como los de justicia social, caridad o filantropía, en razón a que ante la tragedia de millones de personas y cientos de miles de familias que se encuentran en el paro abocados a la pobreza y a la marginalidad social, cualquier conciencia mínimamente formada ha de responder al menos en su interior, y también tomando iniciativas de acción para corregir y socorrer a esas personas en su sufrimiento y desesperanza.

Incluso cuando se escucha a algunos participantes de tertulias públicas, y se lee en artículos, algunos argumentos puramente economicistas, se echa en falta la consideración real y profunda del factor humano, que debe de estar por encima de las consideraciones mercantilistas o financieras, dado que suele ser el caso en que la desgracia actual de la mayoría trae su causa en este tipo de mecanismos que cuando se desajustan generan las crisis económicas con sus duros efectos, que vienen siendo cíclicas en el imperfecto mundo del capitalismo puro y duro, al que nos abocan periódicamente con más o menos determinación, pese a la suscripción simultánea e hipócrita de declaraciones formales de derechos humanos, que sirven para justificación pública y acaso para narcotización de alguna conciencia.

En el momento actual, no puede ser objetivo prioritario y único de interés nacional el rápido equilibrio financiero –de unas finanzas que se han desajustado en el curso de una década, propiciado por la liberación y falta de mecanismos de control sobre los mercados financieros, propios del sistema que se encuentra entregado a los mismos, y que lleva a mezclar política y economía al punto que los grupos fácticos de poder e influencia radican en el ámbito económico-financiero-. Y no puede ser ese el objetivo prioritario a costa de millones de parados y de una falta de certidumbre en la solución del problema.

Ni el BCE, ni el FMI, ni la misma UE tienen legitimidad moral para seguir apuntando soluciones quirúrgicas experimentales a la economía española, pues en el origen de este problema también tienen su cuota de responsabilidad no menor. Además que sus recetas ya sabemos que atienden preferentemente a los beneficios de los grupos financieros, tal es la actitud que mantienen, tal es el caso de la insolente recomendación última de que España ha de rebajar los salarios un 20% a sus trabajadores para conseguir una mayor competitividad. Algo que no se cumple, en muchos casos de economías desarrolladas, en que siguen exportando dado que mantienen intacta la competitividad y los sueldos son superiores a los españoles, como el caso de la misma Alemania.

¿Acaso se puede mantener la indeterminación sobre la prórroga de los 400€ a los parados que han agotado el subsidio de desempleo, con casi 6 millones de parados, y determinados a comprometer al Estado en un crédito multimillonario al sector bancario en dificultades?. ¿Preferimos  atender las necesidades de unos bancos en situación de insolvencia, o el euro antes que auxiliar a nuestros propios ciudadanos en situación grave de marginación?. ¿Qué sociedad estamos creando?.

Para empezar habría que cambiar la definición de Estado como “SOCIAL”, democrático y de Derecho del art. 1 de vigente Constitución. Pues si no, ¿qué significado tiene mantener esa definición cuando las políticas asumidas por el Estado son cada vez más antisociales?. Aunque lo imponga la UE, Alemania, o el mismo Obama. La soberanía nacional reside en el pueblo, y sólo en él.

Incluso si unimos la declaración de “Estado Social” del art. 1 con la de “función social de la propiedad” (art. 33), resulta que tenemos los ingredientes clave del “Estado Social” que cualquier política gubernamental ha de atender, como límite de sus políticas que no pueden ser antisociales, pues no se ajustaría a la Constitución.

Por ello, ante la decisión de la prórroga de los 400€ a los parados habría de plantearse la naturaleza social de esta medida, aunque realmente no se adapte plenamente a la formulación normativa con la que se promulgó –que podría rectificarse-, pero que en la realidad viene dando respuesta y apoyo económico mínimo de límite a muchos ciudadanos en nuestro país, que sin esa ayuda se verían arrojados a una pobreza y marginalidad extrema, que además de injusto e inmoral, traería consecuencias sociales conflictivas indeseables, desde todos los puntos de vista. Así que para cuadrar las cuentas de la banca, que las arreglen los bancos que puedan recapitalizarse privadamente y volver a ser solventes, y si no que cierren. Pues por suerte, hemos conocido esta misma semana –paradojas de la vida- que en España tenemos un grupo de bancos de lo más saneado de Europa –gracias a Dios, todo no va a ser desgracia-, pues que operen estos solo, y el Estado se abstenga de avalar ante la UE un megapréstamo que lastrará más nuestra situación económica de cara a un reflotamiento del país. Y todo esto además, profundiza cada vez más en un clara contradicción de los apóstoles del neoliberalismo, ya que en medio de tanta receta de recortes al sector público y privatizaciones, se socializan sólo las pérdidas de los bancos, cuando los ciudadanos no somos socios bancarios, ni el Estado es avalista de los mismos.

Consiguientemente, esa ayuda de los 400€ a los parados representa un seguro para ellos, también para nuestra sociedad, y sobre todo representa la obligación del Estado social de corresponder con sus ciudadanos ante situaciones socialmente injustas, restableciendo con esta medida acciones de justicia social que suponen el compromiso del Estado de equilibrar de esta forma, los desajustes de los mercados. Demostrándose así que los “Estados Sociales” desarrollan un sistema social de ayudas y protección que deriva en los “Estados del Bienestar”, que suelen tener los mejores niveles de vida de sus ciudadanos, por un reparto más justo y equitativo de la renta. Algo a lo que se opone radicalmente el liberalismo económico, que reencarnado en formas neoliberales postula el derribo del “Estado del Bienestar” so pretexto que no lo podemos pagar, algo que no suele responder a la realidad, pues se confunde la sostenibilidad del mismo –que conlleva, un sistema fiscal justo y progresivo, gravando más las mayores rentas, que desde tales posiciones no se desea, y así realmente no es viable si no se está dispuesto a atenderlo presupuestariamente-; pero que en este momento se trata de mezclar con la mala gestión de un sector público hiperdimensionado que anida infinidad de empleo político, también mezclado innecesariamente con funcionarios profesionales.

Incluso en la dialéctica de la controversia actual, se llega a pretender deslegitimar algunas afirmaciones de políticos que apoyan estas medidas, con argumentos que repartan su propio patrimonio. Y eso –además de ser una decisión personal- se plantea como una trampa dialéctica mezclando el concepto de “justicia social” con los de “caridad” o “filantropía”, pues el primero supone una acción de justicia en el reparto equilibrado de la renta en una determinada sociedad, que evita la generación de bolsas de pobreza y marginalidad, y sobre todo la creciente diferencia entre clases sociales –algo cada vez mayor en España, en que la clase media se ve comprometida al perder su empleo a caer en pobreza-.

En tanto que “caridad” supone la ayuda personal con su propio patrimonio a los necesitados, por amor de Dios, con un sentido religioso, en cumplimiento de una moral social concorde con la fe. Mientras que “filantropía” supone igualmente una ayuda personal con el propio patrimonio a personas necesitadas, por pura tendencia humanitaria. Ambas, pues son decisiones personales, que no son incompatibles con la aplicación de la justicia social, pero en tanto la caridad o la filantropía no son derechos del necesitado, las ayudas sobre la base de justicia social si suponen un compromiso colectivo, del Estado que genera unas expectativas, cuando no derechos a ser atendido en situación de necesidad.

Por todo ello, el Gobierno haría bien en determinar ya la prórroga de dichas ayudas a los parados, sobre la base del compromiso constitucional con la justicia social, derivado del concepto de “Estado Social”. Al tiempo, que debería de revisar sus actuaciones pasadas y futuras, tendentes a la corrección de los reajustes presupuestarios, para que no eludan o incumplan sus deberes sociales, so pena de revisar nuestra actual concepción constitucional de Estado.

LA REDUCCION ESPAÑOLA EN MISIONES MILITARES INTERNACIONALES

Acaba de hacer público el Ministro de Defensa de España la probabilidad de la reducción de los efectivos militares españoles que participan en misiones militares de paz en el extranjero, por obvias razones de necesidad económica al tener que reducir España drásticamente sus presupuestos, en los distintos ámbitos y el militar no podía ser menos, especialmente en lo referente a la participación de las tropas españolas en misiones internacionales.

El propio ministro Morenés reconocía que esa reducción era una necesidad económica insoslayable para España, dada la crisis económica que padecemos, pero afirmaba que podría conllevar un alto coste político. Se entiende que en la esfera internacional, por lo que supondría dejar de asumir los compromisos internacionales que habitualmente España ha venido teniendo de forma eficaz y leal con la Comunidad Internacional. Algo que ya ha anunciado el Presidente francés, Hollande, sin tener el grave problema económico que tiene España.

Pero no se acompleje el ministro Morenés al verse obligado a tener que abandonar los compromisos militares de apoyo internacional, por no poder hacer frente a los cuantiosos gastos del mantenimiento de tropas desplazadas fuera de España en zonas de conflicto armado. Poco puede reprochar la Comunidad Internacional a España su falta de generosidad, pues en conflictos militares latentes como el de Afganistán, en que España colabora con una importante participación de efectivos militares, ha sufrido a lo largo de los años de la misión la pérdida de casi un centenar de miembros de su milicia. Por tanto, es un hecho palpable la generosidad española y el compromiso fiel en el apoyo a la conclusión del conflicto afgano, y las bondades de la paz en dicha región sobre el tablero estratégico internacional.

No menor fue la participación de España en el conflicto bélico de los Balcanes, que aunque aún queden algunos pocos efectivos españoles en la zona, su misión concluyó hace un par de años, con un importante costo para España.

Otro foco de conflicto en que España viene participando de forma decidida es el del Líbano, zona de alta tensión en que era imprescindible contribuir a las labores de apaciguamiento, mediante la interposición y eliminación de terrenos minados; en un área crucial para asegurar la paz en Oriente Medio –foco de tradicionales enfrentamientos-.

Y aún tiene participación militar España en la operación Atalanta de vigilancia y prevención ante la piratería marítima en aguas del Índico próximas a la costa somalí, en que España participa habitualmente con una fragata y un patrullero, además de la dotación de un par de aviones de vigilancia, que han venido llevando una eficacísima labor de seguridad en el tránsito marítimo y pesquero de la zona.

Por consiguiente, un repliegue de todos esos efectivos militares por obvias razones económicas, resulta entendible por cualquiera, razonable y aconsejable. Especialmente si el precio alternativo es el cierre de servicios sanitarios, docentes o ayudas sociales ineludibles por humanitarias para con nuestros nacionales que están agotando el subsidio de desempleo –que también se pretende recortar- para poder subsistir a esta dramática situación de crisis.

Consideramos que con las actuales misiones en vigor, según lo comentado, no necesitamos hacer memoria de otras importantes misiones militares en que también ha participado España en  otro momento en diversos lugares del mundo, pues la disposición y generosidad española a la colaboración internacional es palmaria, incluso por encima de las propias posibilidades económicas –como en el momento presente-, pero también España ha mostrado más generosidad con la Comunidad que otros países de mayor potencial económico, dado que no ha dudado en otorgar continuo tipo de cuantiosas ayudas a países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Como decisiva e importante ha sido la colaboración española en caso de catástrofes naturales en numerosas ocasiones y casos. Y no menor ha sido su colaboración en el pago de los gastos de la ONU, en que hasta hace pocos años venía a ocupar uno de los primeros puestos en su contribución económica de este Organismo internacional, muy por encima de su posición económica en el contexto internacional.

Por consiguiente, no dude el ministro Morenés que España tiene un largo y acreditado palmarés de solidaridad y lealtad internacional, que le ha hecho digna de confianza y aprecio en el contexto internacional. Sin perjuicio de reconocer que en el ámbito internacional prevalecen los criterios de la “real politic” que hace que los intereses nacionales predominen sobre el idealismo de cualquier procedencia, para evitar pecar de ingenuidad. Pero el menor reproche o duda, puede tener una amplia y contundente respuesta por el Gobierno de España.

Y además, resulta que las paradojas de la vida ponen al rescatador en posición de víctima y de demanda de ayuda, siendo el actual momento de España que requiere reequilibrar su presupuesto y hacer viables sus cuentas, con una reestructuración de su economía –no menor, aunque requiere una puesta a punto, para volver a recobrar la importancia antes alcanzada, pero de forma más sostenible que hasta ahora-. Es el momento en que España tiene que concentrar sus fuerzas para abandonar la crítica situación presente. E incluso es el momento de que la Comunidad Internacional tenga con España, al menos un mínimo de generosidad de la que España ha tenido con su vecindad mundial. Especialmente sus socios europeos, asumiendo que la solución de la UE o es de conjunto o previsiblemente sucumbirá por cicaterías individualistas y nacionalistas que comprometen el proyecto común europeo.

E incluso aplicando la racionalidad y el realismo político a esta situación, cabría decir que ahora tomen el relevo en estos despliegues militares, aquellos países del primer mundo que tienen buenos resultados económicos y no suelen participar con efectivos militares en misiones de paz internacionales; acaso los mismos, que impasibles observan y critican el debacle económico italiano, español, portugués e irlandés, sin tener el menor gesto de generosidad aprobando los famosos “eurobonos” o articulando medidas anticrisis y contra la especulación financiera. Pues no es soportable, ni económica, ni éticamente, que España esté “sacándoles las castañas del fuego” en la contribución a la paz y estabilidad internacional, y estos no muevan ni un dedo en evitar que los especuladores arruinen a España.

“VIERNES NEGRO” EN ESPAÑA

Este viernes fue “negro” para la economía y la sociedad española, pues el máximo histórico del diferencial de prima de riesgo español marcó los 610 puntos –según los técnicos, en clara franja de intervención del país-, en tanto la bolsa caía casi 6 puntos en su índice general, ante la impotencia de un gobierno que veía la actitud impasible de la UE, y un BCE irresponsable e insolidariamente ausente, mientras los mercados diezmaban –una vez más- la economía española como auténticos rapaces.

Las razones técnicas son palpables, ante una situación recesiva de la economía española, fruto del acoso permanente de los mercados financieros a nuestra débil economía; aunque choca con la idea de que ya se han tomado drásticas medidas de ajuste en España, apoyadas por la UE, y precisamente en el mismo día de este negro episodio, tanto el Congreso español aprobaba las medidas de ajuste, como el Bundestag alemán daba su apoyo al crédito de rescate de la banca española, todo lo cual debería de haber sido suficiente como para haber alejado la presión de los mercados sobre la economía española, sobre la que han marcado su objetivo agudizando la crisis y debilitando la economía nacional al imponer unos intereses de deuda poco sostenible.

Ello no obstante, se han vivido en España días de tensión política entre un Gobierno que se ve abocado a la toma de medidas de recorte, y optando por recortes sociales junto con medidas de gravamen fiscal del consumo, la ciudadanía ha entendido que este Gobierno no repartía la crisis de forma equitativa, sino que se centraba en las clases trabajadoras,  por lo que se ha visto en solitario –con su mayoría absoluta defendiendo estas duras medidas, contra todo el arco político, y una gran contestación en la calle.

Al propio tiempo la imprudente locuacidad del Ministro Montoro afirmando no tener dinero para pagar el sueldo de los funcionarios, ha hecho el resto. No siendo ajena la peculiar estructura política española de las autonomías, en que han aparecido algunas de ellas oponiéndose a las medidas del Gobierno central de España. Todo lo cual ha traído el lógico malestar y confusión interna y externa, de situación poco menos que caótica, poco organizada, que no se ponen de acuerdo ni siquiera para salir de una situación de emergencia nacional.

Por consiguiente, las causas de este “viernes negro” están tanto en el desconcierto patrio como en el insolidario ensimismamiento europeo, que pone de relieve la necesidad de ajustes estructurales e institucionales en España, como en la UE que sigue adoleciendo de una clara estructura federal, de una reserva federal que regule las finanzas de la Unión, y una armonización fiscal europea que estructure una adecuada respuesta a este tipo de problemas financieros en el área del euro, especialmente en países con dificultades económicas como España, Italia, Grecia, Portugal e Irlanda.

Sin embargo, si el análisis de la cuestión resulta claro, ¿qué impide que el Gobierno español ponga en marcha una decidida reforma constitucional que modifique el Estado Autonómico y reajuste las instituciones político-administrativas españolas a su realidad actual?; y ¿cuánto tardará la UE en constituirse como una auténtica Confederación de Estados, y a la moneda única añadir mecanismos fiscales y reguladores eficaces?.

Realmente nos estamos jugando el euro, el futuro de la UE, y sobre todo el bienestar y la estabilidad socio-económica lograda con el esfuerzo de muchos años en países como España, ante la lentitud en la adopción de las reformas de fondo que hubieran dado una respuesta adecuada a una crisis económica internacional, que se vive de forma distinta en los distintos países de la UE, pero no por ello deja de ser un problema de la UE y naturalmente de sus Estados miembros.

EL BUNDESBANK QUIERE LA INTERVENCIÓN DE ESPAÑA

El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, ha recomendado la intervención de España para refugiarse bajo el “paraguas” del rescate como país, en vez de plantearlo sólo como rescate de la banca española.

Weidmann se ha expresado así en unas declaraciones al rotativo alemán Börsen Zeitung, argumentando que el estado económico de la banca suele ser un fiel reflejo del estado económico de un país, lo que evidencia el mal estado de la economía española, y la necesidad de tomar decisiones radicales ante el elevado desempleo y el déficit de las autonomías.

Estas declaraciones, caen como un jarro de agua fría sobre las recientes medidas de recorte del Gobierno español, y viene a evidenciar que no satisfacen a la banca alemana –de la que Weidmann es preclaro referente, en su condición de responsable del banco central alemán-, a la sazón acreedora destacada de nuestro país; y que viene a expresar las dudas de nuestros acreedores alemanes sobre la viabilidad económica de nuestro país con las magnitudes económicas actuales, y en plena recesión.

Viene a ser como ese banquero que expresa sus dudas sobre la viabilidad de cualquier proyecto que se les somete a crédito, ante lo cual contestan con una mayor petición de garantías, previo a declinar su concesión.

Por consiguiente, estas declaraciones de Weidmann tenemos que tomarlas seriamente, especialmente si queremos contar –como no puede ser de otra forma- con el placet alemán en la UE, pues en definitiva defiende los intereses de la banca alemana, que está en condición acreedora y francamente inquieta por la evolución de la situación española, en cuya organización y sostenibilidad económica no acaba de confiar. Y ello es de vital importancia para que el rescate planteado vaya a buen puerto –entre otros muchos factores, internos y externos, económicos, sociales y políticos-. Así creemos que en las palabras del responsable del banco regulador alemán se encuentra el planteamiento de la Canciller Ángela Merkel.

Aunque por otra parte, no podemos dejar de pensar que esas palabras representan el sentimiento de los “abstractos mercados” a los que toda reforma económica y recorte hispano parece poco, según vemos diariamente en las cotizaciones de los diferenciales de “prima de riesgo” que apenas han dado árnica a España, como sí lo han hecho con Italia, en una especie de maniobra de “acoso y derribo” en la que Weidmann viene a anunciar la “estocada final”.

A Weidmann y los suyos sólo le importa recuperar el dinero prestado, lo cual es lógico y justo,  y en situación de desconfianza, cuanto antes mejor. De ahí que toda maniobra de reajuste, reequilibrio presupuestario, o recorte económico en España les sepa a poco, por un natural estado de impaciencia que da a todo acreedor que no ve claro el cobro de sus créditos; de ahí la expresión de un deseo que quieren forzar a que sea realidad: la intervención del país, en sutil referencia a su rescate, a ese “paraguas” imaginario. Consecuentemente las necesidades de la población española, los derechos sociales declarados y adquiridos, los servicios públicos españoles, a los acreedores –“mercados financieros”- les importan poco o nada.

Por eso, hay que decirle a Weidmann y los suyos –que aunque tengan derechos de crédito prestados a España- eso no les da derecho alguno a asumir labores de gobierno –para lo que no han sido elegidos-, y que nuestro Gobierno debe escucharlos y negociar en lo preciso, pero no puede, ni debe gobernar al dictado de ellos, pues en ese caso atendería a intereses espureos al de los propios españoles –que son los que les han dado la legitimidad soberana por vía electoral-, para los que ha de gobernarse preferentemente, sin que sus interese puedan verse relegados por intereses extraños –por muy legales que sean-.

Así las cosas, nuestro Gobierno tendrá que mantener la negociación, sin amilanarse por esos poderes fácticos, que también tienen incidencia real y directa en nuestra economía, a los que se ha de hacer ver que no es justa la presión que mantienen diariamente sobre nuestro país. Y sobre todo requerir a los socios de la UE a que actúen como tales apoyando a países como España e Italia están pasando momentos de dificultad económica, no insalvable si se le presta la ayuda que se espera de la lealtad de unos socios; so pena de hacer planteamientos alternativos a la propia configuración actual de la UE ante la falta de respuesta común a problemas que no son solo nacionales.

¿Qué vida se garantiza a los españoles, portugueses, irlandeses y griegos en el euro?

La crisis económica que amenaza al euro y que lleva a intervenir economías nacionales de la zona monetaria europea, parece que está llegando a un desenlace, ante la evidencia que las cosas no pueden continuar así, con economías semicolapsadas, escasez de crédito, elevadas cifras de paro y diferenciales de la prima de riesgo privativas para sus economías.

Por tanto, todo apunta que se acerca el inquietante desenlace, bien en forma de solución conjunta desde la UE para salvar estas economías, bien para que estas acaben por abandonar el euro, ante la imposibilidad de seguir los requerimientos de la autoridad monetaria europea.

Así, aunque decidirán los de siempre, los poderosos –hoy llamados “mercados”-, puede que el sueño europeo esté llegando a su fin. Como ya está en sus estertores el “Estado del Bienestar” que alguien ha decidido, desde su poderosa “torre de marfil” que es un exquisito menú impropio de pobres, pues dicen que no nos lo podemos pagar. Naturalmente, aunque pueda haber algo de razón en ello, no es menos cierto que tal afirmación atufa a un egoísmo digno de mejor empeño, pues tampoco se ha hecho un análisis serio y profundo de los gastos que tenemos y hemos venido manteniendo cuáles de los mismos son prescindibles, sino que se ha ido directamente contra los pocos beneficios alcanzados por las clases medias y trabajadora después de años de fatigas con algunos logros.

Por tanto, en esta opacidad, en que el pueblo está prácticamente al margen de lo que está sucediendo, salvo para sufrir las consecuencias de una nefasta gestión de la crisis por parte de nuestros políticos, y aún peor, por parte de los euroburócratas que abordan el problema desde una frialdad y una estrechez de miras que pone de manifiesto la lamentable ausencia de un liderazgo político europeo que fije rumbo a esta utopía confederal que lleva más de dos décadas en proceso de construcción no culminada; que es uno de los motivos de la actual crisis que padecemos, por faltar la política fiscal común que debiera haber acompañado a la monetaria.

En cualquier caso, aparte lo que hagan los poderosos de Europa y de cómo gestione Rajoy sus cartas –pues aparenta haber amagado con abandonar las propias iniciativas hasta la cumbre europea de finales de mes, algo que probablemente no aguante la situación y que posiblemente incluso la precipiten-; la cuestión es ¿qué nos espera en la UE intervenidos o semi-intervenidos?, pues resulta claro que la banca española ha sido un problema añadido que finalmente nos precipita a tener que ser, al menos “remolcados”. De entrada parece que ponen duras condiciones de ajuste del gasto público –le duela a quien le duela, y sea justo o injusto, pues de nuevo el dinero es lo único importante-, recorte de prestaciones sociales de paro, recorte posible de pensiones con prolongación de la edad máxima de jubilación, y toda una retahíla de medidas que nos llevarán a tener que subir impuestos y estar debiendo dinero durante más de una década, lo que lleva a hipotecar nuestro futuro en un par de décadas mínimo. Y siempre con la “espada de Damocles” ante cualquier desvío del rumbo marcado. Algo que podría definirse como una “neoesclavitud”, o quizá más suave, una “neocolonización”. Que tras la II Guerra Mundial no se instaló en Europa para evitar la crisis bélica con raíces en las duras indemnizaciones y sanciones de guerra impuestas a los alemanes en el Pacto de Versalles. Y sin embargo se optó por la creación de la CEE, tras la implicación activa de EEUU en el Plan Marshall de rescate al viejo continente asolado por los destrozos de la guerra. ¡Qué pronto se ha olvidado…!.

 Hemos de despertar de la utopía europea, pues esto deja de ser un sueño de libertad, de progreso e igualdad, para convertirse en una pesadilla de mercadeo infame, y sálvese quien pueda, con la complicidad de la mediocridad de los políticos nacionales.

Naturalmente, en ese horizonte hablar de nuestros socios europeos sería un sarcasmo. Pues no se han mostrado socios, sino rigurosos y cicateros administradores, de unas deudas que el propio sistema –por injusto, incompleto e inadecuado- ha propiciado, junto con una irresponsable actuación de nuestra clase dirigente, que tampoco ha desempeñado bien sus obligaciones de control y buena administración en los distintos gobiernos y mesogobiernos territoriales y locales.

¿Cuál sería la alternativa?. A estas alturas, prácticamente sería una, la de abandonar el euro. Aunque quizá cabría establecer urgentes contactos con los países que están como España (Italia, Grecia, Portugal, e Irlanda), con acercamiento al Gobierno Francés de Hollande, para hacer un planteamiento común en Bruselas.

Si no fuera posible, la alternativa sería el abandono de la moneda europea por parte de España, que recuperaría el control monetario y podría proceder a la necesaria devaluación de la moneda, como se hizo en numerosos episodios análogos en nuestra historia reciente (la última por Solchaga en la mitad de los ochenta), renegociando la deuda con medidas de quita y espera, evitando este sufrimiento económico, aunque trajera consecuencias inflacionistas, y perjudicara la competitividad. ¿Qué competitividad creen que podemos tener con la “losa” de una gran deuda financiera?, aparte que nuestros intereses –visto lo visto- hemos de defenderlos nosotros, algo que no garantiza una intervención económica, en que nuestros antiguos socios –actuales acreedores, y competidores comerciales- tratarán de  reconducirnos por los cauces que les sean más interesantes, que no tienen que ser los que más nos convengan. Además, ¿qué tipo de ejercicio soberano es ese que supone una posición doblegada a los dictados externos?.

En el ámbito económico, incluso habría sectores como el turismo o el inmobiliario que se recuperarían con facilidad ante una devaluación de la peseta, e incluso nuestras exportaciones  podrían beneficiarse, especialmente de aquellos productos propios.

Por consiguiente, no hagamos caso a los agoreros que nos anuncian que “tras ellos está el diluvio”. ¡Sólo se trata de ajustes macroeconómicos de índole monetaria, y no son los primeros!.

¿POR QUÉ NO PUEDE QUEBRAR UN BANCO?

De nuevo el indisimulable problema bancario español viene a recrudecer la crisis del país, una crisis que en gran parte tiene su origen en el estado de nuestro sector financiero, que por lo que estamos viendo, no ha dicho la verdad ni por equivocación, pues el agujero de nuestra banca se ha mantenido disimuladamente oculto, y sólo cuando alguna entidad se ha desmoronado, como ahora el caso de Bankia, nos enteramos –por entregas- de las ingentes cantidades de dinero que necesita para ser reflotada, que en su caso ya va por más de 23.000 millones de euros.

Tal cantidad que, según parece está dispuesto a poner el Estado, neutraliza el ahorro que pudiera conseguirse de los recortes en sanidad y educación, según los mejores cálculos, pues lo duplica con creces. Y hace que la ciudadanía, a la que se le ha estado pidiendo comprensión y duros esfuerzos económicos, se pregunte no sólo sobre la racionalidad y coherencia de tal discurso cicatero con los servicios públicos –servicios de todos-, ante el espontáneo y generoso gesto con la banca –que son negocios privados, de unos pocos-; pues aparenta hacer ineficaz la labor de ahorro y su consiguiente sacrificio social; pero sobre todo, pone de manifiesto un dilema ético, no resuelto que le resta legitimidad a la actual acción de gobierno, por lo inmoral e injusto que supone exigir sacrificios a la población –a la que se le recortan servicios públicos de primera necesidad-, entre tanto para la banca nunca falta la disposición de inyectar cantidades astronómicas de dinero público, sin que tales medidas pasen tampoco por el tamiz democrático de su decisión en las Cámaras Legislativas –sede de la soberanía popular-, a través de un debate razonado y sereno sobre la auténtica necesidad pública de acometer unas obligaciones inicialmente privadas asumidas por una entidad privada.

Pues no se entiende bien, que el Gobierno esté con un discurso casi apocalíptico de sustanciales recortes, so pretexto de la falta de dinero para la atención sanitaria de las personas en España (nacionales o inmigrantes), se hayan subido las tasas universitarias, reducido el potencial de becas, ajustado los presupuestos para investigación, y lo que es peor, reduciendo el sector público con despidos de empleados públicos, manteniendo asfixiadas financieramente a las Instituciones Públicas, muchas de las cuales no pueden hacer frente a sus propios pagos, y a renglón seguido se esté dispuesto a apuntalar una entidad bancaria privada inyectándole ingentes cantidades de dinero público para que no quiebre. ¿De dónde sale ese dinero?, ¿qué costo real va a tener sobre el sector público español, y sobre la ciudadanía?, ¿qué proyectos públicos se habrán de abandonar o postergar por esta imprevisión?. Y sobre todo, ¿alguien entiende esto?.

Aparte que va a llegar un momento en que, ni siquiera el Estado pueda hacerse cargo de la solvencia de entidades bancarias insolventes, ante el cúmulo de entidades que se vienen demostrando en graves dificultades (Caja Castilla la Mancha, CAM, Cajasur, Caixa Tarrasa, Caixa Sabadell, Caixa Cataluña, y ahora Bankia –que como se sabe es el resultante de otra serie de Cajas, algunas de las cuales estaban en dificultades, que no han sido capaces de remontarlas por sí solas-).

Por ello, habría que empezar a considerar la posibilidad de que los bancos quiebren, como cualquier otra empresa. ¿Quién ha erigido esa mentira de que los bancos no pueden quebrar?. ¿Acaso por las consecuencias dañinas para la economía?. Si el daño ya está hecho, cuando una entidad financiera no es económicamente sostenible. Lo que se trataría es de controlar el alcance de dicho daño sobre la economía general del país, que no sería igual si estuviéramos en un estado de bonanza económico y esa quiebra fuera un hecho aislado. Pero en el estado actual de crisis, con un frente bancario en crisis abierta, no parece ni razonable, ni prudente que el Estado salga a responder por todo ello, a modo de avalista solidario, y mucho menos como empresario. Algo que tanto se denosta desde las tesis liberales –que se esgrimen sólo cuando interesa, y ante quien conviene-; ejemplo de palpable incoherencia ideológica y práctica.

Además, la ciudadanía tiene derecho a preguntar, y tiene derecho a una razonada y razonable respuesta del gobierno y de la clase política, ¿por qué puede acabarse con el “Estado del Bienestar” y no se puede cerrar un banco económicamente inviable?, ¿por qué tenemos que asumir una pérdida de renta, en algunos casos de empleo, una reducción en la prestación de servicios públicos, incluso de las pensiones –fruto de los recortes-; y sin embargo hemos de acometer un rescate bancario con dinero público, que actualmente escasea?.

El que tenga la respuesta ya la debería de estar dando y sometiendo a la voluntad popular, antes de proceder precipitadamente a una acción potencialmente injusta y perjudicial para el interés público.

Y por último, ¿hay algún responsable de todo este desbarajuste?, ¿se le va a exigir responsabilidad?, o la corresponsabilidad de “consejeros políticos” va a servir de “indulto tácito” y opacidad para la depuración de responsabilidades. Si así fuera, no sería ni justo, ni ejemplarizante, y transmitiría un “insidioso tufillo” de impunidad de los poderosos, que repercutiría negativamente en la credibilidad y legitimidad de nuestro actual sistema político, lo cual elevaría exponencialmente los riesgos de la actual crisis. 

ESPAÑA ENTRE EL “RECORTE SOCIAL” Y LOS “PAÑOS CALIENTES”

España es el país de las contradicciones, pues justo en los dramáticos momentos en que se están recortando gastos públicos importantes de primer nivel (como el sanitario), nos encontramos con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Resolución de 13 de diciembre de 2011, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de plazas para pensionistas que deseen participar en el Programa de Termalismo Social, en virtud del cual se hace una oferta que nos parece inoportuna con la situación económica del país. Pues parece más urgente arreglar el desajuste presupuestario para mantener las pensiones, la sanidad y la educación, que fomentar el “termalismo social” con cargo al Erario Público.


Pues el esfuerzo ha de ser de todas las capas sociales, y sobre todo en aquello que resulta necesario, como puede ser un tratamiento farmacológico, o una asistencia hospitalaria, antes que unos “baños termales”, o antes que un “turismo social”, pues estos últimos servicios, aunque sean gestos de solidaridad social, no resultan ser necesarios, por lo que la sociedad debe de priorizar entre lo necesario, y prescindir de lo innecesario. Pues de lo contrario se estaría cometiendo una injusticia y una grave inmoralidad.

El caso del “termalismo social”, como el caso del “turismo social”, de los conocidos “viajes del INSERSO, pudo tener su razón de ser en tiempos de bonanza económica, pero no nos parece nada bien que se mantengan en estos tiempos de recesión en que el presupuesto público se ha de contraer y centrar en lo estrictamente necesario.

Nuestros “mayores” hasta ahora han sido atendidos de forma exquisita por esta sociedad –hasta ahora del bienestar-, han tenido una jubilación como nunca antes habían tenido otras generaciones de ancianos, con sus pagas, su atención social, las pensiones no contributivas, las de movilidad, el turismo social, sanidad gratuita total –incluidas las recetas rojas, gratuitas-, etc. Y ahora va siendo hora, que nuestros “mayores” empiecen a contribuir al costo de la crisis –aunque sea modestamente, según sus posibilidades-, como puede ser el caso de la supresión de este “turismo social”, del “termalismo social”, e incluso de las recetas rojas de gratuidad farmacéutica total –pues habría de limitarse según el nivel de renta y pensión del jubilado, ya que no todos tienen la misma capacidad adquisitiva, según las rentas que les han quedado-. Y a todo ello, probablemente hubiera que añadirle a la sanidad pública –en vez de experimentos privatizadores, que no han mostrado su eficacia y sociabilidad- la imposición del copago, o ticket moderador por consulta médica, a todos los beneficiarios del Sistema Sanitario Público. De forma que se pueda mantener y hacer viable un excelente Sistema Público de Sanidad que da cobertura gratuita –en ese caso sería, casi gratuita- a toda la población, antes que el mismo se deteriore más por falta de financiación, o se acabe desmontando y entregando a los intereses de empresas y colectivos profesionales privados.

Ya que el copago está implantado, de una u otra forma, en el entorno de la UE, y daría respuesta inicial a las necesidades de organización y financiación del Sistema Sanitario Público, antes de declararlo inviable financieramente, de forma precipitada e inconveniente para el interés público. Pues a otros servicios públicos (defensa, seguridad, bomberos, protección civil, etc.) se les pide una rentabilidad empresarial; sino que cumplan adecuadamente sus funciones, dentro de un adecuado grado de administración y organización. El servicio público no tiene por qué ser rentable económicamente (aunque se administre bien), su rentabilidad ha de ser social. En forma de aprobación de la sociedad a la que le presta ese servicio. Y esa aprobación ya la tiene el Sistema Sanitario Público.

De forma que los ajustes se repartan proporcionalmente al grado de esfuerzo posible de cada capa social. Y sobre todo, que aquellos servicios públicos –como el sanitario- que han demostrado su eficacia, no deberían someterlos a extraños experimentos económicos, más allá de dotarlos y administrarlos con rectitud y justicia.