LA COSPEDAL HA PUESTO EL DEDO EN LA LLAGA DEL RECORTE INSTITUCIONAL

Mª Dolores de Cospedal, Presidenta de Castilla la Mancha y Secretaria General del PP, una vez más ha puesto el dedo en la llaga del recorte institucional que requiere España, pero que el Gobierno de Rajoy no se atreve a acometer, pese a las exigencias cada vez más claras de la UE y el BCE para acceder al cuantioso préstamo de rescate que necesitamos.

Y es que Cospedal –que parece adoptar el rol de “poli malo”- se ha pronunciado por la necesidad de reducir los diputados de los parlamentos autonómicos, incluso de que sus servicios sean gratuitos para las arcas públicas. Sin que sepamos, por tanto, si este es el planteamiento autóctono de la Presidenta de Castilla la Mancha, o por el contrario es un “globo sonda” que –como Secretaria General del PP, y posiblemente de acuerdo con Rajoy- lanza para tratar de conocer el grado de aceptación o rechazo que la propuesta tiene en la opinión pública.

De entrada, la reacción de la clase política instalada (PP y PSOE) no ha sido favorable –como era de prever-, pues unos por razones de pérdida de supuesta legitimidad representativa al reducir el número de diputados, y otros por razones de que la gratuidad podría ser selectiva con los que se dedicaran a la política, dado que al no ser retribuida podría quedarse sólo en manos de las clases sociales mejor situadas económicamente.

Sin embargo, ambos argumentos se nos antojan falaces, el primero –de disminución de representatividad por reducir el número de diputados regionales- no tiene el menor fundamento, ya que de hecho la imposición de la conocida “disciplina de voto” en los grupos parlamentarios hacen que el control sobre los diputados, por parte de su propio partido sea ferreo, de forma que lo que el grupo parlamentario determina eso es lo que sus diputados votan, con lo cual bastaría la existencia de un solo diputado cuyo voto tuviera el valor de la representación proporcional que ostente, según el porcentaje de voto obtenido en las elecciones.

Pero como no creemos en la “disciplina de voto” por ser perniciosa en muchos casos para los intereses de los ciudadanos (por ejemplo, recordemos la votación sobre la política hidráulica de trasvases, en que los territorios tenían intereses diferentes, que no se tradujeron adecuadamente en las votaciones de los grupos políticos); por consiguiente, consideramos que si algún argumento de defensa del número de diputados existiera sería el que deviniera de la implantación del “diputado de distrito” que tuviera contacto directo con su población, y representara los auténticos intereses de la misma en la Cámara legislativa. Pero esa figura, de la que se ha hablado mucho, no existe en nuestro país. Por lo que la reducción del número de diputados podría ser asumible sin merma representativa alguna.

En cuanto a la otra razón en contra, la gratuidad del cargo, viene de la mano del rechazo que nuestra sociedad –especialmente en estos momentos de paro y crisis- tiene de la figura del político profesional, y sobre todo del mal ejemplo dado por muchos de ellos que compatibilizan su trabajo habitual con el cargo político, generándose una situación efectiva de pluriempleo que ha tenido un efecto perverso, además de poco sensible al drama del paro creciente, de los sueldos menguantes, de los recortes sociales y del subempleo general del país.

Por consiguiente, parece que la propuesta ha venido a señalar uno de los ámbitos de reajustes que el Gobierno de Rajoy está eludiendo desde que llegó al poder, pues ni la anunciada reforma municipal la ha puesto en marcha. Y estas manifestaciones de la Secretaria General del PP apuntan a ese ámbito de reforma, donde habrán por seguir con la supresión de las Diputaciones Provinciales, evitar las duplicaciones de cargos públicos en los ámbitos nacionales autonómicos y local, y otras tantos ajustes institucionales de porte político-administrativo, así como de Fundaciones y Empresas Públicas, más que prescindibles que han proliferado por miles en nuestro país, siempre antes de tocar las pensiones, y volver a rebajar el sueldo a los empleados públicos, o seguir reduciendo servicios públicos esenciales como la Educación o la Sanidad.

Aunque lo extraño es que lo pida Cospedal, que ha venido compatibilizando retribuciones diversas correspondientes a sus diferentes cargos públicos, eso es lo que hace el planteamiento aún menos creíble de que se vaya a llevar a cabo.

ESPAÑA ENTRE EL “RECORTE SOCIAL” Y LOS “PAÑOS CALIENTES”

España es el país de las contradicciones, pues justo en los dramáticos momentos en que se están recortando gastos públicos importantes de primer nivel (como el sanitario), nos encontramos con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Resolución de 13 de diciembre de 2011, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de plazas para pensionistas que deseen participar en el Programa de Termalismo Social, en virtud del cual se hace una oferta que nos parece inoportuna con la situación económica del país. Pues parece más urgente arreglar el desajuste presupuestario para mantener las pensiones, la sanidad y la educación, que fomentar el “termalismo social” con cargo al Erario Público.


Pues el esfuerzo ha de ser de todas las capas sociales, y sobre todo en aquello que resulta necesario, como puede ser un tratamiento farmacológico, o una asistencia hospitalaria, antes que unos “baños termales”, o antes que un “turismo social”, pues estos últimos servicios, aunque sean gestos de solidaridad social, no resultan ser necesarios, por lo que la sociedad debe de priorizar entre lo necesario, y prescindir de lo innecesario. Pues de lo contrario se estaría cometiendo una injusticia y una grave inmoralidad.

El caso del “termalismo social”, como el caso del “turismo social”, de los conocidos “viajes del INSERSO, pudo tener su razón de ser en tiempos de bonanza económica, pero no nos parece nada bien que se mantengan en estos tiempos de recesión en que el presupuesto público se ha de contraer y centrar en lo estrictamente necesario.

Nuestros “mayores” hasta ahora han sido atendidos de forma exquisita por esta sociedad –hasta ahora del bienestar-, han tenido una jubilación como nunca antes habían tenido otras generaciones de ancianos, con sus pagas, su atención social, las pensiones no contributivas, las de movilidad, el turismo social, sanidad gratuita total –incluidas las recetas rojas, gratuitas-, etc. Y ahora va siendo hora, que nuestros “mayores” empiecen a contribuir al costo de la crisis –aunque sea modestamente, según sus posibilidades-, como puede ser el caso de la supresión de este “turismo social”, del “termalismo social”, e incluso de las recetas rojas de gratuidad farmacéutica total –pues habría de limitarse según el nivel de renta y pensión del jubilado, ya que no todos tienen la misma capacidad adquisitiva, según las rentas que les han quedado-. Y a todo ello, probablemente hubiera que añadirle a la sanidad pública –en vez de experimentos privatizadores, que no han mostrado su eficacia y sociabilidad- la imposición del copago, o ticket moderador por consulta médica, a todos los beneficiarios del Sistema Sanitario Público. De forma que se pueda mantener y hacer viable un excelente Sistema Público de Sanidad que da cobertura gratuita –en ese caso sería, casi gratuita- a toda la población, antes que el mismo se deteriore más por falta de financiación, o se acabe desmontando y entregando a los intereses de empresas y colectivos profesionales privados.

Ya que el copago está implantado, de una u otra forma, en el entorno de la UE, y daría respuesta inicial a las necesidades de organización y financiación del Sistema Sanitario Público, antes de declararlo inviable financieramente, de forma precipitada e inconveniente para el interés público. Pues a otros servicios públicos (defensa, seguridad, bomberos, protección civil, etc.) se les pide una rentabilidad empresarial; sino que cumplan adecuadamente sus funciones, dentro de un adecuado grado de administración y organización. El servicio público no tiene por qué ser rentable económicamente (aunque se administre bien), su rentabilidad ha de ser social. En forma de aprobación de la sociedad a la que le presta ese servicio. Y esa aprobación ya la tiene el Sistema Sanitario Público.

De forma que los ajustes se repartan proporcionalmente al grado de esfuerzo posible de cada capa social. Y sobre todo, que aquellos servicios públicos –como el sanitario- que han demostrado su eficacia, no deberían someterlos a extraños experimentos económicos, más allá de dotarlos y administrarlos con rectitud y justicia.