ESPAÑA ENTRE EL “RECORTE SOCIAL” Y LOS “PAÑOS CALIENTES”

España es el país de las contradicciones, pues justo en los dramáticos momentos en que se están recortando gastos públicos importantes de primer nivel (como el sanitario), nos encontramos con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Resolución de 13 de diciembre de 2011, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de plazas para pensionistas que deseen participar en el Programa de Termalismo Social, en virtud del cual se hace una oferta que nos parece inoportuna con la situación económica del país. Pues parece más urgente arreglar el desajuste presupuestario para mantener las pensiones, la sanidad y la educación, que fomentar el “termalismo social” con cargo al Erario Público.


Pues el esfuerzo ha de ser de todas las capas sociales, y sobre todo en aquello que resulta necesario, como puede ser un tratamiento farmacológico, o una asistencia hospitalaria, antes que unos “baños termales”, o antes que un “turismo social”, pues estos últimos servicios, aunque sean gestos de solidaridad social, no resultan ser necesarios, por lo que la sociedad debe de priorizar entre lo necesario, y prescindir de lo innecesario. Pues de lo contrario se estaría cometiendo una injusticia y una grave inmoralidad.

El caso del “termalismo social”, como el caso del “turismo social”, de los conocidos “viajes del INSERSO, pudo tener su razón de ser en tiempos de bonanza económica, pero no nos parece nada bien que se mantengan en estos tiempos de recesión en que el presupuesto público se ha de contraer y centrar en lo estrictamente necesario.

Nuestros “mayores” hasta ahora han sido atendidos de forma exquisita por esta sociedad –hasta ahora del bienestar-, han tenido una jubilación como nunca antes habían tenido otras generaciones de ancianos, con sus pagas, su atención social, las pensiones no contributivas, las de movilidad, el turismo social, sanidad gratuita total –incluidas las recetas rojas, gratuitas-, etc. Y ahora va siendo hora, que nuestros “mayores” empiecen a contribuir al costo de la crisis –aunque sea modestamente, según sus posibilidades-, como puede ser el caso de la supresión de este “turismo social”, del “termalismo social”, e incluso de las recetas rojas de gratuidad farmacéutica total –pues habría de limitarse según el nivel de renta y pensión del jubilado, ya que no todos tienen la misma capacidad adquisitiva, según las rentas que les han quedado-. Y a todo ello, probablemente hubiera que añadirle a la sanidad pública –en vez de experimentos privatizadores, que no han mostrado su eficacia y sociabilidad- la imposición del copago, o ticket moderador por consulta médica, a todos los beneficiarios del Sistema Sanitario Público. De forma que se pueda mantener y hacer viable un excelente Sistema Público de Sanidad que da cobertura gratuita –en ese caso sería, casi gratuita- a toda la población, antes que el mismo se deteriore más por falta de financiación, o se acabe desmontando y entregando a los intereses de empresas y colectivos profesionales privados.

Ya que el copago está implantado, de una u otra forma, en el entorno de la UE, y daría respuesta inicial a las necesidades de organización y financiación del Sistema Sanitario Público, antes de declararlo inviable financieramente, de forma precipitada e inconveniente para el interés público. Pues a otros servicios públicos (defensa, seguridad, bomberos, protección civil, etc.) se les pide una rentabilidad empresarial; sino que cumplan adecuadamente sus funciones, dentro de un adecuado grado de administración y organización. El servicio público no tiene por qué ser rentable económicamente (aunque se administre bien), su rentabilidad ha de ser social. En forma de aprobación de la sociedad a la que le presta ese servicio. Y esa aprobación ya la tiene el Sistema Sanitario Público.

De forma que los ajustes se repartan proporcionalmente al grado de esfuerzo posible de cada capa social. Y sobre todo, que aquellos servicios públicos –como el sanitario- que han demostrado su eficacia, no deberían someterlos a extraños experimentos económicos, más allá de dotarlos y administrarlos con rectitud y justicia.