ELECCIONES VASCAS EN PAZ A COSTA DE INCORPORAR AL SISTEMA A SECTORES PROETARRAS

Llegamos a la recta final de la campaña electoral vasca, que tiene como característica diferencial el haberse desarrollado en un clima pacífico, consecuencia del proceso de paz que está desarrollando aquella sociedad, y que conlleva el no menor precio de incorporar al sistema democrático e institucional a sectores proetarras.

Esa es quizá la verdadera y auténtica diferencia de este proceso electoral, pues tras varias décadas de violencia terrorista ETA anunció un armisticio –probablemente definitivo,  aunque no haya entregado las armas, y solo nos conste su anunciada voluntad y la realidad del cese de la violencia, que no es poco-.

Si bien, nos encontramos ante el posible fin definitivo de un largo y violento conflicto que dividió a la sociedad vasca, y sobre todo hizo sufrir a los españoles una violencia terrorista salvaje que no respetó ni a personas, ni ciudades, ni lugares concurridos, en definitiva, no respetó la vida y la dignidad humana, so pretexto de una lucha armada de supuesta liberación de lo que decían sentir como su Nación Vasca (Euskalerría), que tampoco fue entendida por el resto de los españoles, pues hasta que apareció la bestia terrorista aquellas regiones del norte de España fueron, como también lo ha sido Cataluña, territorios privilegiados por el Estado, tanto desde le punto de vista foral, como desde el punto de vista económico-industrial y financiero, siendo polos industriales de excepción en el territorio español.

Pero ese difuso sentimiento nacionalista, que trata de enfatizar las diferencias entre los españoles, no ha contribuido a la unión de España como país, sino que por el contrario ha ido sembrando un espíritu de diferencia y divergencia, en vez de contribuir a la necesaria convergencia a la que ha de tender todo Estado Nacional; y que en el colmo de los despropósitos generó un grupo armado que ha segado la vida a más de un millar de personas en defensa de una utopía, que con el tiempo llegó a tener un apoyo social en el País Vasco en torno a un tercio de su población, y habitualmente las opciones electorales del ámbito nacionalista radical violento ha oscilado sobre los 300.000 votos.

En consecuencia, ante esa realidad social, la fórmula policial contra el terrorismo era necesaria, pero no era plena para resolver el conflicto generado, ya que no se regulariza la convivencia socio-política sólo con medidas policiales, como no puede estabilizarse y hacerse viable un proyecto común de base democrática si no se dialoga y negocia entre todas las posiciones políticamente relevantes, entre las que no se puede ignorar ese estimable sector de la sociedad vasca que se ha posicionado en el ámbito de un nacionalismo abertzale radical. De ahí que se entiendan las discretas negociaciones entre los Gobiernos y los sectores beligerantes para intentar acercar posiciones y llegar a acuerdos viables que normalicen la vida pública de aquel territorio.

Y en esa situación, en que se intuyen acuerdos, más o menos expresos o tácitos, se entiende el armisticio de la banda terrorista, y la bondadosa legalización de algunas agrupaciones políticas, que por de pronto han logrado un amplio periodo de paz sin crímenes terroristas, y la incorporación democrática de sectores antes atrincherados de forma beligerante en los márgenes del sistema, que en la actualidad son recuperados para la paz y la regularización democrática de la política vasca, aunque será trabajo de más de un día el llegar a lograrlo plenamente; pero por de pronto, parece mejor que la vida política excluya el crimen, la amenaza, y la coacción.

Sin embargo, como en otros ámbitos de la vida, casi toda opción conlleva efectos deseables y otros no tan deseables. En el presente caso, la paz merecía el esfuerzo, y si la vida democrática acaba de hacer el resto –como se desea- sería lo ideal. Pero esos sectores siguen siendo potencialmente separatistas, y de un nacionalismo radical que desde las instituciones que consigan en mayoría pueden llevar su intolerancia al resto de la sociedad, que habrá de organizarse para lograr un auténtico equilibrio social que evite situaciones de dominio irrespetuoso, y sobre todo acciones públicas pro-separatistas por simpatía de la euforia nacionalista que se vive en Cataluña que tendría una rápida y fácil propagación al territorio vasco.

Entre tanto, como “cada día tiene su afán”, dejando para análisis futuros esas perspectivas de una potencial deriva separatista de del abertzalismo vasco, nos centramos en la presente consulta electoral para la que todas las previsiones dan una victoria quizá holgada a Iñigo Urkullu del PNV que relevaría de Ajurianea a Patxi López (PSOE), ante lo que habrá que esperar para ver si su actual mensaje contenido, moderado, no acaba por sorprender cuando alcance el poder, y animado por la deriva separatista del nacionalismo catalán de Mas, acabe por desempolvar el “Plan Ibarreche” y genere de nuevo otro grave problema político en la castigada España.

SE DESMORONA EL ESTADO DEL BIENESTAR Y SE DESMEMBRA EL ESTADO ESPAÑOL

La actualidad española presenta un turbulento y oscuro horizonte de presente y aún de futuro, pues la crisis económica ha desatado de nuevo viejos demonios en la sociedad española, de forma que, aprovechando la profunda crisis política que arrastra consigo la precariedad económica nacional, se han planteado dos de las tres principales cuestiones que llevaron a los españoles a la confrontación civil del pasado siglo.

Efectivamente, cuestiones que parecían resueltas, como la “cuestión social”, o más o menos consensuadas como la “cuestión territorial”, emergen sobre la realidad española tornándola de incertidumbre, conflictividad y crispación.

Así como si se tratara de un maléfico destino, los españoles –que nos congratulábamos hace tres décadas en haber hecho una transición ejemplar desde la Dictadura a la Democracia- resulta que venimos a tropezar en las mismas piedras de antaño, que tanto nos dividieron y tan graves y trágicas consecuencias nos produjeron.

En cuanto a la “cuestión social”, soportada sobre las relaciones político-sociales interclasistas, por la progresiva integración de las clases trabajadoras en una gran clase media, iniciada tras el desarrollismo franquista, y consolidada en plena democracia, especialmente con el desarrollo constitucional de la legislación socio-laboral, y demás coberturas sociales que dieron contenido a la definición constitucional de considerar a España como “Estado Social de Derecho”, así como la institucionalización del sindicalismo en su labor de mediación en los conflictos laborales y sociales, facilitaron que la vieja “cuestión social” que venía a representar la particular lucha de clases entre el capital y el trabajo en la España decimonónica y  del primer tercio del siglo XX, vino a encauzarse con la sensatez del consenso constitucional, y un generoso a la vez que justo desarrollo legislativo en la década de los ochenta del pasado siglo.

Sin embargo, la solución dada por vía de la instauración del “Estado del Bienestar”, atendiendo a criterios de justicia social, ha sido progresivamente revisada por sectores más conservadores y liberales actualmente en boga, que lo venían criticando de artificioso, inoperante y costoso.  Razones, que parecen atender más a criterios ideológico-políticos que a la propia realidad de las mismas, dado el mantenimiento de este tipo de Estado en países nórdicos –que no han tenido el menor problema con la crisis económica-, e incluso el propio Estado Alemán, con importantes resortes públicos de ámbito social que genera un considerable “colchón” social ante las desigualdades y ante las crisis.

Aunque ha bastado que llegue una crisis financiera internacional –generada  en el ámbito bancario e ideológico, casualmente de los detractores del “Estado del Bienestar”- para que este haya entrado en una situación crítica de rápido desmoronamiento y más que  probable desaparición, contra la voluntad del cuerpo electoral –que además ni siquiera ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el mismo, dado que en ningún momento se le ha dicho que se fuera a liquidar, por parte del nuevo Gobierno-.

De tal forma que los recortes públicos –para hacer frente a la crisis- se han orientado a podar masivamente el ámbito social, so pretexto de que no nos podemos permitir sostener el actual “Estado del Bienestar”, sin que se hagan otros intentos de recortes del gasto público significativamente importantes como la duplicidad de las Administraciones Públicas y el cuantioso número de cargos públicos retribuidos en nuestro país. Y además, pese a las protestas públicas de las clases trabajadoras de este país, se ha hecho oídos sordos, enarbolando la reciente mayoría absoluta obtenida en las urnas –aunque no se planteó en ningún momento esta cuestión, ni mucho menos la orientación e intensidad de los recortes del gasto público-.

Item más, se ha elaborado un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, con una reducción en la cuantía general de los mismos, que sigue incidiendo en la misma orientación ideológica de recortes sociales; algo que además, junto a la incertidumbre sobre el rescate económico de España, subordinado a los intereses electorales del partido de gobierno en las autonómicas vascas y gallegas, hace que tales presupuestos sean poco más que papel mojado a la hora de considerarlos como auténtica “hoja de ruta” de la política económica y hacendística española para el próximo año, en que probablemente se abran las puertas de par en par a los burócratas europeos de la troika que serán los que ilegítimamente decidirán por nosotros, o mejor dicho, contra nosotros.

Por tanto, con el desmoronamiento del “Estado del Bienestar” se rompe de hecho el consenso constitucional sobre la “cuestión social” que tanto trabajo costó encauzar, y trae sobre la actualidad un incremento exponencial de la conflictividad social y política de imprevisibles consecuencias.

Pero además, como dice el refrán: “donde no hay harina, todo es mohína..”, de ahí que la “cuestión territorial”, siempre latente, en los territorios con nacionalismos secesionistas, ha aprovechado la oportunidad de la debilidad del Estado en plena crisis económica y aún política, para azuzar el fuego de la disensión agudizando la crisis política del Estado hasta el extremo de plantear explícitamente la autodeterminación de Cataluña, en un abierto pulso al Estado; y de paso, ha tenido eco –por vía de contagio- en el tradicionalmente agitado territorio vasco, pues para no ser menos –en plena campaña electoral- el candidato del PNV, Íñigo Urkullu, ha hecho una apuesta por una Euskadi  que "se mida con el resto de naciones como una más, sin subordinaciones impuestas", con posibilidad de materialización de "cualquier proyecto político", y "sin más ataduras que la libre decisión de la ciudadanía vasca".

Por consiguiente, asistimos al fracaso del consenso constitucional en ámbitos tan extremadamente delicados como los apuntados de la “cuestión social” y la “cuestión territorial”, que plantean el desmoronamiento del Estado del Bienestar y la desmembración del Estado, algo que requiere la urgente intervención de las  fuerzas políticas y sociales para volver a consensuar las soluciones que, o bien restañen el marco constitucional, o bien se generen los acuerdos precisos que cierren rápida y justamente las graves fisuras que amenazan tan importante quiebra.

Por suerte, la tercera cuestión, “la religiosa”, ha sido resuelta producto del creciente proceso de secularización de la vida pública; algo que no es baladí.