Las dramáticas consecuencias de la
actual crisis económica están poniendo sobre la mesa un replanteamiento de
conceptos de convivencia tan esenciales como los de justicia social, caridad o
filantropía, en razón a que ante la tragedia de millones de personas y cientos
de miles de familias que se encuentran en el paro abocados a la pobreza y a la
marginalidad social, cualquier conciencia mínimamente formada ha de responder
al menos en su interior, y también tomando iniciativas de acción para corregir
y socorrer a esas personas en su sufrimiento y desesperanza.
Incluso cuando se escucha a
algunos participantes de tertulias públicas, y se lee en artículos, algunos
argumentos puramente economicistas, se echa en falta la consideración real y
profunda del factor humano, que debe de estar por encima de las consideraciones
mercantilistas o financieras, dado que suele ser el caso en que la desgracia
actual de la mayoría trae su causa en este tipo de mecanismos que cuando se
desajustan generan las crisis económicas con sus duros efectos, que vienen
siendo cíclicas en el imperfecto mundo del capitalismo puro y duro, al que nos
abocan periódicamente con más o menos determinación, pese a la suscripción simultánea
e hipócrita de declaraciones formales de derechos humanos, que sirven para
justificación pública y acaso para narcotización de alguna conciencia.
En el momento actual, no puede
ser objetivo prioritario y único de interés nacional el rápido equilibrio
financiero –de unas finanzas que se han desajustado en el curso de una década,
propiciado por la liberación y falta de mecanismos de control sobre los
mercados financieros, propios del sistema que se encuentra entregado a los
mismos, y que lleva a mezclar política y economía al punto que los grupos
fácticos de poder e influencia radican en el ámbito económico-financiero-. Y no
puede ser ese el objetivo prioritario a costa de millones de parados y de una
falta de certidumbre en la solución del problema.
Ni el BCE, ni el FMI, ni la misma
UE tienen legitimidad moral para seguir apuntando soluciones quirúrgicas
experimentales a la economía española, pues en el origen de este problema
también tienen su cuota de responsabilidad no menor. Además que sus recetas ya
sabemos que atienden preferentemente a los beneficios de los grupos
financieros, tal es la actitud que mantienen, tal es el caso de la insolente
recomendación última de que España ha de rebajar los salarios un 20% a sus
trabajadores para conseguir una mayor competitividad. Algo que no se cumple, en
muchos casos de economías desarrolladas, en que siguen exportando dado que
mantienen intacta la competitividad y los sueldos son superiores a los
españoles, como el caso de la misma Alemania.
¿Acaso se puede mantener la
indeterminación sobre la prórroga de los 400€ a los parados que han agotado el
subsidio de desempleo, con casi 6 millones de parados, y determinados a
comprometer al Estado en un crédito multimillonario al sector bancario en
dificultades?. ¿Preferimos atender las
necesidades de unos bancos en situación de insolvencia, o el euro antes que
auxiliar a nuestros propios ciudadanos en situación grave de marginación?. ¿Qué
sociedad estamos creando?.
Para empezar habría que cambiar
la definición de Estado como “SOCIAL”,
democrático y de Derecho del art. 1 de vigente Constitución. Pues si no, ¿qué
significado tiene mantener esa definición cuando las políticas asumidas por el
Estado son cada vez más antisociales?. Aunque lo imponga la UE, Alemania, o el
mismo Obama. La soberanía nacional reside en el pueblo, y sólo en él.
Incluso si unimos la declaración
de “Estado Social” del art. 1 con la
de “función social de la propiedad”
(art. 33), resulta que tenemos los ingredientes clave del “Estado Social” que cualquier política gubernamental ha de atender,
como límite de sus políticas que no pueden ser antisociales, pues no se
ajustaría a la Constitución.
Por ello, ante la decisión de la
prórroga de los 400€ a los parados habría de plantearse la naturaleza social de
esta medida, aunque realmente no se adapte plenamente a la formulación
normativa con la que se promulgó –que podría rectificarse-, pero que en la
realidad viene dando respuesta y apoyo económico mínimo de límite a muchos
ciudadanos en nuestro país, que sin esa ayuda se verían arrojados a una pobreza
y marginalidad extrema, que además de injusto e inmoral, traería consecuencias
sociales conflictivas indeseables, desde todos los puntos de vista. Así que
para cuadrar las cuentas de la banca, que las arreglen los bancos que puedan recapitalizarse
privadamente y volver a ser solventes, y si no que cierren. Pues por suerte,
hemos conocido esta misma semana –paradojas de la vida- que en España tenemos
un grupo de bancos de lo más saneado de Europa –gracias a Dios, todo no va a
ser desgracia-, pues que operen estos solo, y el Estado se abstenga de avalar
ante la UE un megapréstamo que lastrará más nuestra situación económica de cara
a un reflotamiento del país. Y todo esto además, profundiza cada vez más en un
clara contradicción de los apóstoles del neoliberalismo, ya que en medio de
tanta receta de recortes al sector público y privatizaciones, se socializan
sólo las pérdidas de los bancos, cuando los ciudadanos no somos socios
bancarios, ni el Estado es avalista de los mismos.
Consiguientemente, esa ayuda de
los 400€ a los parados representa un seguro para ellos, también para nuestra
sociedad, y sobre todo representa la obligación del Estado social de
corresponder con sus ciudadanos ante situaciones socialmente injustas,
restableciendo con esta medida acciones de justicia social que suponen el
compromiso del Estado de equilibrar de esta forma, los desajustes de los
mercados. Demostrándose así que los “Estados Sociales” desarrollan un sistema
social de ayudas y protección que deriva en los “Estados del Bienestar”, que
suelen tener los mejores niveles de vida de sus ciudadanos, por un reparto más
justo y equitativo de la renta. Algo a lo que se opone radicalmente el
liberalismo económico, que reencarnado en formas neoliberales postula el
derribo del “Estado del Bienestar” so pretexto que no lo podemos pagar, algo
que no suele responder a la realidad, pues se confunde la sostenibilidad del
mismo –que conlleva, un sistema fiscal justo y progresivo, gravando más las
mayores rentas, que desde tales posiciones no se desea, y así realmente no es
viable si no se está dispuesto a atenderlo presupuestariamente-; pero que en
este momento se trata de mezclar con la mala gestión de un sector público
hiperdimensionado que anida infinidad de empleo político, también mezclado
innecesariamente con funcionarios profesionales.
Incluso en la dialéctica de la
controversia actual, se llega a pretender deslegitimar algunas afirmaciones de
políticos que apoyan estas medidas, con argumentos que repartan su propio
patrimonio. Y eso –además de ser una decisión personal- se plantea como una
trampa dialéctica mezclando el concepto de “justicia
social” con los de “caridad” o “filantropía”, pues el primero supone
una acción de justicia en el reparto equilibrado de la renta en una determinada
sociedad, que evita la generación de bolsas de pobreza y marginalidad, y sobre
todo la creciente diferencia entre clases sociales –algo cada vez mayor en
España, en que la clase media se ve comprometida al perder su empleo a caer en
pobreza-.
En tanto que “caridad” supone la ayuda personal con su propio patrimonio a los
necesitados, por amor de Dios, con un sentido religioso, en cumplimiento de una
moral social concorde con la fe. Mientras que “filantropía” supone igualmente una ayuda personal con el propio
patrimonio a personas necesitadas, por pura tendencia humanitaria. Ambas, pues
son decisiones personales, que no son incompatibles con la aplicación de la
justicia social, pero en tanto la caridad o la filantropía no son derechos del
necesitado, las ayudas sobre la base de justicia social si suponen un compromiso
colectivo, del Estado que genera unas expectativas, cuando no derechos a ser
atendido en situación de necesidad.
Por todo ello, el Gobierno haría
bien en determinar ya la prórroga de dichas ayudas a los parados, sobre la base
del compromiso constitucional con la justicia social, derivado del concepto de “Estado Social”. Al tiempo, que debería
de revisar sus actuaciones pasadas y futuras, tendentes a la corrección de los
reajustes presupuestarios, para que no eludan o incumplan sus deberes sociales,
so pena de revisar nuestra actual concepción constitucional de Estado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario