LA EDUCACIÓN COMO INSTRUMENTO DE “CIERRE SOCIAL”

La nueva ley de educación del ministro Wert representa un nuevo intento de instrumentalizar políticamente la educación según una finalidad ideológico-político, que en este caso es claramente un instrumento de “cierre social”.

La educación ha sido una de las escaleras sociales más utilizadas para la movilidad social en nuestras sociedades avanzadas, pues el hecho de formarse un currículo académico de cierta entidad llegaba a garantizar un buen empleo, y consecuentemente ello solía suponer un ascenso social.

En las sociedades industriales y postindustriales la movilidad social se correspondía con el grado de mérito social conseguido, a diferencia del método que se utilizaba en la antigua sociedad que por medio de la adscripción social cada persona permanecía vitaliciamente en el estado social que correspondía al de su nacimiento, pues el mecanismo de cierre social era férreamente custodiado por una aristocracia nobiliaria que no permitía el ascenso social.

De tal modo, que el mérito vino a ser un adecuado y conveniente mecanismo de ascenso social en una sociedad cada vez más dinámica entre las distintas clases sociales, a lo que contribuía decididamente el grado de formación que el individuo tuviera para acceder a un mejor empleo. Pero con el transcurso del tiempo, y la puesta en práctica de las políticas de igualdad de oportunidades –mediante sistemas de ayuda social y de becas de ayuda al estudio- el acceso a la educación, que era fundamental para el ascenso social, se fue haciendo cada vez más generalizado, con la consiguiente inflación de titulados y el incremento de las dificultades de acceso a los mejores empleos –cada vez más disputados, y cada vez más difíciles de conseguir-.

Acaso sea por este motivo último, en el que tal dificultad de acceso a los mejores empleos –que llegaron a democratizarse por el acceso masivo a la enseñanza superior- se ha considerado que habría de corregirse y en tal objetivo se ha trabajado en el diseño de un currículo académico más complejo, con mayores rigores de acceso y mantenimiento, especialmente en lo tocante a poder acogerse al sistema de becas, para el que los requisitos se han elevado al extremo de limitar el mismo a cuantiosos contingentes de jóvenes estudiantes, que por necesidades económicas familiares habrán de abandonar su formación universitaria, lo que acabará favoreciendo el acceso de los económicamente fuertes a los grados académicos y sus especialidades (tanto en las discretas Universidades Públicas, como en las costosísimas Universidades Privadas, normalmente más favorecedoras de la promoción interna de su alumnado), y ello conllevará que se relajen las tensiones de acceso a los puestos de trabajo más preeminentes al bajar la presión del número de candidatos, de los que se habrán descolgado claramente los económicamente más débiles.

Y así de esta manera, se vuelve a dar una “nueva vuelta de tuerca” al “cierre social” que impediría por dicha vía el ascenso social. Toda una maniobra que parece de diseño, y que es sumamente injusta pues vulnera el principio de igualdad de oportunidades que se encontraba en la base de todo el sistema educativo nacional.