La OCDE ha
venido a denunciar el deficiente sistema educativo español, que sitúa el nivel
de los universitarios españoles a la altura de los bachilleres japoneses. ¡Todo
un fracaso!. Como también se constata de la inútil programación educativa para
dinamizar el sistema de empleo, con el fin de sacar a España de la enorme e
insostenible cifra de desempleo que padece.
Ni la LOGSE,
ni la LODE, ni los experimentos de los gobiernos de distinto color han dado
resultado, sino que han contribuido a incrementar el cambalache en el
desnortado e ineficaz sistema educativo español, en el que además afloran últimamente
universidades como si fueran academias de barrio, que ofrecen todo tipo de
titulaciones con altos importes de matrícula que son cada vez más privativos
para la sociedad española que aún pervive en medio de una crisis de la que
tampoco se acaba de salir.
Ya se decía
que la educación era una cuestión de Estado, en la que tanto PP como PSOE y demás
fuerzas políticas deberían haber consensuado un modelo, pero los intereses político-clientelares
de una derecha y una izquierda doctrinarias –cada una a su modo-, han hecho
imposible ese necesario consenso en materia tan sensible como esta; dando lugar
a idas y venidas a modo de “reformas y contrarreformas” que han sembrado la
confusión entre familias y alumnado, han desmotivado al profesorado y han dado
lugar a estos nefastos resultados.
A todo esto,
como si un “complejo atávico” se tratara, la formación profesional –tan necesaria
para dar salida al mundo del trabajo, a los jóvenes que no tienen preferencias
universitarias- ha sido estigmatizada socialmente, como si se tratara de un
fracaso o retroceso social del aspirante a formarse en un buen empleo, tan
digno y necesario como una carrera, dando lugar –a través de la presión social-
a una devaluación de la enseñanza media y universitaria con la consiguiente
inflación de titulados superiores en demanda de cualificados empleos que no
demanda nuestro sistema laboral, que finalmente acaban infraempleados –y con
ello profesionalmente desmotivados, insatisfechos, cuando no frustrados-.
Ante tal
desajuste, reconocido –para sonrojo patrio- a nivel internacional, con un paro
estratosférico de los mayores de la UE, seguimos sin reconocer que algo no
funciona en nuestro sistema educativo y de empleo. Por tanto, cabría
cuestionarse que ¡algo se estará haciendo mal!. Sin embargo, no parece que en
nuestro país esto se cuestione, y si por alguien se hace, caemos en el piélago
autonómico donde acabamos plenamente perdidos.
Pues esa es
otra equivocación, la de no considerar la educación y el empleo como cuestiones
de Estado y haberlas repartido por las 17 autonomías, cada una de las cuales ha
hecho su particular interpretación de su modelo educativo autonómico
(especialmente las autonomías con gobiernos nacionalistas preocupadas por la
propaganda nacionalista más que por la formación de sus jóvenes ciudadanos);
siendo el resultado tan calamitoso como nos lo muestran los hechos.
Por
consiguiente, alguien debería poner cordura y sensatez en España para que se
rediseñara con carácter estatal un adecuado sistema educativo, que conectara
claramente con el mercado laboral, para servir de preparación y salida laboral
a los jóvenes estudiantes (tanto en los tramos medio como superior de la
educación), armonizando las necesidades laborales con la preparación educativa,
de forma razonable, con rigor y tutela pública estatal, de forma que se acabara
de ver en ello un auténtico servicio público, por encima del negocio que se ha
instaurado en los aledaños de la formación, ante la desesperación del alto número
de demandantes de empleo, que acaban por sumar frustración por el infraempleo a
la inicial frustración del desempleo.
