sábado, 22 de octubre de 2011

ETA DECLARA LA PAZ, PERO NO ENTEGA LAS ARMAS



El anuncio de ETA por el que declara el abandono de la lucha armada, aún siendo importante, quizá se ha magnificado más por necesidades políticas y por auténtica necesidad que así sea, que realmente por los gestos consecuentes de la banda terrorista, que sigue sin entregar las armas.
Además, tal tipo de declaración no es la primera vez que la hace, para luego resurgir cual “ave fénix” y retornar a la senda del mal, de la violencia y el chantaje criminal, que es lo que ha venido haciendo a lo largo de casi un lustro de su existencia.
Larga es la lista de víctimas que sus criminales acciones han dejado, grave el daño moral infligido a este País, y no menos cuantioso el costo material que la sociedad española ha tenido que soportar de todas sus acciones, e incluso de las ingentes y costosas medidas preventivas.
Por consiguiente, si realmente es el fin de tanta barbarie, bienvenido sea el anuncio de paz. Aunque no hay que ser ingenuo, a estas alturas, pues aunque la situación de los efectivos operativos de ETA se hayan mermado –fruto de la acción policial, y de la cooperación internacional, especialmente del Gobierno de Francia-, no están plenamente desactivados. Ni voluntariamente se han desarmado. Luego pueden reiniciar las acciones terroristas cuando deseen. ¡No hay garantías que no vaya a ser así..!.
Pero por otra parte, hemos de considerar que  para acabar con un fenómeno terrorista, se le vence o se pacta la rendición. La victoria la hemos acariciado varias veces, pero sin embargo –por unas u otras razones- no se pudo alcanzar; amen que tiene un apoyo social en la población vasca, que no siendo determinante, se mezcla con las “calculadas simpatías” del sector nacionalista vasco que dificulta mucho una auténtica acción de victoria por métodos estrictamente policiales.
Más bien, han sido los éxitos policiales, junto con la colaboración internacional, la persistencia en la política antiterrorista, y la paciencia la que ha ido menoscabando los efectivos y la operatividad de la banda terrorista; lo cual, junto al sucesivo apresamiento de comandos, y dificultades logísticas han ido distanciando afortunadamente las acciones terroristas. Todo lo cual, ha ido trayendo a la realidad a los sectores abertzales de la sociedad vasca, y en especial a los presos etarras, que han experimentado la funesta realidad carcelaria, que con los años alejaba aquellos objetivos de juventud y dejaba vaciaba de sentido su propia actividad. De ahí que haya habido un incremento apostático entre los presos, en busca de una pretendida reinserción, especialmente cuando hay quien representa políticamente sus demandas de nacionalismo vasco socialista e independentista, que ya ha encontrado su acomodo en las Instituciones vascas.
Así las cosas, parece lógica la actitud del Gobierno de España, en el sentido de hacerse eco de esa nueva disposición de importantes sectores de los presos, y del entorno de ETA, a renunciar a la lucha armada, y centrarse en la acción política. Pues no en vano, ese es el campo en el que se puede y deben defender las ideas políticas, en función del apoyo social que tengan. Nunca con las armas, subvirtiendo las Instituciones y su representatividad democrática.
Por consiguiente, al cabo de tanto tiempo, si verdaderamente es auténtica la disposición de ETA de renunciar a la lucha armada, hemos de felicitarnos todos los ciudadanos españoles por tal disposición, y porque se hayan convencido, aunque sea por mero pragmatismo, que su lucha debe ser política y nunca armada. Ahora lo que falta, para hacerlo efectivo, es la entrega inmediata de las armas, de forma incondicional.
Aunque este último hecho, posiblemente esté pendiente de verificar detalles que –quizá sean, o hayan sido, objeto de negociación- y estén en el marco de un acuerdo con el Estado; para lo cual, todo acuerdo ha de tener concesiones, que podrían ir en forma de medidas de acercamiento de presos al País Vasco, y de medidas de gracia con el adecuado tratamiento constitucional y consenso político en estas, que evite cualquier tipo de desconsideración de las víctimas, a las que hay que tener en cuenta en todo momento con el mayor respeto, aunque en este tema todas las partes han de ser extremadamente delicadas y generosas para que se pueda cerrar una vieja herida de forma aséptica y definitiva.
Como cuestión de Estado que es, hay que reconocer el tratamiento atinado y prudente que le han dado tanto el Gobierno como el líder de la oposición, abiertos serenamente a la esperanza de poder cerrar un severo conflicto político social que tanto daño ha ocasionado a este País.
Y por último, decir que en este planteamiento, ha sobrado “la liturgia” de mediación – que como si fuera un conflicto internacional- se ha dado por parte de los pro-hombres que participaron en ella, dada cuenta que en modo alguno tiene –ni ha tenido nunca- naturaleza de conflicto internacional, sino meramente interno de España. Pues faltando a la realidad, de partida ya se incardina el asunto en un proceso inadecuado, del que se pueden sacar improcedentes consecuencias, que lejos de arreglar, agraven la situación, ya que es tanto como asumir de partida las tesis abertzales, y en consecuencia se falta en la mediación a la imparcialidad y equidistancia que debe todo mediador a las partes en conflicto.

sábado, 15 de octubre de 2011

DURAN Y LLEIDA, UN DEMOCRISTIANO ATÍPICO



El político catalanista de CiU, José Antonio Durán y Lérida (o Josep Antoni Durán y Lleida –para los catalanoparlantes-) en el fragor del discurso político, resbaló –metafóricamente hablando- al mostrar su crítica a los trabajadores andaluces perceptores del PER (plan de empleo rural) a los que atribuyó una supuesta holganza, al afirmar que cobran los subsidios del PER y se lo gastan en las tabernas.
Durán cayó en el injusto tópico que se extendió sobre el campesinado andaluz – o por extensión, el campesinado del sur-, a los que es fácil criticar con la “faltriquera llena” de vagancia. Pero tal crítica es sumamente injusta, pues quienes así obran tendrían que tener la experiencia de tener un infraempleo, que no les da para vivir, para mantener dignamente a su familia. Tendrían que saber lo que es trabajar en el campo –con sol, calor en verano, frío en invierno, lluvia, viento, etc.-; la dureza de ese trabajo, lo mal pagado y considerado que está. Y sobre todo, la inseguridad de empleo de los trabajadores de ese sector. Que por otra parte es básico para la economía española, como para cualquier otra economía.
Claro que parece que esa no es la experiencia del Sr. Durán. Por tanto no es justo que la imagine para elaborar una fácil e injusta crítica. Que además no contribuye a la convivencia nacional, por sembrar la especie de un supuesto aprovechamiento del campesinado del PER sobre el resto de la sociedad supuestamente productiva. ¡Ese juego es peligroso…!.
De esa manera se contribuye a un estereotipo inveraz de trabajadores, según sectores productivos, y ubicación geográfica. Algo que podrá convenirle al populismo catalanista, en un electoralismo desleal; pero que no responde a la verdad, ni contribuye a la convivencia entre los ciudadanos y territorios de España. Aunque casualmente no haga mención a las subvenciones públicas que se han llevado sectores productivos catalanes como el del automóvil, o el textil.
Además, parece mentira que Durán –confeso democristiano- no se haya parado a reflexionar sobre el contenido social de la doctrina social de la Iglesia, que parece no seguir. Pues esta no distingue diferencias en trabajadores y trabajos por razón de su ubicación, y además entiende las injusticias del desempleo o del subempleo, para lo que insta a razones de justicia social –que necesariamente conlleva actitudes solidarias, que Durán parece obviar-. Y lo peor para un democristiano –que deberá de ser cristiano- es la desconsideración del prójimo al que no le van bien las cosas, por darle un tratamiento de vagancia. Algo más propio de la moral calvinista de porte capitalista, que de un democristiano de raíz católica.
Por consiguiente, haría bien Duran en pedir perdón –ideal gesto de humildad, rectificación, y reconciliación, en el que todo cristiano ha de estar ejercitado- a los que se hayan sentido ofendidos por su palabras, que realmente fueron injustas e inadecuadas. Pero, una vez más, la condición humana, con su tendencia egolátrica ensoberbecida, de creerse en posesión de la verdad, puede que sea un gran obstáculo para la rectificación y la justa petición de perdón.
De forma que haría bien la Comunidad cristiana catalana a la que pertenezca este democristiano catalanista en recordarle sus deberes morales para con la comunidad, y sobre todo en obligarle a formarse mejor, al menos si quiere seguir postulándose como democristiano –de creer de verdad en el cristianismo-, pues de lo contrario, harían bien en quitarse el apellido democristiano –por pura coherencia ideológica-, pues de esta forma parecen aparentar lo que probablemente no sean.

GALLARDÓN TOMA POSICIONES “MINISTRABLES” EN UN PP TRIUNFALISTA



Con las encuestas anticipando mayoría absoluta al PP, el triunfalismo no se puede reprimir en sus filas, y esto hace que los barones empiecen sus movimientos estratégicos para posicionarse como “ministrables” del presidenciable Rajoy. Esto –como no podía ser de otra forma- también le afecta al alcalde de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón, perenne candidato a promocionar, a veces impacientemente.
Así, finalmente, Rajoy ha aceptado que Gallardón vaya en los primeros puestos de las listas al Congreso de los Diputados,  en posición de triunfo, es decir, de obtener con seguridad el ansiado escaño en el palacio de la Carrera de San Jerónimo.
Le avala su biografía como político de la derecha española, la simpatía que le profesaba Manuel Fraga, su pertenencia a la ejecutiva y su inserción díscola dentro del aparato político popular, pues Gallardón se caracterizó por jugar políticamente a la ambigüedad calculada que tanto ha enfadado al electorado más conservador del PP, al pretender destacar como dialogante y comprensivo con la progresía nacional, en hechos como su disposición a celebrar bodas de homosexuales, en tanto su partido mantenía una acción política en contra de esta medida socialista, y que serios disgustos internos. Como frecuentes han sido sus enfrentamientos latentes –e incluso patentes- con su compañera de partido Esparanza Aguirre en la gobernabilidad de Madrid, llegándose a generar inoportunos y tensos enfrentamientos de base "cainita" en el seno del partido popular madrileño.
En cuanto a su gestión pública, la más conocida por su mayor extensión temporal e incidencia pública ha sido la de alcalde de Madrid, puesto en que ha tenido una controvertida gestión, habida cuenta que ha situado al Ayuntamiento de Madrid como el más endeudado de España con amplia diferencia a otros afines, como Barcelona, o Valencia. La obra pública acometida por el Ayuntamiento ha sido muy polémica. Llegando a ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) refrendó una sentencia emitida en el año 2008 (tras una denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción) que concluye que el proyecto se hizo vulnerando diferentes normativas y leyes de protección de la salud, el medio ambiente y el patrimonio histórico y cultural, declarando nulos los acuerdos del Ayuntamiento, siendo sentencia firme y no recurrible, que incluye la connivencia culposa de la Comunidad de Madrid. Como también fue polémica su medida sobre los parquímetros. Y su pretensión de conseguir que Madrid sea designada sede de unos juegos olímpicos, que también le ha hecho generar una importante inversión de infraestructuras en la capital, con su consiguiente gasto. Algo que no parece que haya sido obstáculo en su mantenimiento, reelección y ulterior promoción política, sino todo lo contrario.
Aún así, Gallardón ha seguido obteniendo reiterados triunfos electorales que le han ido revalidando como primer edil madrileño, incluida la última cita electoral local de mayo pasado, por lo que siempre ha venido manifestando: su personal compromiso político con los madrileños, que de esta forma –salvo que compatibilice los puestos de alcalde de Madrid y de Diputado, algo en lo que hay antecedentes y coincidencias con otros de su  propio partido- tendría que relegar a mejor momento.
En todo caso, habría que recordarle al Sr. Gallardón que si tenía estas pretensiones de pasar a la política nacional –como parece- debería de haber dejado que otro compañero suyo se postulara para la alcaldía madrileña en las últimas y recientes elecciones locales de las que apenas han transcurrido cuatro meses. Lo que presenta la voluntad de Gallardón como volátil, cuando se trata de sus propios intereses políticos.
Y sobre todo, lo que pone de relieve es el escaso dominio de Rajoy sobre sus barones, que según parece se acaban imponiendo a los planes que su líder pueda tener sobre el conjunto del partido, si realmente los tiene. Aunque en fase expansiva –por la que actualmente está pasando- concite el interesado aplauso de los suyos.

miércoles, 12 de octubre de 2011

A RAJOY Y A RUBALCABA LE SOBRAN AHORA CARGOS POLÍTICOS



La crisis económica arrecia, el paro aumenta, y los líderes políticos de campaña electoral tratan de hacer de la necesidad virtud, y como si fueran nuevos en esto de la “cosa pública”, como si de selenitas recién aterrizados se tratara, empiezan a reconocer que les sobran cargos públicos. ¡Inaudito!.
Primero ha sido Rajoy el que ha dicho que podían prescindir de 50 diputados. Y ya puestos, también podríamos preguntar ¿por qué no de todo el Senado?. Seguidamente ha sido Rubalcaba, en esto de conectar con el sentimiento de la calle, e intentando no quedarse a atrás en halagar los oídos de la cabreada ciudadanía en momento tan delicado como el de tenerlos convocados a las urnas, y se descuelga con una afirmación de que le sobran 1000 cargos políticos. De hecho, ha llegado a aseverar que más importante e interesante que reducir 50 diputados del Congreso, es acometer una reforma de las Diputaciones Provinciales, que suponen una Administración interpuesta entre los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas que apenas tienen sentido. Habiéndolo tenido antes de la implantación del régimen autonómico. A lo que también le añadiríamos la pregunta, ¿y por qué no se suprimen las Diputaciones Provinciales, Cabildos Insulares, el Senado y los 50 Diputados del Congreso?.
Necesidad, lo que se dice necesidad, no se tiene de ellos, y en estos momentos sería muy estimulante para la sufrida ciudadanía que sufre los efectos de la crisis por activa (paro, reducción de sueldos, congelación de créditos bancarios, etc.), y por pasiva (en forma de la desilusión, casi desesperanzadora del bienestar que con gran esfuerzo se había labrado nuestra sociedad, que parece perderse).
Sin embargo, permítasenos que expresemos nuestras dudas en que PP y PSOE lleguen a ponerse de acuerdo para adoptar si quiera estos elementales y estimulantes recortes públicos; puesto que supone que la clase política española ha de cambiar de perspectiva en la forma de afrontar la política, pues en la mayoría de los casos los políticos la asumen más como un medio de promoción personal, que más propiamente como un servicio público. Aunque en honor a la verdad, sinceramente creemos que tanto Rajoy como Rubalcaba, ambos profesionales de primer nivel, probablemente no tengan esa percepción de la política, aunque sean excepción entre la clase que actualmente lideran, y que de abordar recortes en su propio terreno posiblemente generarían problemas internos en sus propias formaciones. De hecho, en este cambio de ciclo –en que el PSOE está perdiendo poder, pagando el desgaste político de la mala gestión de la crisis- ya ha habido problemas internos en la elaboración de las listas electorales socialistas, en que se espera un menor rédito electoral que conllevará que algún histórico se quede sin escaño.
Pero sería una muestra de honestidad política, si pese a los problemas sobrevenidos, tanto Rajoy como Rubalcaba pactaran claramente una drástica reducción de cargos públicos que son abiertamente prescindibles. Aunque hoy por hoy no lo vemos factible, salvo por puro imperativo presupuestario.
Por cierto, medida que también podría extenderse a las Comunidades Autónomas (en figuras de Defensores del Pueblo, del Menor, Senadores Autonómicos, etc.), y en los Ayuntamientos.

domingo, 9 de octubre de 2011

UNA CONVENCIÓN TRIUNFAL


La Convención del Partido Popular, celebrada este fin de semana en Málaga, que tenía por objeto el debate y elaboración de ideas programáticas de cara a la inminente cita electoral, se ha desarrollado en un ambiente triunfal y eufórico, de quienes ven un próximo desembarco en el poder del Estado.
Esta reunión  de los populares, sin embargo no ha contribuido realmente a la finalidad manifestada, pues apenas se han esbozado algunas ideas, que más bien aparentaban intenciones de llevar a cabo en la futura agenda de gobierno. Pero no se ha expuesto la forma en que se llevarán a cabo dichas ideas, lo que deja en el arcano los procedimientos futuros de gobierno.
Probablemente esta reunión del PP haya pretendido dar a entender a los votantes que el líder de los populares, Mariano Rajoy, tiene un programa de gobierno para hacer frente a la difícil situación que padece nuestro país, y así acallar las acusaciones de la oposición de una falta de ideas, de definición de políticas, y en suma en un disimulo de futuros recortes sociales. Pero sin embargo, a tenor de lo que ha trascendido de dicho acto político, no podemos ni desmentir, ni afirmar, sobre las acusaciones de la oposición sobre una futura política de recortes económicos y sociales, por puro imperativo de la situación de crisis económica; ya que –como decíamos- más allá de apuntar intenciones, no se han indicado los procedimientos para llegar a dichos logros, lo que deja en “zona de penumbra” la respuesta, cuidadosamente guardada entre los futuros actores políticos.
Si nos atenemos a las afirmaciones de los líderes del PP –más allá de los mensajes propagandísticos- nos encontramos con algunas afirmaciones que pueden no ser compatibles, y por consiguiente resultan contradictorias, ya que se afirma que no habrá recortes sociales, ni en servicios esenciales, al tiempo que también se afirma que no habrá subida de impuestos. Tales disposiciones, en un momento de déficit, con grave crisis, se antoja poco compatible, pues si se mantienen los servicios públicos esenciales –salvo que se recorte en otros capítulos del gasto corriente, y de la burocracia- probablemente no se pueda mantener la promesa de no subir impuestos. O viceversa. Ya que eso llevaría a la “descapitalización de los servicios públicos” y con ello a que resulten inútiles e inviables para la función encomendada. A partir de lo cual, habría que volverse a replantear su sentido, su apoyo (que no resulta gratuito) o su recorte, con el costo político que conlleve.
Por consiguiente, ubicamos la Convención realmente en un plano más propagandístico que auténticamente programático, para empezar a generar ambiente –hacia la militancia y simpatizantes del PP-  y movilización, de cara a las próximas elecciones generales.