El denominado movimiento de protesta por la democracia real, también denominado del 15-M, emergió en plena campaña electoral con una denuncia pública de falta de prácticas democráticas y participativas de nuestro sistema político, y de queja por la tragedia del paro que azota a nuestra sociedad, de forma significativamente superior a la de nuestro entorno europeo.
Dicha irrupción de la pacífica protesta en plena campaña política, en la que también se criticaba a la clase política española como desentendida de los problemas capitales del país, llevó cierto grado de confusión social y sentimientos encontrados entre la simpatía por atreverse a decir públicamente lo que casi toda la sociedad cree y afirma en ámbitos privados; y la sospecha de manipulación política precisamente por el momento de su aparición, e incluso su significativa concentración en algunos lugares con clara tendencia partidista –lo que venía a desautorizar las afirmaciones de imparcialidad política del movimiento-.
Ocuparon así plazas públicas de las principales ciudades españolas, acampando ilegalmente, e incluso contra el criterio de las juntas electorales en pleno día de reflexión y el subsiguiente de votación. Pero se mantuvo el respeto cívico de sus actores. Y se dedicaron a unas supuestas reflexiones asamblearias sobre la “cosa pública”, que tiene el valor que tiene…, de espontánea participación, pero en modo alguno se corresponde con los cauces representativos que la democracia formal tiene establecidos, a los que en modo alguno –por simpático que nos resulte la acción, original, o incluso razón de base en su análisis inicial y denuncia-. Pero no se puede, o más bien, no se debe subvertir el orden legal y democrático establecido, y sustituirse por un movimiento anarco-asambleario callejero. ¡No es constitucional, ni consiguientemente legal…!.
Cuestión diferente es que ese movimiento, fuera capaz de organizarse y articularse en una opción política y decidiera tomar parte en la vida política española. ¡Está en su derecho!. El problema es que, lo fácil es estar de acuerdo en lo que no les gusta, o señalar aquello que se considera que no funciona. Lo difícil es ponerse de acuerdo en el tratamiento para arreglarlo, pues en ese momento se abre un abanico de posibilidades difícilmente conciliable en una toma de postura común, al menos cuando se trata de movimientos sociales auténticamente espontáneos.
Así las cosas, hubiera tenido sentido que esas deliberaciones en las “plazas públicas” hubieran alumbrado algo nuevo, más allá del “flatus vocis”, una nueva realidad social, un nuevo partido, un nuevo movimiento social, un nuevo sindicato, etc. Pero no siendo así, no tiene sentido que se tengan ocupados los espacios públicos en unos campamentos ilegales, ácratas, sin rumbo ninguno; que empieza a plantear problemas de higiene y seguridad pública, que obligan a la toma de decisiones como la de la Comunidad Catalana desalojando la Plaza de Cataluña por parte de los Mozos de Escuadra, ante la negativa a abandonarla de los acampados, y que lamentablemente ha conllevado lesionados varios, propio del empleo del forcejeo en el desalojo. Pues las imágenes que nos llegaron evidenciaron que por parte de la policía autonómica actuante se evitó en todo momento el empleo de la carga policial. Pese a lo cual, se produjeron lesiones que lamentamos profundamente, pero el principio de autoridad de base legal para retornar el orden y la pacífica convivencia ciudadana se hubo de imponer.
Ello no obstante, no parece que los demás responsables del orden público en el resto del territorio nacional, estén dispuestos hoy por hoy a seguir el ejemplo de las autoridades catalanas para desalojar estos “campamentos a ninguna parte”, para evitarse las críticas oportunistas de propios y extraños ante cualquier incidente en el forcejeo que conllevaría su desalojo; mostrando así el oportunismo de nuestros políticos, que esperarán que el tiempo resuelva esta cuestión, antes de “meterse en charcos”.
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