De nuevo aparece la cuestión de la crisis financiera, en su aspecto humano más dramático, que supone una espiral en la que el daño suele ser redundante, pues los damnificados suelen ser siempre los mismos – el trabajador, o pequeño empresario, autónomo, que se queda sin trabajo, agota el desempleo, caso de tenerlo, y si además tiene la vivienda hipotecada, no puede hacer frente a los pagos del préstamo, por lo que la banca acaba por desalojarle de la vivienda-, ha saltado al ámbito público, y necesariamente –aunque de forma tardía- ha llegado al Parlamento, empezando a tomar en consideración este grave problema social y económico.
Así por fin, tanto gobierno como la oposición, convienen en la urgencia de adoptar medidas de justicia social ante esta situación, empezando por plantear una relación más equilibrada entre la banca y los deudores hipotecarios, pues sabido es que en nuestro país - a diferencia de otros países del entorno- no se admite la dación en pago por impago del préstamo hipotecario, sino que si quedara desierta la última subasta de la vivienda hipotecada, el banco se la adjudicaría por el 50% de su valor de tasación, quedando pendiente el resto de lo adeudado no cubierto por esa cuantía, con lo que el banco podría llegar a embargar de nuevo al deudor hipotecario ejecutado, con sus bienes presentes o futuros. Lo que en la práctica le convierte en un deudor prácticamente vitalicio, y le relega a una situación social de práctica marginación social.
Sin embargo, cuando el mercado financiero estaba en alza, era la misma banca la que alentaba a un consumismo desorbitado, entre tanto que las autoridades financieras no llegaron a intervenir –más allá de algún consejo de la autoridad monetaria-, y el gobierno miró para otro lado, como lo hicieron otros gobiernos, so pretexto de liberalizar mercados, que se descontrolaron al punto de generar la profunda crisis económica que estamos padeciendo. Pero en el primer momento, la banca se arropó en medidas de apoyo gubernamentales, cuyo contenido y extensión no han sido dadas a conocer, so pretexto de proteger a las propias entidades financieras. Pero sin embargo, estas no sólo no fueron previsoras en su día, sino que pese a la consideración de apoyo gubernamental, no comparten el mismo espíritu de solidaridad social con la población, que está padeciendo profundamente la crisis. Incluso algún alto cargo bancario –de los de sueldos millonarios- muestra su insensibilidad social y su desparpajo oponiéndose radicalmente a la adopción de medidas de dación en pago, o de apreciación de las tasaciones originales de los inmuebles, incremento de las retribuciones salariales inembargables, y medidas afines de justicia social. Pero por gran poder que tenga la banca, no debe ser superior al problema económico y social que padece gran parte de la ciudadanía de forma más injusta y agravada que en otros países, por lo que el gobierno y la oposición hacen bien en adoptar medidas que amortigüen los nefastos efectos de la crisis en los ciudadanos.
Pero se antojan cortas las medidas, pues deberían ir acompañadas de unos complementos fiscales en las operaciones bancarias, y a los grandes capitales improductivos. Dado que el gran problema del capitalismo financiero actual es que resulta fundamentalmente especulativo, frente al inversionista de tipo productivo que solía generar actividad y trabajo, cuestiones que la especulación no sólo no crea, sino que resulta nociva para los mercados y para la sociedad en general.
Por todo ello, el gobierno debería de abandonar cualquier tipo de ingenuidad sobre una fe primigenia en la bondad natural del mercado y su capacidad de autorregulación; dado que la razón y la experiencia demuestran todo lo contrario. Ya que la anomia financiero-mercantil desemboca en unas relaciones “selváticas” donde el “pez grande se come al chico”.
Algo que también por desgracia, hemos observado a nivel de otras naciones, como el dramático estado económico y social de Grecia, o en su día, lo que sucedió con Méjico y Argentina, donde se practicaron análogas políticas, que acabaron con una quiebra financiera de estos países, con la subsiguiente crisis social generada en ellos durante décadas, de la que están empezando a salir; y a los que se aplicaron recetas similares a las que se le proponen a Grecia. Algo que nos debe hacer reflexionar que la economía no es la que debería imponer totalmente sus reglas sobre las políticas de los Estados, sino al revés, en función de las necesidades y oportunidades, se deberían de planificar políticas que recondujeran la economía.
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