Últimamente,
como si de guion se tratara, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, junto
a otros agentes gubernamentales no paran de afirmar que España está saliendo de
la crisis económica. Algo que sólo ven ellos, naturalmente en su imaginación e
incluso en su intención, ante las próximas citas electorales, pero que no llega
a percibirse por el común de la ciudadanía.
Algunos
expertos economistas hablan de un cambio de tendencia en la economía española,
que apunta al final de la recesión. Hasta ahí, podría afirmarse, pero aún es
prematuro “echar las campanas al vuelo” afirmando la salida de la crisis, que
apenas se puede aventurar, pese al extraordinario crecimiento de las exportaciones
sobre el 6%, ya que dicho dato hay que ponerlo también en relación con otros
parámetros actuales de la economía, como es que seguimos en franja negativa del
PIB, que tenemos un 27% de paro, y una deuda pública próxima al 100% del PIB,
todo lo cual no es muy alentador. Por consiguiente, “una golondrina, no hace
verano”.
Con todo,
parece aceptado –e incluso razonable- que la caída de la economía haya tocado
suelo ya, pero aún no ha empezado a recuperarse. Y en ese panorama solo cabe la
prospección de los expertos, que dadas las variables internas y externas, no
sólo no se ponen de acuerdo, sino que dejan una amplia horquilla en el
escenario futuro de comportamiento de la economía española. Lo que le lleva a
un escenario aún incierto y todavía preocupante, especialmente para las
víctimas de la crisis (parados, pymes, familias, trabajadores y jubilados), que
no para las grandes fortunas que no sólo no han caído sino que han crecido en
este periodo. Algo, que por otra parte suele ser normal desgraciadamente, dada
la existencia de ocasiones de saldo que se producen en todo estado ruinoso, que
es terreno abonado para los aprovechados, que teniendo dinero lo emplean en
provechosas adquisiciones, que en condiciones normales no se hubieran dado.
En las
mejores previsiones se contempla un escenario desalentador para los parados,
cuya suerte no parece que vaya a cambiar por completo en toda la década, ya que
los mejores augurios los sitúan a partir del 2017, pero con un excedente de mano
de obra que no se cree que encuentre empleo en España en torno al millón o dos
de personas, que tendrían que plantearse la emigración como solución a su
situación de desempleo. Y ello, pese a la esperada llegada de capitales
extranjeros que comprarán en España a precio de saldo, e invertirán en un país
de la UE para producir en España a bajos costes (debido a la caída descomunal
de los salarios, y a la alta tasa de paro, que harán posible contratar a
trabajadores por bajos salarios, y despedirlos fácilmente si no se logran los
objetivos trazados, con la facilidad de las reformas legislativas últimas). Por
consiguiente, una mejoría esperada para los empresarios, y una recuperación
lenta y exigua para el mundo del trabajo, que verá la precariedad laboral instalada
de forma nunca antes imaginada en España, lo que unido al desmantelamiento de
servicios públicos, deteriorará la convivencia social y hará caer el llamado “Estado
Social” pactado en la transición –reflejado en la Constitución-.
Así las
cosas, parece que ya no se lograrán las cotas de bienestar social antes
logradas, de donde habría que concluir que las condiciones laborales asiáticas
se trasladarán a la Europa mediterránea (España, Italia y Grecia), con bajos
salarios, precariedad laboral, exiguo sistema de previsión social, etc. De
forma que esa situación parece inmoral hablar de “brotes verdes”, “luz al final
del túnel”, o siquiera “salida de la crisis”, pues las consecuencias que la
crisis reportaría haría que se pudiera hablar en rigor de “cronicidad de la
crisis social”, de trasladar los efectos
de una crisis económica a una crisis social que supondrá un grave retroceso en
nuestras sociedades, con merma de la clase media trabajadora, e incremento de
ricos y pobres, agrandando las diferencias sociales de forma gravemente
indeseable para la justicia y convivencia social.
Tal es la
previsión de numerosos expertos, para el mejor de los escenarios posibles. La
pregunta, que emerge sería si ¿la Europa mediterránea asumiría ese “salto atrás”
en sus derechos sociales?. ¡El tiempo lo dirá…!
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