CAIDA DE LA MORALIDAD PÚBLICA EN ESPAÑA

España tiene un importante problema como colectivo, comunidad social, e incluso Estado, que parte de una pérdida de valores morales, que están inflingiendo un grave daño a la colectividad social ibérica, pues no se han cuidado los valores de convivencia, ni como sociedad ni como Estado, se han ido depauperando, y han ido sucumbiendo ante el ataque desleal de los unos, y la cobardía de los que tenían la obligación de defenderlos.

Sobre esta desorientación moral, que como sociedad padece España, en lo que el bien y el mal es relativo, está en función de los intereses políticos, de grupos económicos, etc., resulta que la “delincuencia al por menor” campa impunemente en una maraña judicial enredada, ensimismada e instrumentalizada por los poderosos, que resulta costosa y de todo punto ineficaz; y por otro lado una “delincuencia al por mayor” que resulta bonificada por un “buenismo” ingenuo que confunde autoritarismo con ejercicio de autoridad, y so pretexto de una pretendida rehabilitación personal –no siempre lograda- se rebajan las penas en una especie de “tómbola penitenciaria-judicial”, que se pretendió corregir con la interpretación de la llamada “doctrina parot”, que el Tribunal de Estrasburgo se ha cargado de derribar sin la menor resistencia del gobierno de España.

Así el resultado es que en España sale barato ser criminal al por mayor, ya se está viendo con las excarcelaciones de criminales (terroristas y delincuentes comunes) a los que asesinar les ha salido gratis, pues apenas han cumplido la pena por una de las muertes cometidas. Siendo lamentabilísimo el espectáculo excarcelatorio, cuando no nauseabundo, en según que casos.

Pero por otra parte, la “delincuencia al por menor” (faltas y delitos menos graves) se ha masificado al punto de colapsar juzgados, en una suerte de “torpe burocracia judicial” que no sirve para los fines de enjuiciamiento, ni mucho menos para imponer unas penas más simbólicas que reales, que no cumplen ningún fin de las mismas (ni como castigo, ni como medidas resocializadoras).

Y en medio de estos dos gravísimos males de nuestro sistema judicial y penitenciario, habría que citar el elevadísimo número de procesos judiciales por corrupción político-económica, pues se dan la mano, que tras años de escribir diligencias, atender declaraciones, investigaciones policiales, y demás acciones, acaban o prescribiendo los delitos, o lográndose unas bondadosísimas sanciones penales, que suelen acabar por limarse o eliminarse, o directamente indultados por el gobierno de turno, en una gran burla del “Estado de Derecho”, y de la declarada separación de poderes, que en nuestro país lleva décadas sin verificarse en la práctica.

¿Qué puede esperar una sociedad en que no hay justicia?.

Pero para colmo de inmoralidad, esto no acaba ahí, ya que todo esto supone un gravísimo daño a las víctimas que han sufrido los delitos por los que casi nadie paga, o paga bien poco, cuando no se les burla con este tipo de situaciones.

Para ejemplo de males, baste citar el calvario que ha sufrido la familia de Marta del Castillo, que tras ser asesinada, se sigue sin encontrar el cadáver. Sus ejecutores siguen sin decir la verdad a la justicia, después de engaños que han costado al Erario público mucho dinero en búsquedas policiales infructuosas; para finalmente acabar siendo condenados a la imposición de unas costas judiciales en toda esta maraña leguleyo ineficaz e injusta.

Ante hechos como el descrito, o las excarcelaciones masivas de terroristas y presos comunes no rehabilitados, ¿qué se puede decir?. ¡España padece una grave enfermedad moral!.