España tiene
un importante problema como colectivo, comunidad social, e incluso Estado, que
parte de una pérdida de valores morales, que están inflingiendo un grave daño a
la colectividad social ibérica, pues no se han cuidado los valores de
convivencia, ni como sociedad ni como Estado, se han ido depauperando, y han
ido sucumbiendo ante el ataque desleal de los unos, y la cobardía de los que tenían la obligación de defenderlos.
Sobre esta
desorientación moral, que como sociedad padece España, en lo que el bien y el
mal es relativo, está en función de los intereses políticos, de grupos
económicos, etc., resulta que la “delincuencia al por menor” campa impunemente
en una maraña judicial enredada, ensimismada e instrumentalizada por los
poderosos, que resulta costosa y de todo punto ineficaz; y por otro lado una
“delincuencia al por mayor” que resulta bonificada por un “buenismo” ingenuo
que confunde autoritarismo con ejercicio de autoridad, y so pretexto de una
pretendida rehabilitación personal –no siempre lograda- se rebajan las penas en
una especie de “tómbola penitenciaria-judicial”, que se pretendió corregir con
la interpretación de la llamada “doctrina parot”, que el Tribunal de Estrasburgo
se ha cargado de derribar sin la menor resistencia del gobierno de España.
Así el
resultado es que en España sale barato ser criminal al por mayor, ya se está
viendo con las excarcelaciones de criminales (terroristas y delincuentes
comunes) a los que asesinar les ha salido gratis, pues apenas han cumplido la
pena por una de las muertes cometidas. Siendo lamentabilísimo el espectáculo
excarcelatorio, cuando no nauseabundo, en según que casos.
Pero por otra
parte, la “delincuencia al por menor” (faltas y delitos menos graves) se ha
masificado al punto de colapsar juzgados, en una suerte de “torpe burocracia
judicial” que no sirve para los fines de enjuiciamiento, ni mucho menos para
imponer unas penas más simbólicas que reales, que no cumplen ningún fin de las
mismas (ni como castigo, ni como medidas resocializadoras).
Y en medio de
estos dos gravísimos males de nuestro sistema judicial y penitenciario, habría
que citar el elevadísimo número de procesos judiciales por corrupción
político-económica, pues se dan la mano, que tras años de escribir diligencias,
atender declaraciones, investigaciones policiales, y demás acciones, acaban o
prescribiendo los delitos, o lográndose unas bondadosísimas sanciones penales,
que suelen acabar por limarse o eliminarse, o directamente indultados por el gobierno de turno, en una gran
burla del “Estado de Derecho”, y de la declarada separación de poderes, que en
nuestro país lleva décadas sin verificarse en la práctica.
¿Qué puede
esperar una sociedad en que no hay justicia?.
Pero para
colmo de inmoralidad, esto no acaba ahí, ya que todo esto supone un gravísimo
daño a las víctimas que han sufrido los delitos por los que casi nadie paga, o
paga bien poco, cuando no se les burla con este tipo de situaciones.
Para ejemplo
de males, baste citar el calvario que ha sufrido la familia de Marta del
Castillo, que tras ser asesinada, se sigue sin encontrar el cadáver. Sus
ejecutores siguen sin decir la verdad a la justicia, después de engaños que han
costado al Erario público mucho dinero en búsquedas policiales infructuosas;
para finalmente acabar siendo condenados a la imposición de unas costas
judiciales en toda esta maraña leguleyo ineficaz e injusta.
Ante hechos
como el descrito, o las excarcelaciones masivas de terroristas y presos comunes
no rehabilitados, ¿qué se puede decir?. ¡España padece una grave enfermedad
moral!.
