Ante las demandas secesionistas
de sectores catalanistas y vascos, junto con el colapso del sistema autonómico
de la transición, hay quien postula la solución federal para España,
proponiendo una modificación constitucional en tal sentido, como receta a los
males que afligen a la vertebración político-territorial española.
No
obstante, cabría preguntarse ¿qué nos diferencia actualmente –especialmente en
Cataluña y el País Vasco- de un sistema federal?, pues el régimen de autonomía
política y administrativa ha llegado a techos insuperables, por aquello de que
el crecimiento de las autonomías empieza a ser decrecimiento del Estado, con el
peligro de su desmembración, y sobre todo de la generación de 17 Taifas en
patente desarmonía y competición; en vez de un Estado bien articulado,
coordinado y gobernado, desde los estratos territoriales al central por la
soberanía popular, propio de cualquier democracia madura.
La
realidad de nuestro sistema autonómico –del que partimos actualmente, que en su
día también se postuló como solución a las ansias nacionalistas catalanes y
vascas- ha sido que para resolver dos problemas –que no se han resuelto-, se
crearon quince más.
Además
ha dado lugar a la generación de una clase política autonómica, que en algunos
lugares se integra por familias terratenientes, caciques y élites
economico-sociales regionales, que extienden su concepción del poder sobre la
propia Administración Autonómica, controlando la agenda política regional, así
como el empleo público, subvenciones, licencias y demás controles sociales que
les hacen auténticos virreyes de las Taifas, con sus correspondientes “cortes”
de secuaces, con los que reparten el “botín electoral” del poder político
territorial, desde el que condicionarán en gran medida la acción política del
gobierno central, en función de los intereses del grupo que lo detente en cada
momento. Por lo cual, la idea de “interés general” o “bien común” brilla por su
ausencia, más allá del mero recurso dialéctico.
Así
la proliferación de cargos políticos autonómicos, el crecimiento
desproporcionado de una Administración Regional –duplicada con la nacional-, y
el incremento exponencial del gasto público que todo ello conlleva, no
justifica, ni ha justificado aún la instauración de este sistema, que además
problematiza y complica la generación de actividad económica y empleo –por los
diferentes regímenes de licencias de cada lugar-. Algo que en el contexto de la
UE no tiene sentido.
Si
a esa situación, le añadimos las habituales batallas por la “financiación
autonómica”, resulta que el sistema no sólo es inoperante, complejo,
insolidario, ineficiente, sino insostenible financieramente.
Y
para colmo de males, no sólo no se ha dado satisfacción a los nacionalismos
periféricos, sino que se les ha engordado, y estos crecidos –ante su clientela
política- han planteado claramente su propósito: ¡la independencia del Estado!.
Por consiguiente, estamos ante otro efecto perverso, la deslealtad
institucional, de un nacionalismo incorporado a instituciones del Estado que
actúan de quinta columna contra las esencias del mismo Estado, pues no se
plantean la cooperación sino la separación.
Así
las cosas, ¿la solución va a ser el federalismo?. ¡Si en la práctica ya lo
tienen!. Por consiguiente, los que así razonan esta solución, quizá no se han
percatado que su propuesta está ya superada por los propios hechos consumados,
de una torpe colaboración central con fuerzas políticas desleales periféricas,
que cuando han abonado bien su terreno, se lanzan a su propia aventura
política, sea utópica o realidad. Que lo será en este último caso, tan pronto
logren apoyo exterior.
No
obstante, el federalismo podría ser una solución política siempre y cuando haya
un auténtico pacto de Estado entre los nacionalismo separatistas y las demás
fuerzas políticas con representación en el Estado, de respetar y defender el
Estado Federal como el propio del Estado español, sin más ambigüedades, con el
compromiso de cerrar esta sangrante cuestión, dando paso a un sistema federal
cooperativo, en condiciones de lealtad, igualdad y solidaridad entre todos los
territorios de España. Si no se diera esa circunstancia, consideramos que difícilmente
la propuesta federal fuera la solución real a la invertebración de España.
Suscribo tus postulados, resumidos en el párrafo final. Si se tratara de un estado federal en igualdad de condiciones, no habría ningún problema, es más, se solucionarían algunos. Pero hoy por hoy, mientras exista corrupción, autonomías de primera, segunda, tercera...., la propuesta es inviable.
ResponderEliminarGracias Domingo