La unánime sentencia del Tribunal
Constitucional que declara inconstitucional la declaración soberanista del
Parlamento Catalán y propone un referéndum en Cataluña sobre la independencia
de este territorio, no parece que vaya a parar al soberanismo catalanista, dado
que no es cuestión jurídica la que se está lidiando –aunque también comparte un
perfil de referencia constitucional-, sino puramente político, como la misma
sentencia lo ha expuesto de forma manifiesta.
Efectivamente, el derecho regula
los aspectos jurídicos de la convivencia política, pero no se agota en el mismo
la acción política; pues ni todo lo puede prever el derecho, ni tampoco es
inamovible ante la voluntad general de la población, sea la española en su
conjunto, o sea la catalana en su especificidad.
Ante un problema político como es
la definición del Estado, su identidad y su integridad territorial, tenemos la
cuestión inicialmente resuelta en el pacto público que supuso la Constitución
de 1978 hoy vigente, que reconoce que la soberanía nacional corresponde al
pueblo español, y delimita el ámbito del Estado, al tiempo que lo define. Por
consiguiente el fallo judicial del Tribunal Constitucional –que por demás es unánime, en las distintas sensibilidades
socio-políticas de sus magistrados- decreta la inconstitucionalidad de la
declaración soberanista del Parlamento catalán, pues la soberanía es de toda la
ciudadanía española, no sólo de la catalana, según el texto constitucional.
Luego jurídicamente no cabe otra interpretación que la que ha dado el alto
Tribunal, le guste o no a los secesionistas catalanes.
Por consiguiente, esta sentencia
no dice nada que no supiéramos, ni tampoco era inesperada en sus términos. No
cabía en Derecho otro pronunciamiento que ese. Pero como agudamente recoge en
su texto, hay cosas que no competen al Derecho, pues van más allá de su ámbito
y previsión, en una sabia advertencia al poder político para que gestione
políticamente el problema –que no es jurídico sino político-, ante el que no
puede que llegue un momento en que no quepa sólo argumentar en términos
juridicistas de mera constitucionalidad, sino en términos netamente políticos,
con una aproximación al diálogo con aquellos que no se sienten cómodos en la actual
estructura del Estado, para buscar soluciones políticas de consenso, que
posiblemente aún quepan entre una sumisión y una separación.
El problema no lo es tal en tanto
que los apoyos sociales al soberanismo se mantengan en porcentajes escasos de
población catalana, pero empezará a serlo cuando esos porcentajes de los
descontentos con la actual situación se vayan incrementando significativamente
en relación con su propia población catalana. De manera, que sabiendo que la
decisión constitucional pasaría por una mayoritaria determinación de la
ciudadanía española, y no valdría que esa mayoría se diera sólo en Cataluña. No
es menos cierto, que se generaría un grave problema político si ese sentimiento
independentista lo abrazara una significativa mayoría catalana, ya que por más
que diga la Constitución esta no rige sentimientos, ante lo cual ¿qué cabría
hacer?, ¿imponer manu militari la sumisión y el acatamiento forzoso
constitucional?, ¿asumir el hecho independentista en contra de la voluntad de
la mayoría española?. En todo caso, la fractura social estaría servida entre
Cataluña y el resto de España, e incluso en el interior de la misma Cataluña
(ya que no sería previsible, dado el actual estado sociopolítico de la sociedad
catalana, la asunción soberanista de forma unánime, sino todo lo contrario,
habría una grave fractura social, en la misma población catalana).
Ante esa eventualidad, cabe
preguntarse ¿qué está haciendo el gobierno de España, más allá de negar la
mayor?, ¿está tejiendo un plan de aproximación para que el significativo número
de catalanes que no se encuentran a gusto en España, puedan cambiar su
impresión de forma voluntaria?, ¿o cree que es un tema meramente jurídico?, ¿y
después de unos meses será de orden público, o militar?. La más que probable
previsión es que como llegue al ámbito de problema policial o militar el margen
de solución aceptable se cierra, y entraríamos en una peligrosísima espiral
donde el victimismo vende bien internacionalmente y la batalla podría perderse
dado el comprobado grado de hipocresía de la política nacional e internacional.
Por tanto, ¿nadie está trabajando
en una solución política, articulando vías diplomáticas e imaginativas que
reconstruya el desencuentro generado?. En una entrevista televisiva el ex
presidente Felipe González ya alertaba sobre esta cuestión y urgía esta
aproximación política, justo en una línea análoga a la que señala el propio
Tribunal Constitucional; algo que probablemente fuera más o menos asumido desde
el gobierno catalán –dado el órdago a la grande en el que se ha metido con esta
cuestión-, ante la incertidumbre que genera para la normal convivencia española
y la estabilidad requerida para acabar de salir de la actual crisis económica.
Y sobre todo, porque políticamente sería un error llevar el pulso hasta el
final, en lo que pudiera ser un auténtico choque de trenes, ya que no sería
bueno que del mismo resultaran vencedores y vencidos, sembraría un futuro aún
más incierto e incordiante.
En consecuencia, esperemos que
Rajoy no espere que le hagan su trabajo otras instancias de poder, y acometa el
problema con la seriedad y la diplomacia que un desencuentro de esta magnitud
requiere, especialmente conociendo los antecedentes históricos al respecto, y
se ponga presto a trabajar incluso con la necesaria intervención del Jefe del
Estado para dar una solución negociada que reconcilie a la parte de catalanes
actualmente incómodos en este formato de Estado, y al resto de ciudadanos del
Estado que no vivimos una realidad muy diferente a la de aquellos, y que
quisiéramos seguir compartiéndola entre todos para hacer de España un estado
respetable y honorable fuera de sus fronteras, especialmente en la UE donde nos
imponen draconianas condiciones que no siempre nos convienen.
No hay comentarios:
Publicar un comentario