Ante la próxima visita del Papa Benedicto XVI a España ha surgido un movimiento anticlerical, que sobre la base de postulados laicistas, se manifiestan contra la visita del Papa, de forma análoga a lo que hicieron en el reciente viaje de este al Reino Unido.
Este movimiento, nada espontáneo, hace un apostolado laicista, si bien se enfrenta a la Iglesia Católica, en este caso a su máximo representante, con una amalgama de argumentos mal conjuntados –que ponen de manifiesto la debilidad última de la razón de su oposición- pues juntan argumentos para manifestar su oposición a la visita papal que van desde el gasto del viaje, a la prohibición moral de la Iglesia sobre los preservativos, pasando por el rechazo a cualquier tipo de costo público de la visita.
De entrada, habría que manifestar un respeto por esas manifestaciones, aunque no se compartan sus argumentos, por cuanto supone asumir la libertad de expresión y sus consecuencias. Pero de igual manera, hemos de manifestar nuestras objeciones, ya que cualquier expresión pública de unas creencias religiosas, como de unas ideas políticas, tienen su amparo constitucional en la libertad de expresión y en la libertad religiosa, y por consiguiente son legítimas, lícita y moralmente hablando, además de una práctica democrática muy saludable.
Pero más allá de ello, hemos de considerar que la repercusión pública de unas creencias, políticas y religiosas, en un régimen democrático va en función de la mayoría, por lo que resulta igualmente legítimo que esa mayoría –si así lo decide- disponga que determinado tipo de efectos de su religión, de su ideología política, y de su filosofía de vida tengan su trascendencia en el ámbito público, sin más límite que el respeto a los demás y especialmente a las minorías. Algo que en nada se afecta por la visita de un líder religioso al país.
Lo mismo que en el ámbito del respeto a las minorías, nada impide que los no creyentes, o creyentes de otros credos religiosos, puedan tener sus celebraciones particulares, sus reuniones, asambleas, o sus medios de difundir sus ideas. De hecho los laicistas las están ejercitando. Si bien lo que no parece lógico ni justo es que el laicismo minoritario condicione el ejercicio de sus libertades públicas a una determinada mayoría – en este caso católica-, como tampoco sería lógico ni justo que fuera al revés.
Otra cuestión es el tema de los costes, porque el de los preservativos no parece razón seria para oponerse a la visita. Así habría que distinguir costes del viaje propiamente dicho, de los costes de acondicionamiento de lugares públicos, o de gastos de transportes, seguridad pública, etc., estos últimos costes son claramente de cargo del Erario Público, que acoge a un huésped en su territorio, como ocurre con los altos dignatarios de otros Estados, no se les pasa la cuenta de esos gastos, como no se los pasan a España cuando se ocasionan en otros países, por visitas del Jefe del Estado o de Gobierno, o como ocurre con las frecuentes cumbres de la UE, o de otros acontecimientos internacionales.
Pero además, resulta que todos estos acontecimientos suelen mover muchos viajeros, peregrinos, etc., que generan gastos de consumos en las ciudades por donde pasan, de igual manera que sucede cuando un país acoge un evento deportivo de primer orden (olimpiadas, o campeonato mundial de fútbol, por ejemplo), acontecimientos en los que hemos visto a gobiernos de Estados compitiendo por adjudicarse alguno de esos eventos, por diverso tipo de razones, entre ellas las expuestas. Por tanto, el argumento del gasto público no es por sí un argumento impediente o determinante para negar una visita de Estado como esta.
Incluso, abundando en el argumento, cuando tintes demagógicos se critica la visita y se niega sobre el argumento que se expresa de “..con mi dinero no…”, además de lo dicho, habría que añadir que ninguna recaudación impositiva tiene un destino concreto y limitado, sino que se asigna al correspondiente presupuesto público en la partida de gastos, que el Gobierno considera más adecuado realizar por ser conveniente al interés público. Pero si no fuera así, se podría también decir, que con mi dinero no se subvencionen clubes deportivos millonarios, ni se subvenciones sindicatos, ni organizaciones empresariales, que deberían ser mantenidos por sus socios o integrantes. En eso, también podríamos estar de acuerdo, de hecho en el IRPF ya se indica que cada contribuyente indique o no la casilla para la Iglesia Católica, conforme a su criterio; algo que no se da opción aún en los otros casos citados, que por justicia deberían también de reflejarse.
En fin, creo que toda esta convulsión de manifestación anticlerical, en la que participa algún sindicato –con orígenes ambiguamente católicos-, no deja de ser demagógico, antidemocrático y liberticida. Propia de unos nuevos “iconoclastas”.
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