En plena crisis económica una de las consecuencias de las consecuencias más dramáticas, además del paro, es la de la pérdida de vivienda y condena vital a la insolvencia de cientos de miles de personas con sus familias en toda España.
Situación que además de tremendamente injusta lleva, casi a la “muerte civil” a los que han tenido la desgracia de perder sus negocios o su empleo y no poder hacer frente al crédito hipotecario para la adquisición de su vivienda familiar, que poco tiempo antes el mismo banco y los promotores inmobiliarios facilitaron a muchos trabajadores, en unas condiciones aparentemente más ventajosas que un alquiler.
Se podrá decir, desde una perspectiva individualista y jurídicamente formalista, que se lo hubieran pensado mejor, que esas consecuencias ya se prevén en los contratos de préstamos hipotecarios, y en ese nivel no habría objeción.
Pero es en otro nivel, en el de la política y la ética social, que ha de contemplar soluciones de “justicia social”, y no mera “justicia individual” o simple legalismo, para dar solución a un inmenso colectivo de trabajadores que en su día accedieron a una vivienda en unas condiciones onerosas para ellos, y ventajosas para el sector inmobiliario, y bancario, del que no se puede desentender un gobierno justo, y menos uno de raíz socialista obrera, por cuanto en su día pudo haber facilitado una mayor generación de vivienda pública, y de alquiler –tan escaso en nuestro país-, lo que en cierto modo contribuyó a que una mayoría ciudadana acabara en manos de los mercaderes del momento, en cuyos orígenes está gran parte de la actual crisis económica. Por consiguiente, es de justicia no dar la espalda a tantas familias embarcadas en este tipo de situación.
Para empezar, habría que modificar la legislación hipotecaria española mucho más dura con el deudor hipotecario que la existente en otros países del entorno –incluido EEUU- en que cuando se ejecuta la hipoteca y se queda la vivienda el banco, al adjudicársela queda liberado el deudor hipotecario. Mientras que en nuestro país, queda obligado con sus bienes futuros a pagar la cantidad del crédito pendiente después de haberse adjudicado el banco la vivienda por la mitad de su valor. Hecho que conlleva prácticamente una insolvencia vitalicia del deudor ejecutado.
Otras medidas de justicia, podrían ser las de no desalojar al deudor hipotecario de su vivienda por impago de las cuotas de la hipoteca, mediante un mecanismo bien de renegociación de la misma, bien de suspensión de los plazos e intereses hasta que no logre de nuevo un trabajo y por tanto, nuevos ingresos con los que hacer frente a su deuda.
Y si alguien, con mentalidad “fenicia” piensa en el interés del sector bancario, que no se preocupe, pues a la vista está que la “banca siempre gana”, pues cuando se inició la gran crisis, el socorro gubernamental del sector fue sin reparos y no exento de dosis de opacidad, con dinero público, por consiguiente si al sector bancario le “estamos sacando las castañas del fuego” entre todos, parece justo que este se comprometa socialmente con una ciudadanía que no ha puesto reparo a su gobierno para que con dinero público se ayude a empresas multimillonarias.
Así que como se reconoce en el dicho “hoy por mí, mañana por ti…”, que además de reflejar una realidad, bien podría servir de lema para imponer una prácticas sociales y solidarias a la banca española, dentro del marasmo financiero en que nos encontramos.
Y por otra parte, el gobierno realmente de testimonio y ejemplo de ejercitar su acción de gobierno de forma social, y según el interés común, aunque la banca tenga con los grandes partidos, grandes detalles de condonación de créditos pendientes de pago; algo que no debería condicionar en modo alguno decisiones socialmente justas como las que se postulan.
No hay comentarios:
Publicar un comentario