La ciudadanía griega harta de tanta estrechez
económica, asfixiada por las deudas, y desesperada ante el incierto futuro de
subyugación que les proponen los acreedores con la complicidad europea, han
plantado cara a los “mercados” y han hecho legítimo uso de su soberanía
nacional, por más que la han querido condicionar y dominar desde los intereses
financieros extranjeros, especialmente de sus acreedores y de los gobiernos de
estos.
Ante
una situación calamitosa, de desesperanza, con más incertidumbre que miedo, la
ciudadanía ha optado por “romper la baraja”, pues con las reglas del juego
económico que le han venido marcando sus acreedores y la UE, no sacaban “los
pies del plato”, no veían futuro alguno, ante un asfixiante e indigno presente.
No
obstante habrá quien esgrima razones directamente obligacionales para recordar
que a Grecia se le han prestado ingentes cantidades de dinero extranjero, que
sus gobernantes lo han dilapidado de forma posiblemente irresponsable, o acaso
la crisis haya ahogado la economía griega más allá de lo limitada que estaba
ante la deuda asumida. Pero lo cierto es el sufrimiento de un pueblo, ante el
que no es humano esgrimir meras razones económicas.
Además
hay que considerar que en la economía –por ser de resultado incierto- siempre
hay un alea de impredecibilidad que supone un riesgo natural en todo negocio,
especialmente si hay un empréstito –pues el que presta, en su rendimiento por
el préstamo que ha de salir bien, ya cobra su parte negocial, y asume el riesgo
del fracaso negocial que está apoyando con su préstamo-, de lo cual, no parece
que resulte ético trasladar el pago de una deuda impagable a toda una sociedad
cuando esta deuda es pública (asumida por los gobiernos de las naciones), en el
alea de los negocios a ese nivel ha de preverse el riesgo de impago, y en su
caso el fracaso del recobro, como también puede contemplarse la quiebra de un
Estado, dado que no es la primera vez que esto sucede, a veces con resultados
más beneficiosos para la sociedad que la estricta asunción del pago
interminable de una deuda inasumible social, económica y políticamente.
De
hecho algunos Estados como el alemán, debería mostrarse más solidario y
comprensivo con los Estados deudores de su banca, ya que en la historia
reciente está el rescate alemán tras el desastre de la II Guerra Mundial con el
plan Marshall para la reconstrucción de Europa, especialmente Alemania. Al
tiempo que debería recordar el padecimiento de las cargas de gastos de guerra
impuestos en los Pactos de Versalles que dieron término a la I Guerra Mundial,
que abocó a Alemania al nazismo y a la II Guerra Mundial.
Por
todo, se hace necesario un cambio de política en la UE para que sea más
solidaria y apoye a los países con dificultades, como es el caso de Grecia, o
bien se dará lugar a que –como está sucediendo en Grecia- los pueblos
esquilmados, asfixiados y sin futuro se rebelarán contra tan injusta situación,
de forma que el ejemplo de Grecia podría extenderse a países deudores como Italia,
Portugal, España, e Irlanda y en ese caso la UE tendría un verdadero problema
de cohesión y modelo político-económico.
En
consecuencia, esperemos que la UE, Alemania y su banca, entiendan el mensaje, y
den respuesta al clamor del pueblo griego, al tiempo que Tsripias expondrá la
situación límite ante la que renegociar una deuda pública con importante quita,
marcando el camino a los demás países en situación parecida –aunque no sea
idéntica- para revirar las políticas de ajuste que han supuesto draconianos
recortes en los servicios públicos de primera necesidad y que siguen lastrando
el despegue de las economías nacionales, como la española para la que la
previsión de recuperación del desempleo no se espera antes del 2020 y a unos
escandalosos y preocupantes niveles del 20% de desempleo, lo que es en sí mismo
social y políticamente rechazable. Y de seguir asumiendo indefectiblemente tal
horizonte, acabará por arrojar al electorado ante opciones de solución radical
a la griega, y como dicen: “¡de perdidos, al río!”. Impresión esta, que está en
manos de la UE y del gobierno español, para evitar que la tensión social se
traslade al campo político, dando soluciones amortiguadoras y de mayor
justicia, antes que sea la propia ciudadanía las que se plante.
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