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martes, 11 de septiembre de 2012

LA DIADA DEL NACIONALISMO DESLEAL A ESPAÑA



Según la Guardia Urbana de Barcelona, cerca de un millón y medio de manifestantes han participado en la “Diada Catalana” de este año, con una sustancial elevación del dintel nacionalista disolvente, o más claramente independentista, que es el giro que ha tomado el nacionalismo catalán burgués, frente al otro nacionalismo catalán abiertamente independentista y republicano de Esquerra Catalana.
Así con el progresivo incremento de la demanda autonómica el catalanismo desleal al Estado español, llega al fin de su trayecto, en el que no le queda más que asumir su status autóctono en la política autonómica y española en general, dentro de este ambiguo “Estado de las Autonomías”, o incluso avanzar formalmente ante una delimitación federal del Estado –que sería lo más lógico, dadas las circunstancias, y que no vendría a representar necesariamente más autonomía para Cataluña de la entregada hasta este momento-, o seguir en la deriva separatista para jugar –ante la debilidad política y económica española actual- a la creación de un Estado Catalán –al modo balcánico- en una UE desorientada y confusa en el rumbo a seguir.
Esta último planteamiento supone una falta de cooperación institucional en España, que llega a la deslealtad, lo que representa una grave deriva en los planteamientos de la burguesía catalana que sustenta CIU, para distanciarse electoralmente del PP catalán –cada vez más próximo en la disputa electoral-, y sobre todo remover los sentimientos catalanistas frente a una supuesta opresión centralista de Madrid –que en la actualidad es inexistente-, y que sólo se saca a relucir de forma torticera e ilegítima para arrastrar la emotividad irracional popular en pro de unos planteamientos insolidarios y de confrontación con el resto de los territorios del Estado.
Para ello, no se ha dudado en hacer un montaje histriónico y populista por parte de los políticos más significativos, de cara a la fiesta catalana del 11 de septiembre, en que so pretexto de esa inventada opresión, se aprovecha y tantea en la debilidad actual del Estado, y se da a entender que los problemas de la crisis económica se resolverían por la vía de la independencia, dado que entre otras cosas, se deja caer la falacia de que Madrid esquilma a Cataluña con sus impuestos de los que no revierte la parte que estos políticos dicen que es justa y se les debe. Algo que no se corresponde con la realidad, pues las inversiones del Estado en Cataluña superan las que aquel realiza en otras autonomías, no menores.
No obstante, montado el espectáculo y soliviantada la calle, el nacionalismo catalán –especialmente CIU- “enseña músculo” al Gobierno central, al tiempo que le recuerda su petición de pacto fiscal al modo foral vasco-navarro (que dicho sea de paso, son una reminiscencia histórica, que en la España constitucional, deberían de haberse derogado por desiguales e injustos con el resto de los territorios del Estado), pero que bien le sirve al Gobierno de Artur Mas hoy por hoy. Y así sucesivamente, hasta la extenuación, seguirán pidiendo y pidiendo, incluso en los peores momentos como los actuales en que el Estado se juega su futuro interno e internacionalmente.
Sin embargo, lo que no se entiende es que CIU tenga con el PP un pacto en Cataluña, y cómo se puede mantener ese apoyo del PP catalán ante unas actitudes políticamente desleales, insolidarias, y no cooperativas con el resto del Estado. ¡Otra asignatura pendiente de las muchas que ya viene arrastrando Rajoy!.
Por último, sólo constatar una vez más, el profundo fracaso político del modelo constitucional de “Estado Autonómico” que debería de revisarse, al hilo de los reajustes constitucionales que ya se van demandando para hacer más moderno, eficiente y justo este País; pues este modelo fruto del consenso constitucional, tras ser desarrollado, las minorías nacionalistas con las que se pactó han sido las primeras en romper el consenso constitucional para apostar por aventuras independentistas, y jugar a un irredentismo nacionalista permanente que suele ser perturbador de la vida política y económica española, y que se ha demostrado económicamente insostenible, políticamente ineficaz, y socialmente injusto.
Todo lo cual, requiere una rápida y drástica respuesta del Estado, abriendo un nuevo periodo constituyente que promulgue una nueva Constitución, o reforme la anterior, elaborando un proyecto de Estado viable, permanente y fuerte, incluso en la fórmula federal, pero que suponga un federalismo cooperativo (a modo del de los Estados Unidos o Alemania) en que ningún territorio cuestiona el Estado, ni este se entromete en los definidos cometidos de los territorios, ni se den solapamientos de competencias que entorpecen la vida social y económica, como sucede en el actual formato de “Estado Autonómico”. Pero para ello, no se puede dejar nada a la improvisación, ni a la almoneda política, ya que en tal caso, volverían los comportamientos desleales para sacar partido y mejoras a costa de los demás.

viernes, 30 de marzo de 2012

HUELGA PIQUETERÍA Y MANIFESTACIÓN


Las reflexiones que podemos hacer a la conclusión de este día de protesta laboral en todo el País, vienen servidas por los diferentes perfiles que la información facilita para un análisis provechoso y sereno de la protesta general.
Por un lado, evidenciamos la guerra de cifras –que como en todo conflicto, inunda la información de forma contradictoria, sin que se pueda llegar a barajar una con autenticidad-, por otro lado está la causa – que nos parece legítima por el importante recorte de derechos sociales, que difícilmente podía pasar sin respuesta-, también los medios empleados para manifestar la protesta, dentro del derecho constitucional a la huelga y a la pública manifestación- que sin embargo no ampara la piquetería generalmente coactiva, que fue la raíz de la mayoría de los incidentes y detenciones subsiguientes-, y finalmente los efectos de la protesta –interna e internacionalmente-.
En cuanto a la guerra de cifras, parece que hubo una importante participación huelguística en la industria –probablemente pactada de recuperación, para evitar problemas-, alta incidencia en transportes en las principales ciudades, y poco más. Por lo que las cifras de participación –dadas por los sindicatos convocantes- del 75% al 80% como seguimiento masivo, no acabamos de constatarlo. Pues de hecho importantes sectores de actividad como los empleados públicos apenas superaron el 10% de participación. Incluso los datos de consumo eléctrico dan que pensar que la actividad huelguística fue menor que la de la anterior huelga general. Todo lo cual, debe hacer recapacitar al mundo sindical convocante –pues no hay unanimidad entre otras centrales sindicales- en la inidoneidad de este medio de protesta por su exiguo apoyo y los perniciosos efectos del mismo.
Por lo que respecta a la causa de la huelga, creemos que tiene toda la legitimidad del mundo, que los trabajadores protesten públicamente por una reforma que les hace perder importantes derechos adquiridos durante décadas, y sobre todo, porque representa que se les pasa una importante parte de la factura de la crisis económica –de cuyo origen son ajenos-, entre tanto los verdaderos causantes de la crisis (la banca) sigue siendo tratada con “paños calientes” por los gobiernos del PSOE y del PP, sin que realmente asuman un coste equivalente en el pago de los daños de la crisis que ellos mismos propiciaron.
Los medios empleados para manifestar la protesta son los que habitualmente utilizan los colectivos sociales en una democracia, que además tiene su amparo en el propio texto constitucional español, como son el derecho de manifestación y el de libertad de opinión, que permite expresar públicamente una protesta ante lo que se considera un tratamiento injusto.
En esta protesta se han seguido diversos medios, por un lado la huelga general, que es lícita, aunque puede pensarse que sea inoportuna para la actual situación económica del país, pero cada uno se queja cuando le duele, y a los trabajadores de este país le han hecho particular daño la pérdida de derechos sociales. Y lo que es peor, aún está por ver que sean realmente válidas para facilitar el empleo y la reducción de la importante cifra del paro –que es la razón gubernamental para imponer este sacrificio de derechos laborales a los colocados-.
Sin embargo, la formación de piquetes llamados informativos –que realmente acaban generando coacción y violencia física y moral, a los que quieren hacer uso legítimo de su derecho al trabajo- no parece que tenga ningún tipo de amparo ni sentido. Hemos visto una vez más, numerosas imágenes de violencia de esos piquetes, agrediendo a otros ciudadanos, insultándolos, rompiendo y quemando mobiliario urbano. Y lo que es peor, dado que la violencia llama a la violencia, tales actitudes han de ser reprimidas por las fuerzas de seguridad con los consiguientes efectos colaterales dañosos de cualquier carga policial o empleo de fuerza en el medio urbano concurrido. Pero sobre todo, por el efecto de llamada que ha tenido –singularmente en Barcelona- con los grupos antisistema, que una vez concluida la jornada de protesta, pero so pretexto de la misma, se han dedicado a montar su particular “guerrilla urbana”. ¡Eso no puede ser tolerable en un Estado democrático y de derecho…!.
Afortunadamente, al margen de esos episodios de violencia callejera, se produjeron cientos de manifestaciones de conclusión de la jornada de protesta seguidas mayoritariamente –ahí están las imágenes, que aportan un apoyo masivo- y que de forma pacífica expresaron su queja y malestar por las referidas medidas gubernamentales. Este último es un hecho innegable de importante apoyo social de la protesta, y sobre todo, a tener en cuenta por parte de la subsiguiente acción de gobierno en los ulteriores recortes que quedan por efectuarse, donde ha de templar la tijera para no cortar donde siempre.
Y por último, los efectos de la protesta nos llevan a la clave de todo. Pues con pragmatismo se podría decir que la “queja ya estaba descontada” en las previsiones gubernamentales –como lo expresó el Presidente Rajoy en Bruselas-; aparte que como dice el refrán “una golondrina no hace verano..”. De ahí que se entienda el mensaje de los líderes de CCOO y UGT de que esto es sólo el comienzo, si no se rectifica a tiempo.
Pero el problema es que, desde que estamos en la Unión Europea (UE) hemos ido cediendo sectores de soberanía, como en el caso que nos ocupa –con la política monetaria-, y ello nos lleva a que tengamos necesariamente que maniobrar con herramientas homologadas por Bruselas, de forma que esta cuestión realmente así planteada excede a las posibilidades prácticas del Gobierno de España, pues se debe mucho dinero al exterior –nos exigen productividad para que nos sigan prestando, o en su caso la devolución, y además no seguirán dándonos crédito-. En definitiva, y a grandes rasgos, esas son las premisas de la UE con España –como lo ha sido con Grecia, Portugal, Irlanda e Italia-.
Pues este es el sistema económico globalizado en que nos hemos embarcado. De forma que si queremos mantener el nivel de vida, nos dicen que hemos de producir más, o sea hacer más negocio (tener más ingresos), para lo cual hay que ser más productivos que los del entorno. Y así sucesivamente, en una lucha infinita por ser y tener, en que no pocas personas quedarán al margen del sistema, por improductivas (que antes el “Estado Social”, más o menos acomodaba, pero que ahora no se está dispuesto a asumir), y de igual forma parece que llegará a pasar con colectividades como los Estados. A los que estos vecinos y socios, acabarán repudiando por considerarlos “tóxicos”.
Naturalmente todo esto es fruto de un sistema capitalista desbridado, competitivo, individualista, insolidario, que busca la eficacia del rendimiento, o sea de la ganancia. Lo demás sobra… Tal parece que sea el rumbo que han impuesto a la UE. Sociedad a la que pertenecemos, como los otros “países tóxicos”, y que ninguno ha cuestionado sus fines, ni sus métodos, entregados todos al espejismo de la riqueza y de la ganancia sin par. Naturalmente para unas elites, que supone que antiguas revoluciones sociales y políticas hayan quedado ya en el recuerdo histórico, pues los derechos ciudadanos, y la estructura social asumida tras ellas, tiende a desaparecer, en beneficio de una pequeña clase (incluidas corporaciones) que detenta la mayoría de la riqueza, y una mayoría de trabajadores –que por el sustento están dispuestos a hacerles el juego-; el resto no cuenta –pues no sirve al sistema- y quedará socialmente excluido, todo ello en el marco de un “juego económico global” más especulativo que creativo.
En ese turbio horizonte es donde cabe preguntarse: ¿hay alternativas?, ¿puede reconducirse ese objetivo atisbado?. Esa creemos que es la auténtica clave. El poder desentrañar esas preguntas, y determinar si nuestro pueblo quiere embarcarse en esa aventura, o por el contrario prefiere otro rumbo –naturalmente con sus consecuencias-.