EN VÍSPERAS DE UNA “DIADA” ESPECIAL

            Iniciado septiembre, próximos al día 11 en que se celebra la “diada” (día de Cataluña, en el que los sentimientos catalanistas afloran en ese territorio), vuelven las expresiones de un sentimiento exacerbado de nacionalismo catalán, que cada vez se presenta con más beligerancia dialéctica frente al resto de España, y que empieza a tornar de lo cultural a lo político envuelto en “soberanismo separatista”.

            Pero en esta ocasión, se presenta una edición peculiarmente “soberanista” en el marco de un proceso electoral, que las fuerzas políticas secesionistas de Cataluña han planteado como “proceso plebiscitario” de lo que son unas meras elecciones al parlamento autónomo catalán, para deducir de dichos resultados la pretendida voluntad soberanista del pueblo catalán. Por eso, no es una “diada” al uso, sino una jornada de especial reivindicación nacionalista, que llega a confrontar a la sociedad catalana en dos bloques de sentimiento y opinión (secesionistas y constitucionalistas, los primeros en favor de la independencia de Cataluña como Estado al margen de España, y los otros posicionados como un territorio políticamente autónomo dentro de España). En resumidas cuentas, una sociedad dividida, que empieza a fracturarse, pues así de torpe se ha encaminado el proceso (desde Madrid y desde Cataluña) que lleva a la confrontación entre catalanes y entre españoles, volviendo a recaer en el viejo problema territorial de la invertebración española ante el ansia centrífuga de pequeñas elites en significados territorios, que siembran discordia, so pretexto de hechos diferenciales, para concretos intereses de tales elites.

            Siendo así, se constata uno de los clamorosos fracasos políticos de la democracia española (fruto del proceso político de la transición), al frustrarse la solución autonómica (generada en principio para satisfacer las ansias nacionalistas catalanas y vascas) que se asumió como fórmula de gobierno territorial para todo el Estado habiéndose evidenciado su fracaso con los grandes problemas que pretendió solucionar, así como con el resto de los territorios en que trajo graves problemas políticos y económicos de gobernabilidad que antes no se tenían.

            Además este germen independentista se ha ido alentando con el tiempo en el pleno proceso autonómico (generando desigualdades difícilmente compatibles con las ampulosas declaraciones constitucionales de igualdad de personas y territorios ante la ley), progresivamente crecida con las concesiones del Estado (activas, en unos casos, por intereses políticos; y pasivas, en otros para tratar de no ver el creciente problema).

            Incluso, a veces puede que la ingenuidad política de algunos de nuestros gobernantes haya contribuido a ello en la creencia que ciertas concesiones autonómicas (casi federales) vendría a satisfacer el ansia de poder territorial del soberanismo catalán, así como a su homólogo vasco, sin que lo hayan logrado, pues ya ni siquiera les vale la timorata propuesta socialista de un “federalismo asimétrico”, que en sí mismo supone tratamiento desigual (dado que la asimetría conlleva en su mismo concepto la desigualdad).

            Por el camino, mil y un desencuentro con multitud de temas (inmersión lingüística, financiación autonómica, cesiones de competencias estatales, etc.) utilizados  de forma desleal por el aparato propagandístico al servicio de los intereses políticos centrífugos para incrementar un victimismo desde el que mover al sentimiento reivindicativo frente al gobierno del Estado han ido labrando un profundo surco de discordia, ante el que el gobierno del Estado no ha estado atento para su contención y arreglo, evitando la previsible e indeseable confrontación que acabaría por deflagrar a ese “victimismo irredento” que echaría un complicado “pulso al Estado” de imprevisibles consecuencias.

            Así puede entenderse la forzada medida legislativa del gobierno del PP de dotar de ejecutividad a las decisiones del Tribunal Constitucional, sistemáticamente burlado a la hora de aplicar sus resoluciones, que lo hacen poco operante en orden al mantenimiento de la seguridad jurídica y de la legalidad constitucional. Si bien, no entendemos las tardías ambigüedades de otros actores políticos de responsabilidad, que lejos de apoyar la eficacia del “edificio constitucional” del Estado, postulan fórmulas equívocas o ya fracasadas de un “federalismo asimétrico”, que ha sido largamente superado por los acontecimientos (por lo que actualmente no convence ni a soberanistas catalanes ni a constitucionalistas), como tampoco son fáciles de entender ciertas declaraciones de líderes políticos que aspiran al gobierno del Estado, afirmando en Cataluña que se sienten “catalanistas” en lo que aparenta cierto filibusterismo político, para mejor ocasión.

            Va llegando la hora de la verdad en este conflicto, que no es otra que la de cumplimiento de la legalidad constitucional (sea de esta u otra Constitución, que es la que representa el “contrato de convivencia” entre españoles de todos los territorios del Estado; sea cualquier otra, que por los mecanismos de modificación constitucional se prevén en la carta magna), ante la que no cabrían atajos derivados del concreto cálculo político interesado, que podrían conllevar graves perjuicios al Estado y a todos los españoles. Por consiguiente, es hora de recordarles a quienes tienen responsabilidades políticas de Estado de su deber para con el mismo, en su defensa (como defensa de los intereses generales de todos los españoles), sin ambages, y empezar a mostrar a los líderes secesionistas los límites infranqueables, distinguiendo las meras opiniones políticas de las acciones que pudieran conllevar conductas contra el Estado, ante lo cual este se ha de defender con toda la legalidad vigente, ya que se ha fracasado con todos los intentos previos de concordia –que entrañaban la solución política-, y se ha consentido que el problema desbordara la filosofía y el interés de las elites secesionistas e inflamara al sentimiento de ciertos sectores sociales que se consideran “catalanistas”, hiperdimensionándolo peligrosamente.

LA DIADA INDEPENDENTISTA QUE ESPAÑA NO PUEDE IGNORAR

Este 11 de septiembre, día de Cataluña, se ha puesto de manifiesto el gran alcance que tiene el sentimiento independentista catalán en una sociedad –como el resto de la española- frustrada como colectivo ante la grave crisis económica y política que padece el país, también Cataluña, que ve en la solución secesionista una salida a los problemas del país.

Ciertamente el sentimiento nacionalista catalán, en su desarrollo, siempre ha tenido una tendencia independentista, aunque no era un sentimiento mayoritario, pues este era más bien un sentimiento colectivo de identidad cultural que reivindicaba este hecho diferencial, y un grado razonable de autonomía política, que se llegó a alcanzar con la reinstauración democrática y de la Generalidad catalana en la culminación del proceso de desarrollo del Estado autonómico de la Constitución de 1978.

Pero la tentación del nacionalismo catalán de no verse acotado por un régimen de desarrollo autonómico amplio, casi federal, que agotara su propuesta política, junto con una mala gestión política del gobierno del Estado en relación con la cesión de competencias a Cataluña –pues mientras se negaban en público se concedían en privado, para apoyarse políticamente en los votos de CIU en Madrid- han llevado a una peligrosa e incontrolable deriva secesionista, que ha llegado a calar en profundidad con ocasión de la grave crisis económica que ha revelado el colapso político del modelo de la transición y la Constitución de 1978.

Así, en estos momentos de grave desempleo en España, de un gasto público incontrolable, de unos recortes públicos que generan el consiguiente malestar de la ciudadanía española –también la catalana-, con el consiguiente desprestigio de la clase política y de los partidos tradicionales, especialmente los de gobierno (PP y PSOE) que se encuentran inmersos en crisis de corrupción (caso Bárcenas –el PP- y caso de los ERE´S de Andalucía –el PSOE-), y que no acaban de reformular sus propuestas con liderazgos nuevos que los hagan de nuevo atrayentes para la ciudadanía, lo que conlleva una grave deriva política del sistema, que además es incapaz de dar respuesta a los múltiples problemas políticos que están planteados en el país.

Si además, CIU –partido de gobierno en Cataluña- también se encuentra afectado de casos de corrupción (Pallerol, Liceo, etc.), la estrategia de Artur Mas ha sido la huida hacia adelante, señalando el origen de los males que padecen la sociedad catalana –como la del resto de España- en Madrid, en su vinculación al Estado español, y ofreciendo una meta mesiánica salvadora de la irredenta Cataluña que pasaría por la independencia, ubicándola como un nuevo Estado independiente dentro de la UE, que le daría estabilidad. De forma que el pasado, el lastre que impide a Cataluña emerger de la crisis lo sitúa en Madrid, en su vinculación al Estado español, y el futuro, la liberación, la superación de todos los problemas de los catalanes los hace pasar, arteramente, por un proceso de independencia. Como si fuera el bálsamo que todo lo arregla.

En otro tiempo, ese discurso no se lo compraban a CIU, de hecho ni lo planteaba. Sin embargo, en la actualidad, en la desesperanza que se vive, con el fracaso de nuestros políticos, la falta de liderazgo, ha llegado uno que se ha postulado como el Mesías catalán y ha señalado al pueblo desorientado y harto, una salida a la crisis, una solución a sus problemas. Y esta vez, el pueblo, necesitado de soluciones salvíficas, mesiánicas, se lo ha comprado. De ahí ese gran apoyo a la acción de hoy de la cadena catalana separatista en el día de Cataluña.

Tal realidad, requiere una respuesta de Madrid, del gobierno de Rajoy, al que ya no le vale esconderse, ponerse de perfil ante esta problemática territorial, que a día de hoy plantea un grave reto al Estado, que este no puede ignorar. Como tampoco parece lógico el habitual silencio del Jefe del Estado en esta cuestión.  Algo que forma parte de otra de las causas que ha alimentado el sueño independentista catalán, que acabará contagiando al País Vasco y a Galicia, en lo que potencialmente es uno de los problemas más graves de España, junto con el económico y el colapso político actual del sistema constitucional de 1978, cuya sostenibilidad parece estar en cuestión, pese a los intentos de PP y PSOE de no acusar recibo de la sensación popular de hartazgo, fracaso y frustración ante la falta de resolución de los problemas del país, por parte de nuestros gobernantes.

El complejo de una clase política de la transición eludiendo la defensa de España dentro de la propia España, para evitar ser tachado de franquistas o fachas, ha dejado el campo abonado y dado vía libre a los nacionalismos periféricos disgregadores, pues mientras estos han trabajado en defensa de unas naciones dentro del Estado, para progresivamente ir postulando la salida de este, por parte de los sucesivos gobiernos españoles no se ha elaborado una política de defensa de la nación española, que cohesionara el gran proyecto estatal, que sólo ha sonado en la retórica de los discursos pero no ha constituido una política de acción concreta. Y claro, si el propio Estado no se defiende a sí mismo, el resultado calamitoso disolvente está servido, pues a día de hoy nadie negará que en España hemos entrado en una peligrosa espiral autodestructiva, frente a la que alguien tendrá que hacer algo, especialmente aquellos que tienen altas responsabilidades de Estado, y tras fijar los límites del alcance político –que están en la propia Constitución, e incluso negociar una nueva Constitución, o la reforma de la actual-. Todo lo que exceda, por vía de hechos consumados, como se pretende por parte del desleal gobierno catalán, debería de ser rechazado de plano por las autoridades que ostentan la responsabilidad de garantizar la legalidad constitucional –incluida su proceso de reforma-. No dar respuesta contundente y clara sólo servirá para seguir alimentando un sueño destructivo y pernicioso para la convivencia territorial en España, que se agravará aprovechando cualquier oportunidad interna o externa que la pueda inflamar.

LA MISIVA REAL TRAS LA DIADA INDEPENDENTISTA CATALANA

Tras la numerosa y clamorosa diada secesionista, minusvalorada por el Gobierno de España, el silencio real se rompió tímida y disimuladamente, en la publicación de una carta del Rey con ocasión de la remodelación de la web de la Zarzuela.

La carta real dirigida al orbe, a quien le quiera escuchar, o como se diría en otros ámbitos, a los hombres de buena voluntad, ha venido a señalar y enfatizar la necesidad de volver a encontrar el objetivo común, evitando las perniciosas disensiones y la desunión entre los españoles. Algo, que por lo demás suele ser el discurso obligado al tiempo que habitual del Rey.

La cuestión es si el Rey con ello está ejerciendo la labor de arbitraje y de Institución de unión entre los españoles, o si más bien, está dando un consejo de mínimos, que es lo menos que se podía decir después de la jornada independentista catalana, con sus previos y subsiguientes días, en que las propias instituciones autonómicas están postulándose por el camino independentista. Algo sumamente grave, por cuanto supone un paso cualitativo en el desencuentro político y social entre territorios del Estado, ya que hasta ahora el discurso político centrífugo era propio de los partidos nacionalistas, pero no había llegado a trascender con tal grado de claridad a las propias instituciones públicas autonómicas de Cataluña, en que el Presidente de la Generalidad, Artur Mas, ha cogido las riendas del movimiento independentista, que recuerdan al triste episodio de Maciá proclamando la independencia catalana desde el balcón de la Generalidad en plena Guerra Civil.

Por consiguiente se hacía necesaria una respuesta clara y contundente desde las instituciones del Estado para sofocar la chispa independentista que de nuevo ha vuelto a prender, como entonces aprovechando un momento de crisis del Estado –entonces de guerra civil, actualmente de crisis económica y política-.

Sin embargo, no podemos verificar que la esperada respuesta se haya dado con la contundencia que requieren los acontecimientos, ya que ni el presidente Rajoy –ninguneando el hecho-, ni el propio Rey con su epístola digital han marcado el campo con líneas infranqueables, sino que de forma suave, diplomática digna de mejor empeño, han hecho referencia a la improcedencia de tal pretensión secesionista. Algo que se nos antoja flojo en las formas y escaso en los contenidos.

Aún así, o quizá por eso mismo, los grupos separatistas se han crecido, no se dan por aludidos, en unos casos, y en otros incluso critican que el Rey entre en el ámbito político, que realmente no lo ha hecho, ya que se ha limitado a llamar a la reflexión para la unidad, lo cual entra dentro del papel Constitucional que tiene asignado como garante de la unidad de España y árbitro de la vida política española, especialmente en situaciones en que se hace necesaria la mediación entre grupos políticos enfrentados o especialmente disolventes del actual marco constitucional.

En cualquier caso, esperábamos nuevos movimientos de ficha por la parte nacionalista, y lo ha hecho con su impostura e insistencia en su demanda de pacto fiscal –auténtico ariete contra el Estado- que le ha negado Rajoy, ante lo que Mas ha vuelto a lanzar insinuaciones de perseverancia en la actitud separatista. Lo que pone la situación ante una peligrosa deriva, que a la par resulta contagiosa en otros territorios como el País Vasco, y en menor medida también en Galicia, ambas con elecciones próximas y pronósticos de triunfo de las fuerzas nacionalistas más radicalizadas –especialmente en el País Vasco-.

Consecuentemente, el Estado tiene que hacer frente a un viejo problema, cuyo aplazamiento con paliativos procedimientos autonómicos no han surtido efecto, ni para el Estado español, ni para los grupos nacionalistas nuevamente radicalizados por la independencia.  Y este problema ya requiere una drástica solución por parte del Estado, con el monarca al frente en defensa de la propia integridad territorial española, de su gobernabilidad, y de su subsistencia como Nación, que va mucho más allá de meras misivas para el que tenga oídos que oiga.

LA DIADA DEL NACIONALISMO DESLEAL A ESPAÑA

Según la Guardia Urbana de Barcelona, cerca de un millón y medio de manifestantes han participado en la “Diada Catalana” de este año, con una sustancial elevación del dintel nacionalista disolvente, o más claramente independentista, que es el giro que ha tomado el nacionalismo catalán burgués, frente al otro nacionalismo catalán abiertamente independentista y republicano de Esquerra Catalana.

Así con el progresivo incremento de la demanda autonómica el catalanismo desleal al Estado español, llega al fin de su trayecto, en el que no le queda más que asumir su status autóctono en la política autonómica y española en general, dentro de este ambiguo “Estado de las Autonomías”, o incluso avanzar formalmente ante una delimitación federal del Estado –que sería lo más lógico, dadas las circunstancias, y que no vendría a representar necesariamente más autonomía para Cataluña de la entregada hasta este momento-, o seguir en la deriva separatista para jugar –ante la debilidad política y económica española actual- a la creación de un Estado Catalán –al modo balcánico- en una UE desorientada y confusa en el rumbo a seguir.

Esta último planteamiento supone una falta de cooperación institucional en España, que llega a la deslealtad, lo que representa una grave deriva en los planteamientos de la burguesía catalana que sustenta CIU, para distanciarse electoralmente del PP catalán –cada vez más próximo en la disputa electoral-, y sobre todo remover los sentimientos catalanistas frente a una supuesta opresión centralista de Madrid –que en la actualidad es inexistente-, y que sólo se saca a relucir de forma torticera e ilegítima para arrastrar la emotividad irracional popular en pro de unos planteamientos insolidarios y de confrontación con el resto de los territorios del Estado.

Para ello, no se ha dudado en hacer un montaje histriónico y populista por parte de los políticos más significativos, de cara a la fiesta catalana del 11 de septiembre, en que so pretexto de esa inventada opresión, se aprovecha y tantea en la debilidad actual del Estado, y se da a entender que los problemas de la crisis económica se resolverían por la vía de la independencia, dado que entre otras cosas, se deja caer la falacia de que Madrid esquilma a Cataluña con sus impuestos de los que no revierte la parte que estos políticos dicen que es justa y se les debe. Algo que no se corresponde con la realidad, pues las inversiones del Estado en Cataluña superan las que aquel realiza en otras autonomías, no menores.

No obstante, montado el espectáculo y soliviantada la calle, el nacionalismo catalán –especialmente CIU- “enseña músculo” al Gobierno central, al tiempo que le recuerda su petición de pacto fiscal al modo foral vasco-navarro (que dicho sea de paso, son una reminiscencia histórica, que en la España constitucional, deberían de haberse derogado por desiguales e injustos con el resto de los territorios del Estado), pero que bien le sirve al Gobierno de Artur Mas hoy por hoy. Y así sucesivamente, hasta la extenuación, seguirán pidiendo y pidiendo, incluso en los peores momentos como los actuales en que el Estado se juega su futuro interno e internacionalmente.

Sin embargo, lo que no se entiende es que CIU tenga con el PP un pacto en Cataluña, y cómo se puede mantener ese apoyo del PP catalán ante unas actitudes políticamente desleales, insolidarias, y no cooperativas con el resto del Estado. ¡Otra asignatura pendiente de las muchas que ya viene arrastrando Rajoy!.

Por último, sólo constatar una vez más, el profundo fracaso político del modelo constitucional de “Estado Autonómico” que debería de revisarse, al hilo de los reajustes constitucionales que ya se van demandando para hacer más moderno, eficiente y justo este País; pues este modelo fruto del consenso constitucional, tras ser desarrollado, las minorías nacionalistas con las que se pactó han sido las primeras en romper el consenso constitucional para apostar por aventuras independentistas, y jugar a un irredentismo nacionalista permanente que suele ser perturbador de la vida política y económica española, y que se ha demostrado económicamente insostenible, políticamente ineficaz, y socialmente injusto.

Todo lo cual, requiere una rápida y drástica respuesta del Estado, abriendo un nuevo periodo constituyente que promulgue una nueva Constitución, o reforme la anterior, elaborando un proyecto de Estado viable, permanente y fuerte, incluso en la fórmula federal, pero que suponga un federalismo cooperativo (a modo del de los Estados Unidos o Alemania) en que ningún territorio cuestiona el Estado, ni este se entromete en los definidos cometidos de los territorios, ni se den solapamientos de competencias que entorpecen la vida social y económica, como sucede en el actual formato de “Estado Autonómico”. Pero para ello, no se puede dejar nada a la improvisación, ni a la almoneda política, ya que en tal caso, volverían los comportamientos desleales para sacar partido y mejoras a costa de los demás.