LA POLÉMICA REIMPLANTACIÓN DE LAS TASAS JUDICIALES

La reimplantación de las tasas judiciales ha traído una nueva polémica en el ámbito de la política, lo cual no deja de ser extraño dado el discurso ideológico de unos y otros partidos sobre el particular, desde los que consideran que la gratuidad de los servicios públicos ha de ser total, pues para ello ya se pagan impuestos; a los que consideran que en determinados servicios públicos –cuando no en la mayoría de ellos- el ciudadano que los utiliza ha de contribuir al pago del mismo, aunque sea testimonialmente para un uso más racional de los mismos, con conciencia del gasto que ello supone.

Sin embargo, la polémica que ha generado en el ámbito de la propia Administración de Justicia resulta menos comprensible, ya que la queja pública manifestada por colectivos de jueces, fiscales, secretarios y funcionarios de la justicia en nuestro país, no parece sostenerse mucho, en cuanto a su fundamento y sobre todo legitimidad, dada la circunstancia que dichos colectivos son de funcionarios de diversa clase y categoría de la propia Administración de Justicia. Los mismos que se quejan de la falta de recursos públicos, justo cuando mayor número de juzgados se han creado, mayores infraestructuras traducidas en sedes judiciales, y la consiguiente logística para su adecuado funcionamiento.

Esos mismos funcionarios que en otro momento reclamaron más medios, y se les ha ido facilitando de forma abundante –acaso no de forma plena-, habrían de entender que toda esa implantación ha generado un importante gasto público y hay que hacerle frente, en medio de una crisis económica –que también padecen como empleados públicos-. Por consiguiente, deberían de aceptar esta vieja vía de ingresos, que no es desconocida a nuestra Administración de Justicia, para coadyuvar a su sostenimiento, y para reducir la litigiosidad de escaso fundamento. Todo lo cual, habría de ir en mejora de la prestación del servicio.

Desde la perspectiva del ciudadano común que padece a su nivel los rigores de la crisis ( por paro, reducción salarial, traslados, ERE´S, que ha visto gravadas las tasas de la educación no obligatoria, así como el pago de diversos servicios de la sanidad pública, más otros que se vienen anunciando), no acaba de comprender la queja del colectivo funcionarial de la Adminsitración de Justicia. Salvo que le moleste hacerse cargo de un nuevo trámite de cobro de las tasas públicas por el uso del servicio, lo que lleva una burocracia aparejada. Pero forma parte del trabajo.

Apelaciones a la merma de la tutela judicial efectiva reconocida en la Constitución, como motivo para no cobrarlas, parece que tampoco tiene solidez jurídica. Ya que el reconocimiento de ese Derecho no implica la gratuidad del mismo. También se reconoce el derecho a la vivienda y no se nos facilita gratis.

Cuestión diferente es la protesta de la abogacía, pues con el restablecimiento de las tasas judiciales es previsible que se reduzca la litigiosidad y con ella la potencialidad de facturación de los abogados por litigiosidad judicial; si bien, por experiencia se sabe que cuando se confía en que el derecho ampara una determinada posición, no se excluye por precio el litigio, además de las múltiples actividades del abogado en cuestiones extrajudiciales que le permiten minutar sus derechos. Aunque también la abogacía ha de reconocer que las retribuciones públicas que perciben por atender el turno de oficio en los Tribunales, que van con cargo a los presupuestos públicos, tienen que ser atendidos por vía de ingresos públicos para su viabilidad, como el resto de los servicios públicos; por lo cual, no resulta descabellado utilizar esta nueva vía de ingresos. Y si son sinceros, lo habrán de reconocer también.

Por último volviendo al terreno del análisis político, desde perspectivas ideológicas, podríamos asumir la gratuidad del servicio judicial, como la de la sanidad pública, o la educación pública. Pero eso supone, un replanteamiento contable que concierne a las cuentas del Estado, que habrán de ver incrementados sus ingresos. Así pués, nos gustaría conocer esas alternativas contables, pues ¿de dónde se piensa obtener ingresos para mantener la plena gratuidad de todos los servicios públicos?, ¿se incrementarán los impuestos?, ¿cuáles?; o ¿se reducirán otras partidas públicas como carreteras, ayudas sociales, cultura, etc.?. Por consiguiente, el discurso no es gratuidad sí o no. Sino ¿de donde se saca el dinero?, ¿a costa de qué tipo de sacrificio alternativo?. Así de sencillo y claro.