LXIII ANIVERSARIO DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

Celebramos que tal día como hoy, el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A, como respuesta a los horrores de la Segunda Guerra Mundial y como intento de sentar las bases del nuevo orden internacional que surgía tras el armisticio.

De tal forma que a partir de ese momento los sucesivos intentos en que históricamente se trató de implantar los derechos humanos como síntesis básica ineludible e inalienable de garantía jurídica esencial de la dignidad humana, concretada en cada ser de la especie humana, se plasmaban en un texto jurídico de alcance internacional, manteniéndose como uno de los objetivos de Naciones Unidas, aunque en la práctica –aún hoy día- se siguen conculcando estos derechos elementales del ser humano en muchos lugares del orbe.

Por ello, resulta necesario que nos planteemos como seres humanos un compromiso personal y social por la defensa de los derechos humanos y su implantación en todos los lugares de la Tierra, pues siguen existiendo casos flagrantes de conculcación sistemática de derechos humanos, por parte de algunos Gobiernos liberticidas que mantienen un ejercicio tiránico del poder, baste citar a título de ejemplo la crueldad e injusticia infligida a Daw Aung San Suu Kyi, líder birmana a favor de la democracia, o la padecida por el ciudadano chino Liu Xiaobo –galardonado con el premio nobel que su país le impidió recoger-, o el caso del médico indio Binayak Sen condenado a cadena perpetua por haber denunciado la violencia en el centro de la India. Son solo ejemplos de personas que se han jugado la vida por la libertad propia y de los suyos, que nos deben de recordar a otros tantos héroes anónimos que como ellos sufren la injusticia, la violencia y el horror en sus vidas sin que puedan acogerse a los derechos que tienen como personas a vivir con dignidad en libertad.

Todo ello nos hace que, especialmente hoy, les recordemos, mantengamos encendida la llama de su pacífica protesta, y seamos conscientes que los derechos humanos aún no han conseguido implantarse pese a los siglos que lleva la humanidad, y que aún conflictos armados victimizan a los más débiles, como está ocurriendo en Siria, donde el ejército sigue reprimiendo y matando a ciudadanos desarmados por el mero hecho de protestar contra el régimen tiránico que les gobierna. O incluso las denuncias de Amnistía Internacional sobre la actuación de la policía de la República Dominicana que señalan que sobre el 15% de los homicidios del país los cometen miembros de la policía empleando procedimientos agresivos que le han generado la desconfianza de la mayoría de la población. O los desalojos forzosos de viviendas humildes promovidos por las autoridades locales en Dey Krahorm (Camboya) en que cientos de familias fueron desalojados por la fuerza y se quedaron sin hogar.

Esta breve referencia, conlleva también la inclusión de diferentes tipos de derechos, que se han venido reconociendo como “derechos humanos”, fruto del propio desarrollo de su concepto y de la evolución social de nuestra civilización. Así podemos hablar de una división de los derechos humanos en tres generaciones, que fue concebida por primera vez por Karel Vasak en 1979. Cada una se asocia a uno de los grandes valores proclamados en la Revolución francesa: libertad, igualdad, fraternidad.

Los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos, vinculados con el principio de libertad. Generalmente se consideran derechos de defensa o negativos, que exigen de los poderes públicos su inhibición y no injerencia en la esfera privada.

Por su parte, los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, que están vinculados con el principio de igualdad. Exigen para su realización efectiva de la intervención de los poderes públicos, a través de prestaciones y servicios públicos.

 Existe cierta contradicción entre los derechos contra el Estado (primera generación) y los derechos sobre el Estado (segunda generación). Los defensores de los derechos civiles y políticos califican frecuentemente a los derechos económicos, sociales y culturales como falsos derechos, ya que el Estado no puede satisfacerlos más que imponiendo a otros su realización, lo que para éstos supondría una violación de derechos de primera generación.

Finalmente, la tercera generación de derechos, surgida en la doctrina en la década de los ochenta del siglo pasado, se vincula con la solidaridad. Los unifica su incidencia en la vida de todos, a escala universal, por lo que precisan para su realización una serie de esfuerzos y cooperaciones en un nivel planetario. Normalmente se incluyen en ella derechos heterogéneos como el derecho a la paz, a la calidad de vida o las garantías frente a la manipulación genética, aunque diferentes juristas asocian estos derechos a otras generaciones: por ejemplo, mientras que para Vallespín Pérez la protección contra la manipulación genética sería un derecho de cuarta generación, para Roberto González Álvarez es una manifestación, ante nuevas amenazas, de derechos de primera generación como el derecho a la vida, la libertad y la integridad física.

Por todo lo indicado, hemos de concluir con una invitación a que este recuerdo anual trascienda a una consideración diaria de la existencia de estos derechos, que sean exigidos con más determinación por la Comunidad Internacional, llegando a plantear la exclusión de la ONU a aquellos países que no sean celosos vigilantes del cumplimiento de los derechos humanos en su seno, pues de esa forma acabaríamos con esta lacra y con la hipocresía de que se incorporen al sistema internacional países que permiten la injusticia en su forma más crasa, por vulnerar o permitir que se vulneren los derechos más elementales del ser humano.

CONMEMORANDO UNA CONSTITUCIÓN SUPERADA POR LA REALIDAD

Nuevamente el 6 de diciembre nos trae la fiesta de la Constitución que prestó un gran servicio a España, favoreciendo la transición política de la Dictadura de Franco a la Democracia con Monarquía Parlamentaria, pero que más de tres décadas después, a tenor de la velocidad de los acontecimientos sociales, ha quedado superada por una realidad, que en parte, es diferente a la de 1978.

Por consiguiente, en la medida en que el hecho social sea diferente habrá de ir tomando empeño en un ajuste del texto constitucional, de forma que regule aquellos nuevos aspectos suscitados –para favorecerlos o impedirlos, según los casos- troquelando así, las Instituciones Públicas a las nuevas necesidades y demandas sociales.

Entre las cuestiones que están requiriendo una revisión constitucional, actualmente con mayor  urgencia que nunca, es el ajuste del Título VIII de la Carta Magna, que se redactó “ad experimentum”, con la intención de resolver los problemas nacionalistas catalán y vasco prioritariamente, y ha derivado en un Estado con 17 microestados que hacen la gobernabilidad y la Administración inconvenientemente heterogéneas, introduciendo asimetrías con sus desigualdades, profusión de estamentos político-administrativos territoriales, e incluso desbordamiento del propio marco constitucional –que habiendo evitado llegar al “Estado Federal”, por la vía de hecho lo ha alcanzado y aún superado, sin que se sepa dónde está el límite de este debordamiento de algunos nacionalismos periféricos-, y que en la práctica han generado un sistema político-administrativo costosísimo, ineficaz y escasamente cooperativo en la construcción del Estado español.

Otra importante cuestión que también requeriría revisión es la real división de poderes, y el sistema de “frenos y contrapesos” que fue sutilmente laminado en la práctica, pues aunque formalmente existe la división de poderes, en la realidad es evidente que todo el poder del Estado emerge de la composición de la mayoría absoluta que haya apoyado al ejecutivo de turno, de forma que el poder que emerja en la Cámara de Diputados será el que rija todos los poderes del Estado, tanto el Legislativo, como el Ejecutivo y el Judicial –por el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces-, y consecuentemente de todos los órganos superiores del Estado. Lo que supone que el poder político discurra libremente por sus fueros, sin un control eficaz de su acción. Salvo en las “Taifas Autonómicas”, en las que cada Virrey suele controlar la acción política, en consecuencia de gobierno es su correspondiente territorio autonómico.

De la mano de todo esto está también las injustas desigualdades introducidas por la Ley Electoral, tanto en su sistema como en la consideración de los distritos electorales, que conllevan que el valor de cada voto no compute siempre igual.  ¡Grave injusticia…!.

Además de incoherencias que se mantienen entre los principios de igualdad entre todos los españoles –declarada en la Constitución- y la realidad que no se ajusta a tan grandiosa declaración, donde ni siquiera el Título referido a la Corona es coherente con esa declaración de igualdad, pues empieza por discriminar el llamamiento al trono por razón de sexo.

Y en los actuales tiempos de crisis económica grave, en que Sarkozy postula la refundación de la UE, con esa especie de protectorado franco-alemán que pretenden implantar por razones mercantiles, habría que revisar también la definición del Estado como “social”, pues tampoco responderá a la realidad de ese proyecto europeo “pangermánico” al que ya se denomina “Merkozy”, fruto de la insolidaridad, de la codicia y del neocolonialismo franco-alemán sobre Europa.

Así, que siguiendo la idea de Sarkozy sobre Europa, quizá tendríamos que plantearnos hacer una nueva Constitución, “refundando España”, en unos nuevos esquemas político-administrativos más sencillos -que nos libere de la “trampa autonómica”-menos caros, más eficaces, y desde luego más controlables, por los ciudadanos, con una auténtica división de poderes. En que España sea auténticamente un Estado soberano, sin cesiones de soberanía a la UE ni a ninguna otra instancia, en un Estado en que todos seamos ciudadanos iguales ante la ley, con los mismos derechos, y con unas mismas señas de identidad. Hasta tanto no tengamos esos ajustes, quizá poco tengamos que celebrar. “El traje se nos ha quedado viejo y desfasado”.

EL PSOE, ENTRE LA REFORMA Y LA CONTINUIDAD

Ante la doble derrota electoral, autonómica-local y estatal, con descensos históricos, el PSOE se tiene que plantear necesariamente ¿qué es lo que ha sucedido, para que las urnas le hayan castigado de forma tan decisiva?, pues en ambos procesos electorales ha perdido importantes cuotas de poder territorial y también el gobierno de la Nación. Lo que ocurre es que cuando uno “abre ese melón” ha de estar dispuesto a hacer los cambios precisos para volver a reflotar la nave hundida.

Pero, a tenor de cómo se están desarrollando los acontecimientos, no parece que la actual ejecutiva nacional de Ferraz esté dispuesta a “levantar las alfombras” y desee llegar a las últimas causas del desencuentro entre el partido y el electorado, que en otro tiempo le otorgó su confianza, y sin embargo, se ha sentido defraudado, especialmente después de la gobernación de Zapatero en esta última legislatura, en que la mala gestión de la crisis económica ha llevado a conseguir la cifra record de los casi cinco millones de parados, que no tiene apenas parangón en el entorno de los países de la UE. Y eso, precisamente desde un gobierno que pertenece a un partido apellidado de obrero.

Lo que ha trascendido de la Ejecutiva de este sábado en Ferraz, no parece que haya apuntado a razones últimas, sino a seguir una terapia epidérmica, que lo aplaza todo al Congreso anunciado en febrero, en el que las distintas facciones ya prepararán el terreno de batalla –si ven posibilidades de victoria-, o por el contrario de un pacto que culminaría en un “nuevo abrazo de Vergara”, que sólo aplazará la crisis interna que ya viene padeciendo el PSOE, en el que la sucesión de Felipe González se cerró en falso –en la lucha entre guerristas y supuestos reformistas- dando como resultado el nombramiento –por “reducción al absurdo”- de Rodríguez Zapatero, que finalmente ha acabado pasándonos factura a todos, socialistas y no socialistas, por una gobernación insustancial, frívola, entregada a un pseudoprogresismo, y escasamente social, que nos ha llevado al abismo. También a su partido.

Con todo, el PSOE si quiere retomar el rumbo de un partido socialdemócrata, habrá de hacer bien sus deberes de regeneración interna. Sus militantes habrán de exigir que el “aparato” esté al servicio del partido, no de la facción dominante, y propiciar un Congreso abierto, libre; propiciando la mayor participación posible, facilitando la concurrencia de candidaturas a los órganos rectores, promoviendo la participación de toda la militancia con su voto, sus discursos internos, sus reflexiones políticas, sus debates, que conecten de nuevo con la sociedad, abriendo las puertas del partido, de su discurso, de su programa, poniéndose al servicio de la ciudadanía, escuchándola de verdad, poniéndole límites a los mandatos, promoviendo elecciones primarias para los cargos públicos, promoviendo la figura de diputado y concejal de distrito, al servicio de los ciudadanos, programando despacho público con la ciudadanía, etc.

En la medida que se abra al pueblo, de verdad, se alejarán los intereses de facciones internas, de barones –que han sido la perdición antidemocrática de los partidos-, y de esa manera se podrá empezar a trabajar por la sociedad de forma desinteresada, lo que representará de nuevo un mensaje claro, limpio, directo, que conectará otra vez con las clases medias y trabajadoras del país, al que previsiblemente debe dirigirse su proyecto político.

Pero para ello, habrán de recurrir a una nueva generación de militantes, pues la Era de Felipe y la de Zapatero, ya están quemadas. Es la hora de la renovación auténtica, de igual forma que Felipe, Guerra y compañía asumieron la reforma de Suresnes, y el PP asumió la reforma de Aznar, que liquidó a todas las “viejas glorias” franquistas de la transición, unió el partido, y le dio tintes de derecha moderna europea; el PSOE requiere otra reforma profunda en esa línea, que supone también el necesario cambio generacional, que lo haga realmente creíble ante la ciudadanía especialmente ante sus votantes. Profundizando en programas políticos socialdemócratas, con personal compromiso político de sus defensores, que no deben aparecer como profesionales de la política, sino como coyunturales servidores de la ciudadanía a la que pretenden representar con un eficaz programa de acción política de izquierdas y centro izquierda.

En cualquier caso, la palabra la tienen los militantes del PSOE, si se acaban de imponer ante la maquinaria de poder que lleva manteniendo un “statu quo” más de tres décadas, que los electores ya rechazan.

GANA LA DERECHA EN ESPAÑA, ANTE LA INSENSIBILIDAD DE LOS MERCADOS

Abrumador triunfo del PP, con fuerte descenso del PSOE, y cabida de otras opciones políticas en el Parlamento, tanto nacionales (UPyD, IU) como nacionalistas (PNV, AMAIU, CIU, ERC), que matizan una mayoría absoluta de la derecha triunfadora de tendencia centrípeta, hacia posiciones periféricas centrífugas, no siempre cooperativas en la acción de Estado.

El electorado ha castigado los errores del anterior Gobierno socialista, especialmente el fracaso que ha tenido en política económica con un paro de casi cinco millones de personas; que acosado por los mercados de la deuda, le han puesto contra las cuerdas en diversas ocasiones, y que la oposición de derechas –ganadora de las elecciones- no ha dejado pasar inerme por su continua labor opositora de desgaste, buscando la confrontación electoral, conocedora del posible rédito que le podía reportar, como realmente ha sido.

Ahora bien, una vez alcanzado el poder legítimamente, de forma amplia, el PP tiene ante sí una dura labor por cuanto habrá de hacer difíciles equilibrios internos y externos, para no tensionar la situación político social con los necesarios recortes económicos, y al tiempo ganarse la confianza de los acreedores de la deuda española, para que dejen de estrechar el cerco sobre la economía española, y hagan posible su viabilidad con la consiguiente salida de la crisis actual.

Así, Rajoy habrá de granjearse un liderazgo nacional de consenso de la sociedad española, que le permitan aplicar una cirugía eficaz en el recorte del gasto público, y en la reducción de las Administraciones Públicas, al punto de tener que recomponer el inviable sistema autonómico generado en la transición política del final de los años setenta del pasado siglo; pero al mismo tiempo, también habrá de ganarse el respeto de los líderes europeos, especialmente de los que tienen influencia directa en los acreedores bancarios, especialmente franco-alemanes, para que le permitan hacer los reajustes necesarios, pero de forma indolora que no altere la paz social interna.

Y así, aunque ayer Rajoy decía que no cabían milagros, no es menos cierto que propagó una especie de hipótesis durante la campaña electoral, según la cual, con un cambio de gobierno que diera más seriedad y rigor, los mercados se calmarían y darían confianza al país. Pero tal hipótesis se ha revelado equivocada el primer día posterior al relevo electoral, en que los mercados han mantenido la prima de riesgo sobre los 460 puntos sobre el bono alemán, y la bolsa ha caído más de un 2%. Por tanto, nada de nada. El dinero sólo atiende a razones económicas, apenas políticas, y menos sentimentales.

Por consiguiente, esperando haya estado más acertado en sus otras hipótesis sobre la recuperación económica –por el bien del propio país-, habremos de estar atentos a la adopción de medidas reales y eficaces que den seguridad en medio de tanta inestabilidad de una economía que en un par de años se ha ido desmoronando sin que se haya llegado a dar con la solución de su restablecimiento.

Además, una vez que se ponga a hacer arreglos en el país, sería oportuno que empezara por pactar una reforma de la ley electoral, aunque sólo sea en la consideración del Estado como circunscripción única, pues es escandalosamente injusto para un país que se precie de democrático, que formaciones como AMAIUR con 333.628 votos (1,37%) tenga 7 diputados, PNV con 323.517 votos (1,33%) tenga 5 diputados, CIU con 1.014.263 votos (4,17%) tenga 16 diputados, en tanto que IU-LV con 1.680.810 votos (6,92%) tenga 11 diputados, y UPyD con 1.140.242 votos (4,69%) tengan 5 diputados –sin poder obtener grupo parlamentario propio-. Estas sonoras diferencias, con un tratamiento diferente, y consecuentemente injusto. Supone que en España el valor personal del voto de cada ciudadano no tiene el mismo valor, y eso es muy grave en democracia, porque representa una importante e injusta fractura de representación, que además favorece a los partidos autonómicos –que curiosamente son los que menos interés de Estado Nacional manifiestan-, lo cual es torpemente nocivo para la política propiamente española.

Así pues, el PP tiene una ingente labor de gobierno por delante, nada sencilla, que habrá de ir gestionando con mucho tacto, reconociendo los posibles aliados en la defensa del Estado, a los que necesitará para los necesarios cambios económicos y políticos, así como para la administración de la “paz vasca”, que el PSOE en sus veleidades políticas no llegó a concretar, pues ni la ETA ha entregado las armas, ni hay más que una vaga declaración de intenciones de abandono de la lucha armada, a cambio de lo cual, el Gobierno de Zapatero abrió los cauces democráticos para esos sectores políticos vascos que encima están hiper-representados en el Congreso. Ante los que el nuevo Gobierno debe actuar en un difícil equilibrio entre una frágil paz, y una escasa integración política, dados sus contumaces planteamientos de autodeterminación, que para más inri tienen un efecto contagio en el nacionalismo catalán, más mercantilista que militarista.