UN GOBIERNO EN FUNCIONES, O LA FUNCIONALIDAD DE UN GOBIERNO SIN CONTROL

                La reciente polémica política en España, que aparenta acabar en el Tribunal Constitucional, viene servida por la interpretación restrictiva que hace el Gobierno en funciones respecto del control político que compete ejercer de ordinario al Parlamento, que no le reconocen en la actual situación extraordinaria de “funciones”.

                Algo que ha llevado al inusitado hecho que un ministro en funciones (o más bien “bajo de funciones”) haya dado plantón al Parlamento al no comparecer por considerar que no tenía tal obligación de dar cuentas a los representantes de la soberanía nacional, dada su eventual situación de “en funciones”, que más allá de la interpretación jurídica que pueda tener tal circunstancia, se nos antoja que políticamente es impresentable, dado que el sentido común –además del sentido del léxico de “funciones”: que se refiere a algo que está funcionando- parece que apuntaría a que en la medida en que desempeñe la función de gobierno propia del poder ejecutivo del Estado, dicha función se ha de someter al control del poder legislativo (que es el que representa al pueblo soberano) para dar cuenta de su gestión.

                Refugiarse en una interpretación jurídica restrictiva, más allá de que pudiera ser compartida por el Tribunal Constitucional, y por consiguiente, que pudiera tener fundamento jurídico, se nos antoja como mínimo políticamente infumable, propio de un talante despótico de entender y ejercer la política, impropio de cualquier demócrata que se precie.

                De nuevo, parece que el electoralismo del que el PP atribuye con amplia generosidad a otros, lo utiliza cuando le conviene para rehuir un incómodo control del Congreso en una Cámara en la que no tiene mayoría, precisamente cuando ha aplicado una “mayoría de rodillo” durante años, y que dadas las actuales circunstancias, pensando en una hipotética y probable cita electoral quiere evitar el desgaste de gobierno que le pudiera reportar la crítica parlamentaria.

                Esta situación es inaudita en la España democrática restaurada por la Transición, como también lo ha sido la renuncia del candidato popular a someterse a debate de investidura, so pretexto de no alcanzar mayoría suficiente, las ruedas de prensa a través de la Tv de plasma, y el estado de corrupción política que está anegando el ágora pública en nuestro país, lo que unido al actual “atranque” en la formación de gobierno y la fragmentación política del electorado, nos lleva a atisbar un probable colapso político, que haga necesario una seria reforma constitucional más acorde con los tiempos y las necesidades del país (dado que el actual sistema se conformó para propiciar la transición política, cuya etapa concluyó), pero al propio tiempo, también parece que estamos ante un nuevo escenario político (con nuevos actores, nuevas demandas que conforman una nueva agenda y nuevas exigencias públicas de mayor participación y transparencia política), que requiere otro modo de hacer política, para lo cual urge el relevo de significativos personajes públicos por otros que entiendan mejor las nuevas dinámicas democráticas que exige la nueva política que demanda una ciudadanía más madura y experimentada políticamente, que ha tenido que aprender sufriendo una dura crisis que la política o la hace el pueblo (implicándose con mayor determinación) o se la hacen las élites socio-económicas y grupos de presión.

                Tal parece que sea así el progresivo clamor de hartazgo con la cleptocracia política, el nepotismo, la estabulación de masa electoral, la ineficacia y la zafiedad política de una gestión pública manifiestamente mejorable, a fuer de ser desparasitada de intereses mezquinos de unos pocos que están invalidados en sí mismos, para acometer las drásticas reformas económicas, sociales y políticas que el país demanda y la decencia política requiere.

LA IMPOSIBLE GOBERNANZA ESPAÑOLA

         La crisis económica con la dureza de los recortes y fracturas sociales ha traído una no menor crisis política en el régimen constitucional de la transición, que diseñado para un bipartidismo con mayorías absolutas o minorías apoyadas, tiene que evolucionar a una mayor fragmentación de las fuerzas políticas, que en el momento presente no otorgan la mayoría absoluta a ninguno de los actores en liza, sino que inciden en la necesidad de un pacto entre varias opciones políticas que conformen una mayoría estable de gobierno.

         Sin embargo, ni el sistema ni los líderes políticos estaban preparados para estos nuevos tiempos de obligadas componendas, pues acostumbrados a gobernar con mayorías absolutas de repetición –que neutralizaban anulando la acción de cualquier oposición política, desvirtuando parte de los controles institucionales que han propiciado una generalizada corrupción- ahora se niegan a tener que ceder parte de sus postulados para consensuar un acuerdo de gobierno con sus rivales políticos.

         Y como si se tratara de una liga de futbol se sigue hablando de “ganadores y perdedores” electorales (cuando no sólo no se trata de eso, sino de la necesidad de entenderse democráticamente en función de la representación obtenida). De forma que así resulta sumamente complicado articular una coalición gubernamental e incluso un simple acuerdo de investidura, pues no hay cultura del pacto (que se abandonó cuando concluyó el proceso constitucional de la transición política que hizo posible el nuevo régimen democrático).

         Tal falta de talante democrático se ha puesto de relieve por la mayoría de los principales líderes políticos, desde el que pretende pasar desde la desconsideración del rival (de cuando disfrutaba de sus mayorías absolutas) a que estos le faciliten la investidura sin más, a los que de inicio establecen infranqueables “líneas rojas” (cerrándose imprudentemente ámbitos de negociación posible, salvo que no se deseara acuerdo alguno), a situaciones de encorsetamiento forzado por el propio partido que cuestiona la capacidad negociadora de su hipotético líder. ¡Realmente kafkiano…!.

         Así las cosas, transcurridos más de dos meses desde los comicios, seguimos en una monótona discusión escasamente edificante que nos va a abocar a nuevos comicios (que las encuestas no muestran muy clarificadores en cuanto a un posible desbloqueo de la situación actual).

         A todo esto, seguimos con la fuerte crisis territorial abierta por Cataluña, que ha iniciado el camino hacia un incierto proceso independentista sin que desde el Estado español se hagan más que  asertos de firmeza españolista, tras lo cual, cada cual a lo suyo…

         Y por si todo esto fuera poco, los acreedores de la ingente deuda pública española (indecentemente incrementada por el monumental “pufo bancario” –que aunque se nos aseguró que nunca pagaría el Estado, esto ha sido parte de ese gran engaño político-), reivindican estabilidad amenazando con un posible resurgimiento de la crisis económica española si no se sigue cumpliendo el plan de ruta que asegure sus puntuales cobros de la deuda.

         Consecuentemente, parecería que lo responsable sería la formación de un gobierno de consenso, como solución de Estado ante la doble crisis española (económica y política) para salvar la coyuntura y disponer al país a realizar las reformas necesarias para superar ambas crisis. Lo cual, habría de llevar a los principales líderes políticos a pactar un acuerdo de mínimos para la investidura de un gobierno cuanto antes.

         Si bien hasta el momento, sólo tenemos el exiguo resultado de un pacto PSOE-C´s, que sólo satisface posiciones centristas, pues ni la derecha (PP) ni la izquierda (PODEMOS e IU) se sienten llamados a unirse a ese pacto, cuando de lo que se trata no es de buscar coincidencias programáticas sino un mínimo común denominador programático que avalara un tránsito gubernamental a corto o medio plazo, que pudiera dar una clara respuesta a los dos grandes retos (secesión catalana y crisis económica). No hacerlo ahondaría la doble crisis, dando pie a oportunismos irresponsables y desleales nunca ausentes de las crisis del Estado, amen que sería aplazar la situación varios meses, pues no se atisban cambios electorales sustanciales.

         Tal cosa no exime a los tradicionales pilares del bipartidismo español (PP y PSOE) a que hagan su propia catarsis interna (pues afectados de casos de corrupción, aunque de diverso modo) han propiciado con su complicidades mutuas la apreciación ciudadana de una clamorosa inoperancia que han traído de las urnas nuevos actores (PODEMOS y CIUDADANOS) como novedades alternativas desde la izquierda y derecha, respectivamente, de sus viejos representantes, cuyos modelos políticos, sociales y económicos caen a diestra y siniestra de diverso modo poco conciliables, en circunstancias ordinarias. Si bien en situaciones extraordinarias, el bien común demanda una respuesta de consenso en aquello que lo urge, para seguidamente demandar de la ciudadanía los apoyos a proyectos claros que mantengan su fidelidad al votante, como no se ha hecho habitualmente con anterioridad.

         Parecería obvio que de no hacerse así las urnas penalizarían tales actitudes, aunque eso sea mucho aventurar en un país en el que tras numerosos casos de corrupción afectando al partido gubernamental, siga obteniendo el mayor apoyo electoral de entre todos los actores. Algo digno de un profundo análisis, que a lo mejor hace bueno el dicho aquel de que “¡España es diferente…!”.

VALORES DEMOCRÁTICOS ANTE UNA COMPLEJA INVESTIDURA

               

Camino del segundo mes tras las elecciones generales, seguimos sin un claro candidato para presidir el gobierno de España y en este tránsito se empiezan a evidenciar ciertos déficits democráticos de nuestra clase política, poco acostumbrada al diálogo político habitual, al estar acostumbrada al turno de partido de un sistema bipartidista –que sin estar superado, aparenta caduco-.

            En efecto, tras el episodio histórico de la transición política española en que los actores políticos de aquel momento antepusieron el interés común de los españoles al propio de cada formación política, acaso por el ansia de lograr una vuelta a la normalización democrática tras un cruento conflicto civil y cuarenta años de dictadura, apenas se ha practicado el famoso “consenso” con posterioridad, más allá de puntuales entendimientos entre los dos grandes partidos del sistema y el tácito consenso de unas prácticas  toleradas de compatibilidad público privada poco saneadas que han traído no pocos escándalos de corrupción política y confusión entre lo público y lo privado.

            En España hemos estado acostumbrados a gobiernos de mayorías absolutas en los que el partido gobernante ha ido progresivamente neutralizando los frenos y contrapesos de los distintos poderes del Estado hasta hacer prácticamente ineficaz la clásica división de poderes de los modernos Estados, según la formulación de Montesquieu. Y consecuentemente, el poder absoluto se ha ejercido con formas absolutistas, pasando el rodillo mayoritario por las minorías, salvo cuando se ha necesitado de alguna de estas (casualmente procedentes de los nacionalismos catalán y vasco) ante las que se ha claudicado en generosas concesiones  autonómicas –a cambio de su apoyo parlamentario-, que han propiciado el progresivo desmembramiento del Estado y el agravamiento de la cuestión territorial ante la negativa a seguir cesiones inasumibles.

            Así la sociedad española ha estado tradicionalmente dividida en un simbólico eje de derechas e izquierdas, representados  mayoritariamente por el PP y el PSOE, junto los nacionalismos catalán y vasco en los respectivos territorios. Emulándose así el sistema de “turno político” de la caducada restauración canovista, en la que se han mostrado relativamente acomodados PP y PSOE.

            Pero ha bastado la crudeza de la crisis económica de los últimos años, con los ajustes económicos al borde del colapso económico,  que tanto daño han hecho al tejido social, aunque hayan ayudado a cuadrar las cuentas públicas (en las que impúdica e injustamente se han incluido cuantiosas pérdidas económicas de las cajas de ahorros quebradas en manos de políticos del sistema) y la proliferación de casos de corrupción política, para que el cuerpo electoral haya despertado de su idílico letargo, apareciendo dos nuevas fuerzas políticas (a derechas e izquierdas, respectivamente), en la formulación de dos nuevos partidos políticos (CIUDADANOS y PODEMOS) que han esbozado la bandera de la regeneración pública ante la profusión de la corrupción política y el incremento de la brecha social por una crisis económica de la que no se acaba de salir. Por lo cual, la fragmentación del voto ha sido palpable, pasando de dos fuerzas políticas hegemónicas a las actuales cuatro (PP, C´S, PSOE y PODEMOS), siendo las demás meramente testimoniales, aunque por el reparto de votos y logro de escaños todas pueden llegar a contar en la configuración de cualquier opción de mayoría de gobierno.

            Sin embargo ante esta nueva situación, la respuesta de los principales actores políticos no ha estado a la altura de las circunstancias, como tampoco pudiera decirse que lo haya estado a un nivel de mínima responsabilidad política y democrática, pues los descartes de inicio, el señalamiento de “líneas rojas”, vetos y demás postureo político no parece que sea muy responsable ni muy sensato si de lograr acuerdos se trataba. Como tampoco lo ha sido quien ha descrito esta situación de forma alarmante, casi caótica, pues en una democracia caben también estas situaciones de difícil configuración de mayorías, por dispersión legítima del voto. Lo que lleva a la necesidad de entenderse para configurar un gobierno, que no ha de suponer que se imponga ningún programa político concreto, como tampoco empezar a poner condiciones inasumibles para romper arteramente la negociación.

            Tampoco ha ayudado mucho la argucia de los más votados, denominándose ganadores de las elecciones, puesto que aunque numéricamente lo sean, no es así en cuanto al objetivo de gobierno, ya que el sistema parlamentario de gobierno supone el voto para logro de escaños en las Cámaras legislativas, entre ellas el Congreso, del que ha de salir una mayoría de gobierno, que no ostentando la mayoría absoluta se puede conformar por la suma de fuerzas distintas a la más votada, lo cual es legítimo en este sistema de gobierno.  Pues postular pactos o reformas legales para que gobierne la lista más votada sería tanto como pervertir la naturaleza del sistema parlamentario de gobierno. Cuestión diferente es que se apueste por un cambio a un sistema presidencialista (en el que gana la lista más votada –en mayoría simple- , a doble vuelta). Pero esto es un sistema diferente, algo que es el abc de la teoría política, y que no debe de usarse pérfidamente para confundir a la ciudadanía.

            Por tanto, en ausencia de valores democráticos palpables en esta difícil configuración de gobierno, constatamos el déficit democrático en nuestro país, donde se ha gobernado abusando de las mayorías absolutas de espaldas a las minorías contribuyendo al deterioro político y dando lugar a posicionamientos inviables a la vez que poco democráticos y poco sensatos para la estabilidad política y social, aludiendo a la célebre manifestación de “… o yo, o el caos..” para seguidamente solicitar del contrario la generosidad y la responsabilidad de Estado de la que se muestra incapaz.

            Hace falta, pues, más prudencia, respeto por el adversario y por el país, más acercamientos, diálogo y negociación con mentalidad de consenso. En definitiva, valores democráticos, la prepotencia, la verdad absoluta y el trágala, son tics autoritarios y por ello poco democráticos.

LA REFLEXIÓN POST-ELECTORAL

           Tras la jornada electoral, concluida la larga campaña propagandística de las opciones en liza y vistos los desiguales resultados que arrojan las urnas, cabría hacer un análisis sereno y concienzudo de estos resultados que reflejan una dispersión del tradicional voto en diversas fuerzas políticas –algunas de ellas de nueva creación- y dan lugar a un Congreso fragmentado sin claras mayorías, que obligará a dialogar para hacer las necesarias componendas que se traduzcan en políticas concretas de gobierno, como se corresponde al sistema parlamentario que rige nuestro régimen constitucional.

            Ante esta realidad, no parece muy elegante confundir a la ciudadanía reclamando la formación de gobierno para el grupo más votado (que es la minoría mayoritaria, dado que ninguno ha logrado mayoría absoluta), y en razón a las reglas del juego democrático del sistema parlamentario (que elige diputados –no gobierno-) habrán de ser los diputados los que traten de generar una mayoría estable de gobierno en el seno de la cámara legislativa para la generación del ejecutivo. Y tal proceder –guste más o menos- es el que responde al sistema constitucional que se pactó en la transición, del que ya se sabía que conlleva épocas de mayor estabilidad e incluso mayorías absolutas y épocas de inestabilidad por la ausencia de tales mayorías, que han de generarse con el ejercicio paciente de diálogo y subsiguiente negociación para lograr acuerdos. En los primeros casos, se le critica por los “rodillos” de gobierno en los que una mayoría en el gobierno da la espalda a la oposición, hasta su casi total anulación (que apenas puede operativizar su labor constitucional de control de gobierno, dada la frágil división de poderes del Estado con la que se construyó y desarrolló el sistema constitucional español de la transición); y por el contrario, tenemos el polo opuesto, ausencia de mayorías y fragmentación parlamentaria con débil gobernabilidad. Cuestión distinta es que se planteara una revisión constitucional y un subsiguiente cambio hacia un sistema presidencialista.

            En tal marco constitucional, con una ley electoral que prima a los dos partidos más votados (junto a la concentración del voto –en un claro favorecimiento de nuestros ingenuos constituyentes, de los nacionalismos separatistas, pues ni con eso se han contentado-), nos lleva a una injusta hiper-representación política de los dos partidos más votados (de ahí que el sistema electoral favorezca de raíz el bipartidismo) y a los partidos nacionalistas (catalanes y vascos en permanente pugna soberana con el Estado Nacional de España) que los posiciona la mayoría de las veces como árbitros dirimentes de la formación del gobierno de España –del que paradójicamente pretenden desvincularse-, lo cual ha sido nocivo para España y en los momentos actuales puede resultar incluso letal.

            Por consiguiente, la formación de gobierno en esta situación tan fragmentada es muy complicada, requerirá mucha negociación, humildad, generosidad de miras, etc., sobre todo si no se quiere “rendir plaza” a los enemigos del Estado, cuyas condiciones para obtener su apoyo son en principio y quizá de forma invariable, contrarias a la esencia misma de la Nación Española. Lo cual, habría de prevenir a los próximos estadistas para un acuerdo de Estado de urgente reforma de la Constitución (sobre su sistema de gobierno, la legislación electoral, el sistema territorial del Estado y la defensa clara del “Estado Social” –que parece estar en el fondo de este complejo resultado electoral-).

            Dicho lo cual, cabría reflexionar sobre el cambio producido en la sociedad española para dar cabida a nuevos actores políticos en el marco de una profunda crisis económica y política. Pues tal hecho revela, que a una parte importante del cuerpo electoral no le han satisfecho las soluciones dadas por los partidos tradicionales de gobierno (PP y PSOE), en el caso de los socialistas por su trágico final –que negando la crisis, dejaron al país al borde del colapso económico y hubieron de plegarse a los “poderes fácticos mercantiles”-; y en el caso de los populares, por una gobernabilidad vicaria (según los dictados de Bruselas y Berlín, que ha primado los intereses de los acreedores de la deuda española a los propios españoles víctimas de la crisis económica), que carente de sensibilidad social hizo recortes sociales (cuando más necesarios eran los servicios públicos) y rescató económicamente a parte de la banca española, condonando fiscalmente, también a grandes defraudadores fiscales, manteniendo un sistema fiscal profundamente injusto y una arrogancia de gobierno que le ha indispuesto con parte de los actores políticos de la oposición y de los territorios periféricos en contestación (Cataluña, País Vasco, etc.), que ahora le cierra puertas para los necesarios acuerdos de gobernabilidad.

            Pero sobre todo, por la comprensiva –y hasta condescendiente- actitud en relación con la corrupción política de ambas formaciones, a una de las cuales se le ha colado hasta el “tuétano” la infección, pese a su indecente disimulo. Todo lo cual, ha estado reportando a la ciudadanía un “mensaje político pre-fabricado”, artificial, de poca convicción y solidez, en definitiva poco creíble. De ahí la pérdida de votos de ambas formaciones y del consecuente protagonismo en la vida política actual, que le obliga a compartir espacio y poder político con nuevas formaciones que han surgido del “tremendo enfado popular” por tal grado de “autismo político”, falto de coherencia y sinceridad.

            Y es que si al PP le envolvían sus casos de corrupción nacional, madrileño, valenciano, etc; al PSOE le ocurría lo mismo con los ERE´S de Andalucía. Pero sobre todo, ha sido su falta de reflejos políticos para reaccionar con rapidez contra estos hechos, junto al distanciamiento de la calle, que ha reflejado hasta insensibilidad en casos tan dramáticos como los desahucios hipotecarios (sin dar alternativas sociales al problema de la vivienda, que se reconoce como mero “adorno constitucional”, y lo que es peor, negándose a un cambio de la ley hipotecaria que reconozca la “dación en pago”).

            Sin embargo, viendo la génesis y trayectoria de las dos nuevas alternativas en liza (CIUDADANOS y PODEMOS) habremos de convenir que son dos soluciones de repuesto por la derecha y por la izquierda, respectivamente, que obligará a PP y PSOE a definir mejor sus posiciones y a hacer apuestas políticas más claras, dado que la ambigüedad habitual en la que han estado moviendo (tanto por la derecha –el PP- como por la izquierda –el PSOE-) no da la respuesta política que esperaba su base electoral, de sintiéndose abandonada ha ido al reclamo de las nuevas formaciones.

            Aunque tanto CIUDADANOS como PODEMOS habrán de ajustar mejor sus posicionamientos, ya que mientras la primera ha jugado a un centro izquierda para “pesca electoral” por el centro en ambos “caladeros” de derecha e izquierda, su naturaleza política liberal le ubica indefectiblemente en un centro derecha, lo que obliga al PP a recomponerse mejor en su ámbito de derechas, o a fagocitar a la formación de Rivera, si sigue mostrando su imprecisión neófita, falta de vertebración y compromiso ideológico (ya que no puede ser un refugio de “fugas ambidiestras”), ni como aún se muestra un “partido de aluvión” –mero cartel electoral-.

            Por su parte PODEMOS –que también jugó al enmascaramiento ideológico, con su inicial idea de “transversalidad”- tiene la facilidad de llegar a los “desheredados” de la crisis, acaso analiza adecuadamente la situación política y social (pues no le faltan expertos sociales en sus filas), pero su génesis asamblearia puede darle algún que otro problema de liderazgo, además de que para recomponer la izquierda española (que sería la gran empresa que habrían de acometer) habrían de abandonar cierta “mitología de la épica comunista” y girar hacia un “eurosocialismo” propio de los Estados del Norte de Europa que asiente el “Estado del Bienestar” a todo trance y defienda a la clase trabajadora de este país sin ambages y con dignidad.

            De unos y otros depende su futuro próximo en la escena política española y sobre todo el destino de los españoles que ya va siendo hora que merezcamos justicia, dignidad, paz y respeto.

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