Celebramos una nueva edición del día de la
fiesta nacional española, un nuevo 12 de octubre en que de forma ritual se
celebra el día en la oficialidad institucional con el tradicional desfile
militar y la recepción del Jefe del Estado en el Palacio Real. Todo ello, muy
oportuno, para que la nación española rinda tributo a su pasado, valore su
presente y defienda su futuro.
Sin embargo, con los movimientos
político-territoriales centrífugos, con una grave crisis de Estado –por los
movimientos secesionistas catalanes y vascos, y la lacerante corrupción
política, en plena crisis económica y social-, parece escaso que la Fiesta
Nacional de España se ciña sólo a la oficialidad institucional de una parada
militar y una recepción en el Palacio Real.
Creemos, que ahora más que en otro momento,
hay que revitalizar el Estado español, en la configuración constitucional
autonómica, o en otras fórmulas político-administrativas a que pudiera conducir
una serena reflexión y reforma de la Constitución, sobre un Estado debidamente
estructurado, cooperativo en todos sus elementos territoriales e
institucionales, en vez de competitivo, disgregador y hasta desleal, como se
está mostrando en la práctica la actual configuración político-territorial del
Estado, que parece haber quebrado ante la falta de coordinación y las
tendencias centrífugas, tornándose en una compleja realidad próxima a la
ingobernabilidad.
El Estado español que tiene una profunda y
prolífica trayectoria histórica, desde la unión de los reinos peninsulares a finales del S. XV, con sus luces y sus sombras, ha marcado el
destino de todos los territorios y personas que lo conformaron tanto en la
península como en los territorios extrapeninsulares y de ultramar; hasta la pérdida
de las colonias, en que acabó de conformarse en el formato de modernidad en que
se constituyó, con sus vaivenes constitucionales, decimonónicos que llevaron
sus convulsiones internas hasta el último tercio del S.XX, en que con la actual
Constitución de 1978 España entró definitivamente en la modernidad política
occidental de porte constitucionalista, libre y democrática, con un pacto de
Estado territorial que generó el inmaduro sistema autonómico, que ha ido siendo
sistemáticamente socavado por tendencias políticas nacionalistas centrífugas,
que de facto no han aceptado el pacto constitucional.
Por consiguiente, ahora más que nunca, en que
el desafío independentista catalán se ha hecho patente, teniendo el vasco
latente, expectante de los logros catalanes; se hace necesaria una política de
Estado de defensa y cimentación del Estado español, abandonando actitudes
vergonzantes, o calculados distanciamientos sobre tendencias filofascistas (que
no tienen la patente de la españolidad).
Así urge un replanteamiento de la configuración actual del Estado,
tendente a lograr un nuevo pacto que de cabida a la mayoría de las fuerzas
políticas –salvo las que se autoexcluyan por incompatibilidad- que cierre
definitivamente el “caso abierto de las autonomías”, aunque fuera necesario
pactar un sistema cerrado de federalismo (en una reforma constitucional),
naturalmente de porte solidario y cooperacionista con todo el Estado, con
competencias claras distribuidas y cerradas (evitando la permanente almoneda de
su reparto y reivindicación, que acaban por desequilibrar la mejor de las
estructuras). Y junto con ello, una apuesta cooperativa de unidad desde la
diversidad, en justicia y equidad plena, sin experimentos del estilo de “asimétricos
federalismos”, que acaben con territoriales forales que carecen de sentido en
un Estado constitucional, en que la igualdad de los ciudadanos y de los
territorios de España ha de ser la “piedra angular” sobre la que se edifique el
Estado, evitando codiciosas ventajas y cicaterías insolidarias.
Un Estado en que las culturas autóctonas no
compitan con la cultura española
(incluida la lengua), ni esta fagocite a las culturas territoriales,
sino que convivan desde el mutuo respeto, que habría de cumplirse y hacerse
cumplir desde todas las Instituciones del Estado, con mecanismos legales
precisos para el caso que así no se diera, pues insidioso es el “veneno de la
secesión” que corroe a cualquier sociedad que no se sienta unida, con los
consiguientes perjuicios para todos, en el terreno interno como en el externo.
Además en un mundo globalizado, en el que
España pertenece a Organismos Internacionales y Multinacionales (ONU, OTAN, UE,
etc.), precisamente para la mejora de la defensa de nuestros intereses
individuales y colectivos en el contexto internacional , carece de sentido
emprender una senda contraria a la concentración, por la vía de la
fragmentación, por más que se apele a
románticos conceptos de la “Europa de los pueblos”, pues la praxis política
diaria nos muestra que los territorios cuanto más fragmentados son, menos poder
político específico tienen en el conjunto de las organizaciones políticas en
las que se integran o pretenden integrarse. Así que España, que actualmente es
el 5º país en dimensionamiento e importancia de la UE, perdería con cualquier
tipo de secesión interna (en el interior, como en el exterior), como los
catalanes o vascos (al margen de España, también menguarían su poder e
influencia en el interior y exterior). Lo que además ofrece claramente la
muestra de que en esta cuestión no sólo tendrían que expresarse los catalanes
(como están pidiendo los políticos soberanistas) sino el resto de los
españoles, porque como hemos señalado nos afecta a todos, y por estricto
cumplimiento de la legalidad dimanante de la Constitución de 1978 que sitúa la
soberanía nacional en el conjunto de la ciudadanía española, y establece un
estricto sistema de mayorías cualificadas para cualquier reforma
constitucional.
Por tanto, si nos necesitamos todos los
españoles, ¿a qué esperamos para fortalecer internamente nuestro Estado?. Y
ello va más allá de simples y puntuales actos de ritual, acaso más simbólico
que práctico, aunque también necesarios.
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