El destino de
España como Estado unido con un proyecto y una identidad común, tiene una larga
historia que dio comienzo con los Reyes Católicos, que tuvo su máximo esplendor
desde el reinado de estos hasta el de Felipe II, que fue una época de
crecimiento por sucesivas incorporaciones de territorios coloniales, sin
embargo, desde 1580 la historia de España es decadente y dispersiva como
testimoniará Quevedo en sus famosos versos:
“Miré los muros de la patria mía,
si un tiempo fuertes ya desmoronados
de la carrera de la edad cansados
por quien caduca ya su valentía. (..)”
si un tiempo fuertes ya desmoronados
de la carrera de la edad cansados
por quien caduca ya su valentía. (..)”
Y como lo hará Ortega y
Gasset en su “España Invertebrada” en
la que describió el proceso histórico de España desde el último tercio del
siglo XVI afirmando que el: “proceso de desintegración
avanza en riguroso orden desde la periferia al centro, de forma que el desprendimiento
de las últimas posesiones ultramarinas parece la señal para el comienzo de la
dispersión intrapeninsular”, indicando que a partir del 1900 empieza a
sentirse el rumor de los regionalismos,
nacionalismos y separatismos…
Ya entonces Ortega con magistral análisis
sociopolítico de la situación territorial española señaló como causantes del
fenómeno disgregador no sólo a los regionalismos, nacionalismos y separatismos,
sino también a lo que denominó el “particularismo
del poder central castellano” que con su suspicacia se vuelve angosto y no
se ocupa de otras regiones, abandonándolas a sí mismas, sin enterarse de lo que
pasa en ellas. Así nuestro autor señala al “particularismo” como mal dominante
en nuestro país, del que dice que es la manifestación de la perversión más
profunda del alma de nuestro pueblo (el odio a los mejores, que ha llevado a la
carencia de minorías directoras y al imperio de las masas), raíz del
desprestigio de la política.
Así en la actual coyuntura política
que vive España (no está de más recordar estos retazos de nuestra historia),
con una convocatoria de elecciones autonómicas catalanas (cripto-referendum
independentista), que en el colmo de su contradicción va a posibilitar una
sutil interpretación del voto –según escaños- para conformar una mayoría autonómica
constituyente hacia un Estado Catalán independiente, sin que para ello se
llegue a lograr una mayoría cualificada de ciudadanos catalanes, amén de saltarse
la vigente y burlada Constitución española de 1978, repitiendo los mismos
errores políticos en los que cayó la II República que propició la declaración
de independencia unilateral catalana.
Todo ello, nos debería hacer
reflexionar sobre la contumaz actitud de ambas partes (constitucionalistas
españoles y separatistas catalanes), para reformular políticamente esta extraña
e incómoda convivencia política, pues en lo ordinario la convivencia no es
mala. Pero se hace necesario un nuevo pacto político que diseñe un modelo
territorial español en que todos puedan sentirse a gusto, atendidas sus
peculiaridades, sin que sus particularismos nos fracturen debilitando la
convivencia unida y la propia entidad de Estado que nos da el peso político
necesario y conveniente entre uno de los mayores Países de la UE, que beneficia
tanto a catalanes como a cántabros, vascos, murcianos y andaluces. Pues fórmulas
políticas las hay, y aún parece que algunos de los líderes de este catalanismo
combativo hasta parecen estar dispuestos a abordarlas, pero desde el Estado
habría que dar un paso más allá del cierre de filas jurídico, dado que venimos
insistiendo en que no estamos puramente ante una cuestión jurídica sino política,
histórica, cultural y de convivencia, a la que políticamente se debería de
haber dado respuesta antes de llevar el conflicto al borde del mismo abismo.
Ahora bien, cabría esperar sensatez
y altura de miras por ambas partes, para que tras el “desahogo electoral” en el
que se dicen muchas inconveniencias y alguna que otra barbaridad, conformado el
nuevo parlamento catalán del signo mayoritario que sea, el nuevo ejecutivo
autonómico se abra a la negociación con el gobierno del Estado y viceversa para
acometer las reformas políticas que la convivencia demanda, en beneficio de
todos, sin rupturas que sólo aportarían perjuicios a ambas partes. Ante lo que
habrá que esperar que desde la misma Jefatura del Estado se modere y arbitre un
proceso de re-vertebración territorial, con las consiguientes reformas
constitucionales que resulten necesarias.
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