LA DEVALUACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN ESPAÑA

El nuevo proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2014 vuelve a castigar a los empleados públicos con la congelación salarial (que suma varias, junto a una reducción de retribuciones, que acumuladas suponen una caída del 20% de su nivel de renta), lo que devalúa la carrera administrativa, y lo que es peor, la propia función pública a los ojos de los ciudadanos, al presentar al colectivo de empleados públicos (funcionarios y laborales del sector público) como prescindibles, como una carga, una “plaga” que soportar.

Este mensaje sublimizar, que se transmite desde los poderes públicos, centrándose en este castigado colectivo para reducir los gastos de la Administración Pública, sin tocar el núcleo gordiano del gasto de la misma que se ubica en la replicación de órganos político-administrativos (con sus infraestructuras: asesores, oficinas, coches públicos, altas retribuciones, locomociones y dietas, por doquier, etc.), muchos de ellos creados para propaganda política del que ejerce el poder, o simplemente para justificar la contratación de allegados políticos, e incluso familiares.

           Se anunció la reforma de las Administraciones Públicas a “bombo y platillo”, y ha sido “el parto de los montes”, pues apenas se han reducido Instituciones Públicas, no se ha puesto orden en el caos administrativo competencial de las distintas Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos), en la proliferación de los organismos públicos y empresas públicas de estas, sin control efectivo del gasto público. Incluso los diversos parlamentos autonómicos continúan manteniendo el número de sus diputados, coexistiendo con el Senado, que tampoco ha visto reducción alguna, sino que por el contrario –al erigirse en una “nueva Babel” con las lenguas autóctonas, ha encarecido innoblemente su gasto ordinario con la inclusión de traductores, en una asamblea que son innecesarios ya que todos los senadores conocen el español-. Y así, tantas y tantas otras cosas.

Y ni que decir de los negocios y políticas erróneas de alto coste para la ciudadanía, en muchas autonomías, del fracaso del Plan E de los gobiernos de ZP, cuando no del más puro y duro hecho delictivo en el seno de las Instituciones Públicas, fruto de la corrupción de un Estado caótico, en desmembración, y sin apenas control efectivo financiero y de legalidad. ¡Todo ello, merma el mayor de los presupuestos!.

Por consiguiente, no se entiende esa artera focalización de recortes en los empleados públicos y en los inconfesos recortes de servicios públicos de primera necesidad (sanidad y educación).

De hecho, cuando algunos tertulianos de radio o televisión (de las “TDT party) que parecen saberlo todo, dicen que sobran empleados públicos en España, no saben lo que dicen, pues objetivamente no tienen datos para demostrar su afirmación, y sí existen datos comparativos que sitúan a nuestro país como el 4º por la cola de los de la UE, en menos funcionarios. ¿Cómo iban a funcionar esos servicios públicos y la maquinaria del Estado si no fuera por los empleados públicos?.

       Lo que realmente late en el fondo de todo esto, es si resulta viable el “Estado del Bienestar”, ideológicamente atacado por la derecha liberal y conservadora, y no defendido con decisión por la socialdemocracia tutelada por Bruselas. Ya que resulta cierto, que con la crisis y la caída de ingresos habría que reducir el gasto público. Pero, ¿qué partidas de gasto público?.

El gasto público español en 2012 alcanzó el 47% del PIB, tres puntos por debajo de la media del de la eurozona. Entre tanto, los ingresos públicos sólo alcanzaron el 36,4%, casi diez puntos por debajo de la media de la eurozona (8,8 puntos menos que Alemania, 11,3 menos que Italia, y 15,3 menos que Francia), lo cual se debe, no tanto a la menor tarifación tributaria de nuestros impuestos, sino a la ineficaz recaudación impositiva, que posibilita una gran bolsa de fraude, que no se ha corregido.

De los diversos registros estadísticos europeos (Eurostat, OIT, OCDE) se colige que España no es un país sobrecargado de empleados públicos. Así cifra la cantidad de 2,917 millones en el año 2012, que se mantenía desde el 2007, en que comenzó la crisis (o sea, casi dos millones de funcionarios, y un millón de empleados públicos laborales), cantidad de la que en un año se han reducido unos 400.000 por jubilaciones y supresión de interinidades, lo que suponía el 12,7% de la población activa (en la actualidad, algo menos), situándose la media europea en el 15% de los activos.

A todo ello hemos de añadir que se trata de un colectivo generalmente mal pagado, en un ámbito donde se suele respetar poco la carrera profesional por parte de la clase política que detenta el poder, que en no pocos casos prefiere contar en vez de funcionarios independientes y profesionales, con empleados dúctiles a sus dictados e intereses, para lo cual nombran jefes y asesores de su partido o próximos que les sigan la corriente en sus particulares intereses –no siempre concordantes con el interés general-, llegando a anular a profesionales de carrera con amplios conocimientos y experiencia, e incluso adjudicando gestión de servicios públicos a empresas privadas, sin importarles el incremento de ese gasto, que luego tratan de cuadrar con subidas de impuestos y reducciones salariales de funcionarios.

Por consiguiente, esa artera “diana” que el poder político ha colocado sibilinamente en la espalda funcionarial para que la masa desinformada, víctima de la crisis, descargue su malestar con los empleados públicos, y así justificar las tetras políticas del logro y mantenimiento del poder político a cualquier precio, no sólo es inmoral sino injusto.

Así, si por algunos políticos fuera, volveríamos a las cesantías de la Administración española del S.XIX, en que el partido político que ganaba las elecciones empleaba a sus amigos como funcionarios, hasta que eran cesados por el partido contrario cuando ganaba el proceso electoral en liza y reclutaba a los suyos. Esa España que narraba Larra o Galdós, de feliz recuerdo, parece ser la que pretende el sistema político instaurado, pues esto es una de las pocas cosas que le falta (ante la falta real de división de poderes) para lograr un poder absoluto caciquil de turno de poder, que rememore el régimen de la restauración canovista, que acabó como “el rosario de la Aurora”, pues las injusticias y desigualdades no se pueden perpetuar, por mucho que se pretenda.

MALA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS

               

 

                El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, en una comparecencia pública ante el Congreso de los Diputados,  ha reconocido -lo que era algo más que una sospecha- el sobredimensionamiento de las Universidades públicas españolas, aportando datos de lo que se constata la mala gestión de estas Instituciones docentes públicas, en nuestro país.

               Álvarez de Miranda exponiendo el informe de fiscalización de los años 2008-2009, ha reconocido que la media de alumnos universitarios por profesor era muy baja, incluso disminuyendo en los últimos años, concluyendo en la existencia de un sobredimensionamiento de las plantillas de profesorado universitario en nuestro país.

                Pero además, han evidenciado un bajo rendimiento del profesorado universitario, ya que la media de los créditos impartidos por profesor en las universidades públicas españolas era inferior a los 24 créditos exigidos por la ley.

                Incluso expuso que algunas universidades iniciaron las actividades académicas de algunos cursos sin aprobar previamente los presupuestos de las mismas, apreciando un escaso rigor en el cumplimiento presupuestario, pues reconoce la existencia de desviaciones del presupuesto de gastos que oscila entre el 31 y el 35% de media respecto de lo inicialmente aprobado. Llegando a reconocer la existencia de supuestas ilegalidades en la práctica de jubilaciones anticipadas que pusieron en práctica 33 centros universitarios.

                Por consiguiente, el Tribunal de Cuentas, por boca de su presidente, no ha hecho sino poner “negro sobre blanco” la generalizada sospecha sobre la mala gestión económica de nuestra universidades públicas, que –como en el resto de las Instituciones Públicas- se han instalado costumbres inadecuadas en la gestión de las mismas, que han contribuido al incremento progresivo del gasto público de forma incontrolable e imparable. Porque, ¡ya me dirán Vds. de qué sirve el trabajo del Tribunal de Cuentas siete años después de la ocurrencia de los hechos que censura!. Aparenta ser un órgano que sirve más a la historia de la crónica económica pública del país, que un propio órgano de control del gasto, sobre el que no puede incidir –más allá de la crítica- por el considerable retraso que también lo hace inoperante e ineficaz.

                Aunque cabría hacer una pública reflexión sobre este habitual dispendio, esta forma poco rigurosa de administrar el dinero público, que incide negativamente en el servicio que presta la Institución universitaria pública en nuestro país, ya que a las tradicionales quejas de los equipos rectorales de la falta de dinero para llevar a cabo sus proyectos, no ha habido quien ponga en cuestión la forma habitual de funcionar de nuestra universidad, en que no pocos docentes se “creen el ombligo del mundo”, y por tanto imprescindibles, funcionando por libre (en una extensiva e incorrecta interpretación de la “libertad de cátedra”) gestando auténticas facciones de poder fáctico en el gobierno de las propias universidades que erige a algunos en auténticos “intocables”, que no tienen que rendir cuentas ante nadie.

                Algunas de estas relajadas y abusivas costumbres han enraizado de forma impune e impúdica en una parte del estamento docente, especialmente redimido de parte de sus obligaciones como empleados públicos, exigiendo la constante expansión de las plantillas docentes de sus departamentos, desplazando la carga lectiva a los profesores ayudantes, e incluso asociados –en lo que representa un abuso laboral, y una potencial "estafa social", ya que un asociado percibe pocas retribuciones y no suele tener la preparación docente e investigadora que se requeriría para estar impartiendo programas completos de asignaturas de grado-, entre tanto sus jefes se dedican a la obra editorial, al “turismo congresual”, y seminarios en los que también hacen “caja”.

                Por consiguiente, en tanto no haya un control de la actividad docente universitaria –no referida a los contenidos, que están amparados por la libertad de cátedra, sino en el rendimiento docente- difícilmente se podrá hablar de una adecuada gestión de este servicio público.

                Ahora, no me digan que no resulta un escarnio encontrarse con ese relato de agravios del Tribunal de Cuentas sobre el estamento universitario público español, especialmente cuando no dejamos de asistir también a las limitación de plazas, a la implantación de “numerus clausus” –en razones de imposibilidad de atender a todos los demandantes del servicio educativo universitario-, cuando luego se pone de manifiesto que sobran profesores en nuestro sector público universitario, y que su rendimiento no llega al mínimo legalmente exigible. Dicho naturalmente, con la lógica y justa excepción de los docentes cumplidores, vocacionales y realmente profesionales, que de esta forma ven empañada su labor en un entorno de relajada disipación.

                ¡Toda una vergüenza!. Especialmente en un país que pretende la homologación en el ámbito académico y profesional de la UE.

                

CORRIDAS DE TOROS: ¿TRADICIÓN, ARTE, O BARBARIE?

En el mismo día en que se ha llevado a cabo una edición más del “Toro de la Vega” en Tordesillas, en que una multitud enardecida acomete a un toro profiriéndole vejaciones, daños y finalmente la muerte con una lanzada –generadora de una cruel agonía al animal-, hemos de replantearnos el sentido y la inhumanidad de este tipo de atavismos colectivos de violencia que se justifican en una poco fundada tradición, pues la tradición merece ser conservada en su aspecto noble y de evolución social, no en los instintos violentos nada edificantes.

Y de igual forma, habríamos de confrontar y dialogar como sociedad sobre la conveniencia moral de mantener las corridas de toros, también denominada “fiesta nacional”, en la que unas personas se juegan la vida ante un toro, en una especie de juego macabro desigual, que responde a reglas humanas para diversión de un público entregado a la irracionalidad de una pasión taurina, que rememora en su interior la violencia que conserva todo ser humano, y que so pretexto de tradición cultural y de un pretendido arte, se defiende para mantener un menguante negocio, y unas vanas tradiciones ibéricas de pretéritas épocas históricas del oscurantismo, el analfabetismo y el hambre de las clases populares, que se divertían con una ociosa nobleza en este tipo de espectáculos sanguinarios, que llegaron a nuestro siglo XX algo más disimulados, en forma de espectáculos de masas, que distraían al pueblo inculto y hambriento de su languidecer diario en una existencia monótona y paupérrima.

Pero ya entrados en el S.XXI este atavismo histórico de violencia con los animales, no tiene cabida en los nuevos valores sociales, y sobre todo el que en un espectáculo público se sigan jugando la vida seres humanos para deleite y diversión de la masa, como medio de vida propio, no parece adecuado a una conciencia mínimamente formada, pues los valores en juego (la vida humana, y la vida animal) son superiores al medio de diversión en que se debaten. Además que una vida humana no se debe exponer de esa manera por el mero hecho de entretener o divertir al público, y aún menos asumir esa modalidad de trabajo temeraria como medio de vida.

Así pues, de igual modo que en Cataluña se ha debatido y aprobado la suspensión de las corridas de toros, habría de extenderse el debate en el resto del Estado español. Pero se habría de ir aún más allá, pues el nacionalismo catalán –en su planteamiento de politizar la cuestión, ha ido a acabar con la denominada “fiesta nacional” española, o sea, con las corridas de toros, permitiendo otros atropellos análogos como los “bous al carrer”, o los “bous a la mar”-, prohibiendo este tipo de espectáculos dañinos y crueles para los animales y temerarios para las personas que exponen su vida y su integridad física en los mismos.

Algo así como se han prohibido las peleas de perros, o las de gallos –salvo en Canarias, apoyados también en un mal entendido tradicionalismo regional-.

De tal manera que la sociedad española, acabe entrando definitivamente en la postmodernidad del s. XXI, de forma civilizada con normalidad de costumbres con el entorno europeo occidental en que nos desenvolvemos, y de respeto a la naturaleza creada, tanto arbórea, como animal, armonizando nuestro comportamiento moral a una ética ecológica de respeto y convivencia con toda la naturaleza.

LA DIADA INDEPENDENTISTA QUE ESPAÑA NO PUEDE IGNORAR

Este 11 de septiembre, día de Cataluña, se ha puesto de manifiesto el gran alcance que tiene el sentimiento independentista catalán en una sociedad –como el resto de la española- frustrada como colectivo ante la grave crisis económica y política que padece el país, también Cataluña, que ve en la solución secesionista una salida a los problemas del país.

Ciertamente el sentimiento nacionalista catalán, en su desarrollo, siempre ha tenido una tendencia independentista, aunque no era un sentimiento mayoritario, pues este era más bien un sentimiento colectivo de identidad cultural que reivindicaba este hecho diferencial, y un grado razonable de autonomía política, que se llegó a alcanzar con la reinstauración democrática y de la Generalidad catalana en la culminación del proceso de desarrollo del Estado autonómico de la Constitución de 1978.

Pero la tentación del nacionalismo catalán de no verse acotado por un régimen de desarrollo autonómico amplio, casi federal, que agotara su propuesta política, junto con una mala gestión política del gobierno del Estado en relación con la cesión de competencias a Cataluña –pues mientras se negaban en público se concedían en privado, para apoyarse políticamente en los votos de CIU en Madrid- han llevado a una peligrosa e incontrolable deriva secesionista, que ha llegado a calar en profundidad con ocasión de la grave crisis económica que ha revelado el colapso político del modelo de la transición y la Constitución de 1978.

Así, en estos momentos de grave desempleo en España, de un gasto público incontrolable, de unos recortes públicos que generan el consiguiente malestar de la ciudadanía española –también la catalana-, con el consiguiente desprestigio de la clase política y de los partidos tradicionales, especialmente los de gobierno (PP y PSOE) que se encuentran inmersos en crisis de corrupción (caso Bárcenas –el PP- y caso de los ERE´S de Andalucía –el PSOE-), y que no acaban de reformular sus propuestas con liderazgos nuevos que los hagan de nuevo atrayentes para la ciudadanía, lo que conlleva una grave deriva política del sistema, que además es incapaz de dar respuesta a los múltiples problemas políticos que están planteados en el país.

Si además, CIU –partido de gobierno en Cataluña- también se encuentra afectado de casos de corrupción (Pallerol, Liceo, etc.), la estrategia de Artur Mas ha sido la huida hacia adelante, señalando el origen de los males que padecen la sociedad catalana –como la del resto de España- en Madrid, en su vinculación al Estado español, y ofreciendo una meta mesiánica salvadora de la irredenta Cataluña que pasaría por la independencia, ubicándola como un nuevo Estado independiente dentro de la UE, que le daría estabilidad. De forma que el pasado, el lastre que impide a Cataluña emerger de la crisis lo sitúa en Madrid, en su vinculación al Estado español, y el futuro, la liberación, la superación de todos los problemas de los catalanes los hace pasar, arteramente, por un proceso de independencia. Como si fuera el bálsamo que todo lo arregla.

En otro tiempo, ese discurso no se lo compraban a CIU, de hecho ni lo planteaba. Sin embargo, en la actualidad, en la desesperanza que se vive, con el fracaso de nuestros políticos, la falta de liderazgo, ha llegado uno que se ha postulado como el Mesías catalán y ha señalado al pueblo desorientado y harto, una salida a la crisis, una solución a sus problemas. Y esta vez, el pueblo, necesitado de soluciones salvíficas, mesiánicas, se lo ha comprado. De ahí ese gran apoyo a la acción de hoy de la cadena catalana separatista en el día de Cataluña.

Tal realidad, requiere una respuesta de Madrid, del gobierno de Rajoy, al que ya no le vale esconderse, ponerse de perfil ante esta problemática territorial, que a día de hoy plantea un grave reto al Estado, que este no puede ignorar. Como tampoco parece lógico el habitual silencio del Jefe del Estado en esta cuestión.  Algo que forma parte de otra de las causas que ha alimentado el sueño independentista catalán, que acabará contagiando al País Vasco y a Galicia, en lo que potencialmente es uno de los problemas más graves de España, junto con el económico y el colapso político actual del sistema constitucional de 1978, cuya sostenibilidad parece estar en cuestión, pese a los intentos de PP y PSOE de no acusar recibo de la sensación popular de hartazgo, fracaso y frustración ante la falta de resolución de los problemas del país, por parte de nuestros gobernantes.

El complejo de una clase política de la transición eludiendo la defensa de España dentro de la propia España, para evitar ser tachado de franquistas o fachas, ha dejado el campo abonado y dado vía libre a los nacionalismos periféricos disgregadores, pues mientras estos han trabajado en defensa de unas naciones dentro del Estado, para progresivamente ir postulando la salida de este, por parte de los sucesivos gobiernos españoles no se ha elaborado una política de defensa de la nación española, que cohesionara el gran proyecto estatal, que sólo ha sonado en la retórica de los discursos pero no ha constituido una política de acción concreta. Y claro, si el propio Estado no se defiende a sí mismo, el resultado calamitoso disolvente está servido, pues a día de hoy nadie negará que en España hemos entrado en una peligrosa espiral autodestructiva, frente a la que alguien tendrá que hacer algo, especialmente aquellos que tienen altas responsabilidades de Estado, y tras fijar los límites del alcance político –que están en la propia Constitución, e incluso negociar una nueva Constitución, o la reforma de la actual-. Todo lo que exceda, por vía de hechos consumados, como se pretende por parte del desleal gobierno catalán, debería de ser rechazado de plano por las autoridades que ostentan la responsabilidad de garantizar la legalidad constitucional –incluida su proceso de reforma-. No dar respuesta contundente y clara sólo servirá para seguir alimentando un sueño destructivo y pernicioso para la convivencia territorial en España, que se agravará aprovechando cualquier oportunidad interna o externa que la pueda inflamar.

OLIMPICA DECEPCIÓN

La exclusión de la candidatura madrileña para la Olimpiada del 2020, por parte del Comité Olímpico Internacional, ha caído como un jarro de agua fría en la crédula e inocente hinchada española, que creyó el mensaje –políticamente elaborado- que transmitieron los medios de comunicación españoles, así como el ambiente triunfalista que exhibió la extensa delegación española.

Siendo así, que es la cuarta vez que el COI rechaza la candidatura madrileña a ser sede olímpica, de hecho las últimas consecutivas y con los deberes bastante avanzados para acreditar así la oferta española ante ese pequeño “senado deportivo” que rige el olimpismo mundial, que naturalmente no es impermeable a intereses, ni al ambiente del momento concreto que se vive en cada decisión de este tipo.

La candidatura española realmente era una digna apuesta de lo que supone una sede olímpica, que tuvo como antecedente la exitosa celebración de la Olimpiada de 1992 en Barcelona, y que tiene, además de la conveniente experiencia, el trabajo de las infraestructuras deportivas en estado bastante avanzado para poder acoger dicho proyecto, algo que no llegó a mostrarse en el caso de Estambul, en tanto que en el caso de Tokio la inseguridad sísmica que generó el grave problema de la central nuclear de Fukushima, que aún se encuentra latente, aunque las autoridades afirman que está controlado, pese a que de vez en cuando nos asaltan noticias que aseguran todo lo contrario, y que representaría un alto riesgo para la población nipona, como para cualquier evento de la naturaleza de una Olimpiada que congrega miles de visitantes, entre deportistas y seguidores.

Pero aun así, el COI optó por Tokio. Lo cual nos lleva a pensar, junto con la inicial descalificación española, a que ha podido influir con extremada incidencia el estado actual de la economía mundial, en que España sufre una difícil crisis económica (al decir de muchos, la más dura tras la Guerra Civil del pasado siglo), de la que aún no se ha recuperado, que ha generado casi 6 millones de parados, que la hacen una apuesta actualmente no segura para el encargo de organizar un evento de esta magnitud, hecho que junto al de los habituales casos de corrupción, transmiten una imagen de inestabilidad y escasa fiabilidad. ¡Tal parece ser nuestro presente…!. Que de no cambiar, augura un complejo futuro.

Sin embargo, la opción japonesa es más segura por la solidez económica de su país –que atravesó una difícil coyuntura económica, que prácticamente han superado-, pues representa uno de los países industriales más fuertes del mundo, su alta tecnología es un hecho, y su cohesión social es innegable. En consecuencia, en su esencia, tienen presente y futuro como país.

Más allá de todo ello, los españoles deberíamos reflexionar sobre lo ocurrido, con realismo y desapasionamiento, ya que refleja la forma en que nos ven fuera de España, y no parece que representemos actualmente una imagen solvente como país (con una dura crisis económica de la que aún no hemos salido, con una cohesión interna territorialmente controvertida –tal son los nacionalismos catalán, vasco y gallego-, con numerosos casos de corrupción, que afectan a todas las instituciones del Estado, incluyendo los principales partidos políticos y los principales sindicatos). Algo que no se ha logrado, si quiera disimular con el constructo diseñado para vender la “marca España” en el exterior, que visto lo visto, se podría ahorrar el gasto que comporta, pues la marca se vende sola cuando es transparente, y se muestra interesante para el que la ve, porque tiene cosas interesantes que ofrecer (que España las tiene, con el invento de lo de la marca o sin él).

Y por otra parte, no caigamos en la trampa tejida arteramente de que las Olimpiadas iban a ser la panacea de la recuperación del país. En absoluto, la recuperación del país pasará por la recomposición de un tejido productivo de más solidez que el que había, de una mano de obra bien formada y versátil, todo lo cual requiere más que espectáculos transitorios auténticas empresas productivas y estables que den empleo a los españoles, que en número millonario demandan ese empleo que han perdido o no han tenido nunca. ¡Auténtico drama nacional!. Algo que ha de ser el principal objetivo político y nacional, por tanto que no nos distraigan en sueños que enajenen nuestras necesidades vitales como ciudadanía madura en una democracia que aún debe de perfeccionar su desarrollo participativo.

Pues como dicen comúnmente, antes del postre hay que comer, así pues lo primero es la necesaria recuperación económica –que aún se resiste a aparecer, digan lo que digan los que quieren autofestejarse y justificarse-, y eso pasa por la recuperación del empleo perdido, pues resultaría infame e inmoral que nos entregáramos, como se ha hecho, a preparar un espectáculo de un mes, que en el mejor de los casos generaría unos setenta mil empleos transitorios, y nos olvidáramos de la necesaria y urgente regeneración del tejido económico perdido con su correspondiente empleo. Una sociedad moral, social, y políticamente sana no puede contentarse con asumir la exclusión del mercado de trabajo –y en consecuencia de una vida digna- de la cuarta o quinta parte de la población en disposición de trabajar. ¡No tendría futuro….!. Y ese es el auténtico horizonte en el que hay que conseguir logros, no en espectáculos transitorios para deleite de burgueses bien servidos.

Por consiguiente, parece oportuno, ante este cuarto rechazo del COI, que no se vuelva a intentar en sucesivas décadas, hasta no hayamos logrado como país realmente los objetivos deseables en su conjunto de trabajo, justicia, paz, cohesión y bienestar social.

EL DESPLOME DEL SOCIALISMO SE REFLEJA EN RODIEZMO-2013

La suspensión del acto público de Rodiezmo con el que el PSOE y la UGT regalaban los oídos a los trabajadores de la minería astur-leonesa, refleja la profunda crisis que padece el socialismo español y su sindicato hermano la UGT.

Como el deambular de los mismos, el acto de inicio de curso político en Rodiezmo de la izquierda socialista y laborista española, ha durado 30 años, justo los de evolución del PSOE y la UGT en el poder, después de la transición democrática española.

Atrás quedan esos multitudinarios mítines de los líderes sindicales y políticos socialistas, que hablaban de los descamisados, con tal soltura y desparpajo que los hacía creíbles, aunque en el camino han quedado numerosas conductas públicas poco ejemplares, junto a una insensibilidad real con la clase trabajadora que los ha ido  apartando de la realidad de estos, por lo que también los han ido abandonando, al sospechar que había una especie de pacto tácito de “taparse vergüenzas”, y constatar que su acción política y sindical estaban lejos de las necesidades urgentes de los trabajadores, que iban viendo como progresivamente perdían derechos adquiridos, salario, y hasta el propio empleo, mientras sus representantes les daban buenas palabras y poco más.

            Por consiguiente, se hace necesaria una “refundación de una izquierda laborista”, que vuelva a conectar con los intereses de la clase trabajadora y media de nuestro país, que defienda el contenido real de un “Estado Social y de Derecho” como viene definido por la Constitución, que no juegue en las procelosas aguas del poder fáctico económico, de esos llamados “mercados” (en referencia a los nuevos mercaderes) que no conocen fronteras, ni humanidad, sólo su mezquina codicia.

            Y del mismo modo hace falta una refundación sindical, pues el modelo sindical de la transición fue engullido por el sistema político que lo supo neutralizar en razón de los intereses y necesidades burocráticas, estructurales propias, que lo fue domesticando y distanciando de la clase trabajadora. Ese sindicalismo que ha consentido estos niveles de paro tan altos como ignominiosos para una sociedad que pretende ser justa, que se ha aviado con las subvenciones que el poder le dedicaba, con el negocio de los cursos de formación, llegando a cruzar las líneas de la decencia con escándalos tan clamorosos como los ERE´S falsos en Andalucía, como en su día la PSV, a los que añadir las canonjías que disfrutaban a cuenta del sindicato de algunos de sus líderes, como se ha evidenciado en la UGT de Andalucía. Siendo así, que este modelo de sindicalismo se ha visto contaminado por la propia acción política del sistema poco transparente que se erigió con partidos políticos no democráticos en su funcionamiento interno, regidos por los “aparatos internos” (pequeña elite que los controla, y se instala en la política y acaba favoreciéndose a sí misma con todo tipo de prebendas, como estamos descubriendo). Los mismos sindicatos, que tras criticar los ERE, los aplican a sus propios empleados.

            Está claro que esta izquierda político-sindical se está desmoronando, junto a una falta de horizonte, y una consiguiente falta de liderazgo en su interior que pueda aglutinarlos con un nuevo proyecto justo, solidario, internacionalista, laboralista de porte socialdemócrata que atraiga la atención y el interés de la gente, que previamente ha de estimar creíble el proyecto, el mensaje y sobre todo, los mensajeros. Cosa que a día de hoy no se da, pues ni se ve proyecto, ni mensaje, y los mensajeros actuales de ese sector ideológico han perdido su crédito público.

            Hace falta nuevos mensajeros y nuevos mensajes, para que se pueda recomponer una izquierda laborista político-sindical, que en su día lideró el PSOE y la UGT, y que hoy no convence  ni a los propios, porque no se ha apreciado la diferencia en los gobiernos socialistas, como en la actual deriva de la UGT de defensa de intereses de los trabajadores y clases medias por encima de otros intereses político-coyunturales, o lo que es peor, económico-bancarios, como se ha visto en el caso de los últimos gobiernos de ZP, que siguió la estela que dejó marcada Felipe González en su última etapa de gobierno, cuando giró su política para sintonizar con la UE y se olvidó de sus raíces laboristas (socialistas y ugetistas).

NUEVO RETOQUE A LA JUSTICIA ESPAÑOLA

El gobierno está llevando a cabo un nuevo retoque de la justicia española, esta vez a través de la reforma de la ley de planta y demarcación judicial que prevé la desaparición de las Audiencias Provinciales, así como la desaparición de los Partidos Judiciales, y la generación de los juzgados de instancia (hasta ahora unipersonales) en órganos colegiados con la existencia de varios jueces en los mismos, dependientes del presidente de los que serán denominados “tribunales de instancia”.

En fin, un nuevo intento que se suma a los ya realizados, para lograr una acomodación de la justicia española al S.XXI y acabar de sacarla de la postración decimonónica en la que aún se encuentra, pero se nos antoja que esta es otra reforma parcial, acaso cosmética, como otras anteriores, que no parece vayan a conseguir el logro pretendido.

Reciente está, pues aún se encuentra en fase de implantación, está la reforma de la oficina judicial, que el anterior ministro, el socialista Caamaño, abanderó intentando agilizar los lentos y prolijos trámites judiciales, para lo cual ideó la organización de la oficina judicial común entre las diversas instancias judiciales, al frente de los correspondientes Secretarios Judiciales, que encabezarían así los respectivos estamentos de actuación procesal específicos (diligencias, embargos, notificaciones, trámite común, etc.) a modo de servicios –de forma análoga a como se organiza habitualmente la Administración Civil-, pero que rompe con la tradicional organización de las oficinas judiciales individuales por Juzgado, con sus correspondientes secciones, bajo la supervisión del Secretario Judicial, pretendiendo así desvincular a los jueces de la preocupación del funcionamiento de la burocracia judicial, para dejarlos en su labor de enjuiciamiento (presidir audiencias judiciales, decidir incidentes y poner sentencias), en tanto que el mero trámite judicial quedaría en manos de los Secretarios con apoyo en la oficina judicial.

Ahora bien, con la nueva reforma de Gallardón, no sabemos si supone un avance de reformas en la línea ya emprendida, completando la anterior, o más bien la matiza y acaso rectifica, pues carece de sentido real generar “tribunales de instancia” con varios jueces sin que tengan una infraestructura de apoyo burocrático en la propia oficina judicial, dada la aparente incompatibilidad de que funcionen bien coordinados estos órganos judiciales corporativos separados de su natural y directo apoyo burocrático, en una diluida oficina judicial común (con separación funcional de servicios), pues puede que añada caos al caos.

Ya comentamos en otro artículo anterior, en que tratábamos la reforma judicial, nuestra respetuosa discrepancia con el anterior proyecto de oficina judicial común, pues la estructura de la oficina judicial habitual (por juzgado) funcionaba, aunque saturada era un relativo orden en el caos, y al cambiarla el caos aparenta ser total, pudiendo tener trazos apocalípticos si se une al previsible caos de la nueva reconfiguración de las plantas judiciales, con la reforma de los “juzgados de instancia” en “tribunales de instancia”, que son la piedra angular del sistema judicial español, que ya se resintieron con la reforma que se hizo de ellos hace más de dos décadas suprimiendo los juzgados de distrito –que tanto atemperaban la actuación de los de primera instancia e instrucción, que se acabaron por colapsar, y cuyo número creciente no ha mitigado su situación-.

Si además, a todo lo anterior, añadimos las resistencias de no pocos miembros de la judicatura a seguir siendo miembros pasivos de sucesivas reformas que lejos de arreglar la labor diaria en los juzgados la complican, cuando no malogran, nos encontramos con los ingredientes para que esta nueva reforma de Gallardón se perciba como fracasada antes de empezar.

Sobre todo, porque la justicia española no precisa de más retoques, de más parches ni ocurrencias, sino de una gran reforma en profundidad, que vaya a la causa de su colapso, y ello pasaría por el cambio de los procedimientos judiciales –de primacía escrita, a primacía oral- imponiendo la oralidad en la práctica procesal de la mayoría de las actuaciones, con las debidas garantías procesales, pero evitando la farragosa labor de escritura que se lleva en la actualidad por cada infracción penal que ocurre, con sus consiguientes recursos que la hacen interminable, y en consecuencia todo ello contribuye al habitual colapso que la justicia española viene padeciendo y que no se ha arreglado ni con reformas parciales legislativas, ni con incremento de plantillas y órganos judiciales, ni con los últimos inventos de variar la oficina y la planta judicial. Se podría decir, a este respecto, que en este ámbito se ha ensayado con casi todo, menos con una reforma profunda de los procedimientos judiciales en el sentido apuntado de mayor oralidad, y limitación de la revisión de los actos procesales de trámite, que vendría de la mano de la consecuencia de una inmediación judicial y concentración procesal en las vistas orales. En definitiva, emular los procedimientos judiciales orales que emplea la justicia de muchos países de nuestro entorno, evitando burocratizar la justicia, tal como se encuentra en la actualidad, pues la hace lenta, ineficiente y costosa.

MARGALLO, O EL “GALLO DE MORÓN”

El Ministro García Margallo desde que se encargó de la “cartera de exteriores” está coleccionando una serie de incidentes diplomáticos, a cual de mayor entidad, que pone de manifiesto su inadecuación para llevar la política exterior española, como ya pusimos de manifiesto desde el mismo día de su nombramiento. Así incidentes con Argentina, Bolivia, Venezuela, Marruecos –en el caso del listado de indultos-, y ahora con el Reino Unido, por el contencioso de Gibraltar, hacen un elenco de affaires que nunca debieron darse en los torpes y broncos términos planteados, para finalmente tener que envainársela.

El caso argentino con la expropiación a una empresa petrolífera española de su propiedad en petróleos argentinos, que motivó una fuerte contestación del Ministro Margallo contra el gobierno argentino, con amenazas de represalias, que hizo que se montara una bronca entre los gobiernos español y argentino, elevando la tensión diplomática con mutuas amenazas, pronto cesaron y quedaron en nada, o más bien, en la continuación de la iniciativa expropiatoria argentina, frente a las amenazas gubernamentales españolas de Margallo, que como un bisoño se entregó a una lucha dialéctica que no pudo concluir en hechos, dada la existencia de importantes intereses económicos de grandes empresas españolas en el país del cono sur americano. Aparte, que el canciller español debe de atender a los intereses generales de España en cualquier acción exterior que emprenda, pues éste no es el gerente de la empresa expropiada –que en definitiva entraña intereses particulares, por muy española que sea-.

Por su parte, el caso venezolano –aún vivo Chávez, como después de su óbito-, la locuacidad de Margallo le llevó a reprochar acciones de política interior venezolana, que ya sabemos que no es un ejemplo  de democracia, pero que atizó innecesariamente la sensibilidad política del gobierno bolivariano, como sucedió también con su ofrecimiento para mediar en el proceso electoral último entre el partido chavista y la oposición, que motivó el duro y ácido rechazo del presidente Maduro al canciller español y a su gobierno.

Como también fue de enorme torpeza el incidente con el vuelo del presidente boliviano Evo Morales, en que actuó rendido a la seducción yanqui para hacerles el trabajo sucio, y del que tuvo que pedir perdón al presidente Morales.

Y  si faltaba poco, ha bastado una intolerable acción del británico-gibraltareño Picardo hundiendo bloques de hormigón en aguas de la bahía gibraltareña para evitar la pesca costera a los pescadores españoles de la zona, para que de nuevo Margallo saltara como un resorte reactivando las demandas soberanas españolas en la Roca, activando medidas paralelas de presión en el control fronterizo, anunciando la implantación de una tasa fronteriza, la acometida contra los barcos gasolineras gibraltareños, la lucha fiscal que evite la consolidación como paraíso fiscal de la colonia, etc; para seguidamente, empezar un descenso de la escalada verbal con invitación a mediar a la UE (que ya ha avisado de la ilegalidad de varias de las medidas propuestas por el gobierno español: imposición de tasa fronteriza, la acción contra los barcos gasolinera, y los controles fronterizos), pues de las propuestas de atajar el paraíso fiscal gibraltareño cada vez se oye hablar menos. O sea, que nada de nada, otra vez.

Así con tales ejemplos, que son hechos de “arrancada de caballo, y parada de burra vieja”, no parece que los intereses españoles estén lo suficientemente defendidos, sino por el contrario, aparenta cuanto menos una imprudente acción cada vez que se arranca con una descarga histérica ante cualquier incidencia de ámbito exterior que pueda tener una repercusión a España o a los españoles, para después de la elevación del tono acabar asumiendo el “frenazo y marcha atrás”, muy contraproducente en el ámbito de las relaciones internacionales, pues quita solvencia, seriedad y credibilidad.

Por consiguiente, parece más que necesario que el presidente Rajoy vaya planteándose el relevo en la cancillería española del Ministro Margallo, pues como dijimos en su nombramiento, su experiencia como eurodiputado no parece suficiente para regir la política exterior española, ya que más allá de la UE existe mucho mundo con el que hay que mantener unas fluidas relaciones diplomáticas que faciliten el entendimiento comercial y político, así como el alineamiento exterior en intereses internacionales que puedan ser comunes. Y sobre todo, como dicta el sentido común –que no parece ser el más común de los sentidos-, no se debe comenzar ningún conflicto si no se puede ganar o sostener con honra y razón. Algo que ya tenían claro hasta los “Tercios de Flandes” en cuyas espadas lucía la leyenda “ni desenfundar sin razón, ni enfundar sin honor”.

No atender a tales razones, da lugar a actuar como el “gallo de Morón” (“sin plumas y cacareando”).

EGIPTO AL BORDE DE LA GUERRA CIVIL

Las noticias que llegan del país norteafricano revelan la trágica situación por la que está pasando aquella sociedad, pues la represión oficial de las manifestaciones de los islamistas por el golpe militar que derrocó por la fuerza al presidente Mursi, da cifras de 150 muertos y cientos de heridos, en lo que puede ser un mal presagio de confrontación civil en Egipto.

Aunque esta sea la actualidad, lo cierto es que la sociedad egipcia está profundamente dividida entre un sector de población que quiere una democracia homologable con las occidentales, para intentar en libertad civil y política el anhelado progreso, y por otra parte, sectores islamistas que confían su futuro como pueblo a una especie de islamización de la vida egipcia, con lo que ello supone en la práctica de una incidencia teocrática en la forma y modos de vida egipcios, que vendrían condicionados por la puesta en vigor de la ley islámica.

Ambos sectores representan, casi por igual, a los dos grandes sectores en que se ha dividido irremisiblemente la sociedad egipcia, en lo que parece ser una auténtica fractura social de difícil composición. Junto a lo cual, hay que añadir el grupo oficialista del naserismo, que tras la independencia del país, gestó su régimen de gobierno sobre la carismática personalidad del presidente Naser, hasta su muerte, en que se configuró una suerte de elite político-económica entre  su entorno que dio lugar a los mandatos de sus seguidores hasta el último y largo periodo de Mubarak, que amparados en las fuerzas armadas se han mantenido en el poder, con serias acusaciones de corrupción, fruto de lo cual ha sido la actual situación egipcia, que presenta un país en ruina económica, con un grave problema de generalizada pobreza y desesperanza, en lo que supone un excelente “caldo de cultivo” para los “hermanos musulmanes” que se postulan como la solución a tan trágica y desesperanzada situación.

Tal es el caso, que los “hermanos musulmanes” han venido asumiendo en estos últimos años una acción de apoyo social, con generación de extensas redes clientelares entre los desheredados de esa sociedad, que le ha reportado una oportuna siembra ideológica de porte político-religioso, con los consiguientes réditos electorales que llevaron a Mursi a la presidencia del país, el cual no sólo no ha logrado mejorar la situación de su pueblo, sino que empeñado en su proceso de disimulada islamización política, sólo ha contentando a sus más fieles seguidores, en tanto generó amplios rechazos en el sector social contrario a sus postulados políticos, que veían su acción política como una involución en la débil democracia egipcia, y sobre todo por el miedo a la pérdida de derechos civiles ante el avance político de una teocracia en marcha.

En ese punto, el clamor de ese sector más prooccidental, más liberal de la sociedad egipcia fue aprovechado por los militares –que siguen considerándose como los guardianes de la normalidad constitucional y de la vida político-social de Egipto, y que vigilaban con recelo la evolución de Mursi- para dar el golpe de Estado que derrocó a Mursi y sus radicales islámicos, que tanta euforia suscitó también en las calles egipcias por parte del sector más progresista de la sociedad egipcia, y que pronto repusieron un gobierno con reconocidas personalidades como el premio Nobel de la Paz Mohamed El Baradai, que en estas circunstancias ha presentado ya su dimisión ante el Jefe del Estado interino Adli Mansur.

Junto con tales sucesos, se ha declarado el “estado de emergencia” en el país, que limita los derechos y libertades públicas, sometidas a la restauración de la normalidad en el orden público; hecho que no es ajeno a la vida egipcia, pues Mubarak mantuvo esa situación de emergencia con la excusa del terrorismo, desde 1981 hasta 2012.

Pero más allá de la crítica situación que está atravesando Egipto en el momento actual, lo cierto es que se revela que este país, no ha logrado conjugar un proyecto de desarrollo y convivencia nacional armónica y justa, dada la progresiva pauperización de la sociedad egipcia, del mantenimiento de una dictadura de facto, con una apariencia democrática débil, lo que ha generado una división social gravísima para la coexistencia pacífica del país, sobre todo por el aprovechamiento político de esa situación de injusticia y pobreza por parte del islamismo radical, cuya violenta utopía medieval está desestabilizando países enteros, aprovechando la pobreza e ignorancia de sociedades esquilmadas por dictaduras cleptocráticas que han malogrado con carácter general el proceso de independencia nacional al que accedieron tras la II Guerra Mundial, y para lo que tales sociedades no han estado del todo preparadas.

Con todo, la reacción de los “hermanos musulmanes” echándose a la calle en protesta lógica por su irregular desalojo del poder, al que accedieron democráticamente, no ha de resultar extraño, como tampoco es extraña la dura represión del ejército –que así ha tenido que “jugarse a una carta”, la del terror, el restablecimiento del orden civil por la fuerza-, pero que pone al país al límite de un enfrentamiento civil, especialmente si el ejército no acaba de controlar definitivamente la insurrección de un núcleo tan numeroso y desesperado de la población, que por vía del martirio de las víctimas, acabarán legitimando moralmente el derrocado régimen de Mursi, lo cual es un peligro por la grave desestabilización de una zona geopolítica tan inflamable como estratégica en el ámbito internacional.

LA POLÍTICA DE CAÑONERAS DE LA “PÉRFIDA ALBIÓN”

Inglaterra mantiene con España un secular pulso por el Peñón de Gibraltar, que cíclicamente trae sus propias crisis, la mayoría de las veces auspiciadas por los propios intereses de los habitantes del Peñón, como ha sido el hundimiento de bloques de cemento en la bahía de Algeciras para impedir la pesca en aguas próximas a la colonia, en dañino e inamistoso gesto entre vecinos y socios de la UE y de la OTAN.

A tal atrevimiento, España ha contestado con un recrudecimiento de los controles en la verja, que han ocasionado colas interminables en los accesos a la colonia, que ha determinado una escalada de la tensión vecinal, con agitación de algunos “llanitos” frente a la policía de la verja, y el subsiguiente envío de la Royal Navy a Gibraltar, para exhibir músculo militar, en lo que supone de la conocida “diplomacia de cañonera” habitualmente usada por el Reino Unido en su territorio colonial.

Ante tan arrogante e inamistoso gesto, España no debería de entrar a la provocación militar análoga, pues las armas las carga el diablo. Más bien, debería de activar una política más pragmática y dura de la que viene empleando, especialmente fruto del buenismo de los gobiernos socialistas que facilitaron la unilateral apertura de la verja, le facilitaron los accesos derecho de descolonización a España en el 1969. Por consiguiente, con la baza diplomática a nuestro favor, ¿por qué se han hecho tantas concesiones a los británicos a cambio de nada?; ¿por qué tolera España de forma impasible la arrogancia británica y la agitación populista e inamistosa de grupos de gibraltareños (“llanitos”)?.

La Roca con su escaso espacio territorial en manos británicas, pudo tener su sentido estratégico antaño, pero en la actualidad con las nuevas tecnologías (incluidos los satélites) ha perdido tal virtualidad, además si España aplica el Tratado de Utrecht que estableció las condiciones de la colonia británica en Gibraltar, habría de volver al cierre total de la verja, con el aislamiento terrestre del Peñón, y la consiguiente asfixia económica del mismo, que le costaría muchos millones de euros a Gran Bretaña, a partir de lo cual se plantearía su interés por mantener tan aberrante espacio colonial en la propia Europa.

De tal manera, que más allá de otros enfrentamientos y provocaciones, la “real politic” dicta “mano dura con guante de seda”, algo que los ingleses conocen bien, dada su consustancial hipocresía; y ello pasaría por retirar las líneas telefónicas, cerrar la verja, perseguir a las empresas y capitales españoles que se instalen en la “Roca” para evadir impuestos, y asediar lícitamente a los beneficiarios de esta aberrante situación colonial entre socios desleales, ante lo que habría de estudiarse igualmente más cuestiones de cooperación civil y militar con el Reino Unido, hasta tanto no se normalizara esta situación con la liberación colonial de Gibraltar por parte del Reino Unido, evitando cualquier tipo de exabrupto o desahogo verbal por parte de cualquier representante político español. Pues la dureza ha de ser en los hechos, no en las palabras.

Si bien, previamente a todo ello, y dada la errática política exterior española –según se trate de gobiernos del PP o del PSOE- por parte del Congreso de los Diputados se debería debatir y aprobar mayoritariamente la ulterior política a seguir, como una “política de Estado”, en vez de tratarla de política de partido, que tan perniciosos efectos ha tenido para España desde la apertura de la verja por parte del gobierno socialista de Felipe González.