EL INDEPENDENTISMO CATALÁN FRACTURA LA SOCIEDAD CATALANA Y TENSIONA LA ESPAÑOLA

        Llegó el día anunciado por el gobierno catalán para la celebración de elecciones autonómicas, aunque el secesionismo catalanista lo planteó como plebiscito encubierto, y tras una escalada emocional ha votado más del 70% del censo, con el triunfo por escaños de los partidos secesionistas, en tanto en cómputo de voto individual el secesionismo apenas pasa el 47%, frente a algo más del 52% del voto constitucionalista.

        Una innecesaria tensión social que no logra sus objetivos políticos, en términos de legalidad internacional (dado que como plebiscito no logró la mayoría del voto de los ciudadanos catalanes), por tanto, con ese resultado aún escaso no parece razonable lanzar la operación secesionista pues se aleja de los parámetros convencionales de reconocimiento de una voluntad decidida de independencia, lo que hace improbable cualquier eco de apoyo internacional de la aventura catalana en su actual confección, por lo que no se explica la falta de entereza política y altura de miras de los líderes secesionistas catalanes ocultando su falta de triunfo plebiscitario y apostando por mantener la aventura separatista, lo cual contrasta con la actitud de los líderes secesionistas escoceses ante el referéndum del pasado año sobre la independencia escocesa, que ante unos resultados análogos (55% de voto en contra) reconocieron la negativa del pueblo escocés a seguir el proyecto cesesionista.

        Pero al propio tiempo, como unas elecciones autonómicas –que es lo que formalmente eran-, la conformación de un gobierno con 62 escaños a la coalición Juntos por el Sí (de CDC y ERC) –que por sí sola no logra la mayoría absoluta (68 escaños)- supone un notable retroceso de ambas fuerzas políticas que se ven en la obligación de recurrir al apoyo de la CUP (que ha logrado 10 escaños) que le impone de entrada unas condiciones de gobierno extremas: rechazando a Más como presidente y proponiendo la desobediencia civil catalana ya, lo cual radicaliza la política hasta niveles prácticos de insoportabilidad de los hipotéticos socios de gobierno, pues CDC tradicionalmente es una opción política de derechas catalanista en tanto que ERC lo es de izquierdas y la CUP de posiciones anarco-comunistas, cuyo común denominador sólo parece ser la fuga de España.

        Por otra parte, Arthur Más ha cavado su fosa política, pues con su derrotero secesionista como única propuesta pública en el ejecutivo de la Generalidad ha fracturado la vieja coalición de CIU (CDC y UDC), caído en votos – muchos de los cuales parece que han recalado en las aguas de C´s, como voto útil moderado de centro derecha, que junto con la fuga de votos del PP, parecen explicar el súbito ascenso de la formación de Rivera-.

        Pero también cabe leer de los resultados el descalabro del PP catalán, que con su política de confrontación centro – periferia ha colaborado a tensionar inadecuadamente la convivencia y la política catalana, en vez de buscar acercamientos en forma de diálogo, paciencia y soluciones ingeniosas (como las que se dieron en la época de la transición política española, que determinaron los logros de la misma), sobre todo ante la constatación de que un importante sector de la ciudadanía catalana no se encuentra a gusto en los actuales términos en que se está derivando la relación de gobierno territorial.

        Acaso esa haya de ser la gran lección de las urnas, en el sentido que pese al abultado apoyo de las tesis independentistas, aún no son suficientes, dado que hay una mayoría de catalanes que quieren seguir siendo españoles, y por consiguiente no hay una justificación que legitime democrática y moralmente ninguna aventura secesionista a día de hoy; pero ello no debe plantearse en términos de derrota (que tampoco lo es, dado el alto índice de apoyo secesionista), sino en términos de un replanteamiento de la cuestión, de buscar fórmulas convergentes que refuercen los niveles de autonomía política e identidad cultural y nacional, pero que también generen profundos lazos cooperativos de integración, pues la vertebración cooperativa entre Cataluña y el resto de España favorece a ambas, en una Europa Unida a la que concurrir juntos para tener mayor influencia en las decisiones de la misma.

        En este punto, parece que se hace necesario retomar puentes de contacto, diálogo, con el posible relevo de los interlocutores que se descalificaron e ignoraron mutuamente, para poder avanzar con nuevos actores en el camino de un encuentro, que posiblemente haya de llevar a la reforma del Título VIII de la Constitución, e incluso como apunta el PSOE –que pese a las dificultades se ha mantenido en Cataluña- a través de fórmulas federalistas que faciliten una mejor amortiguación en las fricciones del poder político periférico y el poder político central, propias del lance político ordinario. Todo ello antes que el inmovilismo arrogante y frentista que hace más secesionistas catalanes que el propio discurso de los líderes separatistas, y si alguien tiene alguna duda sólo basta repasar los resultados electorales de la última década. 

EL CONSTANTE PROBLEMA DE LA INVERTEBRACIÓN DE ESPAÑA

          El destino de España como Estado unido con un proyecto y una identidad común, tiene una larga historia que dio comienzo con los Reyes Católicos, que tuvo su máximo esplendor desde el reinado de estos hasta el de Felipe II, que fue una época de crecimiento por sucesivas incorporaciones de territorios coloniales, sin embargo, desde 1580 la historia de España es decadente y dispersiva como testimoniará Quevedo en sus famosos versos:

“Miré los muros de la patria mía, 
si un tiempo fuertes ya desmoronados 
de la carrera de la edad cansados 
por quien caduca ya su valentía. (..)”

         Y como lo hará Ortega y Gasset en su “España Invertebrada” en la que describió el proceso histórico de España desde el último tercio del siglo XVI afirmando que el: “proceso de desintegración avanza en riguroso orden desde la periferia al centro, de forma que el desprendimiento de las últimas posesiones ultramarinas parece la señal para el comienzo de la dispersión intrapeninsular”, indicando que a partir del 1900 empieza a sentirse el rumor de los regionalismos, nacionalismos y separatismos…

            Ya entonces Ortega con magistral análisis sociopolítico de la situación territorial española señaló como causantes del fenómeno disgregador no sólo a los regionalismos, nacionalismos y separatismos, sino también a lo que denominó el “particularismo del poder central castellano” que con su suspicacia se vuelve angosto y no se ocupa de otras regiones, abandonándolas a sí mismas, sin enterarse de lo que pasa en ellas. Así nuestro autor señala al “particularismo” como mal dominante en nuestro país, del que dice que es la manifestación de la perversión más profunda del alma de nuestro pueblo (el odio a los mejores, que ha llevado a la carencia de minorías directoras y al imperio de las masas), raíz del desprestigio de la política.

            Así en la actual coyuntura política que vive España (no está de más recordar estos retazos de nuestra historia), con una convocatoria de elecciones autonómicas catalanas (cripto-referendum independentista), que en el colmo de su contradicción va a posibilitar una sutil interpretación del voto –según escaños- para conformar una mayoría autonómica constituyente hacia un Estado Catalán independiente, sin que para ello se llegue a lograr una mayoría cualificada de ciudadanos catalanes, amén de saltarse la vigente y burlada Constitución española de 1978, repitiendo los mismos errores políticos en los que cayó la II República que propició la declaración de independencia unilateral catalana.

            Todo ello, nos debería hacer reflexionar sobre la contumaz actitud de ambas partes (constitucionalistas españoles y separatistas catalanes), para reformular políticamente esta extraña e incómoda convivencia política, pues en lo ordinario la convivencia no es mala. Pero se hace necesario un nuevo pacto político que diseñe un modelo territorial español en que todos puedan sentirse a gusto, atendidas sus peculiaridades, sin que sus particularismos nos fracturen debilitando la convivencia unida y la propia entidad de Estado que nos da el peso político necesario y conveniente entre uno de los mayores Países de la UE, que beneficia tanto a catalanes como a cántabros, vascos, murcianos y andaluces. Pues fórmulas políticas las hay, y aún parece que algunos de los líderes de este catalanismo combativo hasta parecen estar dispuestos a abordarlas, pero desde el Estado habría que dar un paso más allá del cierre de filas jurídico, dado que venimos insistiendo en que no estamos puramente ante una cuestión jurídica sino política, histórica, cultural y de convivencia, a la que políticamente se debería de haber dado respuesta antes de llevar el conflicto al borde del mismo abismo.

            Ahora bien, cabría esperar sensatez y altura de miras por ambas partes, para que tras el “desahogo electoral” en el que se dicen muchas inconveniencias y alguna que otra barbaridad, conformado el nuevo parlamento catalán del signo mayoritario que sea, el nuevo ejecutivo autonómico se abra a la negociación con el gobierno del Estado y viceversa para acometer las reformas políticas que la convivencia demanda, en beneficio de todos, sin rupturas que sólo aportarían perjuicios a ambas partes. Ante lo que habrá que esperar que desde la misma Jefatura del Estado se modere y arbitre un proceso de re-vertebración territorial, con las consiguientes reformas constitucionales que resulten necesarias.

LAS FIESTAS TAURINAS: ¿UN ATAVISMO SOCIAL DESFASADO E INDOLENTE?

           Los festejos taurinos, en sus distintas modalidades, están recibiendo cada vez más el reproche social de extensos sectores de la población española que no ve estos acontecimientos como festejos por la crueldad que se inflige a los animales, en un sufrimiento sádico por diversión –por consiguiente innecesario, y por ello inmoral-, a los que se tortura impunemente hasta la muerte.

            Sin embargo, aún persisten grupos en nuestra sociedad que interpretan estos fenómenos como hechos culturales de nuestro colectivo social, con amplio fundamento tradicional. Aspecto, en el que aunque se pudiera reconocer en teoría tales afirmaciones, no podríamos compartir que por ello mismo se justificara su práctica actual, como tampoco se permite ya el antiguamente denominado “crimen de honor”, entre otras costumbres atávicas que el proceso de civilización ha ido rechazando como compatibles con la nueva sensibilidad social del progreso de los pueblos y la humanización de nuestra sociedad.

            Así resulta grotesco que una población pueda encontrar diversión en el despeño de una cabra desde el campanario de una iglesia, como en el acuchillamiento por múltiples lanzadas del “toro de la Vega”, o el correr con reses en un muelle junto al mar para provocar su caída y subsiguiente ahogamiento, o el antorchar con fuego los cuernos de los astados y correrlos por las calles produciéndoles quemaduras y todo tipo de barbaridades, y ello sin contar con la decapitación de gansos en cucañas veraniegas, y otras tantas salvajadas, que no tienen ningún tipo de justificación ética en pleno siglo XXI.

            Si bien, singular es la cuestión de la fiesta taurina, las típicas y tradicionales “corridas de toros” que tuvieron gran arraigo en la población española en otro tiempo, dado que en la actualidad se aprecia una decadencia en la que llegó a ser denominada “fiesta nacional”, donde el hombre y el toro se juegan la vida en torneo desigual, para diversión de un público que paga sustanciosas cantidades de dinero por asistir a este tipo de espectáculos (que mercantilizado mueve mucho dinero, incluidos los réditos tributarios que ingresan las arcas públicas).

            Sobre el espectáculo taurino se ha construido una particular subcultura (una estética, una jerga, un estilo de vivir la fiesta –recreándola con tertulias, y envolviéndola en las ferias locales-, con su colorido y particular animación, si bien cualquiera de esos valores quedan claramente subordinados al superior valor de la vida humana, e incluso de la vida animal). Tal es así, que en tal festejo se pone en riesgo seriamente la vida de los toreros intervinientes, al punto de haber cosechado muchas víctimas mortales en el curso de su historia, lo que éticamente no se justifica ni como medio de ganarse la vida, ni mucho menos como forma de diversión o festejo.

            Pero además, considerando el caso de la víctima fija del festejo: el toro de lidia, hay que considerar que su vida habría de merecer el respeto humano –como lo merece toda vida animal-, que sólo justificaría su sacrificio por necesidad (o sea, para consumo humano, como ocurre con otros animales que se sacrifican), pero en ese caso (que no es la mera diversión), el sacrificio se hace actualmente en los mataderos autorizados utilizando medios incruentos para evitar el sufrimiento del animal, pues ha resultado demostrado que los animales sufren (se estresan y padecen el dolor que se les inflige con punzadas, golpes, y no digamos nada con la pica a caballo que le hace desangrarse para perder fuerza y ser más manejable para la diversión).

            Además en las corridas de toros no sólo sufre el toro, también lo hacen los caballos de los picadores cuando se les hace evolucionar con los ojos vendados ante el griterío del coso taurino, cargados con unas pesadas y duras telas –que son su salvavidas de las envestidas de los toros, pues en la mayoría de los casos evitan las cornadas de los astados, pero en modo alguno lo hacen con el traumatismo habitual que reciben de las embestidas día tras día en su abdomen-.

            Por consiguiente, creemos que va siendo hora que alguien vaya poniendo sensatez y humanidad en esta serie de cuestiones, y se abandonen estas tradiciones, que por antiguas no son en sí mismas constructivas, sino atávicas y moralmente abyectas.

            

Josep Borrell: "La independencia por las bravas no la va a aceptar nadie"

EN VÍSPERAS DE UNA “DIADA” ESPECIAL

            Iniciado septiembre, próximos al día 11 en que se celebra la “diada” (día de Cataluña, en el que los sentimientos catalanistas afloran en ese territorio), vuelven las expresiones de un sentimiento exacerbado de nacionalismo catalán, que cada vez se presenta con más beligerancia dialéctica frente al resto de España, y que empieza a tornar de lo cultural a lo político envuelto en “soberanismo separatista”.

            Pero en esta ocasión, se presenta una edición peculiarmente “soberanista” en el marco de un proceso electoral, que las fuerzas políticas secesionistas de Cataluña han planteado como “proceso plebiscitario” de lo que son unas meras elecciones al parlamento autónomo catalán, para deducir de dichos resultados la pretendida voluntad soberanista del pueblo catalán. Por eso, no es una “diada” al uso, sino una jornada de especial reivindicación nacionalista, que llega a confrontar a la sociedad catalana en dos bloques de sentimiento y opinión (secesionistas y constitucionalistas, los primeros en favor de la independencia de Cataluña como Estado al margen de España, y los otros posicionados como un territorio políticamente autónomo dentro de España). En resumidas cuentas, una sociedad dividida, que empieza a fracturarse, pues así de torpe se ha encaminado el proceso (desde Madrid y desde Cataluña) que lleva a la confrontación entre catalanes y entre españoles, volviendo a recaer en el viejo problema territorial de la invertebración española ante el ansia centrífuga de pequeñas elites en significados territorios, que siembran discordia, so pretexto de hechos diferenciales, para concretos intereses de tales elites.

            Siendo así, se constata uno de los clamorosos fracasos políticos de la democracia española (fruto del proceso político de la transición), al frustrarse la solución autonómica (generada en principio para satisfacer las ansias nacionalistas catalanas y vascas) que se asumió como fórmula de gobierno territorial para todo el Estado habiéndose evidenciado su fracaso con los grandes problemas que pretendió solucionar, así como con el resto de los territorios en que trajo graves problemas políticos y económicos de gobernabilidad que antes no se tenían.

            Además este germen independentista se ha ido alentando con el tiempo en el pleno proceso autonómico (generando desigualdades difícilmente compatibles con las ampulosas declaraciones constitucionales de igualdad de personas y territorios ante la ley), progresivamente crecida con las concesiones del Estado (activas, en unos casos, por intereses políticos; y pasivas, en otros para tratar de no ver el creciente problema).

            Incluso, a veces puede que la ingenuidad política de algunos de nuestros gobernantes haya contribuido a ello en la creencia que ciertas concesiones autonómicas (casi federales) vendría a satisfacer el ansia de poder territorial del soberanismo catalán, así como a su homólogo vasco, sin que lo hayan logrado, pues ya ni siquiera les vale la timorata propuesta socialista de un “federalismo asimétrico”, que en sí mismo supone tratamiento desigual (dado que la asimetría conlleva en su mismo concepto la desigualdad).

            Por el camino, mil y un desencuentro con multitud de temas (inmersión lingüística, financiación autonómica, cesiones de competencias estatales, etc.) utilizados  de forma desleal por el aparato propagandístico al servicio de los intereses políticos centrífugos para incrementar un victimismo desde el que mover al sentimiento reivindicativo frente al gobierno del Estado han ido labrando un profundo surco de discordia, ante el que el gobierno del Estado no ha estado atento para su contención y arreglo, evitando la previsible e indeseable confrontación que acabaría por deflagrar a ese “victimismo irredento” que echaría un complicado “pulso al Estado” de imprevisibles consecuencias.

            Así puede entenderse la forzada medida legislativa del gobierno del PP de dotar de ejecutividad a las decisiones del Tribunal Constitucional, sistemáticamente burlado a la hora de aplicar sus resoluciones, que lo hacen poco operante en orden al mantenimiento de la seguridad jurídica y de la legalidad constitucional. Si bien, no entendemos las tardías ambigüedades de otros actores políticos de responsabilidad, que lejos de apoyar la eficacia del “edificio constitucional” del Estado, postulan fórmulas equívocas o ya fracasadas de un “federalismo asimétrico”, que ha sido largamente superado por los acontecimientos (por lo que actualmente no convence ni a soberanistas catalanes ni a constitucionalistas), como tampoco son fáciles de entender ciertas declaraciones de líderes políticos que aspiran al gobierno del Estado, afirmando en Cataluña que se sienten “catalanistas” en lo que aparenta cierto filibusterismo político, para mejor ocasión.

            Va llegando la hora de la verdad en este conflicto, que no es otra que la de cumplimiento de la legalidad constitucional (sea de esta u otra Constitución, que es la que representa el “contrato de convivencia” entre españoles de todos los territorios del Estado; sea cualquier otra, que por los mecanismos de modificación constitucional se prevén en la carta magna), ante la que no cabrían atajos derivados del concreto cálculo político interesado, que podrían conllevar graves perjuicios al Estado y a todos los españoles. Por consiguiente, es hora de recordarles a quienes tienen responsabilidades políticas de Estado de su deber para con el mismo, en su defensa (como defensa de los intereses generales de todos los españoles), sin ambages, y empezar a mostrar a los líderes secesionistas los límites infranqueables, distinguiendo las meras opiniones políticas de las acciones que pudieran conllevar conductas contra el Estado, ante lo cual este se ha de defender con toda la legalidad vigente, ya que se ha fracasado con todos los intentos previos de concordia –que entrañaban la solución política-, y se ha consentido que el problema desbordara la filosofía y el interés de las elites secesionistas e inflamara al sentimiento de ciertos sectores sociales que se consideran “catalanistas”, hiperdimensionándolo peligrosamente.

CRISIS MIGRATORIA EN EUROPA

       Estamos asistiendo a una grave crisis migratoria de población desde lugares en conflicto bélico (Siria, Irak, Afganistán) que se une a las que tradicionalmente se vienen experimentando desde África y Sudamérica, que tienen el común denominador de la huida de la violencia y de la pobreza.

         Hecho que incrementa el fenómeno crítico de los movimientos migratorios sobre Europa, que por otra parte, más allá de programas de reforzamiento formal de sus fronteras (programa Frontex), apenas está tomando la situación con la diligencia y urgencia que requiere, tanto en organizar los flujos en las fronteras, atender a los refugiados y asilados como corresponde a su dignidad humana, posibilitándoles alojamiento y comida, además de tratar la situación de cada cual.

         Pero los hechos que nos vienen retransmitiendo los medios de comunicación, en forma de sucesos mortales, o de acumulación de personas (incluidas familias con niños) en medio del campo al sol con las altas temperaturas del verano en el sur europeo, incluso repeliéndoles con el empleo de fuerza pública, merece moralmente toda reprobación.

         Hay que tener en cuenta que muchos vienen huyendo de la guerra, que como la que ha desatado el Estado Islámico con gran crueldad genocida, les podría suponer la muerte de permanecer en sus países, por tanto, en no pocos casos habría de operar la figura del asilo político, del refugiado, más que la del emigrante, por estrictas razones de humanidad y justicia. Y tal cosa, debería conllevar una respuesta más urgente y eficaz de la UE y sus socios, que la cautelosa y recelosa filtración y cierre de fronteras.

         Además de memoria histórica y solidaridad, Europa haría bien en recordar los éxodos migratorios que provocaron las dos guerras mundiales en su territorio, con el sufrimiento subsiguiente; por tanto, por encima de cualquier otra consideración sólo cabe la aplicación efectiva de una ética solidaria que de cobijo a estas personas. Y ello, sin olvidar también, que los conflictos de los que huyen tuvieron –en cierta medida- su origen en la decisión de intervención en esas zonas geoestratégicas por parte del primer mundo que acabaron por desestabilizar zonas tan sensibles como Irak, Afganistán y la zona del Kurdistán, dando lugar a un radicalismo islámico belicista que se ha expandido por la zona inflamando la confrontación civil Siria con clara amenaza para la paz mundial.

         Por consiguiente, más allá de las medidas humanitarias de acogida, que son necesarias, deberían las potencias occidentales poner coto a este conflicto para poder pacificar la zona y con ello llevar la paz y el progreso ulterior a las extensas zonas en guerra posibilitando así la estabilidad socio-económica de los habitantes de la zona.

         De igual manera, que para evitar flujos migratorios masivos por las tradicionales razones socio-económicas, que suelen ser la mayoría de los casos de África y Sudamérica, habrían de conllevar una seria intervención de la ONU para propiciar la estabilidad política que de paso a la estabilidad económica y social, en vez de dejar a su suerte a países con regímenes tiránicos y cleptocráticos que esquilman los recursos de sus países y explotan a sus habitantes, cuya única oportunidad vital es percibida por estas poblaciones a través de la emigración.

         Sin embargo, hay que considerar que dicha opción no suele ser la solución cuando se lleva a cabo de forma masiva por lo que supone de mayor empobrecimiento del país de salida, y de conflictividad social en los países de llegada, si los flujos desbordan la capacidad real de la economía del país de llegada.

         Por consiguiente, atendidas las razones de urgencia humanitaria, habría de ir considerando el acometimiento de una acción a escala global (lo cual sólo es posible con la determinación de la Comunidad Internacional y especialmente de las potencias económicas y militares) para revertir este desorden injusto a escala internacional y apaciguar los lugares en conflicto empezando por la desparasitación política de los lugares más contaminados, que llegue a imponer un recto orden de cosas desde la honradez y la justicia, premisas iniciales para el desarrollo de cualquier nivel de convivencia económica y social, abandonando la codicia que a veces ha guiado las relaciones entre países del primer y tercer mundo, en que desde ciertos sectores plutocráticos del primer mundo, se han venido explotando los recursos de países del tercer mundo al modo colonial, entendiéndose con las elites políticas del lugar a cambio de permitirles todo tipo de desmesura y atropello sobre su propia población. Mientras no se abandone esa codiciosa hipocresía, seguiremos padeciendo un mundo injusto en el que parte de la población tiene que abandonar su tierra para que la dejen vivir, pero a cambio suele ser objeto de nueva explotación en los países de destino, junto con los desequilibrios que tal hecho genera cuando se da a gran escala.

         

LA UNION EUROPEA NO SUPERA LA CRISIS GRIEGA

          El proyecto de la UE se pone a prueba con la crisis griega, que más allá de una crisis económica, pone de manifiesto una profunda crisis del modelo político de una Europa unida, que no va más allá de las palabras y las buenas intenciones.

            Además se pone de relieve que el proyecto de UE –como federación política de Estados- no tiene un calado real, más allá de los intereses económicos del gran capital europeo y políticos de los grandes Estados de Europa, pues generado en base a tales intereses y estructurado sobre una burocracia central, se ha despreocupado de la realidad de vida de la ciudadanía europea, que ha ido viendo encarecer su coste de la vida, así como el endeudamiento público y privado en una riada crediticia que ha acabado por horadar el bienestar de la ciudadanía europea, so pretexto de ayudas y mejoras que sólo han primado a las altas rentas, con el progresivo deterioro de la clase media europea, todo ello dentro de unas marcadas diferencias económicas y sociales entre los países del norte y del sur europeo, sin que los plutócratas europeos hayan hecho nada real por nivelar esas profundas diferencias que tensionan cada vez más los débiles hilos con que se ha tejido este constructo político y económico continental que no acaba de “levantar el vuelo” y cuyo descrédito cada vez es mayor en la propia opinión pública europea.

            Por otra parte, la UE no parece haber sido capaz de abstraerse o precaverse de la gran ola globalizadora mundial, que el gran capital internacional ha tejido arteramente para el control de la economía mundial y la alocada competencia económica de países distintos y distantes entre los que no puede haber escala comparativa, para así obligar a bajas salariales, pérdidas de derechos sociales consolidados, precarización del trabajo, limitación de la negociación colectiva, de la normativa de salud laboral, etc., so pretexto de lograr una alocada competitividad que está desmoronando los cimientos del orden socio-económico europeo, antes conocido y reconocido como de los “Estados del bienestar” que propiciaron la paz y el progreso europeo tras las guerras mundiales, y que ahora se aboca a una profunda crisis económica, social y política con el caso griego y el nefasto modelo neoliberal sobre el que se ha montado la estructura económica de la UE.

            En consecuencia, parece obvio que el tratamiento de la crisis griega –que deviene de la crisis económica internacional, que venimos padeciendo- debería haber sido tratado con más cautela y solidaridad en el seno de la UE, en vez de mantener a toda costa el orden económico socioliberal que impuesto de tal modo ha buscado prioritariamente satisfacer a los intereses de los bancos y Estados acreedores de Grecia, en vez de promover soluciones solidarias de mutualización de esa deuda, como en el resto de los países deudores de la UE (Italia, Francia, España, Irlanda y Portugal), que en este tiempo, y de esa forma de solución global habrían superado los estragos de la crisis económica, en la que gran parte de los actores económicos y políticos que reclaman el lícito cumplimiento de las obligaciones de pago económicas, han sido actores activos en la gestación de la propia crisis (por acción u omisión, de la primera forma promoviendo un generalizado endeudamiento, asumiendo como válido el sistema de ausencia de políticas de vivienda social en pro de la producción masiva de viviendas y su venta a crédito hipotecario de la banca con los elevadísimos costes de adquisición de vivienda y reducción de renta disponible para el consumo, junto con el exponencial riesgo asumido por gran parte de la banca –como se ha visto- y el consiguiente incremento de la deuda pública; y por omisión, porque deberían de haber puesto coto a tal “orgía económica”, no haberse dejado influir por los actores económicos y haber cortado esa tendencia con la activación de políticas efectivas de vivienda social, y desarrollo de controles económicos y financieros que o no existieron o no funcionaron).

            Sin embargo, frente a esas propuestas imaginativas, solidarias, integradoras, se ha ido a la directa exigencia del cumplimiento legal de las obligaciones contraídas, aún a sabiendas de su escasa viabilidad, o incluso del sufrimiento social que ello suponía, acompañado de anuncios temerosos sobre el futuro caos que se ceñía sobre todos si no se cumplían las recetas económicas de los “gurús financieros”, que por otra parte se han evidenciado escasas en la solución del problema y de altísimo coste político y social, al punto de poner a sociedades enteras  “de rodillas” ante sus acreedores, que como en el caso de Grecia han dicho ¡basta ya…!.

            Claro que ante esta salida de Grecia por vía del impago –a la que se ha visto forzada por mor de los duros requisitos de pago impuestos por la UE- la reacción inmediata es la de cierre del crédito al país heleno con el más que probable colapso económico y social de este, que acabará por abandonar el euro y la propia UE, con la repercusión negativa que ello supondrá en el resto de los Estados de la UE, especialmente los que están luchando por salir a flote (España, Italia, Portugal, Irlanda y Francia), así como por parte de los que han sido acreedores de la deuda griega, entre ellos España (con un agujero estimado en unos 30.000 millones de euros, de nuevo un caso análogo al del agujero de las Cajas de Ahorro, que generarán importantes distorsiones en la precaria economía nacional).

            De ahí, que nos preguntemos si no hubiera sido mejor otra alternativa más solidaria con Grecia –que indirectamente también lo es con la propia UE-, habiendo salido con soluciones de mutualización de deuda pública por parte de la UE, que habría mejor resultado a la salida de este problema evitándose el marasmo subsiguiente en el entorno de la UE.

            Nuevo capítulo, pues que pone de relieve el artificioso constructo de la UE cuyo estado presente y futuro se va a resentir ostensiblemente por desprestigio de bloque real, y por desafección de la propia ciudadanía europea, que aprecia que a la hora de la verdad, de la necesidad ante una grave crisis se muestra un mecanismo ineficaz, pese a lo costoso que resulta en cargos políticos y burocracia que no han estado a la altura de las circunstancias.

HAY QUE CONTRIBUIR A DESTERRAR TODO TIPO DE INTOLERANCIA

            Las actitudes dogmáticas suelen abocar en autoritarismos liberticidas que quebrantan cualquier proyecto moral de convivencia social pacífica, pues es esencial en toda convivencia el respeto mutuo, para evitar que nadie resulte arrollado, dañado o postergado por las imposiciones de otros.

            En definitiva se trata de erigir la base convivencial sobre  el respeto a la libertad de conciencia, pensamiento, expresión y manifestación, etc.,  haciendo posible que cada cual viva –dentro de un marco de respeto cívico, amparado por la legalidad- como crea conveniente, siempre en beneficio del interés común, salvaguardando el respeto a las minorías.

            Por consiguiente, en toda democracia que reconozca constitucionalmente los derechos humanos y civiles, según resulta apropiado a la dignidad humana, se han de respetar los derechos individuales de creencia, ideología, expresión, etc. Si bien, en el ámbito de lo público, bien se ciñe a lo puramente colectivo que resulte del común denominador de la convivencia cívico-política de cada comunidad,  bien se dispone un ámbito cultural según corresponde al parecer mayoritario de la colectividad,  y  en todo caso, respetando el ejercicio de derechos y libertades individuales que garanticen a las minorías el ejercicio de sus respectivos derechos particulares.  Naturalmente, siempre proscribiendo cualquier conducta que perjudique a terceros, que conlleve algún tipo de daño o acción delictiva, entre las que se recoja las faltas de respeto a los demás (incluidas sus ideologías políticas, sus creencias religiosas, etc.). Algo que resulta extremadamente necesario para garantizar la pacífica convivencia social en las modernas sociedades multiculturales.

            Naturalmente, a ello ha de contribuir todo colectivo social, como la misma educación cívica social de manera que garantice una actitud social de permanente tolerancia, frente a pasados de intransigencia religiosa y política que tan nefastos resultados produjo, y sigue produciendo en sociedades donde el fanatismo y el odio se ha impuesto, disfrazado de argumentarios étnicos, políticos e incluso religiosos, en lo que resulta una gran paradoja difícil de explicar, que tanto sufrimiento ha reportado a nuestro mundo.

            Pero al propio tiempo, si se deploran dogmatismos y actitudes autoritarias tradicionales, no podemos dejar pasar los nuevos dogmatismos so pretexto de falsa progresía, ni mucho menos el anacronismo de la “tolerancia de la intolerancia”, que viene de la mano de grupos fanáticos que previamente han recabado la tolerancia para sí mismos, exhibiendo un victimismo legendario e irredento, para actuar en la práctica con gestos violentos de intolerancia como la ocupación de lugares sagrados –de uno u otro signo religioso-, la irrupción en actos religiosos alterando el orden de los mismos, o los ataques personales a miembros de entidades religiosas, como fue el caso del ataque que refleja la fotografía que ilustra este artículo, en el que un prelado católico fue atacado por feministas durante una conferencia en Nicaragua, como en su día un colectivo feminista irrumpió en la catedral de la Almudena de Madrid, o la edil de Podemos en la capilla de la Universidad Complutense de Madrid, etc., etc.

            Ello no supone que se defienda la vuelta a experiencias políticas de confesionalidad, que han mostrado que no son todo lo positivas que se pretendieron, sino que en un ámbito de separación de Iglesia y Estado, en un mundo secularizado se puede y se debe convivir pacífica y respetuosamente con personas adscritas o de pensamiento diverso (confesional de uno u otro credo, aconfesional, agnóstico, ateo, laicista, etc.), sin que se hayan de imponer de forma autoritaria planteamientos laicistas liberticidas, dado que siempre habría de respetarse un ámbito de libertad personal y grupal (en la dimensión privada) que aseguren su práctica, y con ello el desarrollo pleno de la persona según su propio proyecto de vida en libertad.

LA CORONA SE SEPARA DE LOS PROBLEMAS DE FAMILIA

En una inusual decisión, el rey Felipe VI se distancia de los problemas de familia, retirándole el ducado de Palma a su hermana la Infanta Cristina, como consecuencia del desarrollo de los acontecimientos judiciales que llevan a que esta se siente en el banquillo para ser enjuiciada por lo penal junto a su marido.

Posiblemente haya sido una de las decisiones personales más complicadas del joven monarca, y pone de manifiesto cierto grado de antinaturalidad entre la institución monárquica y la institución familiar, en relación a que de esta última en el argot popular siempre se ha dicho “(..) que con razón o sin ella, siempre se había de estar con la familia (..)”, en lo que viene a reflejar un sentimiento natural de apoyo mutuo y solidaridad, en lo que la institución familiar suele ser ejemplo inveterado. No así, la política –incluso la política institucional con mayúsculas-, en donde los intereses institucionales y aún de Estado priman sobre los sentimientos familiares, e incluso sobre lazos de sangre.

Así el grado de exigencia de irreprochabilidad, así como del ejercicio carismático del liderazgo de Estado, es evidente que prima y ha de primar sobre los intereses particulares, y aún sobre los sentimientos personales. Tal es lo que haya de tachar de inhumanidad de dicha posición. Pero al tiempo, es dicha posición inmaculada, ejemplar, la que ha de guiar la ética pública, por lo cual no se puede permitir excepciones que no estén en tal línea de ejemplaridad pública.

Sin embargo, el hecho por necesario y esperado no deja de ser sorprendente por lo extraordinario que resulta. Al tiempo que no parece que se haya gestionado bien con la debida coordinación, dadas las contradictorias noticias del entorno de la Infanta, sobre que esta había renunciado a dicho título nobiliario antes que la desposeyera su egregio hermano, que a su vez, contrastan mal con las noticias dadas por la propia Casa Real y con los mismos hechos en los que el propio Rey ha sido el que finalmente lo ha dispuesto. De forma que si hubiéramos de dar crédito a las noticias de la previa renuncia de la Infanta, acaso se hubiera evitado el acto de fuerza de la revocación real del título nobiliario, y hubiera aparentado todo como más conforme, pactado, y naturalmente de menor dureza y rigor.

Ahora más allá del hecho en sí, de lo insólito y escandaloso del caso, de su afectación o no a la institución monárquica, pese a los “cortafuegos” aplicados; no podemos por menos que recordar hoy el injusto tratamiento que se le ha estado dando en algunos medios de prensa al juez instructor (dejado en plena soledad hasta por el Fiscal del caso, que se suponía debía de acusar), el trabajo que ha tenido que realizar en solitario, en un trasiego realmente delicado para su propia credibilidad profesional, con presiones ambientales múltiples. ¡Ahora qué…!. ¿Rectificarán todos los aquellos que montaron un frente público de opinión?.

A este juez, benemérito servidor público, el Estado le debe un homenaje, una distinción, como mínimo debería de ser galardonado con las máximas distinciones de los servidores de la justicia, como cumplidor ejemplar de sus obligaciones públicas.

LAS PITADAS AL HIMNO NACIONAL: SIGNO PATOLÓGICO POLÍTICO SOCIAL

             Llegada la final de la Copa del Rey de fútbol, nuevamente asistimos a una monumental pitada del himno nacional en presencia del mismo Jefe del Estado. El escenario se repite, casualmente en Barcelona en un encuentro de la final de copa entre el FC Barcelona y el At. de Bilbao.

            La pitada, que alcanzó los 119 decibelios, impidió la audición del himno y representó una gran falta de respeto, como mínimo, y de civismo, en tanto que el himno como la bandera y el escudo nacional son símbolos del Estado que es la base actual de nuestra convivencia cívica en el interior, así como signos de identidad común hacia el exterior.

            Sin embargo hechos como el comentado, representan una grave patología política y social de nuestro país, pues no es normal que la propia ciudadanía de cualquier Estado (que en definitiva es un proyecto común de convivencia) pite, abuchee, denoste y falte al respeto de sus propios símbolos nacionales, que son los que otorgan identidad común a nuestro Estado, que hizo gran historia siendo grande entre los grandes, conformando el antiguo Imperio español en otros tiempos, y que sin embargo, fruto de la propia decadencia interna ha llevado a nuestra comunidad estatal a un progresivo deterioro y pérdida de fortaleza, por nuestros “propios demonios internos” (divisiones regionalistas, rivalidades nacionalistas secesionistas, etc.), que no han tenido un adecuado tratamiento político, sino que por el contrario han sido el caldo de cultivo de las diferencias más torpes y lacerantes, que lastran el futuro del Estado, el despegue económico y desdibujan la realidad interna española.

            Por tanto, compartimos la nota de protesta gubernamental sobre este reiterado incidente, y apuntamos que más allá de las barajadas medidas coercitivas, parece muy necesario emprender una nueva pedagogía política de civismo y ciudadanía para todos los escolares del Estado, poniéndole límites a las acciones de deslealtad política de los nacionalismos secesionistas, y haciendo cumplir la ley en toda su extensión. Pues cuando esto sucede de forma reiterada, parece claro que algo se ha hecho mal en la política española, pues tal hecho es un síntoma de patología social, de peligrosas fisuras en nuestra convivencia.

            Al propio tiempo, en el orden deportivo parecería necesario adoptar algunas medidas cautelares, ante estos reiterados hechos, que más allá de las multas gubernativas correspondientes supusieran la exclusión como sedes de este tipo de eventos deportivos durante varios años.

            Pues este espectáculo lamentable y triste supone una falta de respeto a nuestro proyecto comunitario, nuestro proyecto de Estado-Nación, el incumplimiento de la legalidad vigente, la falta de respeto a lo que representa la Nación española y a todos aquellos que dieron su vida por hacer realidad nuestro Estado que hace posible nuestra propia convivencia interior (servicios públicos, seguridad, justicia, educación, sanidad, servicios sociales, etc.), la igualdad de todos los españoles ante la ley, y la defensa de nuestra comunidad estatal en el exterior (defensa y servicio exterior). Algo con lo que no se debe jugar, ni permitir que lo hagan desde el mimetismo colectivo. Y ello, pese al respeto a las minorías, que merece cualquier ideología y discurso, expresado con respeto, sin imposición y democráticamente testado. Pero lo ocurrido ayer en Barcelona, ¡nunca más…!. El Estado tiene la obligación de impedirlo, anticipándose a ello.