¿ESPERANZA AGUIRRE LE DISPUTA LA ALCALDÍA A ANA BOTELLA?

Informaciones dignas de crédito apuntan a una guerra intestina en el PP madrileño por alzarse con la candidatura para la alcaldía de Madrid, señalando a Esperanza Aguirre como la que lidera la alternativa a la actual alcaldesa por sustitución Ana Botella, en lo que podría ser un duelo de titanes, pues conocida es la combatividad política de Aguirre y no menos conocida es la fuerza política del ex presidente Aznar que es lógico pensar que activaría toda su influencia para afianzar a su mujer.

Dicho lo cual, no podemos dejar pasar por alto la intrigante figura política de Esperanza Aguirre, quien tras de haber formado parte del gobierno con Aznar, y de haber desempeñado altos cargos del Estado, desembarcó en la presidencia de la Comunidad de Madrid, donde fue asentando un liderazgo personal, que antes no tenía desde puestos más técnicos y alejados de la ciudadanía, sin embargo el estar al frente del ejecutivo de la Comunidad madrileña le dio la oportunidad de mantener un contacto de proximidad con la población, algo en lo que Esperanza Aguirre cautiva a mucha gente con su desenvoltura y cercanía, no exenta de alguna que otra ocurrencia.

Pero más allá de esa cualidad, que aún le confiere un halo de triunfo por su populismo y carácter personal desenfadado, no se puede dejar de considerar algunos peculiares aspectos de su gobernanza de Madrid, de la que se quitó de en medio astutamente –so pretexto de una enfermedad- que no le ha impedido seguir estando presente en la actualidad política madrileña y nacional.

Incluso sus conocidas malas relaciones con  – el entonces alcalde de Madrid, y hoy ministro de justicia- Alberto Ruíz Gallardón, y la pugna que mantuvieron entre ellos con sus secuaces por el control del partido en la capital de España, no le hizo ningún favor, pues generó serias fisuras internas entre compañeros de partido, que se fueron complicando y haciendo bandos irreconciliables.

Además algunos de sus más próximos compañeros políticos se han visto afectados por sospechas de corrupción e incluso de posible involucración en la trama Gurtel. No pudiendo dejar de lado, en esa guerra de “cainismo político” el affaire no aclarado del supuesto espionaje político.

Sin embargo, entre tanto, Esperanza se mostraba como “verso suelto” con sus seguidores en el PP nacional, manteniendo el poder del PP madrileño (del que sigue ostentando la presidencia), y que pese a sus declaraciones de alivio por haber vuelto a la normalidad de la vida fuera de la política institucional, pocos creyeron en la sinceridad de esas palabras.

Pero también hay que recordar que la “lideresa madrileña” –como le llamaba algún sector de la prensa matritense- también mantuvo sus diferencias políticas con Rajoy, cuando insistiendo en soluciones liberales, este recomendó a los que así pensaran marcharse al partido liberal.

Por consiguiente, a sus habituales enemigos políticos internos –por coincidencia de intereses en el PP de Madrid- habría que añadir a aquellos que ni ideológica ni personalmente empatizan con Aguirre, y por si fuera poco, si emprende esta batalla por la candidatura de la alcaldía madrileña acabará enfrentándose a un auténtico poder fáctico del PP (Aznar y su séquito), nada despreciable para quien quiera seguir posicionado en un Partido como el PP en el que gobiernan los cuadros directivos (una elite política interna que controla todo el aparato de poder). Por lo cual creemos que esta maniobra requiere más de una pensada por parte de quien la intente, y especialmente si como dicen, lo está pretendiendo Esperanza Aguirre.

¿Y por qué el cambio?. Ante la sospecha de que Ana Botella –que no tiene ese tirón populista de Aguirre- y a la que no le ha acompañado el tino político y la suerte como regidora de la capital de España, parece que no lograría la mayoría absoluta, que sí parece que podría conseguir Aguirre. Aunque no le daría tanta credibilidad a esas posibles encuestas, dado que aún queda más de un año para el proceso electoral, y aún pueden suceder muchas cosas tanto en Madrid como en el contexto político nacional. Pero si esas informaciones son ciertas, el PP tiene una nueva turbulencia interna, a las ya existentes.

EL 23-F: UN LAMENTABLE SUCESO QUE JAMÁS DEBIÓ OCURRIR

En este trigésimo tercer aniversario del fallido golpe de Estado, recordamos una efemérides de un lamentable acontecimiento –entre los lamentables de nuestra historia nacional- que jamás debió ocurrir, si bien es el resultado mal gestionado de presiones políticas, económicas y del terrorismo etarra que atenazaba dramáticamente la vida española.

Fue un trágico suceso, que afortunadamente acabó resolviéndose de la mejor manera posible, sin víctimas, lo que facilitó una complicada solución interna en un estamento militar –que tras ser objetivo del terrorismo etarra, y aún con pervivencias franquistas, supo resolver internamente un deshonroso lance en su propio seno- que de esa manera se incorporó definitivamente a la nueva etapa democrática.

No es el momento de entrar en los detalles, causas y participantes en aquella operación, ni siquiera en su tragicómico desenlace, sintetizado por el teniente coronel Tejero cuando supuestamente se le postulaba el General Armada para presidir un gobierno de concentración, cuando le dijo que para eso no hacía falta tomar militarmente el Congreso de los Diputados. ¡Y era una gran verdad!.

De ahí las especulaciones literarias y periodísticas sobre el golpe, sus entretelas, sus autores y copartícipes, aún sus encubridores, y sus diversas variables, a día de hoy no aclaradas del todo, pese al transcurso del tiempo –que posibilita la prescripción de los tipos delictivos, y en que algunos de sus afectados más o menos directos ya fallecieron-.

Tal parece que algunos de los implicados, posteriormente condenados y finalmente indultados, no compartían el mismo guión golpista, lo que da pie a pensar también en los apaños de última hora, o en sumarse a una intervención que no se comparte plenamente para seguidamente reconducirla al propio interés; lo que dio lugar al estrambótico final de la operación militar de fuerza tomando el Congreso.

A día de hoy, se van comprendiendo mejor las circunstancias y hasta detalles que se han ido revelando, con el tiempo, que aparentemente eran contradictorios, pero encajan en esa idea de acumulación de proyectos de golpe, de intencionalidad y alcance del mismo (simple golpe de timón ante lo que parecía estar escapando de las manos del poder fáctico, desahogo de un sector del ejército victimizado excesivamente por ETA sin una respuesta que fuera contundente –según exigían no pocos militares y sectores influyentes de la época; no se olvide que pocos años después nació el GAL y el Batallón Vasco Español-; o marcha atrás de la democracia y vuelta al autoritarismo franquista bajo tutela del ejército y poderes fácticos de la época). Al parecer no existía un consenso en el planteamiento y alcance y así se puso de manifiesto en el discurrir de los acontecimientos. Y tras ellos un pacto de escrupuloso silencio y una “omertad” corporativa bajo el escudo de un honor mal entendido, impropia de un país democrático y libre como se dice que es España.

Pero sobre todo, por higiene democrática, a estas alturas de la historia, transcurridas más de tres décadas, la ciudadanía tiene derecho a conocer los detalles, proyectos, intervinientes directos e indirectos, y la toma de posición de importantes agentes de poder político, financiero y militar. Pues hay quien cuenta la historia a su manera, y existen historias muy contradictorias respecto de determinadas y señaladas personalidades en los aciagos hechos del golpe, ante lo que la historia demanda ya la verdad, para conocer a los auténticos héroes y villanos de los acontecimientos de tal día como hoy de hace treinta y tres años, que hubieran podido cambiar notablemente el curso de la historia de España y la de no pocos españoles.

EL OBISPO DE TANGER DENUNCIA COMO ANTIEVANGÉLICA A 13TV

La 13 TV –cadena de la Iglesia Católica en España- desde el inicio de sus emisiones está teniendo un perfil editorial e informativo muy sesgado e inclinado hacia la derecha política y sociológica española, algo que no sólo no representa el sentir de la Iglesia en su totalidad, sino que tampoco es fiel al evangelio de Cristo para ser consecuente con una cadena televisiva de la Iglesia.

Tanto los informativos del canal de televisión, como las tertulias de análisis político y de actualidad, tienen una escandalosa inclinación hacia la derecha conservadora española, postulándose no pocas veces de manera abierta por la línea política del PP, sobre la que arteramente se suele construir el número y tipo de invitados a las tertulias, en las que otras opciones y sensibilidades políticas o están ausentes permanentemente o apenas se les da cabida más allá de lo meramente testimonial, para simular una pluralidad inexistente en la práctica de los programas.

Tal es así, que el otras cadenas de televisión y radio de sensibilidades distintas y distantes a la cadena de los obispos, hablan de 13TV (comparándola con Intereconomía, más inclinada a la derecha conservadora, y a Es Radio) como el “TDT Party”, en clara alusión al Tea Party americano (de porte ideológico ultraconservador en el ámbito cultural, y neoliberal en el económico), algo así como el eco mediático y social de esas ideas ultraconservadoras y neoliberales norteamericanas en nuestro país.

Algo que no es de extrañar, porque algunos de los periodistas de la cadena e invitados (en número proporcionalmente superior) se expresan por la liberalización pura y dura de la economía –cuando la desregulación de la misma ha dado lugar a crisis como la que estamos padeciendo, en medio de grandes estafas bancarias y financieras-. Señalan la conveniencia y necesidad de privatizar servicios públicos, entregándolos a la pública almoneda de los capitales especulativos para engordar sus ámbitos de negocios a costa de los ciudadanos, que veremos mermar el contenido y prestación de estos servicios públicos al pasar a manos privadas donde el único objetivo es el ánimo de lucro empresarial, en vez del interés general que ha de guiar la finalidad de todo servicio público, como son los casos de la sanidad y la educación, redundando en un empobrecimiento de la población, donde cada vez hay más pobres en número y auténtico nivel de pobreza, y otro grupo social poco numeroso cada vez más rico.

Es triste y lamentable que en una cadena televisiva de la Iglesia, que podría dar una palabra profética –como lo está haciendo el Papa y muchos cristianos- sobre los tiempos que vivimos y los auténticos cambios de valores sociales que urgen, y que bien podrían ser valores humanos –contenidos en el Evangelio-, en este “ágora católico” esté ausente del debate y del análisis la Doctrina Social de la Iglesia, la consideración del “bien común”, del “interés general” de la sociedad, en vez del puro y duro ánimo de lucro y análogos planteamientos individualistas del liberalismo y conservadurismo burgués, en vez de considerar la situación desde el personalismo filosófico de personalidades como Jaques Maritain, Romano Guardini, Henri de Lubac,  y Juan Pablo II, entre otros; o del personalismo comunitarista como Enmanuel Mounier, Nedoncele, Peguy, Martin Buber –desde el humanismo hebreo-, etc. O sobre todo el corpus de la Doctrina Social de la Iglesia con sus profundos contenidos.

Sin embargo, por el contrario escuchamos la “doctrina Merlos” de un joven y enérgico periodista que hizo un desafortunado alegato de los incidentes de los inmigrantes en la playa del Tarajal de Ceuta, en que murieron quince seres humanos de color, que con valentía ha denunciado el Obispo de Tánger –el franciscano Mons. Agrelo- como “línea antievangélica”.

La Conferencia Episcopal Española debería ir despertando de su prolongada siesta en la que viene sumida sobre su autocontemplación permanente, y mirar a su alrededor sobre el sufrimiento que está inflingiendo la crisis económica global, reflexionar a la luz del Evangelio los actuales “signos de los tiempos”, y tras ello actuar con urgencia solidaria en un entorno donde la caridad urge a predicar al auténtico Cristo, con valentía denunciando las estructuras de pecado instaladas en una economía falsaria, en unas relaciones sociales hipócritas y antinaturales, para ser así coherentes con la fe que se predica y que se ha de vivir, sin cuya coherencia nadie piense en acciones de evangelización. ¡Ya no cuela en este tipo de sociedad, desengañada, y hasta cierto punto desesperanzada….!.

Y sobre todo, por favor, hagan caso al valiente obispo norteafricano y cambien la línea editorial de 13TV, y de paso, también la de COPE Radio, adecuándolas a criterios más evangélicos, más abiertos a la pluralidad de nuestra sociedad, y a la línea posconciliar que se dio la Iglesia en el Vaticano II, aunque seguidamente se archivara durante varias décadas, por miedo, comodidad, o posiblemente por falta de auténtica fe.

EL CUESTIONAMIENTO POLÍTICO DE LA JUSTICIA UNIVERSAL

El compromiso español de defensa de la justicia universal, mediante la acción de los Tribunales de Justicia españoles en el orbe mundial para la persecución de delitos de lesa humanidad, parece estar llegando a su fin –tras un controvertido ejercicio internacional, con más pena que gloria-, pues el gobierno español del PP trata de ponerle fin a este loable intento de justicia universal.

La verdad es que esta pretensión que encierra loables pretensiones de justicia parece que responde más a una utopía que a la propia realidad del orden internacional que genera no pocos problemas a la diplomacia española cuando se ve interferida la acción exterior del Estado en sus relaciones con otros países mediante una acción extraterritorial de la justicia española.

De hecho cuando se generó y prodigó en nuestro país, vino a colisionar con el principio jurídico de territorialidad de la normativa, en el sentido que la normativa española tiene su límite territorial en el propio del Estado español, no siendo de aplicación fuera de las fronteras del país, en que rige la normativa de cada país en su propio territorio, y la normativa internacional en el conjunto de la comunidad internacional.

En ese sentido, parece más adecuado que fuera la comunidad internacional, a través de organizaciones internacionales, especialmente la ONU o de la jurisdicción internacional que se le reconoce al Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, los que se encargaran de hacer efectiva la normativa internacional, y muy en particular aquella referida a la protección de los derechos humanos, y a la persecución de crímenes de lesa humanidad. En vez de que lo sean algunos Estados  por su cuenta, aunque lo hagan en la noble defensa de los intereses de sus nacionales, pues de esta forma se perturba el orden de las relaciones internacionales, y la interlocución entre los gobiernos de los Estados en sus relaciones bilaterales, o multilaterales, a través de los foros internacionales u organismos transnacionales.

Pues la convivencia pacífica entre los Estados es un bien de interés general en cada uno de los respectivos Estados, que no debe de verse eclipsada por la acción criminal de alguno de sus nacionales, reclamada por Tribunales de otro país, ante los que habitualmente cada Estado suele reaccionar protegiendo la integridad de sus propios nacionales, negando su extradición, generando un indeseado e indeseable conflicto que acaba por interferir en las normales relaciones bilaterales entre los Estados afectados.

Sin embargo, la cuestión tiene otra dimensión cuando la intervención lo es de un Tribunal u Organismo Internacional que en el ejercicio de sus competencias internacionales, trata de perseguir los crímenes contra la humanidad y la conculcación de los derechos humanos, pues suele tener una presentación más justificable política y jurídicamente, al tiempo que no suele erosionar las relaciones bilaterales entre los Estados afectados.

Además que los resultados reales son escasos e ineficientes, además de ocupar a los Tribunales estatales en “cruzadas de derechos humanos” que acaban diluidas en el piélago jurídico de los distintos Estados, con la consiguiente ocupación de recursos humanos y materiales que probablemente nuestra Administración de Justicia no se pueda costear en los momentos actuales, y que la diplomacia española y los intereses internacionales de Estado tampoco lo hagan muy aconsejable. De hecho, baste recordar algunos de estos episodios que han acabado siendo esperpénticos por su ineficacia y por la interferencia que ha generado al gobierno de turno en la acción exterior del Estado.

Por ello, habría que concluir con gran realismo sobre la inoperancia e inoportunidad de este planteamiento, debiendo asumir su corrección como la imposición del sentido común en las relaciones diplomáticas, y la vuelta a los principios generales del derecho, entre los que habitualmente ha estado el del ámbito territorial de la normativa estatal y de los Tribunales estatales. Lo cual, no quiere decir que se tenga que ser condescendiente con los delitos de lesa humanidad y con el incumplimiento de los derechos humanos, sino que estos han de perseguirse en ámbitos internacionales y tribunales de dicho rango, que suelen tener mayor eficacia en su acción, y no suelen interferir la diplomacia internacional.

EL “PP O LA NADA”: LLAMADA DE ARREBATO DE COSPEDAL

                La Secretaria General del PP, Mª Dolores de Cospedal, ha dicho que en la situación actual sólo cabe el PP o la nada, en alusión a que cualquier solución a la crisis española actual pasa por ellos, de forma invariable y casi apocalíptica, que recuerdo los avisos de los “salvapatrias” cuando afirman que la alternativa es “o ellos, o el caos”.

                Afirmaciones de este tipo traen a la memoria la trágica afirmación sartriana del “ser y la nada”, en lo que supone la aparición de la “angustia sartriana” de porte existencialista, que a otro nivel –y acaso parangonándola- Cospedal trata de transmitir a la sociedad una angustiosa disyuntiva “o el PP o la nada”. Dilema, que pese a su dramática apelación, en absoluto es cierto, y por consiguiente supone la transmisión de tensión a la ciudadanía, para acaparar la atención en unos momentos en que el PP da signos de agotamiento ideológico y de rupturas internas, que están dando lugar a la emergencia de nuevas opciones políticas de derechas en España, como es el proyecto de Ortega Lara (VOX), que les retiraría la exclusiva de la representación política de derechas, a la que no parece hayan atendido convenientemente.

                Por tanto, en ese contexto de ruptura interna y probable pérdida de la mayoría absoluta, se ha de entender el agónico mensaje de la líder popular (“o el PP o la nada”), pues la aparición de VOX, y la probable extensión a todo el Estado del Movimiento Ciudadano con el Partido Ciudadanos de Albert Rivera, hace que gran parte del electorado de centro y derecha –que venía votando al PP- se empiece a diversificar entre esas tres opciones, ante una gestión de gobierno del PP bastante cuestionable, no sólo en los planteamientos electorales olvidados, sino también en una indefinición de la defensa del modelo territorial del Estado más vertebrado con freno contundente al nacionalismo secesionista, una contradictoria política terrorista –respecto de lo que venían diciendo en la oposición-, y unas aventuras privatizadoras de servicios públicos esenciales (educación y sanidad) que la sociedad y los profesionales afectados no llegan a entender y menos compartir como supuesta panacea de los problemas económicos de sostenibilidad de los mismos, en lo que supone un claro cercenamiento del Estado Social.

                En ese panorama, la gran clase media española se ve paulatinamente atacada y depauperada, sin que la economía progrese más que para los grandes capitales y las finanzas especulativas (como siempre, y especialmente en cualquier crisis, pues a “río revuelto….”). Y por consiguiente, parece que esa clase media menguante empieza a tomar conciencia de movilización, y en consecuencia a tomar posiciones más activas –ante su tradicional pasividad- optando por otras opciones políticas que le aseguren la estabilidad que el PP no parece asegurarle en el orden práctico.

                Consecuente con todo ello, ha sido la marcha de importantes y significativos dirigentes del PP como Alejo Vidal Cuadras, o Santi Abascal, o el plante de Mayor Oreja  (en tono más ambiguo), los desplantes públicos de Aznar y la ausencia de estos últimos de la Convención de Valladolid, en lo que recuerda viejos episodios de intrigas internas de la extinta UCD en el poder.

                Y si todo ello, lo unimos a una contumaz crisis económica –que aunque apunte un cambio de tendencia- aún persiste con la gravedad y el drama de un paro próximo al 30%, y a un 25% de economía sumergida, con pérdida de renta de la mayoría de los que conservan su puesto de trabajo; no parece que sea muy adecuado, ni honrado “lanzar las campanas al vuelo” anunciando la superación de la crisis económica, con fines marcadamente electoralistas para “coger oxígeno” y salvar el bache.

                De manera que lamentablemente, concluimos que mientras la “gaviota pelecha”, el PSOE hiberna como los osos en invierno –y todo lo deja pendiente a las primarias de otoño-. ¡Realmente es preocupante….!. 

¿REALMENTE SOMOS IGUALES ANTE LA LEY?

       

           El artículo 14 de la Constitución española, de la que tanto han alardeado nuestros “hombres públicos” dice que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” Sin embargo, la realidad diaria es tozuda en contradecir tan solemne como justa afirmación constitucional, que  la deja en “papel mojado”.

                Y si no que le pregunten a algunos jueces o exjueces –por haber sido defenestrados- tras intentar hacer justicia con algunos de los “grandes de España” –dicho esto, no en términos estrictos, sino analógicos, y extensibles a la oligarquía política, financiera y aún aristocrática del país-. Así les fue a Gómez de Liaño, Garzón, y en la actualidad al juez Silva, amén de otros gestos no menos arteros, que han conllevado el apartamiento de otros jueces de causas e investigaciones significativas en las que se traslucían altos intereses políticos, o económicos.

                De donde se podría inferir que la normalidad democrática y judicial es para los ciudadanos normales, de ordinario, no siendo el caso de aquellos que tienen unas características extraordinarias de poder político o económico.

                Así hemos asistido al bochornoso espectáculo, durante años –y bajo un gobierno socialista, no especialmente cambiado por su relevo-,  de una economía especulativamente dislocada, entregada a la codicia del beneficio “caiga quien caiga”, de unas finanzas desbridadas, sin control de los órganos reguladores (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores) ni del Gobierno, que ha conllevado la quiebra técnica de numerosas entidades de crédito (especialmente Cajas de Ahorros y pequeños bancos) parasitados hasta la extenuación por grupos de influencia que los interferían, o incluso se hicieron con su gestión, con un elevadísimo costo de rescate –que computa como deuda pública-, sin que hasta este momento apenas nadie se verifique como responsable de nada. ¡Ni siquiera en el terreno político…!. Por más bazofia que emerge a través de la prensa libre, que en cualquier país realmente democrático y de derecho, conllevaría el ostracismo político de un importante contingente de nuestra clase política dirigente, y el incuestionable encausamiento de los responsables directos (órganos gestores) e indirectos (órganos reguladores) hasta depurar las posibles responsabilidades legales que les pudiera conllevar.

                Sin embargo, la realidad nos muestra que políticamente no hay ninguna medida de inmediato efecto ejemplarizante, en este ámbito, y en el ámbito judicial apenas hay progresos (iniciando una maraña procesal interminable, para que todo se “evapore en la noche de los tiempos”), y en contradicción, al juez que dispuso la prisión provisional para uno de estos presuntos responsables – de forma acertada o desacertada, según interpretación jurídica- se encuentra sujeto a expediente disciplinario con elevadísima posibilidad de expulsión de la carrera judicial.

                En otro orden de cosas, que afectan al análisis de lo comentado, nos encontramos con el caso Noos, y la simple imputación de la Infanta Cristina por el juez Castro, ante lo que el Fiscal (ministerio público, cuya misión fundamental es la persecución del delito, ejercitando la acusación pública y la investigación) resulta que muestra una aparente actitud defensiva hacia la Infanta, que en algún momento llega a superar la de su propia defensa, y además superando a ésta llega a polemizar con el juez instructor de forma burda e inadecuada en pleno proceso. Y ello por el simple hecho de pedirle explicaciones a la Infanta sobre aparentes irregularidades del “negocio familiar” (pues tal aparenta) o de su esposo, en que ella apenas figuraría. Lo cual, además de generar una negra sombra de sospecha de interferencias en la acción de la justicia, ha llevado a hacer enrojecedoras piruetas procesales como la famosa “desimputación” antes de declarar, para volverla a imputar. ¡Y eso, que siempre se ha dicho que preguntar no ofende!. Además de las gratuitas críticas que le están cayendo al juez Castro por parte de sectores de prensa y políticos “cortesanos”, pese al extraordinario trabajo y explicación de más de doscientos folios del juez instructor.

                Y todo ello, so pretexto que la Infanta no entendía, no sabía, creía ciegamente a su esposo (a quien por cierto, de forma indirecta, dejan a “los pies de los caballos”). Pero al mismo tiempo, el discurso forense e incluso de cierta prensa, cambia radicalmente cuando se trata de valorar la actuación de entidades financieras en el caso de las “preferentes” a jubilados, ancianos, y personas indocumentadas y de escasa instrucción financiera y general, a las que atribuyen conocimiento pleno de lo que estaban contratando, pues sabían lo que hacían.

                Consecuentemente, tras estas sencillas reflexiones, comprendan que a uno le cueste creer verdaderamente en que la legalidad constitucional se verifique plenamente en nuestro país. ¿Quién cree que somos todos iguales ante la ley?. ¡Grave síntoma en una sociedad moderna que se considera democrática, libre y homologable internacionalmente!. Como también es preocupante para el mantenimiento de la legitimidad institucional.

INDICIOS DE DESMEMBRACIÓN DE LA DERECHA ESPAÑOLA

            

            La aparición pública del Partido VOX promovido por significados disidentes del PP, entre los que se encuentran Santiago Abascal, Ortega Lara –de forma explícita- y Vidal Cuadras –de forma implícita-, junto con importantes líderes de las asociaciones de víctimas del terrorismo, y el conocido político liberal de la UCD, Ignacio Camuñas, están ahormando esta formación política con la intención de recoger a un considerable sector de la derecha sociológica española descontentos con el actual gobierno de Rajoy.

            Ciertamente no es frecuente que haya desmembración de un partido cuando ostenta el poder, y mucho menos cuando lo ejerce con mayoría absoluta, como actualmente es el caso del PP, pero errores políticos de bulto en la agenda política del presidente Rajoy están llevando a un general descontento, entre la población –motivado por los recortes sociales ante la crisis económica, y el sesgo ideológico con el que se ha acometido su afrontamiento por el gobierno de Rajoy-, y en especial entre los votantes del PP en temas tan sensibles como el aborto, la política antiterrorista, la cuestión territorial del Estado (unidad de España), e incluso también los casos de corrupción con particular referencia a los casos Gurtel, Bárcenas y Bankia.

            Por ello, no es de extrañar que ante tanta tensión y elasticidad de las costuras acaben en indeseadas rupturas, pues en democracia se trata de aunar voluntades para hacer efectiva una determinada política sobre la base una previa ideología, por lo que la unión hace la fuerza, en lo que se refiere al logro electoral. Si bien, tal unión aunque no pueda pretenderse la identidad, sí al menos ha de hacer planteamientos compatibles con su confesa ideología que es la que le ha llevado a conseguir el apoyo electoral de la ciudadanía, a la que no se puede, ni se debe engañar, y menos aún a la propia militancia –por satisfecha que se encuentre en el reparto del “botín electoral”-, pues cualquier persona para sentirse tal y ejercer su legítima ciudadanía ha de construir su propio discurso vital, y conformar un guion existencial conforme a ello, que no puede abandonar ante las primeras dificultades, como parece haberlo hecho el PP.

            Algo que sabe muy bien Aznar, cuyo principal mérito político, a mi entender, fue el poder unificar y lograr un discurso ideológico coherente con sus consecuentes políticas que sirviera para la derecha y el centro derecha del espectro político nacional, lo que le supuso el logro de la victoria electoral frente a un PSOE instalado en el poder cerca de una quincena de años, con un líder como Felipe González, que pese a su declive político había ejercido un liderazgo casi carismático en la España de los ochenta.

            Por tanto, cualquier desmembración supone restar votos (el camino inverso al que se ha de seguir si se quiere ganar las elecciones en España, que tradicionalmente se han ganado por el centro), y en la situación actual, ni el PP con una mayoría absoluta en fase descendente –según las encuestas-, no parece que le sobre tanta fuerza como parece estar dispuesto a dilapidar la torpeza política de Rajoy y los sucesos de corrupción que ensombrecen el proyecto político que representa.

            Así un partido de derechas en España (y el PP lo es), podría suponer fácilmente que ciertas políticas que abordan sus pilares ideológicos son inabordables, pues como mínimo se iban a malinterpretar. Tal ha sido la asunción de la excarcelación de presos de ETA en lo que aparenta un guion pactado (entre bambalinas) como supuesta política de Estado, que supondría la asunción del supuesto proceso de paz iniciado por el Gobierno socialista de ZP; y por consiguiente, el tener que desdecirse de gran parte de la crítica política con que la oposición del PP entonces espetó al Gobierno de Zapatero, y hacer “malabarismos políticos” para no disgustar a las víctimas del terrorismo y a numerosos sectores de sus votantes naturales, a los que hoy por hoy, no han parecido convencer, dados los abandonos de Maria San Gil, Ortega Lara y Santiago Abascal, entre otros.

            Si todo esto fuera poco, la unidad de España cuestionada, tanto en Cataluña, como en el País Vasco, con escasa y débil respuesta gubernamental; además la cuestión lingüística asumida ambiguamente según la disposición de los barones autóctonos sobre el tema, que hacen incoherente la defensa estatal de la lengua española que se hace desde el PP nacional.

            Por otra parte, la cuestión del aborto es otra de las cuestiones en que el PP pretendía mostrarse como garante del tradicional orden moral, aparentando asumir las proyectivas de la jerarquía eclesiástica, para conformar a su electorado católico más tradicionalista y a los movimientos próvida, que pronto se han visto defraudados cuando tras dos años de legislatura el Ministro de Justicia presenta un proyecto más restrictivo de ley de aborto que la vigente ley socialista, que nuevamente “rompe las costuras” internas tejidas por el PP con su base electoral, y pone de manifiesto las contradicciones internas entre grupos ideológicos distintos que apenas llegan a converger en la política económica neoliberal de desregulación, privatización de servicios públicos, y sumisión al ídolo del mercado.

            Con esos mimbres se han ido generando internas desafecciones, y ello ha motivado la emergencia de nuevas alternativas –sobre sensibilidades no bien atendidas- que pueden generar la fragmentación del voto de la derecha y del centro derecha, que tendrían que alertar a sus dirigentes sobre la pérdida de poder, y sobre todo la potencial pérdida de un extraordinario logro histórico de reunificación política de la derecha sociológica.

LA AFRENTA DE DURANGO

El acto de los exconvictos etarras en Durango, que en número de más de medio centenar, exponían unas reivindicaciones al Estado sobre su pretensión secesionista de Euskadi, es un escarnio público hacia la ciudadanía española, y especialmente hacia las víctimas que en más de un millar han sido asesinados por el mero hecho de estar en los objetivos terroristas del de la banda secesionista vasca.

Además es un acto público que pocas sociedades hubieran consentido, por lo que representa de repulsión moral de que unos asesinos –prematuramente liberados, y dignamente tratados por el Estado que consideran su opresor- vayan a reivindicar ningún objetivo político, ni proponer ningún tipo de alternativa a la vida común española (incluida la vasca) que tanto han contribuido a destruir con el odio, el fanatismo, la intolerancia y la práctica del crimen.

Sin embargo, nuestra sociedad española muestra que tiene un aguante público incomparablemente superior a lo que se podría esperar, y en la trayectoria de ambigüedad y relatividad, que le lleva desnortada a ignorar el bien del mal, a desconocer el bien común y el interés general, se va progresivamente desposeyendo de sus propias defensas como Estado, al tiempo que pierde el discurso y el rumbo como Nación española, cuyo vacío es ocupado por cualquier tipo de grupo que plantea alternativas secesionistas por doquier (catalana, vasca, gallega, etc.) que van llevando una deriva colectiva de desencuentro, confusión, olvido del pasado común y pérdida de horizonte colectivo de futuro.

Así, en esta cuestión, la comparecencia de los etarras exconvictos en Durango días pasados no deja de ser una nueva afrenta al Estado español, alineándose en la senda del secesionismo catalán, pronto se encaminará el secesionismo vasco, que con el fracaso de su lucha armada de décadas de muerte y terror de más de un millar de inocentes, se han percatado que el camino más inmediato  para sus propósitos es hacer causa común con el independentismo catalán que de forma pacífica está poniendo en un serio brete al Estado, por la propia debilidad de este.

En esto, no debemos de olvidar que la aparente tregua etarra está en un contexto de acercamiento y diálogo con el Estado –asumido por los distintos gobiernos españoles-, en cuyo disimulo y ambigüedad ni ETA ha entregado las armas, ni ha renunciado a sus objetivos, únicamente ha dejado de matar (precisamente cuando estaba colapsada por los éxitos policiales), pero parece que el precio de ese supuesto armisticio ha venido de la mano de que el Estado asuma una progresiva excarcelación de presos y una incorporación del mundo abertzale a las Instituciones políticas vascas, trasladando el planteamiento terrorista –militar, al plano político-secesionista.

Y ese desplazamiento de la estrategia etarra, parece que cuenta con cierto grado de aceptación del Estado, contando con la pírrica victoria de evitar nuevos asesinatos (que no es poco), pero precisamente cuando se tenía contra las cuerdas a la banda etarra desde posiciones policiales. Por consiguiente, no estaríamos ante una victoria policial del Estado, sino más bien ante una especie de armisticio con subsiguiente entente político que asume el cambio de estrategia abertzale desde la práctica terrorista a una práctica política secesionista, de confrontación y disolución, que se da la mano con el secesionismo catalán y entre ambos ponen en un difícil dilema la continuidad del propio Estado español, su estabilidad, su proyección de futuro y su fiabilidad como colectivo (político, empresarial, laboral, y miembro de la UE), incapaz de articularse internamente para hacer frente a los problemas internos y externos que tiene planteados en esta primera parte del S. XXI.

Por consiguiente, que nadie se extrañe de la “afrenta de Durango”, forma parte de un largo guión que no ha hecho más que empezar, y donde internamente los políticos españoles se “reparten los papeles” (desde la ambigüedad al calculado reproche) antes que explicar que estas son las consecuencias de un disimulado proceso de paz, que mientras se negaba con una mano, se recibía con la otra.

Y desde luego, esto forma parte de una larga agenda política de confrontación secesionista, cuyo desarrollo comienza ahora, que irá en aumento, especialmente si se alía estratégicamente con el secesionismo catalán. El fin es el mismo, la ruptura de España.

Ahora bien, ¿España va a contemplar su ruina sin mover un dedo?.

INQUIETANTE PETICIÓN DE LA CASA REAL

                

           

             La reciente alusión del Jefe de la Casa Real española, Rafael Spottorno, en relación con que se concluya ya el martirio de la instrucción del caso Noos, en alusión a la investigación judicial que se lleva a cabo por un Juez de Palma de Mallorca sobre posibles irregularidades negociales del yerno real y la Infanta Cristina, resuenan con inquietud en el sentido de apreciar un “apremiante aviso real” al benemérito juez instructor.

                En el común sentir de cualquier afectado por una investigación judicial se puede entender el ansia de pasar página sobre tan desagradable evento. Pero en el caso que nos ocupa, que el máximo representante de la Casa Real que representa la Jefatura del Estado haga público ese tipo de deseos, a diferencia del común, representa una inquietante posición frente a lo que supone y ha de suponer la independencia judicial en España, y que realmente la ley sea idéntica para todos los españoles, cualquiera que sea su coloración sanguínea.

                Quizá hubiera sido más acertado, o callar sobre el tema, o si de referirlo se trataba, apelar a una pronto esclarecimiento y depuración de responsabilidades –en el caso que las hubiere-. Sin embargo, al no hacerse con ese detalle de obligada delicadeza respetuosa con la necesaria imparcialidad judicial, refleja cierto nerviosismo por una cuestión que puede estar desgastando la credibilidad de la institución monárquica, a la que contribuiría decisivamente cualquier tipo de cierre en falso, o precipitación de esta investigación judicial. Pues supondría la constatación de la falta de independencia judicial, y la quiebra constitucional del “Estado de Derecho”.

                Por consiguiente, ¿qué pretende Spottorno con este tipo de declaraciones?, y sobre todo, ¿qué quiere la Casa Real: qué pase de ellos este “cáliz”?. ¡Imposible sin una razonable y profunda explicación!. Y si ha de conllevar consecuencias jurídico-penales, entraría dentro de la asunción de las responsabilidades que cualquier ciudadano que conculcara la ley habría de tener que soportar.

                Y si se tiene prisa, uno de los caminos es contar al juez toda la verdad, sólo la verdad y nada más que la verdad, y en esto, no parece que los afectados hayan obrado abiertamente con la verdad por delante, a tenor de lo que se ha ido conociendo en los medios de comunicación.

                Pero estos deseos públicos, si además los unimos a los incomprensibles informes de los peritos de hacienda (sobre los que han mostrado su perplejidad hasta la Asociación Profesional de Técnicos de Hacienda), en el sentido de mantener una insólita interpretación que favorece a Urdangarín, y de la propia posición del mismo Fiscal, que no ve ilícito penal, frente al minucioso trabajo del solitario Juez, hace que la inquietud llegue a cualquier ciudadano cabal, que vuelve a sentirse súbdito.

CAIDA DE LA MORALIDAD PÚBLICA EN ESPAÑA

España tiene un importante problema como colectivo, comunidad social, e incluso Estado, que parte de una pérdida de valores morales, que están inflingiendo un grave daño a la colectividad social ibérica, pues no se han cuidado los valores de convivencia, ni como sociedad ni como Estado, se han ido depauperando, y han ido sucumbiendo ante el ataque desleal de los unos, y la cobardía de los que tenían la obligación de defenderlos.

Sobre esta desorientación moral, que como sociedad padece España, en lo que el bien y el mal es relativo, está en función de los intereses políticos, de grupos económicos, etc., resulta que la “delincuencia al por menor” campa impunemente en una maraña judicial enredada, ensimismada e instrumentalizada por los poderosos, que resulta costosa y de todo punto ineficaz; y por otro lado una “delincuencia al por mayor” que resulta bonificada por un “buenismo” ingenuo que confunde autoritarismo con ejercicio de autoridad, y so pretexto de una pretendida rehabilitación personal –no siempre lograda- se rebajan las penas en una especie de “tómbola penitenciaria-judicial”, que se pretendió corregir con la interpretación de la llamada “doctrina parot”, que el Tribunal de Estrasburgo se ha cargado de derribar sin la menor resistencia del gobierno de España.

Así el resultado es que en España sale barato ser criminal al por mayor, ya se está viendo con las excarcelaciones de criminales (terroristas y delincuentes comunes) a los que asesinar les ha salido gratis, pues apenas han cumplido la pena por una de las muertes cometidas. Siendo lamentabilísimo el espectáculo excarcelatorio, cuando no nauseabundo, en según que casos.

Pero por otra parte, la “delincuencia al por menor” (faltas y delitos menos graves) se ha masificado al punto de colapsar juzgados, en una suerte de “torpe burocracia judicial” que no sirve para los fines de enjuiciamiento, ni mucho menos para imponer unas penas más simbólicas que reales, que no cumplen ningún fin de las mismas (ni como castigo, ni como medidas resocializadoras).

Y en medio de estos dos gravísimos males de nuestro sistema judicial y penitenciario, habría que citar el elevadísimo número de procesos judiciales por corrupción político-económica, pues se dan la mano, que tras años de escribir diligencias, atender declaraciones, investigaciones policiales, y demás acciones, acaban o prescribiendo los delitos, o lográndose unas bondadosísimas sanciones penales, que suelen acabar por limarse o eliminarse, o directamente indultados por el gobierno de turno, en una gran burla del “Estado de Derecho”, y de la declarada separación de poderes, que en nuestro país lleva décadas sin verificarse en la práctica.

¿Qué puede esperar una sociedad en que no hay justicia?.

Pero para colmo de inmoralidad, esto no acaba ahí, ya que todo esto supone un gravísimo daño a las víctimas que han sufrido los delitos por los que casi nadie paga, o paga bien poco, cuando no se les burla con este tipo de situaciones.

Para ejemplo de males, baste citar el calvario que ha sufrido la familia de Marta del Castillo, que tras ser asesinada, se sigue sin encontrar el cadáver. Sus ejecutores siguen sin decir la verdad a la justicia, después de engaños que han costado al Erario público mucho dinero en búsquedas policiales infructuosas; para finalmente acabar siendo condenados a la imposición de unas costas judiciales en toda esta maraña leguleyo ineficaz e injusta.

Ante hechos como el descrito, o las excarcelaciones masivas de terroristas y presos comunes no rehabilitados, ¿qué se puede decir?. ¡España padece una grave enfermedad moral!.