LA POLÍTICA DE CAÑONERAS DE LA “PÉRFIDA ALBIÓN”

Inglaterra mantiene con España un secular pulso por el Peñón de Gibraltar, que cíclicamente trae sus propias crisis, la mayoría de las veces auspiciadas por los propios intereses de los habitantes del Peñón, como ha sido el hundimiento de bloques de cemento en la bahía de Algeciras para impedir la pesca en aguas próximas a la colonia, en dañino e inamistoso gesto entre vecinos y socios de la UE y de la OTAN.

A tal atrevimiento, España ha contestado con un recrudecimiento de los controles en la verja, que han ocasionado colas interminables en los accesos a la colonia, que ha determinado una escalada de la tensión vecinal, con agitación de algunos “llanitos” frente a la policía de la verja, y el subsiguiente envío de la Royal Navy a Gibraltar, para exhibir músculo militar, en lo que supone de la conocida “diplomacia de cañonera” habitualmente usada por el Reino Unido en su territorio colonial.

Ante tan arrogante e inamistoso gesto, España no debería de entrar a la provocación militar análoga, pues las armas las carga el diablo. Más bien, debería de activar una política más pragmática y dura de la que viene empleando, especialmente fruto del buenismo de los gobiernos socialistas que facilitaron la unilateral apertura de la verja, le facilitaron los accesos derecho de descolonización a España en el 1969. Por consiguiente, con la baza diplomática a nuestro favor, ¿por qué se han hecho tantas concesiones a los británicos a cambio de nada?; ¿por qué tolera España de forma impasible la arrogancia británica y la agitación populista e inamistosa de grupos de gibraltareños (“llanitos”)?.

La Roca con su escaso espacio territorial en manos británicas, pudo tener su sentido estratégico antaño, pero en la actualidad con las nuevas tecnologías (incluidos los satélites) ha perdido tal virtualidad, además si España aplica el Tratado de Utrecht que estableció las condiciones de la colonia británica en Gibraltar, habría de volver al cierre total de la verja, con el aislamiento terrestre del Peñón, y la consiguiente asfixia económica del mismo, que le costaría muchos millones de euros a Gran Bretaña, a partir de lo cual se plantearía su interés por mantener tan aberrante espacio colonial en la propia Europa.

De tal manera, que más allá de otros enfrentamientos y provocaciones, la “real politic” dicta “mano dura con guante de seda”, algo que los ingleses conocen bien, dada su consustancial hipocresía; y ello pasaría por retirar las líneas telefónicas, cerrar la verja, perseguir a las empresas y capitales españoles que se instalen en la “Roca” para evadir impuestos, y asediar lícitamente a los beneficiarios de esta aberrante situación colonial entre socios desleales, ante lo que habría de estudiarse igualmente más cuestiones de cooperación civil y militar con el Reino Unido, hasta tanto no se normalizara esta situación con la liberación colonial de Gibraltar por parte del Reino Unido, evitando cualquier tipo de exabrupto o desahogo verbal por parte de cualquier representante político español. Pues la dureza ha de ser en los hechos, no en las palabras.

Si bien, previamente a todo ello, y dada la errática política exterior española –según se trate de gobiernos del PP o del PSOE- por parte del Congreso de los Diputados se debería debatir y aprobar mayoritariamente la ulterior política a seguir, como una “política de Estado”, en vez de tratarla de política de partido, que tan perniciosos efectos ha tenido para España desde la apertura de la verja por parte del gobierno socialista de Felipe González.

DIFERENCIAS ENTRE PREDICAR Y DAR TRIGO

El Fondo Monetario Internacional, el mismo que no vio venir la crisis económica, se atreve a recomendar a España una reducción salarial del 10% para facilitar la salida de la crisis, y el Vicepresidente de la Comisión Europea, Olli Rehn, se hace eco y se suma a la petición.

Pero resulta que ni Christine Lagarde, presidenta del FMI, ni Olli Rehn son dignos de crédito, al no predicar con el ejemplo propio, pues la una se ha subido el sueldo este año un 11%, y el segundo cobra al mes 23.000€ más dietas. En fin, como vulgarmente se dice: “con buena herramienta bien se trabaja”.

Así es fácil dar este tipo de consejos, especialmente si no se tiene gran empacho ético en considerar la situación económica y social de muchos ciudadanos atrapados por los perniciosos efectos de una crisis, que no han creado, pero que padecen con especial gravedad, por pérdida de sus empleos, reducciones de sueldos ya llevadas a cabo, y caída de los niveles de renta y de vida en la mayoría de las sociedades europeas, especialmente en la española.

Olvidan la Sra. Lagarde y el Sr. Rehn, o quizá ignoran que en España se ha destruido gran parte del tejido productivo, quedando el restante expuesto a las dificultades de la crisis económica, habiendo sufrido expedientes de regulación de empleo y reducciones salariales, junto con pérdida de derechos sociales ya adquiridos, tanto en el sector privado como en el público. Aunque lo que queda por abordar es la reforma drástica y auténtica de las instituciones para reducir la carga político-burocrática de nuestro caótico Estado autonómico –que también ignoran Lagarde y Rehn-. La solución, la siguen viendo en una reducción de los costes laborales (especialmente en las retribuciones salariales), pese a que eso conllevaría una recaída del consumo y un subsiguiente enfriamiento de una economía aún débil y recesiva.

Lo habitual en estas circunstancias hubiera sido una devaluación monetaria, que realmente haría justicia a la situación, pero debido a la “fiebre europeísta” que nos invadió en los ochenta, en que queríamos homologarnos con todo lo que aparentara democrático, fuimos tan incautos como bisoños, que cedimos soberanía nacional a la UE al consentir que con la creación del “euro” como moneda europea la política monetaria la tuviera la propia UE, en vez del gobierno español, lo que impide que siendo la voluntad española –y su interés- la devaluación de la moneda, no coincida con otros intereses germánicos en liza. De tal manera, que la salida en la práctica devaluadora se trasladaría virtualmente a una reducción salarial, y así serían los trabajadores perceptores de las rentas del trabajo los que seguirían pagando la crisis económica, de la que se escaparían arteramente los capitales.

A todo esto, habría que preguntarse ¿a quién representan la Sra. Lagarde –en el FMI-, y el Sr. Rehn –en la UE?. Teóricamente ambos tienen una extracción política en sus respectivos nombramientos públicos, y por consiguiente no están al margen total de las urnas, si bien el sistema político-burocrático europeo y el financiero mundial, está lo suficientemente desvirtuado como enmascarado, como para responder directamente ante la ciudadanía, dado que en la práctica responden ante los poderes fácticos internacionales, especialmente los económicos de gran calado, en cuya línea van los “envenenados” consejos de estos burócratas del statu quo internacional que se ha creado al amparo del gran capital internacional, y de espaldas a la auténtica participación ciudadana en la gestión de las grandes cuestiones comunes que nos afectan.

Siendo así que se pone de manifiesto el gran escalón existente entre la clase política dirigente, que accede a altos cargos de la burocracia internacional, con sueldos de altos directivos de multinacionales, a “años luz” de la retribución media de los trabajadores y en particular, españoles; que se ponen en evidencia ante recomendaciones tan aviesas como interesadas, del estilo de la comentada, mientras que a ellos no les afecta nada, al estar por encima del bien y del mal, en ese particular “Olimpo de los dioses” que se han creado en nombre y a costa de todos los europeos, a los que dicen representar, pero a la vista está que no tienen en cuenta en sus problemas, pues ni muestran solidaridad con sus supuestos representados reduciéndose sus propias retribuciones (ya que por el contrario, se las han subido), ni son retribuciones homologables si quiera por aproximación a las cuantías de los ciudadanos, ni mucho menos han tenido la cautela siquiera simulatoria de haber recomendado otro tipo de recetas. Algo que nos recuerda al “despotismo ilustrado”, que parecía haberse superado en los sistemas democráticos occidentales actuales.

NUEVOS PROBLEMAS EN LA COLONIA BRITÁNICA DE GIBRALTAR

La existencia colonial del Peñón de Gibraltar, en manos británicas, en pleno desarrollo  de la Unión Europea es un desorden geopolítico, y sigue siendo foco de conflictos bilaterales, pese a la normalidad de las relaciones diplomáticas entre España y el Reino Unido.

Al tiempo que el Reino Unido concedía la independencia a su colonia en extremo Oriente, Hong Kong, debería de haber dado el mismo trato al Peñón de Gibraltar, pues tal hecho es anacrónico en el interior de una Confederación de Estados como la UE, con participación como socios de las dos partes históricamente existentes del conflicto gibraltareño.

De manera, que es de esas cuestiones que de vez en cuando se reactivan, ante las dificultades que entraña un enclave geopolítico y fiscal, en el mismo Estrecho de Gibraltar, con las consiguientes dificultades de coexistencia con la vecindad española, en franca competencia desleal (por la ausencia de sistema impositivo de rigor), por la pretendida extensión territorial del escaso territorio del enclave, y la emergencia de una élite burguesa que pretende un status privilegiado de ciudadanía británica, junto con exención impositiva, y un acceso peculiar al gobierno político-económico de la ciudad, del que pretenden hacer una nueva Mónaco.

Por su parte España, en los momentos de mayor euforia europeísta, ha obrado con una ingenuidad internacional digna de mejor empeño, pues años atrás llegó a facilitar la vida de los habitantes del Peñón, y los propósitos británicos de perpetuar el enclave soberano al sur de España, que por su parte no han tenido la debida correspondencia británica, ya que a la relajación del control de la verja gibraltareña, y práctica normalización de la situación, se ha contestado por parte británica con una arrogante escalada de oprobios unilaterales, como su pretensión de querer extender las aguas territoriales con apresamiento de pesqueros españoles en la zona, la reparación  a miles de kilómetros de las Islas británicas de submarinos nucleares con el riesgo propio para el territorio español y sus habitantes, la acogida y protección de contrabandistas, y sobre todo de narcotraficantes en aguas del estrecho, que con sus planeadoras cargadas de droga cruzan los 14 kms que separan las orillas africana de la europea, y que en ocasiones, perseguidas por fuerzas policiales españolas se internan en aguas del Peñón y se cobijan en su interior sin la subsiguiente persecución, detención y castigo. Y sobre todo, porque el Peñón de Gibraltar es uno de esos “santuarios” internacionales para el dinero negro, sin gravámenes tributarios,  que facilitan el refugio de capitales y la labor de los evasores al fisco español. Circunstancias que no pueden ser vistas como amistosas, ni mucho menos, por parte de España, que ha facilitado las cosas, sin la esperada y deseada correspondencia británica.

Pero el último episodio de las autoridades gibraltareñas ha sido una auténtica felonía para el sector pesquero español de su vecindad, pues con el hundimiento en sus aguas de grandes bloques de cemento, impiden y dificultan seriamente la pesca de arrastre, lo que España no podía admitir sin respuesta. Y tal respuesta ha sido el incremento de los controles policiales en la verja gibraltareña, aplicando con celo la normativa europea de fronteras, con el consiguiente perjuicio por las grandes demoras que se han generado en tales controles fronterizos. ¡Es lo menos…!.

Otras acciones deberían de ser la acometida para impedir que capitales españoles vayan a refugiarse en territorio gibraltareño para eludir sus obligaciones fiscales, como también las medidas de restricción del espacio aéreo en el aeropuerto, y otras tantas, entre las que resultarían un nuevo cierre de la verja, conforme se estipuló en el Tratado de Utrecht, que es el que Gran Bretaña aduce para justificar legalmente su presencia en el Peñón de Gibraltar.

Todo ello, respondería a una posición de realismo político internacional del Gobierno español ante la indolencia y arrogancia de la “pérfida Albión”, que por las buenas no sólo no ha adoptado una actitud convergente de solución del conflicto, que incluso podría tener soluciones diversas en la acometida de la soberanía de la roca, sino que ha consentido la escalada de acciones inamistosas de rivalidad y conflictividad con España.

RAJOY DIO SU VERSION DEL CASO BÁRCENAS

La resistida comparecencia del presidente Rajoy ante el Congreso de Diputados para dar explicaciones sobre el “caso Bárcenas”, y la sombra generada sobre la supuesta financiación ilegal del PP, discurrió como era de esperar en una parca e interesada versión, que apenas aportó luz a lo sucedido, convenciendo de oficio sólo a la bancada popular y a su parroquia más fiel, pero que dejó a más de la mitad del país sin las pretendidas aclaraciones sobre el affaire Bárcenas, lo que probablemente pese como una losa sobre la acción política del propio gobierno y su partido.

En su conjunto, la comparecencia de Rajoy además de aportar, por primera vez, una confesión de culpa, al reconocer su error por su crédula confianza en Bárcenas, más propia de un cándido que de un político de su ejecutoria, sólo dio de sí un “armado argumentario” que no acaba de aclarar los ángulos aún oscuros del caso, pues se limitó a negar la existencia de financiación ilegal en su partido, y la existencia de una contabilidad B, según el relato último de Bárcenas al juez, tras su ingreso en prisión. Sin perjuicio de lo cual, vino a reconocer el pago de lo que denominó “complementos salariales” a algunos miembros de la cúpula del partido, respecto de lo que pareció una explicación a los “sobresueldos” denunciados por el propio Bárcenas.

El resto de la intervención presidencial fue un apocalíptico planteamiento que ofrecía una temerosa disyuntiva entre él y el caos, dada cuenta el precario estado de la economía nacional, en fase de conclusión recesiva y probable recuperación, cuyo cambio de rumbo –según Rajoy- podría ser obra de una temeraria y precipitada política de derribo gubernamental, pues según el mismo presidente, tal hecho afectaría negativamente a la confianza que los mercados han vuelto a recuperar de España.

Ni que decir, que el resto de la oposición (PSOE, IU, PNV,ERC, UPyD, etc.) pidieron la dimisión del propio presidente del Gobierno, por entender que le afecta de lleno este affaire que consideran de financiación ilegal, y por consiguiente, de haber ganado las elecciones de forma ilegítima por trampas en la financiación y medios propagandísticos de las mismas. Posición de la que se desmarcó curiosamente CIU, aunque en el contexto político que viven los convergentes en Cataluña enredados en el affaire análogo del Liceo, pretendieron “ponerse de perfil”.

Con todo, sea cual sea la verdad judicial –que se consiga probar en los tribunales, en su momento-, esta comparecencia fijaba el momento de buscar la “verdad” para tratar de depurar responsabilidades políticas, que al parecer, la dinámica parlamentaria de la mayoría absoluta probablemente impidiera, en lo que resulta una evasiva, que pudiera facilitar el olvido y la superación del incidente, como también pudiera arrastrar la duda más allá de lo deseado por el PP, llegando hasta las próximas elecciones dentro de un par de años, y anegando la vida política por la sensación de mafioseo y corrupción política sistémica que pueda tener la ciudadanía, que emponzoñará la vida política.

Esto es algo que sólo el tiempo desvelará, además de la posición de los partidos de la oposición, alguno de los cuales tampoco está libre de “pecado” (“caso de los ERE´S” en Andalucía con afectación directa al PSOE, y gobierno autonómico socialista), que resulta redundante en esa sensación de “corrupción sistémica”. Lo que también contribuye a que no sea si quiera recomendable una “moción de censura” (pues además de que la aritmética de los votos de los escaños que favorecen considerablemente al PP, impediría que prosperara), tampoco como mecanismo testimonial de crítica y alternativa de recambio resulta nada atractivo que el que fuera vicepresidente del gobierno socialista de Zapatero, que tan negativa gestión política llevó a cabo, sea ahora la alternativa a Rajoy, pues además no ha demostrado liderar el proyecto socialista, y todo esto junto con la afectación del “caso de los ERE´S” hace poco o nada atractivo el proyecto que pueda llegar a plantear, por el descrédito político que también arrastran.

Quizá lo más sensato,  incluso para el PP –al que puede salirle “el tiro por la culata”, especialmente si Bárcenas reacciona con nuevos ataques de sinceridad y aporta la luz que falta en este asunto-, hubiera sido la dimisión de Rajoy y la cúpula del PP de los últimos 20 años, con el tránsito a primera línea de una nueva generación de políticos del PP que hayan estado al margen de las responsabilidades de este affaire, y en el mejor de los casos –para mayor respeto al cuerpo electoral- convocar elecciones anticipadas y que el pueblo depure las responsabilidades políticas a que hubiere lugar, además del supuesto fraude de haber ganado unas elecciones (con programa oculto) postulando unas medidas, para acabar llevando a cabo otras.

EL DESPISTE ENTRE VÍAS

El lamentabilísimo y desgraciado accidente ferroviario del Alvia en Santiago de Compostela, parece concretarse en un despiste del maquinista, como una de las causas fundamentales de la tragedia, aunque iniciada la investigación, junto con tal revelación van apareciendo otros detalles concausales de no menor relevancia en la tragedia.

Se están escribiendo ríos de tinta y llenando horas de tertulias de radio y televisión con el caso trágico, planteándose diverso tipo de hipótesis y argumentos sobre el accidente, y sobre todo sobre la alta velocidad ferroviaria española, sobre su implantación y grado de seguridad, que requiere un rápido y verídico esclarecimiento de las causas del accidente, por un lado para determinar las responsabilidades exigibles, y por otro, para que no vuelva a suceder.

Pero como en toda polémica – y en esto se está generando bastante polémica- hay diferente parecer, desde los que atribuyen sólo al factor humano la causa del accidente, a los que hacen una crítica de las medidas técnicas de la alta velocidad española, pasando por los que tratan de exonerar al maquinista de responsabilidad, como si no hubiera los casi dos centenares de víctimas del accidente, apelando quizá a un humanismo mal entendido. Aunque podamos entender humanamente, el estado catatónico del maquinista ante la realidad de la catástrofe.

Con todo, creemos que con tanto “parloteo” se ha desvirtuado en general la cuestión nuclear del asunto, que habría de arrancar de un análisis previo, técnico, riguroso y sereno, que responda a la pregunta básica: ¿si es razonable y aconsejable permitir la circulación sobre los 200 km/h de un convoy ferroviario con más de doscientas personas, sin implantar todas las medidas de seguridad redundantes sobre la conducción?. Y a tenor de los hechos ocurridos, así como a la implantación de la alta velocidad ferroviaria (los AVE), la respuesta va de suyo, en el sentido de instalar todos los mecanismos técnicos existentes para evitar cualquier desgracia como la ocurrida, pues a esas velocidades los errores tienen consecuencias fatales, según hemos podido constatar.

La alta velocidad española (AVE) se dispuso con trenes de gran velocidad y seguridad, en unas infraestructuras propias prefiguradas para circular a tan gran velocidad. Lo que ocurre es que, entre el modelo de AVE y el de ferrocarril habitual, se ha puesto en funcionamiento un “sistema híbrido” (con trenes adaptados, tramos de vía mixtos, pero que no siempre y en todo momento y lugar, tienen implantadas las medidas de seguridad redundantes de circulación, como en el sistema AVE). Siendo este sistema mixto o híbrido el que se ha ido implantando como sucedáneo de la alta velocidad ferroviaria, posibilitando una notable mejora en comunicación ferroviaria, pero al tiempo se revela como mejorable en cuanto a la plena implantación de la seguridad redundante, según se desprende del presente accidente.

Y esa debería de ser la conclusión de los responsables de Renfe, tras el trágico accidente de Santiago.

Porque además, el revelado hecho del despiste del maquinista –que es humano, aunque impropio de un profesional, que además ha viajado infinidad de veces por el mismo tramo ferroviario, que tiene a su cargo la vida de más de doscientas personas-, pone de manifiesto la necesidad urgente de la implantación de tales medidas técnicas de seguridad de conducción redundante, así como la conveniencia de llevar un conductor ayudante, pues nadie está libre de un desmallo, de un mareo, o cualquier trastorno, etc. Además de reducir la rutina de la conducción semiautomática en maquinas de avanzada tecnología y trayectos rectos que permiten el alcance de altas velocidades, condiciones en que un despiste puede tener consecuencias fatales.

Pero el colmo de lo revelado, viene de las cajas negras del tren que han evidenciado que el maquinista iba hablando por el teléfono móvil corporativo de Renfe, al parecer con la sala de control de la que recibía instrucciones de ruta, en plena evolución a 190 kms/h, y revisando papeles de ruta a la vez. Justo en este momento, es cuando podemos entender mejor el aludido despiste del maquinista, que ocultó al juez el más que significativo hecho de la llamada telefónica, por más que Renfe diga que tienen restricciones de uso de dichos teléfonos condicionadas a la seguridad de la conducción.

Si como parece, el control de circulación de Renfe comunicó por teléfono móvil al maquinista del Alvia siniestrado, ¿debería este de coger el teléfono o postergarlo a la llegada a la posterior estación?, ¿y si se trataba de una comunicación de urgente necesidad?. Por tanto, no es difícil suponer que a esa velocidad, conduciendo el tren, hablando por teléfono, y al parecer consultando mapas o papeles, el despiste sobre la conducción fuera la consecuencia de irreparables efectos.

Y si a eso añadimos, que además la cabina cuenta también con otro teléfono (en este caso serían dos), parece claro que o sobran estos, o falta otro conductor ayudante, además de las mencionadas medidas electrónicas de seguridad redundantes.

Por tanto, todo apunta a algo más que un despiste en tan aciago accidente, que jamás debería repetirse.

LA NEGACIÓN DE GALLARDÓN

El Ministro de Justicia ha anunciado su retirada de la política, al término de su mandato como Ministro, en lo que dice haber colmado sus aspiraciones políticas de toda una vida, tras de haber desempeñado altos cargos institucionales y en el PP, lo cual no ha pasado desapercibido en este “caliente verano” que nos está dispensando la clase política española.

La cuestión no ha dejado de sorprender a los que han escuchado tan extemporánea como lejana declaración de voluntad, que además no es la primera vez que Gallardón hace; naturalmente en contextos personales y políticos distintos.

Centrándonos en el presente caso, la afirmación de Alberto Ruíz Gallardón habría que ponerla en larga cuarentena, pues largo lo fía, y actualmente en política –con la que está cayendo- no se puede afirmar nada concreto más allá de lo inmediato, pues la dinámica de los acontecimientos cambian por completo el escenario de análisis y la consecuente toma de posición.

Pero además, en la actualidad estas declaraciones se hacen en un delicado contexto político-judicial para el PP, debido al affaire Bárcenas, que está poniendo contra las “cuerdas” al mismísimo presidente del Gobierno, que a regañadientes va a comparecer ante el Congreso a demanda de toda la oposición que piden algo más que explicaciones formales sobre el affaire, con unas encuestas que muestran una caída del voto propio del PP en torno al 60%, que son realmente las razones que llevarán a Rajoy al Congreso –más que la petición unánime de la oposición política, que por sí misma no cuenta con la mayoría para poner en aprietos a Rajoy-. Y en todo ese contexto, hay analistas políticos que han señalado el más que conveniente relevo de Rajoy en la Moncloa y en Génova, ante lo cual, dada la potencial magnitud del affaire Bárcenas, se barajaba como potencial candidato al propio Alberto Ruíz Gallardón, al que parece ser no le alcanzarían los efectos destructivos del caso Bárcenas. En tal contexto, y a preguntas de un periodista que así le señalaba como la sucesión posible, se produjeron las declaraciones de Gallardón, anunciando su futura marcha de la política.

Naturalmente en ese contexto, parece poco creíble, como poco razonable pensar que respondan a una meditada intención de su autor de dejar la primera línea política, sino más bien, la manera diplomática, elegante, de viejo superviviente político, para salir de este atolladero de incierta resolución, en la que lo más recomendable es la prudencia, y conforme a ella, “ponerse de perfil”, como más o menos ha hecho Gallardón. Por consiguiente, no creemos que tal anuncio tenga un auténtico valor decisorio. Como no lo tuvieron las declaraciones de su compañera Esperanza Aguirre cuando dijo que abandonaba la política, sin que los hechos lo hayan confirmado.

No hemos de perder de vista que Alberto Ruíz Gallardón es uno de los políticos españoles en activo con mayor “vis política”, que ha hecho una amplia carrera política, y que ha venido persiguiendo el posicionamiento estratégico en el Partido e institucionalmente para postular su liderazgo, que le ha llevado a más de una confrontación con compañeros de su propio Partido, así conocidos son los desencuentros con Esperanza Aguirre, su equidistancia con Génova, su acercamiento a Aznar y a Botella, y sus maniobras para que Rajoy le incluyera en su ejecutivo. Por lo que no creemos, que haya llegado hasta aquí, para abandonar ahora, precisamente  cuando más cerca está de conseguir su logro ante la acuciante crisis que tiene encima Rajoy, cuyo cierre definitivo pasaría por su dimisión (ante unos amistosos SMS a Bárcenas que no hay por dónde cogerlos), siendo ese el más que previsible momento de Gallardón.

Recordemos que el mismísimo San Pedro negó tres veces…..

LA IMPARCIALIDAD DEL TC CUESTIONADA

El acceso a la presidencia del Tribunal Constitucional del catedrático de Derecho del Trabajo, Francisco Pérez de los Cobos, a la sazón militante de cuota del PP, ha levantado una particular polémica que envuelve de nuevo a este alto Tribunal, que divide incluso a las asociaciones judiciales –entre las que contemporizan con la situación, y las que piden la dimisión del presidente-.

No han tardado en mediar en la polémica los Partidos Políticos, entre los que lo defienden (los suyos, naturalmente), y lo atacan (los contrarios, faltaría más). Los primeros lo hacen sobre la base de interpretaciones legulellas (como que no está legalmente prohibida la militancia política de los magistrados del TC, a diferencia del resto de jueces de otras jurisdicciones; o la más sutil de que el TC no es un orden jurisdiccional). Respecto de esta última el peligro viene de contestar a la pregunta lógica, ¿si no es jurisdicción, entonces qué es?. ¿Es una instancia política?. Lo que no cabe duda es que tiene apariencia de jurisdicción (órgano que enjuicia, procedimiento, resolución en forma de sentencias, etc.). Y su desnaturalización de dicha raíz jurisdiccional le haría un flaco favor, si acabara confundido como una instancia política más, dentro de las superiores del Estado, pues le restaría legitimidad, sobre todo bajo la sospecha de su falta de imparcialidad y de independencia, que requiere el ejercicio jurisdiccional.

Por tanto, de uno y otro modo, acabamos desembarcando en las cuestiones clave que afectan al presente asunto, y en consecuencia a la toma de posición razonable y justa que se adopte al respecto. Si toda jurisdicción requiere la independencia y la imparcialidad de su ejercicio. No parece lógico privar a un alto Tribunal del Estado de tales condiciones, pues lo harían vulnerable, y acabaría deslegitimándose.

Pero ¿independencia es lo mismo que imparcialidad?. Evidentemente no. La independencia supone que se actúe sin interferencias de otros poderes, en libre decisión de cuanto se determine. Lo que es de todo punto necesario para la acción jurisdiccional, pues no ha de tener interferencia alguna de otros poderes, ni de entidades o personas en el ejercicio de su misión.

En tanto que imparcialidad, supone no haber tomado partido, no haber participado en aquello que se enjuicia, de manera que genere el natural e inconveniente prejuicio que conlleve a una resolución injusta. Así un juez que sea amigo o enemigo de alguna de las partes, haya participado en opiniones, trabajos, o dictámenes previos a cuestiones que se le someten a enjuiciamiento con posterioridad, nunca podrá mantener su necesaria imparcialidad, para llegar a una auténtica justicia.

Así pues, aunque la ley específica no prohíba la militancia política de los magistrados del Constitucional nos parece un error de los legisladores de dicha ley, que quisieron preservar una “casta judicial” sobre la misma judicatura (llegando a diseñar una “judicatura paralela”, sujeta a menos condicionamientos, elegida ad hoc de entre profesores universitarios –auténticos teóricos jurídicos, más dados a la especulación teórica que a la praxis jurídica, que es el sector profesional de procedencia de Pérez de los Cobos, que no pocas veces imbuidos de la teoría de la libertad de cátedra se suelen considerar a sí mismos, por encima del bien y del mal-). Tal es el Tribunal Constitucional que tenemos, que ha dictado sentencias tan peculiares como la del Estatuto de Cataluña, o la del caso Bildu, en las que al fin y al cabo hay un alto grado de “probabilismo teórico jurídico-político” que ensancha de forma extenuante los propios límites del “edificio constitucional”. Algo que ha llegado a hacer pensar a no pocos especialistas, la posibilidad y conveniencia de transformar este Tribunal en una sala especial del Tribunal Supremo, lo que facilitaría la gobernabilidad del país, y unificaría criterios jurídicos esenciales para ello.

Entre tanto, tenemos este Tribunal, que de esta forma se dota de profesionales de alta cualificación jurídica pero inconvenientemente escorados ideológica y políticamente hacia posiciones concretas, cuando no –como en el caso de Pérez de los Cobos- tienen abierta militancia que cuestiona seriamente su imparcialidad, y de tal forma podría entenderse que contamina la misma acción del alto Tribunal, que empieza a ser denunciada públicamente por algunos de los que se consideran afectados (Garzón, entre ellos), que podrían así pedir la revisión de su situación, añadiendo confusión a la ya existente, generando inseguridad jurídica, y en definitiva desligitimando al propio Tribunal, cuyas decisiones pueden perder el necesario crédito público que precisan para que su labor sea eficaz. Pues la justicia no puede ser el resultado de la lucha entre facciones políticas, sino la justa aplicación de la ley, y para que esté libre de sospecha habrá de preservar su independencia e imparcialidad. Algo a día de hoy, cuestionable.

ALMUNIA: DE JEFE SOCIALISTA A EUROBURÓCRATA

Dice el refranero popular que “para ver cosas, hay que estar vivo..”. Y tal es así, una vez más, en el caso del que fuera dirigente socialista hispano Joaquín Almunia, persona formada pero entregada desde su juventud al aparato de mando socialista del PSOE y de la UGT, en su proverbial defensa del obrero, discriminado por el capital –que en la transición- se decía también, oprimido por la dictadura franquista. Pues tal fue el léxico que hizo fortuna en beneficio del ascenso social de una nueva “casta política” de porte democrático.

El discurrir de los acontecimientos políticos llevó al PSOE al poder, y con él Almunia accedió al Consejo de Ministros, donde llegó a ostentar la cartera de Trabajo y Seguridad Social; y hasta el punto de que a la marcha del gran jefe socialista, Felipe González –que había estado imbatido en el poder catorce años-, se postuló como sucesor, tras de un abortado intento de primarias –que ganó Borrell, pero le hicieron dimitir los del aparato de Almunia-, y no logró concitar el apoyo popular que pretendía, por lo que buscó cobijo en un buen puesto europolítico en Bruselas, desde el que sigue encaramado contra viento y marea, faltaría más, pues Almunia es político de “aparato”, un “segundón gris”, que nunca ha liderado políticamente ningún proyecto (un híbrido de “funcionario-político / político-funcionario” a conveniencia del que manda, y siempre a su servicio), pero que se ha asegurado un excelente puesto con unas no menos excelentes retribuciones (que seguramente quintupliquen la retribución media española, o más), y no ganado por oposición –por demostrar sus conocimientos-, sino por la influencia política de su grupo (el socialista, que se supone defendía el interés de los trabajadores).

 Sólo así, y desde ese planteamiento se puede entender –que no compartir- la actitud de Almunia desde Bruselas hacia España, a la que ya ve en la distancia, y la posterga como todo burócrata a lo dispuesto por la ordenanza, incapaz de generar cualquier vía de solución, de salida, enrocado en el “poder de su sello” que da el placet o lo quita a las propuestas que pasan por su mesa.

Y es que no se entiende, la inflexible actitud de Almunia (el euroburócrata) frente a España, en el caso de la petición de devolución de las subvenciones recibidas por los astilleros españoles, pues más allá de la norma está la realidad social de más de 80.000 trabajadores del sector que se pueden ver en el paro (en una España con un paro de 6 millones de personas, el máximo de la UE); máxime conociendo que en situación análoga Francia no fue obligada a devolver ningún tipo de incentivos.

Si quiera por coherencia social, por conciencia humana, o por remoto patriotismo –si hubiera existido en algún momento-, debería de haber facilitado una salida airosa sobre la base de unas circunstancias político-económicas que aconsejan no pedir la devolución de las ayudas porque se carga el sector de los astilleros navales en nuestro país. E incluso, también si no quería llegar a tanto, y mostrarse más neutral –para defensa de su posición de euroburócrata-, podría haberse abstenido. Sin embargo, no ha dado ninguna de las anteriores soluciones, sino todo lo contrario, se ha puesto la gorra y ha empezado a apercibir al sector afectado, y al gobierno español, que han reaccionado en bloque en contra de la pretensión de Almunia –incluidos sus antiguos compañeros del PSOE, a los que parece no tener muy en cuenta-. Naturalmente, este señor ya parece estar por encima del bien y del mal.

Esto último también parece otra de las razones para poner más cuidado y desconfiar de la actual construcción europea, que sólo está al servicio de las elites políticas que la controlan, y de una serie de políticos de cupo de uno y otro país, bien instalados y mejor pagados, que son los que realmente están abducidos por esta UE de mercaderes neocolonial que se está fraguando a espaldas de la ciudadanía europea. De lo cual, el problema de la deuda, de las “primas de riesgo” elevadas de algunos países, la burocracia retardataria e ineficaz de Bruselas, y la insolidaridad real en el seno de la Unión son muestra de esta errónea construcción, auténticamente de espaldas al pueblo.

LA EDUCACIÓN COMO INSTRUMENTO DE “CIERRE SOCIAL”

La nueva ley de educación del ministro Wert representa un nuevo intento de instrumentalizar políticamente la educación según una finalidad ideológico-político, que en este caso es claramente un instrumento de “cierre social”.

La educación ha sido una de las escaleras sociales más utilizadas para la movilidad social en nuestras sociedades avanzadas, pues el hecho de formarse un currículo académico de cierta entidad llegaba a garantizar un buen empleo, y consecuentemente ello solía suponer un ascenso social.

En las sociedades industriales y postindustriales la movilidad social se correspondía con el grado de mérito social conseguido, a diferencia del método que se utilizaba en la antigua sociedad que por medio de la adscripción social cada persona permanecía vitaliciamente en el estado social que correspondía al de su nacimiento, pues el mecanismo de cierre social era férreamente custodiado por una aristocracia nobiliaria que no permitía el ascenso social.

De tal modo, que el mérito vino a ser un adecuado y conveniente mecanismo de ascenso social en una sociedad cada vez más dinámica entre las distintas clases sociales, a lo que contribuía decididamente el grado de formación que el individuo tuviera para acceder a un mejor empleo. Pero con el transcurso del tiempo, y la puesta en práctica de las políticas de igualdad de oportunidades –mediante sistemas de ayuda social y de becas de ayuda al estudio- el acceso a la educación, que era fundamental para el ascenso social, se fue haciendo cada vez más generalizado, con la consiguiente inflación de titulados y el incremento de las dificultades de acceso a los mejores empleos –cada vez más disputados, y cada vez más difíciles de conseguir-.

Acaso sea por este motivo último, en el que tal dificultad de acceso a los mejores empleos –que llegaron a democratizarse por el acceso masivo a la enseñanza superior- se ha considerado que habría de corregirse y en tal objetivo se ha trabajado en el diseño de un currículo académico más complejo, con mayores rigores de acceso y mantenimiento, especialmente en lo tocante a poder acogerse al sistema de becas, para el que los requisitos se han elevado al extremo de limitar el mismo a cuantiosos contingentes de jóvenes estudiantes, que por necesidades económicas familiares habrán de abandonar su formación universitaria, lo que acabará favoreciendo el acceso de los económicamente fuertes a los grados académicos y sus especialidades (tanto en las discretas Universidades Públicas, como en las costosísimas Universidades Privadas, normalmente más favorecedoras de la promoción interna de su alumnado), y ello conllevará que se relajen las tensiones de acceso a los puestos de trabajo más preeminentes al bajar la presión del número de candidatos, de los que se habrán descolgado claramente los económicamente más débiles.

Y así de esta manera, se vuelve a dar una “nueva vuelta de tuerca” al “cierre social” que impediría por dicha vía el ascenso social. Toda una maniobra que parece de diseño, y que es sumamente injusta pues vulnera el principio de igualdad de oportunidades que se encontraba en la base de todo el sistema educativo nacional.

EL DIFICIL GIRO ECLESIAL DEL PAPA FRANCISCO

Los creyentes creemos en la acción el Espíritu Santo, en tanto que asiste a su Iglesia, y siendo así, el hecho de la elección del Papa Francisco en el momento actual que vive la Iglesia resultaría providencial para la necesaria regeneración que tiene que hacer la Iglesia (según el diseño conciliar del Vaticano II, que se dejó en suspenso con los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI). Pero no perdamos de vista que un cambio pontifical no es suficiente para un cambio eclesial.

El Papa Francisco ha sorprendido a propios y extraños porque se distancia “años luz” de la idea del poder temporal de la Iglesia, y por ello, de los Pontificados preconcliares con lo que representaban de ostentación de dignidad y poder (en clara contradicción evangélica), y aún con los pontificados evolucionados postconciliares (más sencillos, pero que aún retenían esa aura pontifical de primado y vicario de Cristo que seguía dándoles cierto halo casi sobrenatural).

Sin embargo, Francisco ha puesto en la realidad a la cristiandad cuando se ha mostrado como un sencillo cura de pueblo (al estilo de Juan XXIII), de vida austera, de cercanía a sus parroquianos, en definitiva ha enfatizado la labor pastoral sobre la de gobierno, o la teológica; exhortando al sacerdocio –incluida la jerarquía- a practicar la pastoral y la “cura de almas”. Y en tal sentido ha querido manifestar su distanciamiento con las dignidades pontificales temporales, lo que nos llevaría a pensar que si el propio Papa relega la pompa vaticana, y todo lo que conlleva de poder temporal, de principado medieval, y sobre todo de “atrincheramiento doctrinal”, el resto de la Curia y de la Iglesia (pasando por la jerarquía) habría de hacer lo mismo.

Pero no nos engañemos, la condición humana es mezquina y por ello pecadora –en el sentido de apartarse del plan de Dios, revelado en el Evangelio de Cristo-, y por ello no parece que lo vaya a tener fácil este simpático Papa que se ha ganado al gran público con sus sencillos gestos, coherentes con el mensaje evangélico, pues la estructura curial como toda estructura de poder e influencia se resistirá –como lo ha venido haciendo- a cambios que supongan su pérdida de influencia.

Igualmente, la mayoría de la jerarquía eclesial (cardenales, arzobispos y obispos) ha sido elegida a lo largo del prolongado pontificado de Juan Pablo II con un acusado perfil conservador, dado que el Papa polaco (proveniente de un país de “catolicismo de catacumbas”, ante las injustas persecuciones comunistas, receló de las aperturas del Concilio Vaticano II y tuteló un corto desarrollo del mismo), además prescindió de las órdenes religiosas para el gobierno eclesial y se apoyó en el sector conservador del laicado (Opus Dei,  Neocatecumenales, y Comunión y Liberación, básicamente); por ello, el perfil del episcopado nombrado por Juan Pablo II fue esencialmente conservador –que entendieron el mensaje con mayor énfasis del supuesto giro conservador del pontífice-. Por su parte, el profesor Ratzinger (ulterior Benedicto XVI) continuó el “statu quo” vaticano que se había instaurado en más de dos décadas de su predecesor.

Por consiguiente, es de prever que las mayores resistencias y reservas intelectuales que haya de padecer el Papa Francisco (por más que en la Iglesia todo el mundo apele a la obediencia) es de suponer que vengan de la Curia romana y de la jerarquía episcopal (o sea, del stablishment de poder eclesial), que con la llegada del nuevo Papa no cesan –como ocurriría en cualquier sistema político, al cambiar el máximo representante gubernamental, cambia toda la estructura de poder-, pues en la Iglesia los ascensos conllevan un derecho de titularidad vitalicia (como si de una cátedra se tratara, o de un oficio funcionarial, estable, fijo, e inamovible) que se extiende hasta la edad de jubilación establecida (75 años).

Así ya puede decir el Papa de Roma lo que quiera (salvo en las cuestiones de la controvertida infalibilidad ex cátedra), que luego todo eso habrá de pasar por el tamiz de la jerarquía autóctona, incluidas las Conferencias Episcopales (nuevo reducto de poder de algunos jerarcas que parecen no haber entendido el sentido de diaconía –servicio- de sus puestos supuestamente vocacionales).

En conclusión, lamentablemente –salvo que se den circunstancias extraordinarias, o más propiamente providenciales- que nadie espere grandes cambios eclesiásticos por la propia iniciativa del nuevo Pontífice, más allá de una nueva estética y comportamiento personal que cuestione otros comportamientos y progresivamente vaya horadando estos.