LAS EXTRAVAGANTES DECLARACIONES DE UNA CONOCIDA EMPRESARIA ESPAÑOLA

Mónica Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, se ha despachado a gusto con unas extravagantes declaraciones pidiendo la bajada del salario mínimo para los jóvenes sin cualificación, a los que denominó “ninis” y de los que dijo que no valen para nada.

Así de claro, con desparpajo y consecuente frescura, se despachó esta supuesta líder empresarial –decimos supuesta líder, pues pese a presidir una asociación empresarial, desconocemos si realmente lidera a su gremio o simplemente es un “verso suelto”-, que muestra insensibilidad social, en unos momentos de generalizado sufrimiento económico y social fruto de una profunda crisis económica en la que los que esta empresaria parece denostar (refiriendo su inutilidad), son víctimas de la crisis. No todos tienen la suerte de partir de un patrimonio familiar, de una “honorable cuna”, de un “apellido de casta” para poder llevar a cabo una biografía llena de logros, éxitos y buena vida.

No todos, disponen de medios para formarse, ni para crear una empresa –por pequeña que sea-, ni tampoco la banca actualmente está muy solícita a cualquier aventura empresarial, por ocurrente que sea, especialmente si no cuenta con los avales de padrinos con “aldabas”.

Por consiguiente, reconozca la Sra. Oriol y los suyos –los muchos o pocos empresarios españoles que piensen como ella- que cuanto menos ese planteamiento es erróneo e injusto, y éticamente, incluso inmoral. Es erróneo porque por bajar los sueldos de los trabajadores no se reactiva la economía, sino todo lo contrario –estamos abocándonos a una deflación-, ya que se recorta el dinero para el consumo y finalmente perjudica la economía, aunque inicialmente el empresario individual e individualista, pueda considerar que bajando costos de su producción por el factor trabajo, puede vender mejor su producto –puede ser más competitivo-. De igual manera, también es injusto porque todo trabajador tiene derecho a un salario justo –que le posibilite vivir con dignidad-, luego toda rebaja en ese concepto es indigno e injusto. Pero además, se está cargando la responsabilidad de formación sobre parados jóvenes, a los que la sociedad –en este caso, los gobiernos- tienen la responsabilidad política y moral de formar de acuerdo a las nuevas exigencias productivas. ¡Siguen siendo unas víctimas!. Y además este tipo de empresarios los consideran poco menos que inútiles.

Reconozca la Sra. Oriol que como mínimo, en esta situación fatídica, ha faltado al respeto a no pocos de sus conciudadanos, que no tienen la suerte de ella –aunque se haya labrado su futuro justamente-, siempre hay un punto de arranque en que juega a favor la suerte. Aunque en honor a la verdad, hemos de reconocer que esta empresaria parece que ha rectificado o matizado sus iniciales aseveraciones. ¡Algo es algo…!.

Pero sobre todo, este tipo de exabruptos empresariales de cuño neoliberal, revela un talante individualista que va calando en nuestra sociedad, y que es sumamente pernicioso cuando cala en el empresariado –que aunque lícitamente hayan de defender sus justas ganancias- han de tener una visión más amplia de su papel en la producción nacional, debiendo de considerar criterios sociales, pues tienen parte de responsabilidad social, ya que toda la producción ha de satisfacer el interés general del país y encaminarse al bien común que ha de tejerse de forma conjunta entre todos los sectores sociales (productivos y no productivos), pues la simple estimación aislada del interés empresarial, por un lado, y del interés social por otro, no hace justicia a nuestra sociedad, y es semillero de actitudes insolidarias generadoras de conflictos como se ha tenido ocasión de comprobar a lo largo de la reciente historia moderna.

Los empresarios deberían de desmarcarse de este tipo de planteamientos, pues una sociedad que margina sectores estimables de la misma no sólo es insolidaria sino que no tiene futuro, se tensiona, se crean los conflictos y en definitiva pierde toda su ciudadanía. Hay que dar la espalda a estos profetas del egoísmo, y volver a la negociación al consenso social entre capital y trabajo para diseñar un modelo social justo, digno para todos, del que estemos orgullosos y de lugar a una sociedad habitable en la que se pueda vivir en paz y unidad, aunque con intereses distintos, pues la injusticia es la raíz del conflicto. Algo que debería de considerarlo mejor la patronal española.

REPÚBLICA Y REPUBLICANISMO EN LA ESPAÑA ACTUAL

En el 83º aniversario de la proclamación de la II República, en que los nostálgicos de aquel régimen (entre ellos algunos de los herederos directos de los que perdieron la Guerra Civil), intelectuales y ciudadanos en general que rememoran el aniversario y acaso anhelan ese tipo de régimen, cabría preguntarse sobre el alcance real del republicanismo en España.

Para empezar, habría que distinguirse entre una ideología republicana y un sistema de Estado y gobierno republicano, este último suele acoger el primero, aunque ello no obstaría para que existiera una ideología republicana como propiamente igualitaria de fomento de una ciudadanía proactiva, participativa, con unos derechos constitucionales y sociales que procuren el equilibrio social, político y económico de los ciudadanos, algo que se completa perfectamente con un planteamiento democrático de la vida política.

Por otro lado estaríamos ante un sistema político (un sistema de gobierno) republicano en que el Jefe del Estado sería un presidente de la República elegido periódicamente por el cuerpo electoral del país, que asumiera la misión que le es propia a un Jefe del Estado en un sistema constitucional moderno.

Hasta ahí parecería que, ni el republicanismo como ideología, ni la República como forma de Estado habría de escandalizar a nadie, más allá de unas ideologías contrarias a la igualdad ciudadana (de porte habitualmente aristocrático) que han permeado hasta sistemas constitucionalistas a la sombra de la evolución de la propia monarquía constitucional, o de otro tipo de intereses oligárquicos de porte económico que ni ven bien, ni van a asumir voluntariamente un Estado Social que equilibre las diferencias económico-sociales de las modernas sociedades postindustriales. Por consiguiente, es un régimen, una modalidad de gobierno que cuenta con sus detractores de inicio, por la mera colisión de intereses.

Más allá de ello, se encuentran los pocos que sobrevivieron la tragedia fratricida de la Guerra Civil, así como sus descendientes más o menos directos, cuyas experiencias negativas  de aquella República en la que se desarrolló una revolución social (en forma de guerra civil), como tiempo antes tuvo Inglaterra, Francia e incluso Rusia, le resulta un recuerdo cuando menos incómodo o inquietante.

Luego en nuestro país a día de hoy, sobre la cuestión republicana, hay una extendida diferencia de opiniones y sentimientos encontrados, si bien propiamente no sean por sí mismos determinantes de ninguna opinión mayoritaria, pues la ciudadanía en general no parece tener conformada opinión sobre el particular, propio de que los partidos políticos de la transición generaron un consenso constitucional en torno a la implantación de una monarquía constitucional en la que entró de forma más o menos vergonzante hasta el PCE, y en consecuencia, no es una cuestión que se haya postulado seriamente por ninguna fuerza política de las representativas.

Acaso haya una decepción social sobre la actual monarquía por los escándalos en que se han visto envueltos algunos de sus miembros, y sobre todo porque se ha caído el pacto tácito protector de la prensa española sobre la institución monárquica, con lo cual sus errores y problemas propios se han divulgado y el pueblo ha empezado a quitarle el aura casi mágica con los que los investía anteriormente, empezando a considerarlos mortales y por ello, a meterlos en la dialéctica propia de la crítica política común. De donde se podría inferir que sus mayores enemigos son los miembros de esta institución que la han puesto en riesgo por sus graves errores.

Ahora bien, consideremos por un momento la hipótesis  -poco probable a día de hoy- que un día pudiera cambiar el sistema de gobierno y la ciudadanía se decidiera por un régimen republicano. El presidente de la República habría de ser elegido entre nuestros políticos, sería lo propio, y tal como está socialmente desprestigiada  la clase política no parece que sea muy atrayente el planteamiento por onírico que resulte. Actualmente cabría preguntarse por candidatos como Felipe González, José Mª Aznar, José Luís Rodríguez Zapatero, o algún otro personaje más o menos de ese perfil público. ¿Lo creen atrayente?. Como diría un paisano: “¡para ese viaje, no hacen falta alforjas….!”. Así de cruda es la realidad, salvo que los españoles compremos alguna otra utopía de las que se prodigan por ahí. ¡Pero para eso, también hay que tener mucha fe…!. En tanto que actualmente la desconfianza en la clase política es nota dominante en la sociedad española.

ESPAÑA EN DEFLACIÓN: ¿TURBULENCIA O RECAÍDA?

El FMI alerta de la probabilidad que España entre en deflación, señalándolo como un país de alto riesgo al respecto, e instando al BCE a que adopte urgentes medidas monetarias, en unos momentos en que el slogan de campaña del PP y de su gobierno es la aparición de “brotes verdes” en lo que supondría una recuperación económica y consiguiente salida de la crisis.

Grave mazazo para las perspectivas electorales del PP, si se llegara a confirmar realmente la entrada de España en deflación, pues su tranta político de acusación al anterior gobierno socialista es que trajeron la crisis, no se enteraron de esta, e incluso la agravaron con sus torpes medidas gubernamentales. Pero a partir de ahora, se podría decir otro tanto del gobierno de la derecha española, en razón a que prometieron una solución a la crisis económica, pero incumplieron su programa electoral, han seguido una hoja de ruta marcada por Berlín y supervisada por Bruselas, se ha incrementado el paro, se han recortado servicios sociales, se han tensionado al extremo las relaciones sociales, se ha perdido tejido productivo, y de tanto ayuno para pagar la deuda nos vemos abocados a la deflación.

La deflación es una de las situaciones gravemente temidas por gobiernos y economistas del mundo, porque supone la caída generalizada de precios para poder vender, a extremos que hacen ruinoso cualquier tipo de negocio que ha de exponerse a vender a precios de costo de producción, con lo que la caída de la economía –por falta de ventas, caída de producción, cierre de empresas y despidos- es la consecuencia de esa diabólica espiral.

Las medidas habituales para superar este estado económico pasan por disposiciones monetarias de devaluación e incremento de dinero en los canales del sistema económico para incentivar el consumo –que a su vez tire de las ventas, y estas de la producción, y estas del empleo, y a su vez, de los salarios- en una espiral productiva que dinamice la economía, y mueva el dinero para que se generen ganancias en todos los ámbitos de la producción y con ello crecimiento económico y empleo. Por consiguiente tal medida habría de tomarse desde el BCE –ya que España al ser miembro de la UE, tiene delegadas esas competencias soberanas-. Siendo esto de importancia actual, dado el momento preelectoral en que nos encontramos ante unos comicios europeos que habrían de plantearnos el actual rumbo de la UE.

Una UE que tras presentarse como un adelantado fruto de la prosperidad, bienestar y reforzamiento entre sus miembros, así como un utópico y deseable logro de fraternidad entre los pueblos de Europa; sin embargo, se ha tornado en una estructura político-funcionarial permeable a los grandes lobbys de capital, donde el ciudadano sólo tiene una consideración meramente retórica o nominal, pero en la práctica apenas peso específico alguno. Como lo demuestra la actual configuración de la UE de espaldas a la ciudadanía sufriente de Europa que privilegia al capital (rescatando al euro, pero no a los desahuciados, ni a los parados); y una UE que empieza a discriminar según el lugar de procedencia, en la que no se ha dado la pretendida “convergencia europea” (norte-sur), que hace que se plantee cínicamente la “Europa de dos velocidades”. ¡Una Europa ante la que los ciudadanos estamos indemnes!.

Ahora pues, es el momento de cuestionarse esa UE de los mercaderes, de los grandes capitales, insolidaria, cicatera con los socios en dificultades, y que no aporta un plan económico para sacarnos de la crisis (a modo de un nuevo “plan Marshall”). Ante lo cual, la ciudadanía victimizada por todo ello, debería de ser menos complaciente, más exigente y apostar por alternativas a ese modelo europeo que no nos contempla nada más que para los recortes y el pago de la deuda.

Hay que decir, también que el peligro de deflación, aunque afecta principalmente a España, no es el único de los países europeos señalados por el FMI en riesgo, lo que conllevaría una nueva espiral de crisis que podría generar importantes convulsiones sociales, ante el descrédito de unas políticas económicas fracasadas y abiertamente antisociales, que sólo se podrían mantener coyunturalmente, más allá de lo cual puede conllevar un serio peligro para la convivencia social, en un ambiente ya de por sí explosivo, cuya mera posibilidad haría que se estuvieran tomando ya medidas urgentes para corregir la deriva económica hacia un periodo deflacionario, ante el que cabría preguntarse: ¿sería una turbulencia económica o una recaída en la propia crisis?. En cualquier caso, mala noticia. Y sobre todo, mal que nos pese: ¡de brotes verdes, nada de nada..!

EL SOBERANISMO CATALÁN NO PARARÁ EN SENTENCIAS

La unánime sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la declaración soberanista del Parlamento Catalán y propone un referéndum en Cataluña sobre la independencia de este territorio, no parece que vaya a parar al soberanismo catalanista, dado que no es cuestión jurídica la que se está lidiando –aunque también comparte un perfil de referencia constitucional-, sino puramente político, como la misma sentencia lo ha expuesto de forma manifiesta.

Efectivamente, el derecho regula los aspectos jurídicos de la convivencia política, pero no se agota en el mismo la acción política; pues ni todo lo puede prever el derecho, ni tampoco es inamovible ante la voluntad general de la población, sea la española en su conjunto, o sea la catalana en su especificidad.

Ante un problema político como es la definición del Estado, su identidad y su integridad territorial, tenemos la cuestión inicialmente resuelta en el pacto público que supuso la Constitución de 1978 hoy vigente, que reconoce que la soberanía nacional corresponde al pueblo español, y delimita el ámbito del Estado, al tiempo que lo define. Por consiguiente el fallo judicial del Tribunal Constitucional –que  por demás es unánime, en las distintas sensibilidades socio-políticas de sus magistrados- decreta la inconstitucionalidad de la declaración soberanista del Parlamento catalán, pues la soberanía es de toda la ciudadanía española, no sólo de la catalana, según el texto constitucional. Luego jurídicamente no cabe otra interpretación que la que ha dado el alto Tribunal, le guste o no a los secesionistas catalanes.

Por consiguiente, esta sentencia no dice nada que no supiéramos, ni tampoco era inesperada en sus términos. No cabía en Derecho otro pronunciamiento que ese. Pero como agudamente recoge en su texto, hay cosas que no competen al Derecho, pues van más allá de su ámbito y previsión, en una sabia advertencia al poder político para que gestione políticamente el problema –que no es jurídico sino político-, ante el que no puede que llegue un momento en que no quepa sólo argumentar en términos juridicistas de mera constitucionalidad, sino en términos netamente políticos, con una aproximación al diálogo con aquellos que no se sienten cómodos en la actual estructura del Estado, para buscar soluciones políticas de consenso, que posiblemente aún quepan entre una sumisión y una separación.

El problema no lo es tal en tanto que los apoyos sociales al soberanismo se mantengan en porcentajes escasos de población catalana, pero empezará a serlo cuando esos porcentajes de los descontentos con la actual situación se vayan incrementando significativamente en relación con su propia población catalana. De manera, que sabiendo que la decisión constitucional pasaría por una mayoritaria determinación de la ciudadanía española, y no valdría que esa mayoría se diera sólo en Cataluña. No es menos cierto, que se generaría un grave problema político si ese sentimiento independentista lo abrazara una significativa mayoría catalana, ya que por más que diga la Constitución esta no rige sentimientos, ante lo cual ¿qué cabría hacer?, ¿imponer manu militari la sumisión y el acatamiento forzoso constitucional?, ¿asumir el hecho independentista en contra de la voluntad de la mayoría española?. En todo caso, la fractura social estaría servida entre Cataluña y el resto de España, e incluso en el interior de la misma Cataluña (ya que no sería previsible, dado el actual estado sociopolítico de la sociedad catalana, la asunción soberanista de forma unánime, sino todo lo contrario, habría una grave fractura social, en la misma población catalana).

Ante esa eventualidad, cabe preguntarse ¿qué está haciendo el gobierno de España, más allá de negar la mayor?, ¿está tejiendo un plan de aproximación para que el significativo número de catalanes que no se encuentran a gusto en España, puedan cambiar su impresión de forma voluntaria?, ¿o cree que es un tema meramente jurídico?, ¿y después de unos meses será de orden público, o militar?. La más que probable previsión es que como llegue al ámbito de problema policial o militar el margen de solución aceptable se cierra, y entraríamos en una peligrosísima espiral donde el victimismo vende bien internacionalmente y la batalla podría perderse dado el comprobado grado de hipocresía de la política nacional e internacional.

Por tanto, ¿nadie está trabajando en una solución política, articulando vías diplomáticas e imaginativas que reconstruya el desencuentro generado?. En una entrevista televisiva el ex presidente Felipe González ya alertaba sobre esta cuestión y urgía esta aproximación política, justo en una línea análoga a la que señala el propio Tribunal Constitucional; algo que probablemente fuera más o menos asumido desde el gobierno catalán –dado el órdago a la grande en el que se ha metido con esta cuestión-, ante la incertidumbre que genera para la normal convivencia española y la estabilidad requerida para acabar de salir de la actual crisis económica. Y sobre todo, porque políticamente sería un error llevar el pulso hasta el final, en lo que pudiera ser un auténtico choque de trenes, ya que no sería bueno que del mismo resultaran vencedores y vencidos, sembraría un futuro aún más incierto e incordiante.

En consecuencia, esperemos que Rajoy no espere que le hagan su trabajo otras instancias de poder, y acometa el problema con la seriedad y la diplomacia que un desencuentro de esta magnitud requiere, especialmente conociendo los antecedentes históricos al respecto, y se ponga presto a trabajar incluso con la necesaria intervención del Jefe del Estado para dar una solución negociada que reconcilie a la parte de catalanes actualmente incómodos en este formato de Estado, y al resto de ciudadanos del Estado que no vivimos una realidad muy diferente a la de aquellos, y que quisiéramos seguir compartiéndola entre todos para hacer de España un estado respetable y honorable fuera de sus fronteras, especialmente en la UE donde nos imponen draconianas condiciones que no siempre nos convienen.

ADOLFO SUAREZ: “HOMBRE CLAVE DE LA TRANSICIÓN”

Adolfo Suárez González está batiendo su último combate en este mundo, lo que nos lleva a tenerle presente en estos momentos de su despedida, desde el recuerdo emocionado, por ser una de las personas claves en la transición política que rindió un extraordinario servicio a su País.

Hay que recordar que Suárez era un hombre joven que venía del interior del propio régimen franquista, en el que había emergido de la mano de otro importante personaje del mismo, Fernando Herrero Tejedor, que siendo gobernador civil de Ávila lo reclutara para servir juntos en sucesivos destinos políticos de los años sesenta. Alineándose así en la corriente reformista del propio régimen franquista que era consciente que tras Franco no se podía perpetuar el franquismo –con una España políticamente dividida tras la guerra civil, y en un entorno internacional en el que no se admitía la concurrencia de ningún país que no fuera homologable democráticamente, especialmente en la ansiada CEE de entonces-.

Consecuentemente, en ese grupo del régimen, junto con otros demócratas del interior y del exilio, hubo de poner sus objetivos el nuevo monarca, que también emergía del mismo régimen, aunque tenía que homologarse según los parámetros políticos democráticos y del tradicionalismo monárquico según su propia legitimidad histórica que le correspondía al Conde de Barcelona en su exilio portugués. Toda una gigantesca operación de ingeniería política que se hubo de urdir en ese reducido ámbito para poder hacer un proceso moderno de transición política que no fracasase entre el inmovilismo del mismo régimen franquista –que no facilitaría la labor- y el ansia participativa de políticos ajenos a aquel con los que había que contar para normalizar la situación político-institucional del país. Siendo claves las figuras del Rey Juan Carlos, que asumió como propia tal necesidad de evolución política, el propio Adolfo Suárez, y sobre todo Torcuato Fernández Miranda, preceptor del Rey y figura clave del diseño político-constitucional de la transición.

Ni que decir tiene, que Suárez no era de las figuras destacadas de la pretransición que hubieran hecho albergar cualquier sugerencia que fuera este el que liderara el delicado proceso político, pues en la elección de presidente del gobierno de entonces, se le presentaba al Jefe del Estado una terna y este elegía entre los propuestos, llegando a ser propuesto Suárez en esa terna y elegido por el Rey, tras un gobierno inmovilista de Arias Navarro (que estaba en el sector más conservador del régimen, compatible con la monarquía) en el que Suárez figuraba casualmente como Ministro Secretario General del Movimiento (equivalencia del máximo comisariado político del “partido único” en el Consejo de Ministros), lo que hacía pensar en la idoneidad de su nombramiento para relevar a Arias, que dio con el titular de un importante medio de prensa: “¡Error, inmenso error!”. Así se percibió en los primeros momentos.

Posteriormente se supo que Suárez estaba en el grupo de los reformistas del régimen, siendo hombre capaz, astuto y dado a transacciones y acuerdos, que no había luchado en la guerra civil –dada su juventud-, que le hacía la persona idónea para convencer a los propios y ajenos, y sobre todo de seguir el guión trazado por Fernández Miranda junto al Rey.

Fueron años sumamente difíciles, en los que se dio el inédito hecho de que un régimen político se hizo voluntariamente el harakiri con la aprobación de la Ley de la Reforma Política, que fue aprobada mayoritariamente por las Cortes franquistas, a propuesta de Suárez, que daba paso al inicio de un proceso constituyente con convocatoria de Cortes generales a tal fin, dando pie a la progresiva legalización de todos los partidos políticos (incluidos los comunistas que generaron grave tensión en el régimen, con dimisión del ministro de marina, y cierto “ruido de sables”, ya que algunos militares acusaban a Suárez de haberles engañado con la Ley de la Reforma Política).

En tanto, mientras reformaba todo un régimen político y lo guiaba de la dictadura a la democracia, creaba su propio partido político (UCD), que aglutinó importantes figuras políticas del momento, en torno a la carismática figura política de Suárez, al que la ciudadanía confió la gobernación del país durante dos legislaturas. Pero las incongruencias internas de UCD, los personalismos de algunos de sus barones, aprovechando el desgaste político enorme que Suárez estaba padeciendo al liderar el fenómeno de la transición, con las propias tensiones entre los inmovilistas y los rupturistas del antiguo régimen, unido a una canalla acción terrorista de ETA, y a un considerable repunte de la crisis económica de mediados de los setenta, con una oposición socialista ávida de poder, llevó a Suárez a presentar su dimisión como jefe de gobierno.

Tal hecho no estuvo exento del abandono que padeció Suárez por parte de los poderes fácticos del país (ejército aún ideológizado, castigado por una fuerte ofensiva terrorista, y la banca ante un elevado índice inflacionista que llegó a rondar el 25% en algunos momentos, que obligaba a llevar a cabo duros e impopulares ajustes económicos, según se plasmó en los Pactos de la Moncloa cuyo artífice fue Enrique Fuentes Quintana, en el equipo económico del gobierno, junto con Fernando Abril Martorell), que acabó –como se sabe- en el torpe golpe de Estado del 23-F, justo cuando se votaba al relevo de Suárez en el gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo.

Después en la despedida, el Rey le condecoró ascendiéndole a la aristocracia con el rango de Duque, y durante algunos años intentó volver a la política activa con una reedición de su proyecto centrista, pues Adolfo Suárez, que era un hombre de gran olfato político sabía que la mayoría social del país estaba en el centro político, donde estaba el gran caladero de votos que otorgaba una desahogada mayoría para gobernar, dado que la gran clase media española se ubicaba políticamente en posiciones políticas moderadas de gestión y estabilidad del sistema político-económico que posibilitara trabajo e incremento de los niveles de vida de la misma, para lo cual tenía claro que había de distanciarse del conservadurismo políticamente tradicionalista y socialmente vinculado a una derecha tradicional, así como de las posiciones de izquierda convulsa, revolucionaria, entre cuyos extremos se tensaría la convivencia, tampoco aceptaba el libre mercado absoluto (actual dogma del neoliberalismo), pues consideraba que los mercados como la economía eran imperfectos y sus perniciosos efectos habían se estar sometidos a corrección política para evitar que dañara el interés general. Así postuló la economía social de mercado, que en posiciones centristas (democristianas o socialdemócratas –que a ambas ideologías acogió en UCD-) suponía uno de los postulados más elementales de la posición política para evitar la generación de grupos sociales marginados. Sin embargo, su vuelta a la política activa, tras el descalabro de la UCD y en plena efervescencia socialista en el poder, no tuvo la acogida electoral que Suárez hubiera merecido, lo que le llevó a retirarse definitivamente y vivir de forma privada y discreta, una vida que no estuvo exenta de sufrimiento por la tragedia que le acompañó en las enfermedades familiares.

Todo un caballero, en lo privado y en lo público, algo que no ha abundado desgraciadamente en nuestro país, ante las oleadas de corrupción política que han acompañado a uno y otro color. Y sobre todo, una persona que aunque ahora se sumen al duelo público muchos, probablemente no le hagan la justicia que en vida mereció, ante el ulterior abandono que progresivamente fue padeciendo de la propia clase dirigente.

LAS DIFERENCIAS ENTRE EL TÉCNICO Y EL POLÍTICO

Hay un error común que es confundir la acción política con la gestión técnica, pues aunque esta última sea conveniente herramienta de la agenda política, sin embargo no es la política, no agota su ámbito de acción. Ni el político ha de confundirse con un mero gestor o técnico, tal sería la figura del tecnócrata, variable anómala de la democracia.

Decimos esto, porque no pocas veces el pueblo habla de que a la política lleguen los más capaces, y yo corregiría en el sentido de los más honrados, lo que tengan más espíritu de servicio, que estén dispuestos a atender las demandas de los ciudadanos y representarlos con honor y dignidad, con práxis ética.

Pues las Instituciones Públicas ya tienen sus cuadros funcionariales de técnicos en las diversas materias, que son los que aconsejan a los políticos, por eso los políticos no deberían de invadir los puestos funcionariales –como lo están haciendo en la actualidad-, ni los funcionarios deberían incorporarse –como técnicos- a puestos de naturaleza política representativa, ya que ambas funciones son diferentes en su origen y en su desempeño. Algo que ya puso de manifiesto Max Weber en su conocida obra: “El Político y el Científico” delimitando claramente ambas figuras en el desarrollo de gestión de lo público.

Tal es así, que en estos días cuando hemos conocido los resultados de la denominada “comisión de sabios” que han elaborado una serie de propuestas para la reforma del sistema fiscal español, por encargo gubernamental, comprendemos bien lo que decíamos anteriormente, pues el científico aplica los conocimientos de una ciencia, con su metodología de trabajo, y llega a unas conclusiones, que en parte se pueden compartir, aunque lo que no parecen compartir ni la ciudadanía, ni el gobierno, ni la oposición es la propuesta de incremento de la imposición indirecta (pues proponen una subida generalizada del IVA al tipo máximo del 21%) que acabaría por hundir el consumo, y con ello el comercio, y la propia economía. Además de no respetar los principios impositivos de progresividad con que habría de grabarse la imposición directa (especialmente las rentas del capital, sociedades, transacciones bancarias, etc., de lo que por cierto no se propone nada por esos expertos). Lo que nos lleva a hacer también la consecuente crítica que posiblemente esos “sabios” estén contaminados ideológicamente, pues han seguido un determinado rumbo ideológico como orientación de sus análisis y propuestas, que de esta forma se nos tornan ociosas y desaconsejables por insolidarias e injustas.

En definitiva, no creemos que hayan aportado nada nuevo a lo que el equipo económico del gobierno no supiera ya, salvo que haya sido el pretexto para vender sus recetas neoliberales para seguir hundiendo a la clase media y trabajadora, incrementar las diferencias sociales y acabar de hundir al país.

¡Para ese viaje, no hacía falta alforjas…!.

Si realmente se quiere gobernar para todos los españoles, como gusta decir a los ganadores de las elecciones, habrían de olvidarse de esas recetas, y poner en marcha la intuición política que ha de tener quien ejerce el liderazgo gubernamental de un país para orientarse hacia un rumbo que sea justo, con menor grado de sufrimiento social, y más equitativo, para eso están las soluciones políticas de los que cuentan con el apoyo mayoritario de un pueblo en su conjunto, que no necesitan ampararse detrás de una comisión de expertos para promulgar medidas impopulares e injustas, conforme al recetario ideológico de su peculiar parroquia política.

La ciudadanía no ha votado a ninguna comisión de expertos, sino a unos representantes para que defiendan sus intereses. ¡Que quede claro..!.

¿ESPERANZA AGUIRRE LE DISPUTA LA ALCALDÍA A ANA BOTELLA?

Informaciones dignas de crédito apuntan a una guerra intestina en el PP madrileño por alzarse con la candidatura para la alcaldía de Madrid, señalando a Esperanza Aguirre como la que lidera la alternativa a la actual alcaldesa por sustitución Ana Botella, en lo que podría ser un duelo de titanes, pues conocida es la combatividad política de Aguirre y no menos conocida es la fuerza política del ex presidente Aznar que es lógico pensar que activaría toda su influencia para afianzar a su mujer.

Dicho lo cual, no podemos dejar pasar por alto la intrigante figura política de Esperanza Aguirre, quien tras de haber formado parte del gobierno con Aznar, y de haber desempeñado altos cargos del Estado, desembarcó en la presidencia de la Comunidad de Madrid, donde fue asentando un liderazgo personal, que antes no tenía desde puestos más técnicos y alejados de la ciudadanía, sin embargo el estar al frente del ejecutivo de la Comunidad madrileña le dio la oportunidad de mantener un contacto de proximidad con la población, algo en lo que Esperanza Aguirre cautiva a mucha gente con su desenvoltura y cercanía, no exenta de alguna que otra ocurrencia.

Pero más allá de esa cualidad, que aún le confiere un halo de triunfo por su populismo y carácter personal desenfadado, no se puede dejar de considerar algunos peculiares aspectos de su gobernanza de Madrid, de la que se quitó de en medio astutamente –so pretexto de una enfermedad- que no le ha impedido seguir estando presente en la actualidad política madrileña y nacional.

Incluso sus conocidas malas relaciones con  – el entonces alcalde de Madrid, y hoy ministro de justicia- Alberto Ruíz Gallardón, y la pugna que mantuvieron entre ellos con sus secuaces por el control del partido en la capital de España, no le hizo ningún favor, pues generó serias fisuras internas entre compañeros de partido, que se fueron complicando y haciendo bandos irreconciliables.

Además algunos de sus más próximos compañeros políticos se han visto afectados por sospechas de corrupción e incluso de posible involucración en la trama Gurtel. No pudiendo dejar de lado, en esa guerra de “cainismo político” el affaire no aclarado del supuesto espionaje político.

Sin embargo, entre tanto, Esperanza se mostraba como “verso suelto” con sus seguidores en el PP nacional, manteniendo el poder del PP madrileño (del que sigue ostentando la presidencia), y que pese a sus declaraciones de alivio por haber vuelto a la normalidad de la vida fuera de la política institucional, pocos creyeron en la sinceridad de esas palabras.

Pero también hay que recordar que la “lideresa madrileña” –como le llamaba algún sector de la prensa matritense- también mantuvo sus diferencias políticas con Rajoy, cuando insistiendo en soluciones liberales, este recomendó a los que así pensaran marcharse al partido liberal.

Por consiguiente, a sus habituales enemigos políticos internos –por coincidencia de intereses en el PP de Madrid- habría que añadir a aquellos que ni ideológica ni personalmente empatizan con Aguirre, y por si fuera poco, si emprende esta batalla por la candidatura de la alcaldía madrileña acabará enfrentándose a un auténtico poder fáctico del PP (Aznar y su séquito), nada despreciable para quien quiera seguir posicionado en un Partido como el PP en el que gobiernan los cuadros directivos (una elite política interna que controla todo el aparato de poder). Por lo cual creemos que esta maniobra requiere más de una pensada por parte de quien la intente, y especialmente si como dicen, lo está pretendiendo Esperanza Aguirre.

¿Y por qué el cambio?. Ante la sospecha de que Ana Botella –que no tiene ese tirón populista de Aguirre- y a la que no le ha acompañado el tino político y la suerte como regidora de la capital de España, parece que no lograría la mayoría absoluta, que sí parece que podría conseguir Aguirre. Aunque no le daría tanta credibilidad a esas posibles encuestas, dado que aún queda más de un año para el proceso electoral, y aún pueden suceder muchas cosas tanto en Madrid como en el contexto político nacional. Pero si esas informaciones son ciertas, el PP tiene una nueva turbulencia interna, a las ya existentes.

EL 23-F: UN LAMENTABLE SUCESO QUE JAMÁS DEBIÓ OCURRIR

En este trigésimo tercer aniversario del fallido golpe de Estado, recordamos una efemérides de un lamentable acontecimiento –entre los lamentables de nuestra historia nacional- que jamás debió ocurrir, si bien es el resultado mal gestionado de presiones políticas, económicas y del terrorismo etarra que atenazaba dramáticamente la vida española.

Fue un trágico suceso, que afortunadamente acabó resolviéndose de la mejor manera posible, sin víctimas, lo que facilitó una complicada solución interna en un estamento militar –que tras ser objetivo del terrorismo etarra, y aún con pervivencias franquistas, supo resolver internamente un deshonroso lance en su propio seno- que de esa manera se incorporó definitivamente a la nueva etapa democrática.

No es el momento de entrar en los detalles, causas y participantes en aquella operación, ni siquiera en su tragicómico desenlace, sintetizado por el teniente coronel Tejero cuando supuestamente se le postulaba el General Armada para presidir un gobierno de concentración, cuando le dijo que para eso no hacía falta tomar militarmente el Congreso de los Diputados. ¡Y era una gran verdad!.

De ahí las especulaciones literarias y periodísticas sobre el golpe, sus entretelas, sus autores y copartícipes, aún sus encubridores, y sus diversas variables, a día de hoy no aclaradas del todo, pese al transcurso del tiempo –que posibilita la prescripción de los tipos delictivos, y en que algunos de sus afectados más o menos directos ya fallecieron-.

Tal parece que algunos de los implicados, posteriormente condenados y finalmente indultados, no compartían el mismo guión golpista, lo que da pie a pensar también en los apaños de última hora, o en sumarse a una intervención que no se comparte plenamente para seguidamente reconducirla al propio interés; lo que dio lugar al estrambótico final de la operación militar de fuerza tomando el Congreso.

A día de hoy, se van comprendiendo mejor las circunstancias y hasta detalles que se han ido revelando, con el tiempo, que aparentemente eran contradictorios, pero encajan en esa idea de acumulación de proyectos de golpe, de intencionalidad y alcance del mismo (simple golpe de timón ante lo que parecía estar escapando de las manos del poder fáctico, desahogo de un sector del ejército victimizado excesivamente por ETA sin una respuesta que fuera contundente –según exigían no pocos militares y sectores influyentes de la época; no se olvide que pocos años después nació el GAL y el Batallón Vasco Español-; o marcha atrás de la democracia y vuelta al autoritarismo franquista bajo tutela del ejército y poderes fácticos de la época). Al parecer no existía un consenso en el planteamiento y alcance y así se puso de manifiesto en el discurrir de los acontecimientos. Y tras ellos un pacto de escrupuloso silencio y una “omertad” corporativa bajo el escudo de un honor mal entendido, impropia de un país democrático y libre como se dice que es España.

Pero sobre todo, por higiene democrática, a estas alturas de la historia, transcurridas más de tres décadas, la ciudadanía tiene derecho a conocer los detalles, proyectos, intervinientes directos e indirectos, y la toma de posición de importantes agentes de poder político, financiero y militar. Pues hay quien cuenta la historia a su manera, y existen historias muy contradictorias respecto de determinadas y señaladas personalidades en los aciagos hechos del golpe, ante lo que la historia demanda ya la verdad, para conocer a los auténticos héroes y villanos de los acontecimientos de tal día como hoy de hace treinta y tres años, que hubieran podido cambiar notablemente el curso de la historia de España y la de no pocos españoles.

EL OBISPO DE TANGER DENUNCIA COMO ANTIEVANGÉLICA A 13TV

La 13 TV –cadena de la Iglesia Católica en España- desde el inicio de sus emisiones está teniendo un perfil editorial e informativo muy sesgado e inclinado hacia la derecha política y sociológica española, algo que no sólo no representa el sentir de la Iglesia en su totalidad, sino que tampoco es fiel al evangelio de Cristo para ser consecuente con una cadena televisiva de la Iglesia.

Tanto los informativos del canal de televisión, como las tertulias de análisis político y de actualidad, tienen una escandalosa inclinación hacia la derecha conservadora española, postulándose no pocas veces de manera abierta por la línea política del PP, sobre la que arteramente se suele construir el número y tipo de invitados a las tertulias, en las que otras opciones y sensibilidades políticas o están ausentes permanentemente o apenas se les da cabida más allá de lo meramente testimonial, para simular una pluralidad inexistente en la práctica de los programas.

Tal es así, que el otras cadenas de televisión y radio de sensibilidades distintas y distantes a la cadena de los obispos, hablan de 13TV (comparándola con Intereconomía, más inclinada a la derecha conservadora, y a Es Radio) como el “TDT Party”, en clara alusión al Tea Party americano (de porte ideológico ultraconservador en el ámbito cultural, y neoliberal en el económico), algo así como el eco mediático y social de esas ideas ultraconservadoras y neoliberales norteamericanas en nuestro país.

Algo que no es de extrañar, porque algunos de los periodistas de la cadena e invitados (en número proporcionalmente superior) se expresan por la liberalización pura y dura de la economía –cuando la desregulación de la misma ha dado lugar a crisis como la que estamos padeciendo, en medio de grandes estafas bancarias y financieras-. Señalan la conveniencia y necesidad de privatizar servicios públicos, entregándolos a la pública almoneda de los capitales especulativos para engordar sus ámbitos de negocios a costa de los ciudadanos, que veremos mermar el contenido y prestación de estos servicios públicos al pasar a manos privadas donde el único objetivo es el ánimo de lucro empresarial, en vez del interés general que ha de guiar la finalidad de todo servicio público, como son los casos de la sanidad y la educación, redundando en un empobrecimiento de la población, donde cada vez hay más pobres en número y auténtico nivel de pobreza, y otro grupo social poco numeroso cada vez más rico.

Es triste y lamentable que en una cadena televisiva de la Iglesia, que podría dar una palabra profética –como lo está haciendo el Papa y muchos cristianos- sobre los tiempos que vivimos y los auténticos cambios de valores sociales que urgen, y que bien podrían ser valores humanos –contenidos en el Evangelio-, en este “ágora católico” esté ausente del debate y del análisis la Doctrina Social de la Iglesia, la consideración del “bien común”, del “interés general” de la sociedad, en vez del puro y duro ánimo de lucro y análogos planteamientos individualistas del liberalismo y conservadurismo burgués, en vez de considerar la situación desde el personalismo filosófico de personalidades como Jaques Maritain, Romano Guardini, Henri de Lubac,  y Juan Pablo II, entre otros; o del personalismo comunitarista como Enmanuel Mounier, Nedoncele, Peguy, Martin Buber –desde el humanismo hebreo-, etc. O sobre todo el corpus de la Doctrina Social de la Iglesia con sus profundos contenidos.

Sin embargo, por el contrario escuchamos la “doctrina Merlos” de un joven y enérgico periodista que hizo un desafortunado alegato de los incidentes de los inmigrantes en la playa del Tarajal de Ceuta, en que murieron quince seres humanos de color, que con valentía ha denunciado el Obispo de Tánger –el franciscano Mons. Agrelo- como “línea antievangélica”.

La Conferencia Episcopal Española debería ir despertando de su prolongada siesta en la que viene sumida sobre su autocontemplación permanente, y mirar a su alrededor sobre el sufrimiento que está inflingiendo la crisis económica global, reflexionar a la luz del Evangelio los actuales “signos de los tiempos”, y tras ello actuar con urgencia solidaria en un entorno donde la caridad urge a predicar al auténtico Cristo, con valentía denunciando las estructuras de pecado instaladas en una economía falsaria, en unas relaciones sociales hipócritas y antinaturales, para ser así coherentes con la fe que se predica y que se ha de vivir, sin cuya coherencia nadie piense en acciones de evangelización. ¡Ya no cuela en este tipo de sociedad, desengañada, y hasta cierto punto desesperanzada….!.

Y sobre todo, por favor, hagan caso al valiente obispo norteafricano y cambien la línea editorial de 13TV, y de paso, también la de COPE Radio, adecuándolas a criterios más evangélicos, más abiertos a la pluralidad de nuestra sociedad, y a la línea posconciliar que se dio la Iglesia en el Vaticano II, aunque seguidamente se archivara durante varias décadas, por miedo, comodidad, o posiblemente por falta de auténtica fe.

EL CUESTIONAMIENTO POLÍTICO DE LA JUSTICIA UNIVERSAL

El compromiso español de defensa de la justicia universal, mediante la acción de los Tribunales de Justicia españoles en el orbe mundial para la persecución de delitos de lesa humanidad, parece estar llegando a su fin –tras un controvertido ejercicio internacional, con más pena que gloria-, pues el gobierno español del PP trata de ponerle fin a este loable intento de justicia universal.

La verdad es que esta pretensión que encierra loables pretensiones de justicia parece que responde más a una utopía que a la propia realidad del orden internacional que genera no pocos problemas a la diplomacia española cuando se ve interferida la acción exterior del Estado en sus relaciones con otros países mediante una acción extraterritorial de la justicia española.

De hecho cuando se generó y prodigó en nuestro país, vino a colisionar con el principio jurídico de territorialidad de la normativa, en el sentido que la normativa española tiene su límite territorial en el propio del Estado español, no siendo de aplicación fuera de las fronteras del país, en que rige la normativa de cada país en su propio territorio, y la normativa internacional en el conjunto de la comunidad internacional.

En ese sentido, parece más adecuado que fuera la comunidad internacional, a través de organizaciones internacionales, especialmente la ONU o de la jurisdicción internacional que se le reconoce al Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, los que se encargaran de hacer efectiva la normativa internacional, y muy en particular aquella referida a la protección de los derechos humanos, y a la persecución de crímenes de lesa humanidad. En vez de que lo sean algunos Estados  por su cuenta, aunque lo hagan en la noble defensa de los intereses de sus nacionales, pues de esta forma se perturba el orden de las relaciones internacionales, y la interlocución entre los gobiernos de los Estados en sus relaciones bilaterales, o multilaterales, a través de los foros internacionales u organismos transnacionales.

Pues la convivencia pacífica entre los Estados es un bien de interés general en cada uno de los respectivos Estados, que no debe de verse eclipsada por la acción criminal de alguno de sus nacionales, reclamada por Tribunales de otro país, ante los que habitualmente cada Estado suele reaccionar protegiendo la integridad de sus propios nacionales, negando su extradición, generando un indeseado e indeseable conflicto que acaba por interferir en las normales relaciones bilaterales entre los Estados afectados.

Sin embargo, la cuestión tiene otra dimensión cuando la intervención lo es de un Tribunal u Organismo Internacional que en el ejercicio de sus competencias internacionales, trata de perseguir los crímenes contra la humanidad y la conculcación de los derechos humanos, pues suele tener una presentación más justificable política y jurídicamente, al tiempo que no suele erosionar las relaciones bilaterales entre los Estados afectados.

Además que los resultados reales son escasos e ineficientes, además de ocupar a los Tribunales estatales en “cruzadas de derechos humanos” que acaban diluidas en el piélago jurídico de los distintos Estados, con la consiguiente ocupación de recursos humanos y materiales que probablemente nuestra Administración de Justicia no se pueda costear en los momentos actuales, y que la diplomacia española y los intereses internacionales de Estado tampoco lo hagan muy aconsejable. De hecho, baste recordar algunos de estos episodios que han acabado siendo esperpénticos por su ineficacia y por la interferencia que ha generado al gobierno de turno en la acción exterior del Estado.

Por ello, habría que concluir con gran realismo sobre la inoperancia e inoportunidad de este planteamiento, debiendo asumir su corrección como la imposición del sentido común en las relaciones diplomáticas, y la vuelta a los principios generales del derecho, entre los que habitualmente ha estado el del ámbito territorial de la normativa estatal y de los Tribunales estatales. Lo cual, no quiere decir que se tenga que ser condescendiente con los delitos de lesa humanidad y con el incumplimiento de los derechos humanos, sino que estos han de perseguirse en ámbitos internacionales y tribunales de dicho rango, que suelen tener mayor eficacia en su acción, y no suelen interferir la diplomacia internacional.