EL CONTROVERTIDO EJERCICIO DE GRACIA

El ejercicio de la gracia –como forma de ejercicio del poder de gobierno, enmendando el resultado del poder judicial- sólo se entiende de forma razonable cuando se dan razones de interés social, de especial reinserción del indultado, previo resarcimiento del daño a las víctimas, y en su caso un ajuste de una resolución judicial desajustada por excesivamente dura –como forma de corrección de una normativa aplicada con excesivo rigor- por aquello de que “maximus ius, máxima iniuria”.

Incluso en nuestro Derecho existe una doble modalidad de indulto (total: que ha de contar con la conformidad del Tribunal enjuiciador, y el del Fiscal; y parcial: que antes requería su fundamentación, pero que en la época de Felipe González, el Gobierno eliminó ese requisito, quedando por tanto a libre criterio del Gobierno de turno, sin necesidad de ninguna justificación).

Así esta modalidad parcial, en la actual configuración, es la que más se antoja como colisión o muestra de la ausencia real de separación de poderes en nuestro sistema político constitucional, ya que permite –como así ha sucedido- que se otorgue un indulto parcial sin justificarlo, y aún en contra con el criterio del Tribunal, del Fiscal, y hasta de las víctimas. De ahí que nos preguntemos, sin en determinadas circunstancias que no corrigen supuestos de excesiva dureza de pena, o de falta de interés general, ¿Cuál sea el interés real de mantener este mecanismo de gracia, que aparenta –junto con interferencias en la aplicación de justicia- que todos los españoles no somos iguales?.

Si además hacemos memoria de los últimos indultados, encontramos desde banqueros, a políticos varios implicados en casos de corrupción con grave escándalo, pasando por algún sindicalista respecto de una condena de agresiones en el curso de una huelga general,  y varios casos de condenas por delitos de seguridad vial.  Resulta que la sospecha de una aplicación políticamente interesada de la gracia es más que elevada.

Pero sobre todo, la alarma  y el malestar social que han generado varios de los últimos casos, hacen que nos planteemos que el ejercicio de esa potestad ha de ser más prudente y equitativa, y sobre todo responder a la génesis y razón de la existencia de esta institución jurídica. Y sobre todo, que se restablezcan los requisitos que lo conformaban.

Especialmente que se atienda a las víctimas, que no se las siga victimizando con olvidos culpables o se les relegue a propósito para aplicar este tipo de medidas incluso en contra de los mismos.

Y sobre todo, que la política de justicia sea más coherente en el ejercicio de la gracia con sus propias acciones de política criminal, pues parece poco coherente realizar campañas de prevención de la accidentabilidad de tráfico y al tiempo indultar a varios condenados por homicidios imprudentes de tráfico, derivados de situaciones de alcoholemia o de conductas homicidas/suicidas de conductores kamikazes, condenados a más de una decena de años de prisión.

UNA ENTREVISTA “REAL” O UNA ENTREVISTA “VIRTUAL”

TVE ha emitido una entrevista realizada por el veterano periodista Jesús Hermida al Rey Juan Carlos, con ocasión del septuagésimo quinto cumpleaños del monarca. Entrevista que tiene especial valor periodístico y documental por lo inusual de las mismas, así como por el estado de cosas que últimamente está viviendo el país y la propia monarquía.

Conociendo el perfil del entrevistador es fácil imaginar el estilo de entrevista de claro, abierto y expreso vasallaje, nada reprochable si se le pudiera aplicar aquello de que “lo cortés no quita lo valiente”. Pero me temo que no le puede ser de aplicación.

Hermida se movió por la estratosfera en todo momento, tal parece que después de haber retransmitido el famoso alunizaje americano en los sesenta se hubiera quedado él allí también. Todo era de un planteamiento general, inconcreto, casi metafísico. Nada de cuestiones concretas que preocupan al pueblo soberano.

Por parte del monarca se transmitió su buena voluntad,  su declarado sacrificio y esfuerzo personal, su amplia confianza en las capacidades del pueblo español, además de los conocidos tópicos al uso en tal tipo de conversación, que no ahonda en ningún tipo de análisis, y menos en propuestas concretas.

Ciertamente que entrevistar al Rey tiene gran complejidad, no tanto por las preguntas que se le puedan dirigir, sino por las respuestas y sus formulaciones. Dado que en su posición de árbitro de la vida política, cualquier respuesta puede siempre interpretarse como toma de posición concreta en una determinada opción política.

De hecho, ya ha mostrado su queja el Diputado de IU Gaspar Llamazares al interpretar que el Rey cruzó esa línea supuestamente prohibitiva al mostrar su disconformidad con los planteamientos secesionistas, de ruptura de la unidad nacional. ¡Algo que nos extraña que motive la queja del Diputado comunista!. Pues también el Rey es garante de la unidad de España, símbolo de su unión.

Además ¿cómo puede un Jefe de Estado –como es el caso del Rey- hablar de cuestiones de Estado sin que se interprete como toma de posición política?.

Para eso, habría que haber dejado a Hermida hablando y preguntando por “hechos generacionales”, que parece que era lo “políticamente correcto”. Pero también podemos pensar los ciudadanos que, entonces se trata de una “entrevista virtual”, incluso prescindible.

Por consiguiente, hemos de insistir en el valor que tiene la Jefatura del Estado en su configuración constitucional, que es algo más que mero símbolo virtual, para la defensa del Estado, de la Nación española, de su tradición –de la que la monarquía es depositaria-, para su afianzamiento frente a movimientos centrífugos, insolidarios y disgregadores de una unidad que ha de cuidarse y laborarse diariamente, pues solo así España mantendrá su fortaleza interior y exterior.

LLAMADA A “ARREBATO” DE RUBALCABA A LOS LÍDERES SOCIALDEMÓCRATAS EUROPEOS

Ante la profundidad de la crisis económica, social y política, que estamos viviendo, en la que las políticas neoliberales tampoco aciertan a sacar a los países de la crisis que el propio sistema capitalista las ha sumido,  el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha dirigido a los líderes socialdemócratas europeos para pedirles una reacción, una reformulación de sus políticas, para poder erigirse como alternativa a la tremenda crisis que amenaza al propio sistema político y económico de algunos países de la Unión, entre ellos España.

Además de esta forma intenta también Rubalcaba quitarse de encima el “san Benito” que le pusieron a los socialistas de ser los responsables de tan colosal crisis, que el PP iba a arreglar tan pronto llegara al poder, porque se trataba de una cuestión de confianza en el Gobierno de España. Discurso no sólo falaz, sino que se demostró absolutamente incierto con el paso de los meses, y la actuación de un nuevo gobierno –en este caso, del PP que ganó con mayoría absoluta abrumadora- pero que se quedó prácticamente colapsado entre los anuncios de medidas de reforma y las que seguidamente rectificaba o simplemente dejaba de aplicar, o los propios cambios de política entre las anunciadas electoralmente, especialmente en materia impositiva, o en los recortes de servicios sociales.

Pero no deja de ser una acción –la de Rubalcaba- que con aparentar cierto interés, no debería quedarse en mera cosmética, ya que se le podría volver como un boomerang. Pues además, Rubalcaba tiene una gran contestación interna en el propio PSOE que va perdiendo peso político e influencia territorial, de forma inusitada hasta el presente. Habiendo llegado a cosechar su formación los peores resultados de su historia reciente. Quedándole aún el Gobierno de Andalucía y Asturias, logrados por mayoría simple y de forma no muy estable.

Por consiguiente lo que viene a plantear Rubalcaba a sus colegas socialistas europeos, es algo que también tiene que hacer él mismo en su propia casa, conseguir un auténtico liderazgo político –que no ha logrado-,  presentando un programa político creíble, que recoja el clamor de la calle, de las clases media y trabajadora del país, que son los que realmente están pagando la crisis económica –por pura decisión ideológica de un PP entregado a las tesis neoliberales-. Un programa que habría de recuperar su originaria ideología laboralista-obrera, poniendo énfasis en la defensa del “Estado del Bienestar” (en fase de derribo por el PP), volviendo a recuperar la concertación social, que se respete la ley y los convenios colectivos, que se ajuste el hiperdimensionamiento de la burocracia política –que hasta ahora ni el PP ni el PSOE han mostrado interés en ello-, que se promueva una auténtica democratización de las Instituciones Públicas, Partidos Políticos y Sindicatos, abandonando el sistema de “control” por los aparatos de los mismos, que ha dado lugar a la gestación de la “clase política actual” desentendida del clamor ciudadano.

Habría que considerar que la Socialdemocracia europea, también en crisis haberse adaptado a un sistema de alternancia en el poder, postulando políticas centristas, cada vez más escoradas a la derecha, por pura aceptación del desarrollo del mercado en la configuración actual que le ha dado el capitalismo, y en tal situación, apenas se aprecian diferencias de proyecto político entre la derecha neoliberal y la socialdemocracia descafeinada que se nos oferta.

La socialdemocracia europea –y entre ella el PSOE- si quiere presentar una alternativa creíble, habrá de hacer seriamente sus deberes, empezando por reflexionar sobre sus raíces y sentido, aspirando a recuperar un profundo sentimiento social que defienda a la clase trabajadora, para lo cual habrá de presentar un programa alternativo para dar respuesta a las tesis neoliberales, en vez de adaptarse al marco ideológico y de hecho, con el sólo matiz de postular la defensa de los servicios públicos. Eso por sí sólo sería totalmente insuficiente y errado.

Ha de plantear una regulación del mercado, mediante la implantación legal de controles financieros que eviten la gran estafa mundial que dio origen a esta crisis. Establecer un marco fiscal progresivo y justo (eliminando las Sicav), regular un marco laboral de mínimo infranqueable sobre los derechos laborales y sociales de los trabajadores, evitando el deterioro que se ha producido, y en definitiva refundando un “Estado del Bienestar” que lleguen a blindarse en nuestras Constituciones nacionales.

Pero para ello hace falta liderazgo, valentía y honradez política. El primero se gana con un discurso claro y decidido; la segunda se expone diariamente en la defensa pública de las propias convicciones; y la tercera se demuestra cuando se abandone el maridaje entre la política y la gran empresa, pues no pocos políticos acaban retirados como consejeros de empresas con cuantiosas retribuciones. Y los propios partidos políticos suelen ser rehenes de la banca por débitos de créditos electorales y de diversa índole. Todo lo cual, impide lo anterior.

Por consiguiente, si Rubalcaba no quiere o no puede cumplir esos requisitos de partida, podría empezar por olvidarse de convocatorias europeas ad hoc; y desde luego, debería dar paso a otra gente del Partido capaces de articular una política coherente justa, alternativa real  de defensa ante las tesis liberalizadoras y desreguladoras que están en el origen de toda esta ruina. 

LA POLÉMICA REIMPLANTACIÓN DE LAS TASAS JUDICIALES

La reimplantación de las tasas judiciales ha traído una nueva polémica en el ámbito de la política, lo cual no deja de ser extraño dado el discurso ideológico de unos y otros partidos sobre el particular, desde los que consideran que la gratuidad de los servicios públicos ha de ser total, pues para ello ya se pagan impuestos; a los que consideran que en determinados servicios públicos –cuando no en la mayoría de ellos- el ciudadano que los utiliza ha de contribuir al pago del mismo, aunque sea testimonialmente para un uso más racional de los mismos, con conciencia del gasto que ello supone.

Sin embargo, la polémica que ha generado en el ámbito de la propia Administración de Justicia resulta menos comprensible, ya que la queja pública manifestada por colectivos de jueces, fiscales, secretarios y funcionarios de la justicia en nuestro país, no parece sostenerse mucho, en cuanto a su fundamento y sobre todo legitimidad, dada la circunstancia que dichos colectivos son de funcionarios de diversa clase y categoría de la propia Administración de Justicia. Los mismos que se quejan de la falta de recursos públicos, justo cuando mayor número de juzgados se han creado, mayores infraestructuras traducidas en sedes judiciales, y la consiguiente logística para su adecuado funcionamiento.

Esos mismos funcionarios que en otro momento reclamaron más medios, y se les ha ido facilitando de forma abundante –acaso no de forma plena-, habrían de entender que toda esa implantación ha generado un importante gasto público y hay que hacerle frente, en medio de una crisis económica –que también padecen como empleados públicos-. Por consiguiente, deberían de aceptar esta vieja vía de ingresos, que no es desconocida a nuestra Administración de Justicia, para coadyuvar a su sostenimiento, y para reducir la litigiosidad de escaso fundamento. Todo lo cual, habría de ir en mejora de la prestación del servicio.

Desde la perspectiva del ciudadano común que padece a su nivel los rigores de la crisis ( por paro, reducción salarial, traslados, ERE´S, que ha visto gravadas las tasas de la educación no obligatoria, así como el pago de diversos servicios de la sanidad pública, más otros que se vienen anunciando), no acaba de comprender la queja del colectivo funcionarial de la Adminsitración de Justicia. Salvo que le moleste hacerse cargo de un nuevo trámite de cobro de las tasas públicas por el uso del servicio, lo que lleva una burocracia aparejada. Pero forma parte del trabajo.

Apelaciones a la merma de la tutela judicial efectiva reconocida en la Constitución, como motivo para no cobrarlas, parece que tampoco tiene solidez jurídica. Ya que el reconocimiento de ese Derecho no implica la gratuidad del mismo. También se reconoce el derecho a la vivienda y no se nos facilita gratis.

Cuestión diferente es la protesta de la abogacía, pues con el restablecimiento de las tasas judiciales es previsible que se reduzca la litigiosidad y con ella la potencialidad de facturación de los abogados por litigiosidad judicial; si bien, por experiencia se sabe que cuando se confía en que el derecho ampara una determinada posición, no se excluye por precio el litigio, además de las múltiples actividades del abogado en cuestiones extrajudiciales que le permiten minutar sus derechos. Aunque también la abogacía ha de reconocer que las retribuciones públicas que perciben por atender el turno de oficio en los Tribunales, que van con cargo a los presupuestos públicos, tienen que ser atendidos por vía de ingresos públicos para su viabilidad, como el resto de los servicios públicos; por lo cual, no resulta descabellado utilizar esta nueva vía de ingresos. Y si son sinceros, lo habrán de reconocer también.

Por último volviendo al terreno del análisis político, desde perspectivas ideológicas, podríamos asumir la gratuidad del servicio judicial, como la de la sanidad pública, o la educación pública. Pero eso supone, un replanteamiento contable que concierne a las cuentas del Estado, que habrán de ver incrementados sus ingresos. Así pués, nos gustaría conocer esas alternativas contables, pues ¿de dónde se piensa obtener ingresos para mantener la plena gratuidad de todos los servicios públicos?, ¿se incrementarán los impuestos?, ¿cuáles?; o ¿se reducirán otras partidas públicas como carreteras, ayudas sociales, cultura, etc.?. Por consiguiente, el discurso no es gratuidad sí o no. Sino ¿de donde se saca el dinero?, ¿a costa de qué tipo de sacrificio alternativo?. Así de sencillo y claro.

EL DRAMA DE IBERIA EN EL CONTEXTO DE UNA CRISIS DE ESTADO

Fenómenos como la profunda crisis económica, la crisis política con ruptura del pacto constitucional que posibilitó la transición por parte de los nacionalismos secesionistas clásicos y emergentes, y el fracaso del modelo autonómico de Estado, lleva a considerar que en conjunto estamos inmersos en una auténtica “crisis de Estado” de profunda gravedad y amplia complejidad.

Es así que en esa situación parece que todo se tambalea, que no sabemos si podremos pagar las deudas públicas y privadas, que además se reivindica la secesión catalana por el propio gobierno autónomo y se augura otro tanto con la vasca, todo se torna provisional, inseguro, de una extrema gravedad.

Y así uno se los graves síntomas de la actual descomposición española se puede ver en el caso del reajuste empresarial de Iberia, la que fuera compañía aérea de bandera, ejemplar en su crecimiento y desarrollo que tuvo a su cargo diversas filiares entre las que destacaron hasta Aerolíneas Argentinas, en tiempos de progreso y atinada gestión de la Compañía aérea española, que creció hasta situarse entre las primeras del mundo, con enlaces aéreos con casi todos los países del mundo.

Sin embargo, su evolución emprendió un camino de descenso, de forma incomprensible, y el imperio aeronáutico de Iberia empezó a decaer. Hasta el punto que se negoció una alianza, integración o compra de la misma por British Airways, que ha condicionado claramente su futuro, ya que ha perdido su divisa con la que nació y además queda expuesta a las fluctuaciones de la economía como compañía subordinada a la de sus nuevos dueños ingleses.

Así las cosas, inexplicablemente una compañía que tenía beneficios, ha venido dando últimamente unas pérdidas de 262 millones de euros hasta septiembre, motivando una serie de medidas que pasan por la cancelación de las rutas más deficitarias (Atenas, El Cairo, Estambul, Santo Domingo y la Habana), que tratará de compensar incrementando rutas a Brasil, México, Centroamérica, Chile y Ecuador a larga distancia, o a Londres,  Casablanca, Malabo, y Dakar. Y sobre todo, se plantea un plan de restructuración de Iberia, compañía que hasta septiembre acumulaba pérdidas de 262 millones de euros, incluye el recorte de 4.500 empleos, reducción salarial de entre el 25 y el 35 %, una disminución de rutas del 15 % y de la flota (25 aviones menos), así como la segregación de actividades de mantenimiento y servicios en tierra.

En definitiva, todo un símbolo de la crisis, pero lamentablemente en un contexto superior de “crisis de Estado”.

LAS GRIETAS CONSTITUCIONALES EN EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

Se celebra otro año más el día de la Constitución, que en 1978 posibilitó la transición ordenada de un régimen dictatorial a una democracia de porte occidental. Esa misma Constitución otrora alabada, y hoy cuestionada en algunos de sus aspectos –más o menos sustanciales-.

Así en este día de conmemoración de este benéfico hecho de orden jurídico político, que nos ayudó a articular nuestra organización estatal, a entendernos, a posibilitar el diálogo político y social entre los españoles, y a favorecer una economía social, hemos de hacer recuento tanto de lo logrado como de lo frustrado, de lo conseguido y de lo perdido –tras haberse conseguido-, y sobre todo de los requerimientos de los nuevos tiempos que estas tres décadas de historia han ido presentando.

Consecuentemente, como en todo balance hay dos partidas: “el haber” y “el debe”, y finalmente un saldo de la cuenta que nos revele si el resultado es positivo o negativo.

Nuestra Constitución tiene en su “haber” la democratización de la vida pública del país, su modernización, y la normalización de la vida política e institucional en parámetros homologación democrática, que han hecho factible la prolongada y pacífica convivencia –que en nuestra historia reciente de los siglos XIX y primera mitad del XX no ha sido habitual-, y sobre todo ha posibilitado el arreglo casi total de algunas de las grandes fisuras de nuestra sociedad, en torno a la solución de la “cuestión religiosa” y el ajuste de la “cuestión social” –esta última, en peligrosa regresión con ocasión de la crisis económica-. Y sigue teniendo abierta la fisura –que está creciendo dramáticamente- del problema “territorial” del País, sobre la base de la problemática de los nacionalismos centrífugos no cooperativos que apuntan hacia tesis secesionistas, y una torpe política estatal de falta de iniciativa propia, más allá del atrincheramiento en propias posiciones. Problema, que hemos de cargar en “el debe” de nuestra Constitución pues el Título VIII ha dejado torpemente abierta la cuestión autonómica, que ha generado una espiral de demanda competencial hasta el propio independentismo.

Por consiguiente, lo que antes era una petición de reforma del Título VIII de la Constitución, ahora es una urgente necesidad, que ha de apuntar hacia fórmulas factibles de compromiso interterritorial, que difícilmente podrá bajar del esquema federal de Estado.

De la mano de la anterior cuestión, y dada la existencia de Cámaras Legislativas en todas las Autonomías, parece lógica la reforma Constitucional tendente a la supresión del Senado –pues así carece de su labor de Cámara territorial, y de paso se contribuiría al ahorro público-.

Igualmente el tema de la sucesión de la Corona sigue pendiente de arreglo, pues no parece lógico mantener la contradicción constitucional de declarar la igualdad entre el hombre y la mujer y al tiempo preferir en el orden de sucesión de la Corona al hombre sobre la mujer. Algo asignable al “debe” de nuestra cuenta.

Con el transcurso del tiempo, parece que no resulta muy recomendable la existencia de una jurisdicción constitucional con sede en un Tribunal Constitucional, separado del orden jerárquico judicial –en la medida que no conforma una Sala del Tribunal Supremo-, pues tal configuración se ha revelado en la práctica altamente perturbadora en el funcionamiento del propio “Estado de Derecho” en cuanto a las disensiones perjudiciales entre poderes del Estado, en casos de gran relevancia política. Por tanto, dada la necesidad de ahorro público, parecería lógico reformar la normativa legal para que transformar el Tribunal Constitucional en una Sala del Tribunal Supremo, en vez de que se mantenga con sede jurisdiccional propia. Y así nos ahorraríamos algo más que dinero…, también algún que otro disgusto en cuestiones que suponen gravosas facturas para el Estado.

Y sobre todo, habría que reforzar todo lo concerniente a la configuración de las libertades públicas –para que no se cercenen-, y lo relativo al “Estado Social” pilar clave del arreglo y pacificación de la sociedad española, que en los últimos años –so pretexto de la crisis- se está recortando de forma escandalosa y grave. No parecen compatibles con tal declaración constitucional determinado tipo de políticas neoliberales, que habrían de buscar no sólo el apoyo electoral coyuntural sino también la legitimación jurídico-política con una reforma constitucional que plantee abiertamente ese importante cambio de la configuración constitucional de nuestro Estado. Pues de lo contrario, llevar a la agenda de gobierno determinado tipo de políticas de supresión y recorte de servicios públicos y ayudas sociales, así como de retroceso de la negociación colectiva laboral parecen contrarias a la referida definición social del Estado según definición constitucional.

Por consiguiente, en este día constatamos que la Constitución vigente tiene arrugas y grietas, que demandan una rápida reparación que habrá de ser producto del diálogo político con reflejo de las voluntades mayoritarias y respeto a las minorías disidentes, producto de la acción política en toda democracia que se precie. Aparcar los problemas de esta índole hace que las fisuras puedan acabar en fracturas de difícil o imposible arreglo, y en esto, los políticos de gobierno tienen la responsabilidad de tomar la iniciativa y ponerse manos a la obra.

DERIVA DEL CATALANISMO SOBERANISTA TRAS EL FRACASO ELECTORAL

Las elecciones autonómicas catalanas han supuesto un fracaso para las tesis soberanistas, pues juntando todos los votos de los partidos que las postulaban no llegan al 50% del voto, aunque rozan esta proporción en escaños atribuidos. Pero con esa exigua mayoría no se puede legal ni racionalmente acometer una deriva secesionista, ya que falta  auténtico apoyo popular.

Aún así, contar enteramente el voto de CIU como voto soberanista es una excesiva concesión a la intención de voto de la base electoral de esta coalición nacionalista, pues representa a la burguesía de derechas catalana, que en absoluto coincide con los planteamientos políticos de ERC –voto de izquierda republicana- que por la frivolidad de la Dirección de CIU ha cogido una fuerza considerable pero poco compatible para coaligarse mutuamente, por su gran distancia en los respectivos planteamientos políticos.

Consecuentemente se constata el fracaso de Artur Más, tanto en la convocatoria de elecciones anticipadas, como en su planteamiento independentista, que le ha hecho perder más de una decena de diputados, pese a ganar pírricamente unas elecciones con un planteamiento secesionista que se compadece mal con los exiguos resultados electorales del mismo.

Así las cosas, si hubiera “vergüenza política”, Más debería haber presentado la dimisión de forma inmediata al cómputo del escrutinio electoral, y haberse retirado de la vida política, pues no sólo se ha equivocado de par a par, sino que ha llevado a cabo una nefasta política gubernamental con graves recortes sociales en una situación de precolapso de su autonomía, a cuya ayuda ha tenido que acudir el Estado poniendo ingentes sumas de dinero para seguir con los dispendiosos gastos del gobierno de Mas, el mismo que con desleal desvergüenza planteó una infame campaña electoral sobre la mentira que “España les robaba la cartera a los catalanes”. ¡Tiene bemoles…!.

Aún así, Más sigue todavía intentando formar gobierno y seguir como si no hubiera pasado nada. Incluso con la oferta del voto de ERC –condicionado a la próxima celebración de un referéndum independentista- trata de formar un gobierno minoritario y débil que será incapaz de sacar a Cataluña de la crisis, por lo que de la mano de la izquierda independentista catalana volverá a las andadas secesionistas, mientras el Gobierno de España trata de minorar el problema ignorándolo públicamente e inyectándole dinero disimuladamente, en una timorata medida política de gobierno, que en breve le volverá a afrentar pese a los apoyos económicos.

De igual modo, otros partidos como el PSC ha bajado en representación fruto de su ambigüedad política, en tanto que Ciudadanos ha subido, el PP se ha mantenido –si bien en el concurso de mayor número de votantes, ha bajado levemente en el porcentaje de voto- lo que también revela que no se puede estar en “misa y en la procesión”, pues pese a criticar a CIU apoya su investidura, sus presupuestos, y saca algunos nombramientos en cargos institucionales como la Diputación de Barcelona, y otros.

Por tanto, quedaría como conclusión que fallido el primer intento, el nacionalismo secesionista pasa a reorganizarse para acometer un nuevo intento próximamente con el anunciado referéndum. Lo cual, lejos de solucionar el conflicto, lo aplaza con signos de enquistamiento, ante la flojera del Gobierno del Estado que mira para otro lado.

LAS CUMBRES IBEROAMERICANAS DEBERÍAN TRASCENDER LA MERA RETÓRICA

La Cumbre Iberoamericana que se acaba de celebrar en la ciudad española de Cádiz ha retomado el pulso de las cumbres iberoamericanas –que en las últimas ediciones mantuvieron un nivel plano-, pues se ha ejercitado la diplomacia española al punto de reactivar el liderazgo político y moral de España sobre las naciones iberoamericanas.

Este evento bajo el patrocinio español podemos calificarlo de casi exitoso, especialmente  si lo comparamos con otras ediciones de los últimos años en que se rozó el fracaso por la disgregación de líderes sudamericanos y el escaso celo de la diplomacia española de entonces. Pero ya va siendo hora que se plasmen en proyectos estables de desarrollo común y abierta colaboración, más allá de la mera retórica que las acompaña.

En esta edición han estado representados a nivel jefes de Estado o primeros ministros, casi todos los países integrantes de estos eventos, con la excepción de Cuba –en proceso de inestabilidad sucesoria del régimen de Castro-, Venezuela –con las conocidas dificultades de salud del presidente Chávez-, y Argentina –como probable protesta por el affaire de los gobiernos argentino y español en el caso de Repsol e YPF-. Lo que no parece sea obstáculo a considerar exitoso el desarrollo y las conclusiones de la cumbre.

La edición gaditana de estas cumbres ha sido un excelente escaparate de España al mundo, reflejando –que por encima de las graves dificultades de la crisis económica- nuestro país aún conserva un gran potencial de crecimiento económico y social, lo que desde el lado sudamericano se ha entendido convenientemente como una invitación a intensificar la cooperación económica y política de los países participantes. Quizá sea una obviedad que casi siempre se afirma, pero no siempre se llega a desplegar totalmente en el orden práctico.

Sin embargo, en el momento presente en que EEUU está en una situación de inestabilidad económica, y Europa se encuentra sumida en una grave crisis económica que amenaza con el futuro de la UE por el liderazgo egoísta centro-europeo, insolidario con los países más afectados con la crisis, entre los que se encuentra España; y en que algunos de los países latinoamericanos se encuentran en pleno despegue económico con estimables cifras de crecimiento (Brasil, Perú, Ecuador, etc.), parece una estrategia aconsejable incrementar la cooperación económica con Sudamérica, y acaso volcarse menos en el proyecto europeo que apunta fracaso, y desprende sólo insolidaridad y exigencias suicidas de recortes económicos.

Por consiguiente, parece razonable –que sin renunciar al mercado común europeo, sólo a ese aspecto, en vez del proyecto fracasado de UE- España se emplee políticamente en la gestación de un área de especial colaboración con Sudamérica promoviéndolo activamente entre los líderes políticos de ese ámbito –pese a la diversidad y complejidad política de la empresa-, pero podría suponer un tirón económico importante para la mayoría de los países de la zona, y una ayuda impagable para España en estos momentos crucial dificultad que estamos viviendo.

El Reino Unido lo tuvo claro desde hace mucho tiempo, y conforme a su especial espíritu pragmático creó la Commonwealth como comunidad de países que en otro tiempo formaron parte de la Corona Británica, estableciendo un régimen especial de relaciones entre todos ellos, que se consideran especialmente unidos.

En tal línea podría ser muy aconsejable que las tradicionales buenas relaciones de fraternidad hispano-sudamericanas vayan más allá del verbo cálido y se plasmen en un proyecto estable de colaboración y desarrollo mutuo, que podría combinarse con el desarrollo e integración en la idea del proyecto de Mercosur plasmado de forma auténtica y real entre todos sus integrantes.

Sólo de esa forma, tendrán auténticamente sentido práctico este tipo de eventos entre ambos lados del Atlántico, que además también integraría a nuestro vecino Portugal –que como España, se encuentra en graves dificultades económicas, y ambos padecen la incomprensión de Bruselas y Berlín-, que en una alianza bien entendida y astutamente dirigida por un auténtico liderazgo político podría reactivar las economías ibéricas junto con las fraternas latinoamericanas. Ejercitando con el tiempo, un liderazgo internacional, del que actualmente carecen los países en cuestión.

LOS DESAHUCIOS DE LOS BANCOS ESTÁN HACIENDO ESTRAGOS EN LAS FAMILIAS

Los desahucios bancarios por impago de hipotecas están creando un importante desasosiego social, en la conciencia común –de quienes conservan este ámbito de humanidad-, pues además del grave impacto social de los más de trescientos mil ya realizados con sus naturales consecuencias de desamparo social, se está dando un infausto resultado de incremento de suicidios.

Tal hecho en sí mismo considerado es revelador de una enfermedad social de nuestro país, o quizá de nuestro sistema económico y social. Pues justo cuando más falta hace el apoyo social, resulta que es cuando menos se presta por puras razones de crisis económica y falta de dinero. Luego, el sistema de bienestar social falla justo cuando más falta hace; pues son las familias –que aún pueden- las que tejen la red natural de apoyo familiar, que cae sobre rentas modestas, a veces de los abuelos jubilados, que salen en ayuda de sus hijos y nietos.

Pero al propio tiempo, hemos de considerar que el problema actual del impago de hipotecas no es una cuestión meramente civil o mercantil, como consecuencia de un crédito privado fallido por impago del deudor, y circunscrito a ese ámbito privado. De donde se sigue la natural consecuencia legal del desahucio.

En absoluto, pues además de considerar por vez primera y de forma rotunda la injusticia real de la ley hipotecaria española –que favorece al acreedor hipotecario, o sea básicamente a la banca-, por cuanto no se satisface la deuda con la “dación en pago” –de un inmueble que se tomó como garantía del préstamo, valorado por tasación encargada por el propio banco-, sino que aún se mantiene viva una deuda de la que ha de seguir respondiendo el deudor con sus bienes presentes y futuros; además, resulta que en la actual situación hay una recesión económica, con una masiva destrucción de empleo, de forma que el deudor que no paga suele ser porque no puede, porque ha perdido su empleo y por ello su sustento. ¿A estos ciudadanos además hay que someterlos a un desahucio y lanzamiento de la vivienda familiar con sus hijos, sus pocos enseres, empleando incluso fuerza policial?. ¡Qué forma más inhumana y despreciable tiene nuestra sociedad de tratar a sus “caídos sociales”!. ¡Qué tipo de sociedad hemos construido!.

Se dirá –desde la lógica del formalismo legal más impúdico- que la ley es la ley, y el que tiene deudas ha de pagarlas o atenerse a sus consecuencias, pues si no pierde la banca. Pero en esta situación de crisis generalizada, ¿le sirve de algo a la banca acumular viviendas por doquier sin apenas venta?. Además, ¿no se trata de la misma banca que pidió ayuda al Estado para que se le apoyara con dinero público ante su mala gestión y probabilidad de quiebra?. ¿Por qué tenía el contribuyente –también los desahuciados- que ayudar a este negocio privado de forma tan generosa y eficaz, cuando al tiempo se recortan servicios públicos?.

De hecho algunas entidades bancarias, a la vista de la repulsa social que están generando este tipo de acciones, han suspendido la ejecución de los que tenían pendientes.

Entre tanto, esperamos atentos el resultado de ese anunciado acuerdo PP-PSOE para la reforma de la Ley Hipotecaria evitando que se llegue a este tipo de sucesos. Algo que por lo que se ha filtrado haría referencia a suspensión o periodos de cadencia en los plazos de los préstamos en caso de pérdida del empleo. Aunque si sólo se quedara en ese tipo de medida, sería un lamentable parche, y una ocasión desaprovechada para hacer auténtica justicia de una ley injusta –que favorece a la banca-, al deberse de incorporar la “dación en pago” para saldar este tipo de deudas, que resulta un clamor en nuestra castigada sociedad, y que los políticos –comprometidos, a otros niveles con la banca- no han querido ni saber. Pero, además de ser más justo y corregir una ley inclinada hacia la banca,  acercaría nuestra legislación al ámbito internacional más próximo política y económicamente hablando.

MAS METE A CATALUÑA EN EL “TUNEL DEL TIEMPO” DE LA UTOPÍA

Artur Más sigue con su discurso independentista, como si fuera el “bálsamo de fiera bras” de todos los problemas de Cataluña, vendiendo “humo” –tras del cual se esconde su mala gestión en plena crisis-, echando la culpa de sus problemas a la vecindad española –raíz y causa de la ruina catalana, de la opresión y subyugación del pueblo catalán, según el falaz discurso catalanista-.

Así apelando a la irracionalidad, raíz de toda emotividad, por la que se ensalza “lo propio” y se rechaza “lo otro” –considerado ajeno, perturbador, y hasta enemigo-, consigue generar un séquito emocionado por la épica histórica que le vienen contando; y que le hace trascender de la prosa del día a día a la poesía de un futuro utópico.

            Entre tanto, ni una palabra de cómo van a mejorar la situación económica de la sanidad catalana, del mantenimiento de los servicios públicos catalanes, comprometidos económicamente por la mala gestión autonómica –de la que echan la culpa, sin el menor rubor, al Gobierno central-,ni tampoco cómo se van a bajar los niveles de desempleo de Cataluña, el pago de los peajes en las autovías, y todas cuantas cosas interesan sobremanera a la clase media y trabajadora de catalana – o deberían interesar.

            Sin embargo la estrategia política, aún arriesgada, está demostrando que ha calado en una sociedad vencida, acosada de problemas, en la que las dificultades del día a día han crecido –como lo han hecho en el conjunto de España-, por efectos de la crisis económica y de una desastrosa gobernanza que ha llegado tarde y mal al afrontamiento de los problemas reales de la sociedad.

            Así mientras en el resto de España se trata de hacer pagar la crisis a las clases trabajadoras y medias, evitando cualquier atisbo de apuesta seria por parte de la clase política y del gran capital. En Cataluña, se sacan de la manga la historia del independentismo irredento para generar una falsa ilusión colectiva. Pero entre tanto, ni en uno ni en otro lugar se está acometiendo la crisis con auténtica justicia, con recortes en la estructura político-administrativa (con reducción de ayuntamientos, eliminación de diputaciones provinciales y cabildos, reconduciendo la autonomía insolidaria y disgregadora por una autonomía administrativa competitiva). Y sobre todo, se echa en falta, en estos momentos una auténtica visión de Estado una política que una a los pueblos y tierras de España en una empresa común, sin la cual la disolución parece servida por aventureros oportunistas.

            España, la actual España, necesita el esfuerzo de todos para salir de la crisis. No puede presentarse en los foros internacionales, ni ante sus desleales socios europeos dividida, reducida y esquilmada por una deriva equivocada de sus Gobiernos, pues eso generará mayor desconfianza en nuestro pueblo, no creerán en nuestra empresa colectiva –en la que parece no apostamos ni nosotros mismos-, y desde luego, olvidémonos del crédito extranjero ante un presente difuso y un futuro confuso. Todo ello, nos lleva a un indeseable naufragio colectivo, del que posiblemente no se salvará ni Más, ni Cataluña; pues a fin de cuentas, como dicen los pescadores con gran realismo: “lo que está en el cesto es pescado, el resto son peces en el mar.”

            Al propio tiempo que no son nada ejemplarizantes, como tampoco efectivos, los “viajes de Estado” del presidente autonómico catalán –que tratando de emular ya su dignidad estatal- gira a países extranjeros, como el último fiasco del viaje a Rusia en el que el país receptor no le reconoció dignidad de jefe de Estado –pese a las apariencias-, en el que no sólo hizo el ridículo sino que dilapidó el dinero de los catalanes en momentos en que les falta. Mientras que si ese viaje se hubiera hecho coordinado con el servicio exterior del Estado hubiera tenido otra efectividad. De ahí, que se trate de una mera operación matemática de sumar en vez de dividir, tanto en política interior como exterior.