Llegamos al trigésimo aniversario de uno de los hechos que generaron mayor tensión y convulsión política en la “España de la Transición”, el famoso 23-F en que con la toma del Congreso de los Diputados por parte del Teniente Coronel Tejero, de la Guardia Civil, se ponía en marcha un golpe de Estado, del que aún hoy se tienen importantes sombras de sospecha en cuanto a la génesis del mismo, y sobre todo participación de la rama civil, en la que apenas se profundizó.
Así se cerró la historia de esta intentona golpista, con la determinación del Rey de poner fin de inmediato a esta operación, y definitivamente poner coto a cualquier otro intento afín que pudiera seguir, quedando concluido tan triste episodio en el macro juicio militar que se celebró, con la condena judicial subsiguiente de los principales implicados en la trama, a los que en algunos casos costó incluso la carrera militar.
De esta manera se zanjaba cualquier emulación golpista, que tras la guerra civil y ulterior reconciliación nacional, se llegara a reproducir espectáculos históricos de tinte golpista como los más de cien que jalonaron la historia del siglo XIX español, siendo el más cruento el del 18 de julio de 1936 que desembocó en la tragedia de la guerra civil con las funestas consecuencias sufridas.
Por consiguiente, con la perspectiva de treinta años contemplamos aquella situación como los “rescoldos” activados del antiguo régimen, que triunfantes en la guerra civil, no querían una evolución democrática con plenitud de participación política, pues sospechaban que sus privilegios estamentales y de clase podrían verse alterados, y no estaban dispuestos a ceder. Naturalmente este planteamiento sería la cuestión de fondo, en tanto que la causa más próxima radicaba en el tremendo hostigamiento del terrorismo de ETA, que por aquel entonces generó numerosas víctimas militares y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que contribuyó a desestabilizar ciertos sectores de los poderes fácticos de la Nación.
Con todo, desactivados los núcleos más politizados del ejército, provenientes del régimen franquista, la reforma del ejército se pudo llevar a cabo, siendo culminada curiosamente por parte del PP, al eliminar el régimen de quintas de servicio militar obligatorio, y profesionalizar incluso la tropa; hecho este, que aunque pudiera tener un amplio respaldo social, no parece que haya sido del todo positivo por un doble motivo, de un lado se queda un ejército formado por tropa mercenaria –originaria de otras naciones, que no siempre garantizará su compromiso de servicio especialmente en situaciones de conflictos armados-, y de otro lado, porque el ejército como la lengua, la hacienda y el territorio, son elementos vertebradores de la Nación, especialmente si se participa de la defensa nacional por parte de la población juvenil de todos los territorios del Estado; y privarse de ese elemento es desperdiciar ocasiones de cohesión nacional. Y en todo caso, los ejércitos por tecnificados que se encuentren siempre precisan de tropa para el logro de sus cometidos.
Finalmente, la resolución rápida e incruenta del episodio golpista pudo dar “carta de naturaleza” a la transición política española, que se ha mostrado como un proceso político ejemplar por el consenso generado, fruto de la generosidad y altura de miras de los agentes políticos intervinientes. Aunque, salvada esa verdad de proceso pacífico ejemplar de difícil evolución de reencuentro político y social entre vencedores y vencidos de una guerra civil, tras cuarenta años represivos de un régimen autoritario; no es menos cierto, que técnicamente se evidencian los errores de determinados acuerdos adoptados que están marcando –para mal- el destino de España, especialmente derivados de un sistema autonómico de dispersión de poder territorial, que genera grandes distorsiones en la gobernabilidad del país, y que supone un continuo foco de tensión respecto de desigualdades que ponen en cuestión principios constitucionales de primer orden. Lo cual, unido a un defectuoso régimen electoral, acrecienta la desproporción y la desigualdad, de forma que no tiene el mismo valor del voto en todos los territorios, ni se tienen los mismos servicios públicos, ni siquiera los mismos derechos, por más que se proclamen a nivel general, pues a nivel territorial se cercenan por vía de la excepcionalidad, de no ser residente o no hablar la lengua territorial, desdeñando la cooficialidad del español, entre otras cosas de enjundia, que hacen que las “costuras” de la transición estén demando algo más que meros remiendos.
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